¿El fin de Demil?

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La polémica participación de Demil en la defensa del teniente Muñoz por el caso del asesinato de los niños de Tame y la desafortunada reacción de la organización a las críticas de los periodistas, le cobraron el puesto a su director Filadelfo Robayo y le dieron la excusa perfecta al Ministro de Defensa para impulsar su proyecto de ley de Defensoría Militar. Si su iniciativa funciona, los días de Demil estarían contados.

 

 

Después de que Daniel Coronell denunciara en su columna de Semana que abogados de Demil habían viajado en un helicóptero militar a Arauca a entrevistar a los pobladores del caserío donde fueron asesinados los tres niños de Tame, homicidios por los cuales es investigado un teniente del Ejército, en el twitter oficial de esta asociación de defensoría militar se registraron unos trinos que parecían amenazantes contra el periodista.


La polémica participación de Demil en la defensa del teniente Muñoz por el caso del asesinato de los niños de Tame y la desafortunada reacción de la organización a las críticas de los periodistas, le cobraron el puesto a su director Filadelfo Robayo y le dieron la excusa perfecta al Ministro de Defensa para impulsar su proyecto de ley de Defensoría Militar. Si su iniciativa funciona, los días de Demil estarían contados.

Según su página web, la Asociación Defensoría Militar ‘Demil’ es una organización sin ánimo de lucro creada en 1996 con el fin de ofrecerle a los miembros de las Fuerzas Militares afiliados a la organización el servicio de defensa judicial.

Los afiliados pagan el 0,95 por ciento de su salario mensual durante tres años para tener el derecho a gozar de un abogado que les pone Demil en el caso de que sean investigados penal, administrativa o disciplinariamente por un acto del servicio.

Aunque según sus estatutos y según lo ha ratificado su director, Demil es una institución privada financiada con los aportes de los afiliados de la Fuerza Pública, su verdadera independencia respecto a las Fuerzas Militares se ha puesto en duda. Como lo anotó la columnista de El Tiempo Laura Gil, “los lazos entre Demil y el Ejército no están nada claros”.

Hasta el 11 de marzo, Demil aparecía en la página web del Ejército como una oficina de la Jefatura de Desarrollo Humano. En concordancia con esto, un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública menciona que una certificación expedida por el Comandante del Ejército Nacional el 11 de enero de 2005 afirma que “Demil es una dependencia de la Dirección de Disciplina y Bienestar” del Ejército. En su junta directiva están el jefe del Estado Mayor, el segundo comandante del Ejército, el inspector general y otros altos oficiales activos. Y además, los funcionarios de Demil tienen oficina en los batallones del Ejército y cuando requieren protección oficial viajan en helicópteros militares a recaudar las pruebas para defender a sus clientes, como lo denunció la semana pasada Daniel Coronell y lo aceptó el director de Demil.

 

En una columna titulada 'La mano negra', Coronell denunció las estrategias de defensa del teniente Muñoz de Arauca por parte de Demil.

La columnista de El Tiempo Laura Gil después de comentar lo que decía el informe de la Onu sobre Demil fue acusada por Demil de poner en riesgo las vidas de los abogados de la organización, una aseveración que fue rechazada por la Fundación para la Libertad de Prensa.

En la práctica, Demil es la única alternativa con la que cuentan los más de 1.800 miembrso de las Fuerza Pública actualmente detenidos.

 

El trabajo de Demil

Un oficial retirado le dijo a La Silla Vacía que hace cinco años, cuando él todavía estaba en las Fuerzas Militares, la oficina de Demil quedaba en el Comando del Ejército pero que luego, cuando su trabajo se multiplicó, decidieron que mejor operara de manera independiente. Y otro oficial, que está siendo investigado, nos contó que cuando era miembro activo de las fuerzas tenía la instrucción de “sensibilizar” a los soldados sobre la importancia de tener este seguro de defensa.

Ahora que él está siendo investigado, considera que Demil presta un servicio insuficiente pero absolutamente necesario. “Un abogado cualquiera, por bueno que sea, no sabe ni qué es una orden de operaciones. En cambio en Demil se les instruye en temas militares y eso facilita la defensa”, dijo el exoficial a La Silla Vacía desde su lugar de reclusión. “Pero igual son abogados de cinco millones de pesos y entonces la defensa que uno recibe es de un abogado de cinco millones de pesos”.

Él terminó optando por contratar un abogado de mayor nivel que le cobra 120 millones de pesos. Para pagarlo dice que tuvo que vender su carro para cambiarlo por otro más modesto, pero que en cierta forma le salió ‘barato’ porque algunos de los abogados que consultó le cobraban 250 millones.

“Uno necesita no solo una buena representación sino un abogado que tenga ascendencia sobre los fiscales, que sea percibido como un profesional prestante ante los procuradores. Pero el soldado no tiene de dónde sacar plata para pagar un abogado bueno”.

Esto es un problema para los soldados rasos pero también para oficiales como él, cuya defensa depende en gran parte de los testimonios de sus subalternos para hacer lo que llaman un “bloque de defensa”. En su caso, varios de los soldados bajo su jurisdicción están siendo investigados por ejecuciones extrajudiciales y como él firmó la orden de la operación en la que supuestamente se cometieron estos delitos, también está detenido. Entonces la defensa de todos es conjunta y la suerte del oficial está amarrada a la de sus soldados.

El oficial dice que la Fiscalía trata de convencer a los soldados de que se acojan al principio de oportunidad a cambio de entregar la cabeza de su superior y que aunque los soldados son libres de hacerlo la estrategia de defensa de los abogados de Demil consiste en “unificar una versión frente a lo sucedido”.

“Un soldado con dos hijos, sin sueldo, con la mujer aguantando hambre, y el fiscal le ofrece de todo para que lo entregue a uno y así poder registrar en sus indicadores otro oficial condenado”, dice.

 

Las denuncias de la ONU

Lo que desde el punto de vista del oficial es una estrategia sensata de defensa, desde la perspectiva de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos es una maniobra de Demil para “proteger los intereses institucionales de las Fuerzas Militares” a consta de los derechos de defensa de los soldados.

Así lo dijo en su último informe en el que volvió a criticar la lentitud con la que avanzan los procesos de los falsos positivos, con casi 450 casos de denuncias embotelladas en los despachos militares.

“Como la Demil defiende a todos los militares involucrados en un mismo hecho, la ONU advirtió que, si uno de ellos quiere rendir declaración sobre la conducta de los demás, la Demil lo ha obstaculizado. Existen reportes de que esta ha impedido que soldados se acojan a sentencia anticipada, en especial en casos en que algunos miembros han tenido una participación marginal”, explica Laura Gil en otra columna. “Esto viola el derecho de cada acusado a la mejor defensa que pueda obtener y también frena el esclarecimiento de la verdad”.

El tema de los falsos positivos es una tragedia para el país y es otro de los argumentos que han esgrimido las ONG de derechos humanos colombianas y gringas para convencer a los demócratas de no firmar el TLC con Colombia.

El que Demil y el Ejército tengan nexos aparentemente tan estrechos y que la ONU denuncie que las estrategias de defensa de esta organización terminan evitando que se esclarezca la verdad sobre la participación de altos mandos en las ejecuciones extrajudiciales, se convierte en un problema grande para el gobierno colombiano.

Por eso el escándalo alrededor de lo de Arauca denunciado por Coronell y la reacción de Demil en su página y en twitter, en la que parecía que estuvieran amedrentando a los periodistas que los criticaron, se convirtieron en la oportunidad perfecta para presentar el proyecto de ley de defensoría técnica que en un futuro reemplazaría a Demil si logra funcionar en la práctica.

Porque con todas sus falencias, la defensa que ofrece hoy en día Demil es con frecuencia la única que pueden pagar los soldados y suboficiales. Y actualmente hay 1880 militares detenidos.

 

La historia

El problema de la defensa judicial de los miembros de la Fuerza Pública ha sido una preocupación para el Ministerio de Defensa desde que arrancó el gobierno de Uribe, que estaba convencido de que existía una ‘guerra jurídica’ por parte de la subversión que apuntaba a inmovilizar al Ejército a punta de denuncias falaces.

En su momento, la ministra Marta Lucía Ramírez propuso contratar pólizas de seguro internacionales que en el caso que un militar fuera investigado pagaran la defensa de un abogado de los mejores diez bufetes del país. La idea era que el Ministerio pagara una parte del seguro y la otra parte fuera financiada con aportes de los militares. Sin embargo, la comandancia del Ejército en ese momento se opuso a que los soldados tuvieran que contribuir al pago del seguro y la iniciativa no prosperó.

Años después, Uribe anunció con bombos y platillos la defensa institucional de los soldados, que en realidad nunca se concretó, y que terminó siendo asumida en su totalidad por Demil y pagada en su integridad por los mismos soldados.

El director saliente de Demil dijo en los medios que la Asociación cuenta con 140 mil afiliados. Los soldados rasos pagan 6.500 pesos mensuales y un coronel paga 37 mil pesos mensuales. Es decir que, calculando por lo bajo, Demil recibe 16.800 millones de pesos al año en contribuciones (suponiendo un pago promedio por afiliado de 10 mil pesos). Y según el coronel Robayo, cuentan con 250 abogados. Esto coincide al dato dado a La Silla Vacía por uno de los defendidos por Demil, quien dijo que su abogado ganaba cinco millones de pesos mensuales.  


La propuesta del Ministerio


Este es el gasto que ahora asumiría el Gobierno si se aprueba el proyecto de ley del Ministro Rodrigo Rivera. Solo que el monto que tiene calculado el Ministerio para ello, según los datos suministrados oficialmente a La Silla Vacía por esta entidad, es de cuatro mil millones de pesos anuales. Es decir, una cuarta parte de lo que hoy recauda Demil para pagar abogados que sus defendidos consideran bastante precarios.

Incluso el Ministro Rivera, el día que presentó su proyecto de ley en el Congreso, dijo que los militares “hoy tienen un servicio de defensa privado, en condiciones que francamente dejan mucho que desear en calidad e ideonidad de los defensores que ejercen esa función”.

Rivera ha dicho que los militares tienen “acusaciones de oro” y “defensas de barro”. Lo cual es verdad. Pero no es claro cómo su proyecto les podrá ofrecer una defensa de quilates dada la generosidad con la que está planteada la ley y los pocos recursos previstos para ello.

El proyecto crea una defensoría militar para garantizar una defensa técnica en materia penal y disciplinaria, tanto en la justicia ordinaria como en la militar. Y no solo en Colombia sino ante tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional o jueces de otros países (como el ecuatoriano que le abrió investigación a oficiales colombianos por el bombardeo al campamento de Reyes en Sucumbíos.)

Además, no solo cobija a miembros activos de la Fuerza Pública sino también a retirados mientras sean investigados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones militares. Le garantiza la defensa a los que ya tienen procesos en curso. Aplica no solo a militares sino también a policías. Y sería totalmente gratuita.

El proyecto no define lo más difícil y es qué se considerará como un acto del servicio. ¿Serían defendidos los soldados acusados de falsos positivos? En estricto sentido las ejecuciones extrajudiciales no constituyen un 'acto de servicio', y sin embargo, es precisamente de ese delito que están acusados y necesitan una defensa.

La Defensoría dependería del Ministerio de Defensa y funcionaría con un Fondo Cuenta con recursos asignados en la Ley del Presupuesto (los cuatro mil millones que calculan). Más aportes de cooperación nacional e internacional, donaciones de empresas privadas o de colombianos solidarios con la Fuerza Pública.

Si el Ministro logra recaudar suficientes aportes de buena voluntad para garantizarle a los soldados y policías abogados similares a los que les ofrece Demil, en la práctica se llevará al grueso de sus clientes pues obtendrían lo mismo y no tendrían que pagar nada.

“Con la nueva ley de defensa técnica militar, muchos de los procesos que llevamos hoy se irían para allá y nuestra carga de defendidos también”, dijo a La Silla Vacía Robayo, el director saliente de Demil. El coronel considera que dado que se está comenzando a aplicar el sistema acusatorio para la justicia penal militar, tiene mucho sentido que el Ministerio de Defensa cree un sistema con la misma capacidad de defensa técnica que la acusatoria que tiene la Fiscalía.

Sin embargo, fuentes dijeron a La Silla Vacía que la resistencia al interior de altos mandos del Ejército a la iniciativa del Ministro es grande, porque en la práctica acabaría con el negocio de Demil, que recauda millones de pesos mensuales.

Por lo pronto, el proyecto no tiene ponencia ni tampoco un concepto de viabilidad presupuestal por parte de Hacienda. El próximo 13 de abril se hará la primera audiencia en la Cámara de Representantes para abrir el debate, que promete ser intenso.

Responda y haga preguntas sobre este tema en el urtak de más abajo.

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