El Contralor refuerza el discurso de víctima de Petro

Silla Cachaca

Más allá de las dudas que los fallos contra el exalcalde dejen sobre su gobierno en Bogotá y sobre la viabilidad de su aspiración presidencial, él ha optado por capitalizarlos para perfilarse como un perseguido del Establecimiento.

Con el fallo de la semana pasada sobre la compra de los camiones de basura, la Contraloría de Bogotá acumuló tres decisiones contra Gustavo Petro por el posible detrimento al Estado por 350 mil millones de pesos. Pero el exalcalde, por encima de las dudas que eso pueda poner sobre su gestión y sobre la viabilidad de su aspiración presidencial, ha optado por reforzar el discurso de víctima del Establecimiento que podría servirle para ser elegido.

La muestra más reciente fue su entrevista de ayer a Vicky Dávila en La W, en la que por más de una hora insistió en que Germán Vargas Lleras, el candidato de Cambio Radical (que por su origen familiar y por ser un político tradicional es un símbolo del Establecimiento y un sparring perfecto para Petro), ha hecho todo lo posible por sacarlo de la carrera presidencial.

Y adelanta esa estrategia al tiempo que espera que organismos internacionales definan si, precisamente con esas sanciones a cuestas, puede ser Presidente o no.

La tesis de la persecución

Los tres fallos de la Contraloría contra Petro (más una multa de la Superintendencia de Industria y Comercio) cuestionan cómo ejecutó dos programas bandera como alcalde: la rebaja de las tarifas de Transmilenio y la implementación del sistema de aseo.

 

Eran políticas importantes políticamente para él porque mientras el primero representaba su discurso en favor de los pobres, el segundo era una muestra de fortalecimiento de lo público, ya que Petro pretendió, sin éxito, que la recolección de basuras quedara a cargo del Distrito.

En ambos casos, el argumento central de la Contraloría (hoy en cabeza de Juan Carlos Granados, que llegó al cargo con el impulso de Cambio Radical, partido por el que fue gobernador de Boyacá) es que las decisiones no fueron técnicas y le hicieron perder plata a Bogotá.

Aunque eso da pie a los críticos de Petro para reforzar la narrativa de que fue un gobernante improvisador que no tenía en cuenta lo técnico, él lo ha aprovechado para fortalecer la teoría según la cual el Establecimiento quiere sacarlo de la escena política.

Su lógica es que, en un primer momento, el procurador anulado Alejandro Ordóñez lo destituyó (fallidamente) por el lío de las basuras en 2013, y que ahora el exvicepresidente Vargas busca sacarlo del juego porque lo ve bien en las encuestas.

Petro viene sosteniendo ese discurso desde el año pasado, señalando la cercanía política entre Granados y Vargas, y lo profundizó la semana pasada cuando trinó que el fiscal Néstor Humberto Martínez (que fundó y militó en Cambio Radical) estaría detrás de una supuesta orden de captura en su contra que pretendía hacer efectiva, según dijo en La W, a través del capturado exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno.

Según Petro, sería por la indagación que adelanta la Fiscalía por la recompra de la transportadora de gas TGI por parte de la Empresa de Energía, un proceso que llegó a la Fiscalía después de que la Contraloría comenzó a indagarlo y del que el exfiscal Moreno llevaba unos papeles cuando lo capturaron.

(A Moreno también lo relaciona con Cambio Radical porque cuando ese partido trató de quedarse con la Contraloría y la Personería de Bogotá el año pasado, ese abogado era el cabdidato de un grupo de concejales vargaslleristas, como contó La Silla).

Hasta ahora, el exalcalde no ha presentado una prueba concreta más allá de hacer énfasis en los vínculos entre Vargas con el Contralor y el Fiscal, que para él son suficientes junto con las sanciones que le ha impuesto Granados. Y por eso mismo dice que no denuncia formalmente, ya que considera que todo terminaría engavetado.

Por eso prefiere los micrófonos de los medios y sus redes sociales, que son claves para un candidato que no tiene una estructura fuerte y depende más de opinión que de maquinaria. Al tiempo, aseguró que también corre riesgos al hablar duro.

La pregunta es si Vargas Lleras ve a Petro tan fuerte como éste dice.

¿El coco de Vargas?

Una fuente de Cambio que ha trabajado con el exvicepresidente y pidió reserva para que no lo identifiquen hablando de su jefe, le dijo a La Silla que para Vargas sí es una obsesión que Petro no vaya a ganar, y que incluso ha dicho: “yo le cargo la maleta al que sea con tal de que Petro no gane”.

Eso se debe a que es el candidato que encarna mejor el fantasma del castrochavismo, pues aunque Vargas ha dicho que Fajardo, Claudia López y Humberto de la Calle son los candidatos “de la izquierda”, no han manifestado apoyo al chavismo. Petro, aunque con matices, sí.

Pero otra fuente de ese partido nos dijo que no necesariamente ven a Petro como un candidato que vaya a pisar fuerte por su falta de maquinaria y porque, al menos por ahora, “está solo”, pues no ha hecho alianzas que lo fortalezcan. “Las sanciones son porque hay pruebas de que hizo mal las cosas”, insistió.

El exalcalde, en todo caso, sí pretende aprovechar la seguidilla de sanciones (la primera que le impuso Granados fue en diciembre de 2016 y la más reciente, hace una semana) para seguir fortaleciendo su discurso.

Como le dijo una alta fuente de Progresistas a La Silla: “La manifiesta intencionalidad del vargasllerismo de sacarlo lo victimiza, y eso funciona para él y para todos los que se puedan sentir en una situación similar”.

Por ahora sigue en el aire una definición jurídica sobre si está habilitado o no para ser Presidente, ya que las sanciones son multas fiscales y no inhabilidades disciplinarias o condenas penales.

Petro primero dijo que podía inscribirse, pero no posesionarse, y en sus últimas intervenciones asegura que sí podría posesionarse porque finalmente la Constitución no lo inhabilita, pero no podría recibir sueldo mientras tenga las multas en firme.

Para salir de la incertidumbre acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en Washington) para que defina si sanciones como las que le han puesto Ordóñez y Granados le quitan el derecho a estar en cargos de elección popular, como la Presidencia. Hoy se conoció que esa Comisión le dio la razón en el caso de Ordóñez y le recomendó al Estado cambiar la legislación para no inhabilitar para ocupar cargos de elección popular a personas con sanciones disciplinarias.

Pero como esas recomendaciones no son de obligatorio cumplimiento, Petro espera que sea la Corte Interamericana (en Costa Rica) la que emita un pronunciamiento definitivo que sí obligue al Estado colombiano a mantenerle intactos sus derechos políticos.

Políticamente, también insiste en entrar a la alianza que tanto le interesa, la de los Ni-Ni (Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo), algo que parece que no va a ocurrir.

Por lo pronto, disfruta de su más reciente triunfo judicial en Colombia:

Y espera otro más grande: el Consejo de Estado estudia una ponencia que pide tumbar de fondo la sanción que le impuso Ordóñez por el caso de las basuras. Hoy podría decidirse en sala plena y, si le dan la razón, Petro tendrá con qué insistir en que lo que quieren es sacarlo del juego sin hacerles caso a los jueces.

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