El lío de los conjueces: una lucha política peleada por abogados

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Felipe Pérez, Carlos Mario Isaza y Manuel Pretelt de la Vega, fueron los tres conjueces escogidos por el Consejo Nacional Electoral. Dos de ellos, los que fallaron declarando inválidas las firmas del referendo hoy son objeto de todo tipo de demandas.

 

Felipe Pérez, Carlos Mario Isaza y Manuel Pretelt de la Vega, fueron los tres conjueces escogidos por el Consejo Nacional Electoral. Dos de ellos, los que fallaron declarando inválidas las firmas del referendo hoy son objeto de todo tipo de demandas.

Desde que el jueves pasado, los tres conjueces del Consejo Nacional Electoral declararon inválidas las firmas que dieron origen a la ley del referendo, los abogados cercanos al gobierno han estado tremendamente ocupados.

El sábado, en el hotel La Fontana, en el norte de Bogotá, se reunieron los escuderos del Presidente, liderados por Rodrigo Rivera y José Obdulio Gaviria, para discutir cómo responder a la decisión de los conjueces que básicamente dejaba el referendo agónico. Y luego, el martes se volvieron a encontrar. En esta reunión, Rivera, Luis Carlos Restrepo, Carlos Holguín, Luis Guillermo Giraldo, Rafael Guarín y otros abogados aterrizaron la estrategia legal. Y se repartieron las tareas.

El arsenal de demandas, tutelas y denuncias de los uribistas es potente. Aunque  todos saben que la pelea es política. El Consejo Nacional Electoral es el órgano encargado de vigilar la organización electoral y aunque tiene el 'disfraz' de una corte, en realidad es una corporación netamente política. El Congreso elige a los nueve magistrados, que representan la distribución del poder en el legislativo.

En el actual CNE, hay dos conservadores, dos de la U y uno de Alas Equipo Colombia y el Polo, que vota con los uribistas. Los otros cuatro, son dos liberales y dos de Cambio Radical. Esta composición partidista -de cinco uribistas vs cuatro de la oposición- es lo que no le permitió al CNE tomar una decisión frente a la ponencia del magistrado José Joaquín Vives que indicaba que los promotores del referendo habían violado los topes de financiación. Y es lo que nuevamente el martes les impidió tomar una decisión respecto al fallo de los conjueces pues en ambos casos necesitan una mayoría cualificada de seis votos. Los conjueces fueron elegidos por sorteo, con tan mala suerte para los uribistas-reeleccionistas que uno era liberal, el otro de Cambio Radical y sólo uno de ellos conservador. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, todos votaron en la línea que complacía a su partido.

La pelea es política, pero como el fallo de los conjueces es una decisión jurídica, los amigos del referendo saben que tienen que combatirla en el plano legal. O por lo menos decir que la combatirán en los estrados judiciales, porque a decir verdad, varias de las denuncias y tutelas anunciadas aún no se han interpuesto. Al final, será la Corte Constitucional la que decida si la violación de los topes de financiación para la recolección de las firmas del referendo es lo suficientemente grave para hundir la re-reelección. Mientras eso suceda, los abogados blandirán sus códidos.

 

La ofensiva

Luis-Guillermo-Giraldo


Luis Guillermo Giraldo y el Comité Promotor interpusieron cinco acciones legales contra los conjueces

 

Incidente de nulidad ante la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE): Quieren que los magistrados declaren nulo el fallo de los conjueces por haberse extralimitado. Y que, además, anulen su nombramiento, pues argumentan que fue inconstitucional haber delegado sus funciones. 

Recurso de reposición ante los conjueces: Quieren que reevalúen su decisión y la revoquen. Aunque seguramente los conjueces ratificarán su decisión, este paso es necesario para que la decisión quede en firme y procedan las demás acciones legales.

Denuncia penal contra los conjueces por prevaricato: Hasta ahora es una amenaza. El argumento es que la tarea que se les asignó era decidir si acogían la ponencia de Vives y abrían pliego de cargos contra el Comité Promotor del referendo, no fallar sobre la validez de las firmas. Al extralimitarse, habrían incurrido en un delito.

Tutela por violación al debido proceso: Está lista la tutela pero no la han presentado. Argumentan que como los conjueces Pérez e Isaza fallaron que se habían violado los topes de financiación sin oír la defensa de los acusados, violaron un derecho fundamental.

Queja disciplinaria en la Procuraduría: Buscan que los dos conjueces sean sancionados en su condición de funcionarios públicos, porque, supuestamente, se extralimitaron en sus funciones.

Roy-Barreras

Denuncia de Roy Barreras, representante del Partido de la U

Denuncia disciplinaria ante el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ): Acusa a los conjueces de haberse extralimitado en sus funciones. Pero algunos creen que está en el lugar equivocado, pues como los conjueces del CNE no tienen fuero, el CSJ no los juzga.

Rafael-Guarín

Dos acciones de Rafael Guarín, abogado y miembro del grupo de defensa del referendo, encabezado por Rodrigo Rivera

Tutela por violación al derecho a la participación política: Guarín piensa hacerlo en condición de ciudadano que firmó la convocatoria al referendo, bajo el argumento de que con el fallo que invalida las firmas los conjueces afectaron su derecho a utilizar los mecanismos de participación. Con este mismo argumento, atacó en su momento la decisión de la Corte Suprema de investigar a los 86 congresistas que votaron el referendo sin el certificado del CNE.

Alegatos ante la Corte Constitucional: Guarín y otros abogados están preparando una intervención ciudadana ante la Corte Constitucional para alegar que la decisión de los conjueces no es válida y por lo tanto no puede ser tomada como un vicio de procedimiento de la ley de referendo.

La contra ofensiva

Ramiro-Bejarano

Denuncia Ramiro Bejarano, abogado y columnista de El Espectador

Denuncia por falsa denuncia: Bejarano dijo al Nuevo Siglo que va a denunciar a los abogados uribistas que le abran procesos judiciales a los conjueces. También mencionó que Roy Barreras podría perder la investidura si es condenado por falsa denuncia.

 

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