El miedo de las víctimas con los celulares de protección del Mininterior

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Entre las víctimas y los líderes de tierras del noroccidente del país está creciendo un nuevo temor. Desde el asesinato de Manuel Ruiz, el líder de Curvaradó, hace dos meses, los amenazados están seguros de que los números de los celulares que les entrega la Unidad Nacional de Protección como mecanismo de seguridad fueron filtrados y llegaron a manos criminales.

Entre las víctimas y los líderes de tierras del noroccidente del país está creciendo un nuevo temor. Desde el asesinato de Manuel Ruiz, el líder de Curvaradó, hace dos meses, los amenazados están seguros de que los números de los celulares que les entrega la Unidad Nacional de Protección como mecanismo de seguridad fueron filtrados y llegaron a manos criminales.

El día en que lo mataron, a Manuel le llegó un mensaje al celular que le había entregado el gobierno, en que le decían que recargara 300 mil pesos para ganarse tres millones de pesos. La oportunidad de ganarse esa plata fue lo que hizo que saliera del lugar donde estaba resguardado junto con sus vecinos, en la zona rural. Se fue para Mutatá a hacer la recarga. Pero como no tuvo cómo pagarla terminó detenido por la Policía, que finalmente lo dejó ir, pero ya muy tarde. Los paramilitares supieron entonces que estaba en el pueblo, lo interceptaron en la carretera y lo mataron junto con su hijo.

El informe de la Dijin, que estuvo a cargo de la investigación por el asesinato de Manuel Ruiz, concluyó que ese mensaje salió de la cárcel La Modelo de Bogotá. 

Un temor general
Manuel Ruiz era un reclamante de tierras de Curvaradó. A él lo mataron cuando fue a Mutatá a hacer una recarga de celular.

Lo que dicen los compañeros de Manuel en Curvaradó es que el mensaje no fue una mera coincidencia sino que lo enviaron para que saliera y se hiciera visible en el pueblo. En los cascos urbanos los paramilitares están pendientes de cualquier movimiento que hacen los reclamantes de tierras.

Los antecedentes del asesinato de Manuel Ruiz son los  mismos de otro reclamante de tierras de Curvaradó y Jiguamiandó, Orlando Valencia, quien también fue engañado con un mensaje para salir al casco urbano y allí detenido por la Policía, luego liberado, interceptado por los paramilitares y asesinado. Sobre este hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió un fallo.

Lo más grave es que la desconfianza con los teléfonos que entregó el Ministerio del Interior a las víctimas en Curvaradó como un mecanismo de seguridad también lo tienen otras dos organizaciones, en el nordeste antioqueño y en los Montes de María. En esos dos lugares, hay decenas de líderes amenazados a quienes la Unidad de Protección también les entregó teléfonos y que están recibiendo los mismos mensajes ofreciéndoles un premio si recargan el celular con determinada suma.

“Estamos angustiados porque algunos de los compañeros amenazados tienen celulares personales y esos mensajes no les llegan a esos celulares sino solo a los del Ministerio. Encima de que la señal es malísima, esto nos angustia mucho”, contó uno de los líderes amenazados del nordeste antioqueño.

Estos casos ya fueron denunciados a las autoridades y la conclusión es que los mensajes vienen desde la Penitenciaría de Picaleña, en Ibagué.

Los amenazados que usan los celulares de protección temen que la base de datos de protegidos de la Oficina de Protección se haya filtrado y haya terminado en las cárceles del país desde donde ya es un ‘modus operandi’ la estafa y la extorsión.

“Nosotros no tenemos plata para que nos estafen, entonces ¿para qué nos mandan esos mensajes y por qué no nos llegan a los otros celulares? Nosotros estamos prevenidos, pero así como cayó Manuel puede caer cualquiera”, dijo a La Silla Vacía, un compañero suyo de la finca Los Pisingos que era por la que peleaba el líder asesinado.

En un informe que recibió la Corte Constitucional sobre las amenazas a las víctimas, la Procuraduría asegura que uno de los factores de riesgo lo constituye la falta de una mayor comunicación de los líderes con las autoridades que impide reportar en forma oportuna amenazas contra sus vidas y la de las comunidades en proceso de restitución. Y de ahí la importancia de esos celulares.

La respuesta de las autoridades
Andrés Villamizar es el director de la Unidad de Protección de Víctimas. 
Foto: Juan Pablo Pino

El jefe de Gabinete de la Unidad Nacional de Protección, Germán Escobar, dijo a La Silla Vacía que es completamente imposible que se hayan filtrado esas bases de datos. “Solo una persona de la Unidad maneja esa base de datos y es una persona de muy alto nivel, no hay ningún protocolo, simplemente es imposible”, aseguró.

La Unidad Nacional de Protección ha entregado más de tres mil líneas a beneficiarios del Programa, que incluye a las víctimas de desplazamiento, los líderes de tierras y todas las personas amenazadas que son consideradas con un rango de protección blanda (de riesgo bajo).

Escobar aseguró que esos mensajes a los celulares de los amenazados son una estrategia generalizada de los delincuentes para extorsionar, pero además que no llegan a todos los celulares del programa de protección.

En la Unidad de Protección no hay quejas sistemáticas por estos mensajes. “Con los celulares tenemos problemas mucho más graves, como que no hay cobertura o que se dañaron, pero realmente no por ese tema”.

Ni la Policía ni la Dijín tienen investigaciones específicas sobre los mensajes que salen desde las cárceles o la posibilidad de filtración de las bases de datos. Las investigaciones que están realizando las autoridades son por las amenazas y los asesinatos de los líderes.

Como este tipo de delitos desde las cárceles están ligados generalmente con estafas los maneja directamente el Gaula, pero en cada caso se hace una investigación diferente y hasta hoy no hay un resultado que permita mostrar de dónde sacan los presos los números a los que marcan o si tienen bases de datos. 

Y la jefe de prensa del Inpec le dijo a La Silla Vacía que la labor de esa institución es la vigilancia de los reclusos y no el tema de las llamadas.

El 'pushing'


Los celulares de la Unidad de Protección son todos de Movistar porque Telefónica obtuvo la licitación como proveedor del Ministerio del Interior de tres mil sim cards, con las que se activan los teléfonos.

Telefónica aseguró a La Silla Vacía que el contrato provee los teléfonos pero que no les permite saber a quién les fueron entregados esos teléfonos porque no manejan ningún tipo de base de datos sobre las personas que los reciben. Es el Ministerio, o en este caso la Unidad, la que recibe los teléfonos y decide a quién entregarlos.

Sin embargo, admitió que el ‘pushing’, como le lleman a esa estafa vía telefónica o de internet, es uno de los grandes problemas de las compañías de telefonía celular.

Los mensajes, los robos, las estafas y los demás delitos son controlados por mafias que hay dentro de las cárceles. En el caso de la denuncia de las víctimas amenazadas es a través de mensajes de texto. Ahí le piden a las personas que llamen a un número de teléfono porque se han ganado un premio o piden recargas, el mensaje está a nombre de empresas o entidades muy reconocidas y un supuesto funcionario contesta y "confirma" los datos, le dice que se va a ganar un premio y le da una cuenta bancaria para que haga un depósito.

Por eso les advierten a las víctimas que no entreguen jamás sus datos personales ni por teléfono ni a través de mensajes de texto. Este delito continúa dándose a pesar de que las autoridades anunciaron que instalarían inhibidores de señal de celular en las cárceles del país.

En el delito de 'phishing' cae mucha gente, incluso gente que conoce la información que dan las compañías celulares y las autoridades y por eso es tan grave que este tipo de mensajes les lleguen a las víctimas y a los desplazados que en muchos casos escasamente saben leer y, como se trata de un teléfono oficial, creen en la información. 

Para las autoridades no es claro que haya una relación directa entre las víctimas y los mensajes, pero los amenazados sí se sienten más vulnerables. 

 

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