El Alcalde de Cali bajo la lupa de las ías

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Este año no ha sido de buenas noticias para el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Los millonarios convenios interadministrativos que ha firmado durante su gestión lo tienen en la mira de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría que ya iniciaron indagaciones preliminares contra ocho de sus secretarios y exsecretarios y contra el mismo Alcalde.

 

Este año no ha sido de buenas noticias para el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Los millonarios convenios interadministrativos que ha firmado durante su gestión lo tienen en la mira de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría que ya iniciaron indagaciones preliminares contra ocho de sus secretarios y exsecretarios y contra el mismo Alcalde. Los entes de control tratan de confirmar si esos convenios, que suman más de 250 mil millones de pesos, se pasaron o no por alto las normas de contratación.

En enero pasado, la Contraloría de Cali cuestionó la venta de las boletas para la Feria de Cali, después de que el alcalde Ospina autorizara la venta del 35 por ciento de la boletería. Normalmente la Alcaldía expide las boletas y las entrega gratuitamente a los que hagan la fila y reserva algunas boletas VIP para personajes especiales. Esta vez, regaló un 65 por ciento de boletas para el que quisiera y vendió el resto.

El Alcalde encargó a la Corporación de Ferias de Cali, Corfecali, para que vendiera esas boletas. Y Corfecali firmó tres contratos para ello. Uno de esos contratos se hizo con un funcionario de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía asociado con un contratista del municipio, lo cual es irregular, dado que los funcionarios públicos no pueden a la vez ser contratistas del Estado.

La Contraloría encontró, además, que Corfecali no firmó con ellos pólizas de cumplimiento y que nadie revisó la boletería.

Después se conoció un convenio firmado entre el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, y la Sociedad de Mejoras Públicas que tenía como propósito la construcción del centro de acopio de residuos sólidos y la estación de transferencia de escombros.

El convenio fue firmado por 1.636 millones de pesos en febrero de 2010, pero según la Contraloría de Cali se hizo sin planeación alguna y por ello posiblemente se generó un detrimento patrimonial. En este convenio se entregó el cien por ciento de lo firmado antes de comenzar las obras y desde los estudios se determinó que la Sociedad de Mejoras Públicas lo debía hacer. Sin embargo, la Contraloría dice que no encontró prueba de la ideoneidad de esta entidad para realizar el trabajo.

"En la certificación de la idoneidad, no se identifica ninguna obra que la demuestre. La idoneidad se justifica nuevamente en el renombre de la Sociedad y en la idoneidad de los subcontratistas, con los cuales fueron firmados los subcontratos en el mes de abril, cuatro meses después de haberse firmado el convenio", dice el informe final de la Contraloría.

Los convenios interadministrativos

Los convenios firmados entre 2008 y 2010

Durante los primeros tres años de su gestión (2008,2009 y 2010) la Alcaldía de Cali firmó convenios interadministrativos por casi 250 mil millones de pesos.

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Informe de la Contraloría
al convenio del Dagma

En enero 27 pasado, la Contraloría de Cali entregó el informe de seguimiento a dos contratos que firmó la Alcaldía de Cali con la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali para construir el centro de acopio de residuos sólidos y la estación de transferencia de escombros. El resultado fueron seis hallazgos fiscales y cuatro disciplinarios.
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Convenio para el "enlucimiento"

El 13 de agosto de 2010, la Contraloría de Cali entregó el informe de vigencia de 2009 de los contratos que la Alcaldía firmó con la Empresa de Renovación Urbana, específicamente un seguimiento a los convenios interadministrativos. Se encontraros dos hallazgos administrativos y uno contractual.

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La Feria de Cali

El Alcalde de Cali autorizó para que en la Feria de enero pasado se vendiera el 35 por ciento de la boletería pero lo hizo a través de tres contratos que generaron dudas. Sobre todo uno que fue firmado por un funcionario y un asesor de la Alcaldía.

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La Sociedad de Mejoras solo tiene doce personas en su planta de personal. Por lo tanto, para realizar este convenio y otros que firmó con la Alcaldía tuvo que subcontratar más del 80 por ciento de las responsabilidades, lo que, según la Contraloría, la convertía en un intermediario.

Cuando la Contraloría fue a buscar los libros de los subcontratistas se encontró con que no llevaban estados financieros y esos sólo fueron entregados meses después de esa auditoría. Después de hacer seguimiento a los subcontratos, la Contraloría encontró seis irregularidades fiscales y decidió que cuatro de ellas merecían también la intervención de la Procuraduría y por ello compulsó copias.

Esta obra sigue sin terminarse y, por eso, el Alcalde no ha logrado uno de los objetivos que se planteó que era optimizar el manejo de los residuos de la ciudad.

Este convenio con la Sociedad de Mejoras fue uno de 12 convenios que firmó con la Alcaldía por más de 5.500 millones de pesos y todos con objetos diferentes: resultó trabajando en temas de medio ambiente, bienestar social, planeación, entre otros.

Lo que ha dicho la Contraloría es que los convenios entre la Alcaldía y la Sociedad de Mejoras Públicas solo son una pequeña cuota de todos los convenios interadministrativos que ha firmado la Alcaldía de Ospina en los últimos tres años. La Contraloría encontró que por contratación directa se han firmado convenios por casi $250 mil millones de pesos y en muchos de ellos no se ha justificado la razón para escoger este mecanismo en cambio de una licitación pública. Sobre todo cuando estas entidades terminan subcontratando con empresas privadas que al no someterse a una puja pueden terminar obligando al Estado a pagar mucho más de lo que debería y que además no tienen la misma vigilanciad del Estado.

Esto está sucediendo en Cali pero también en varias otras ciudades donde los Alcaldes utilizan el mecanismo de los convenios interadministrativos en cambio de los procedimientos de la engorrosa ley 80 de contratación. Pero con frecuencia, los contribuyentes terminan siendo los sacrificados.

Por ejemplo, la Contraloría y la Personería de Cali encontraron un convenio que firmó la Secretaría de Planeación con la Empresa de Renovación Urbana para hacer un “enlucimiento de los espacios públicos de la ciudad”. Fue firmado por 8.000 millones de pesos el 21 de octubre de 2009 con un plazo de un año, pero hasta agosto de 2010 sólo se habían invertido 1.600 millones de pesos en subcontratos firmados con más de diez compañías y personas naturales. Y los parques seguían luciendo igual.

La Personería dijo en su informe que en este caso se podrían estar burlando las licitaciones. "Emru ha celebrado contratos interadministrativos sin tener en cuenta dentro del personal de planta, la capacidad técnica y administrativa para desarrollar los objetos contractuales", dice la Personería.

Hasta ahora las investigaciones de la Contraloría y la Personería han encontrado que varios de esos convenios interadmininistrativos no concuerdan con los fines ni el objeto de las entidades con que se han firmado. Es decir, que están comprometiéndose a realizar acciones que no están en capacidad de realizar y por eso terminan subcontratando.

El último de ellos, firmado a finales de 2010, se refiere a un tema que para muchos caleños es especialmente importante: la remodelación del Estadio Pascual Guerrero para el Mundial sub 20 que hoy registra el mayor retraso respecto al cronograma y que fue contratada con el Fondo Mixto del Deporte. La Fiscalía General nombró un grupo élite de Bogotá que está investigando las compras y subcontratos realizados bajo el marco de este convenio entre dos entidades del distrito.

La remodelación del Estadio es el último de los contratos que investigan la Fiscalía y la Contraloría. Fue firmado a través de un convenio interadministrativo entre la Oficina del Deporte de Cali y el Fondo Mixto del Deporte por 70 mil millones de pesos. En la puesta en marcha de este convenio se han encontrado sobrecostos en el pago de la silletería (que fue comprada en todo el país a la misma empresa pero pagada a mayor precio para el estadio Pascual Guerrero) y en la compra de una pantalla gigante que fue traída al país por 112 millones de pesos por la empresa B&T Trading pero por el que el Fondo Mixto pagó 1.399 millones de pesos.

En cambio, no existen indagaciones sobre las 21 megaobras que realiza la Alcaldía, financiadas con dinero producto de proyectos de valorización, y que según el alcalde Ospina van muy bien en el cumplimiento de los tiempos, al punto que las lluvias que han caído sobre Cali y que significaron la destinación de 3.000 millones de pesos, no han retrasado los cronogramas.

La respuesta del Alcalde

El alcalde Jorge Iván Ospina explicó a La Silla Vacía que los convenios administrativos son permitidos por la Constitución. "La responsabilidad social solo puede ser expresada a través de esos convenios", dijo. "La herramienta no debe estigmatizarse. Quienes se oponen son los contratistas que antes tenían todos los contratos de la Administración y hoy no". 

El Alcalde Ospina asegura que la contratación por vía de convenio interadministrativo solo representa el uno por ciento del total de contratos entregados, pues algunos como las 21 megaobras que están en desarrollo fueron entregadas por licitación.

En cuanto a la subcontratación que hacen las entidades con las cuales ha firmado convenios, el Alcalde Ospina dijo que lo único que esto significa es que se está aplicando la gerencia moderna que utiliza outsourcing para mejorar los ritmos de gestión.

Sobre las investigaciones, Jorge Iván Ospina dijo que son bienvenidas y que "miles de investigaciones se abren y miles de investigaciones se cierran", pero que hasta el momento todas están en la primera etapa donde él y sus funcionarios como servidores públicos están dispuestos a explicar y dejar que revisen incluso lo ya revisado.

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