De Uribe a Santrich

Silla Paisa

Resulta muy paradójico que en pocas semanas las situaciones judiciales de Uribe y de Santrich hayan hecho cambiar de opinión en forma tan abrupta a los fanáticos de uno y otro lado sobre los deberes ciudadanos frente a las actuaciones de la justicia.

Resulta muy paradójico, pero a la vez aleccionador, que en pocas semanas las situaciones judiciales del ex Presidente Álvaro Uribe y del ex guerrillero Jesús Santrich haya hecho cambiar de opinión en forma tan abrupta a los fanáticos de uno y otro lado sobre los deberes ciudadanos frente a las actuaciones de la justicia.

En ambos casos el debate se ha llevado sin importar, ni esperar, el resultado de los procesos que apenas comienzan: “es un montaje” dijeron los defensores a ultranza de unos y otros que les atribuyeron a las autoridades judiciales que actuaron burdos intereses políticos; “por fin actuó la justicia, que le caiga todo el peso de la ley” gritaron los detractores de unos y otros. Unos pocos hemos insistido en ambos casos que se permita que la justicia actúe sin presiones y que, como nos corresponde, nos comprometamos a respetar las conclusiones de la justicia cuando las saquen.

Los unos y los otros cuestionan la posible intervención de autoridades extranjeras que habrían facilitado la grabación en video de conversaciones que los unos y los otros se preguntan ¿quién las ordenó?, ¿quién entregó los aparatos para hacerlas? y etc. ¿Que por qué la DEA, que por qué el MI6?.

Lo importante no es pedir que se den garantías, ni que se respete la presunción de inocencia y etc porque eso es una obviedad. Lo importante es aceptar que, en estas controversias, como en todas, en el estado de derecho hay un árbitro que es quien dice la última palabra después de un procedimiento cuidadosamente reglado.

Claro que, por el conocimiento personal, o por percepción, o por admiración, o por la razón que sea uno puede tener una opinión sobre si cree o no que tal persona pudo haber cometido un delito , a lo que no tenemos derecho los ciudadanos es a atribuirle delitos a las autoridades judiciales porque favorecen o perjudican a determinada persona.

Lo que corresponde en un Estado democrático es presumir que los magistrados de la Corte Suprema que resolvieron llamar a indagatoria a Álvaro Uribe lo hicieron porque, como lo dijeron, encontraron pruebas que les permiten inferir que el ex Presidente pudo haber cometido unos delitos, de la misma manera que debemos asumir que quienes ordenaron la detención de Jesús Santrich lo hicieron porque encontraron pruebas que probablemente lo implicarían en la comisión del delito de narcotráfico.

Los amigos de Uribe se dieron cuenta más rápido de lo esperado que las personas se presumen inocentes mientras no se les pruebe lo contrario, que deben estar sometidas a un juicio en el que se les permita controvertir las pruebas, que la justicia puede ser víctima de montajes urdidos para hacerlos cometer un error. Lástima que no hayan dado el siguiente paso que es respetar al juez que debe dar las garantías, valorar las pruebas, defenderse de los que incurren en fraude procesal y tomar la decisión a la que llegue en su íntima convicción y con base en lo que aparezca en el proceso.

El propio Uribe ha sindicado a los magistrados de la Corte de participar en el complot y anunció, aunque aún no la formaliza, su renuncia al Congreso que implicaría cambiar de juez por la pérdida del fuero que lo protege mientras ostente su condición de senador. Parece que Uribe prefiere que esta investigación y las que tienen que ver con la masacre del Aro las conozca la Fiscalía, tiene la convicción, según lo dijo, que una vez la Corte lo oiga en indagatoria ordenará su detención preventiva y calcula que si el asunto va a la Fiscalía ello no ocurrirá.

La regla general en un régimen democrático es que los sindicados se puedan defender en libertad que era lo que reclamaban los amigos de Santrich cuando los amigos de Uribe se rasgaban las vestiduras porque había sido trasladado a un sitio especial donde permaneció detenido para inducirlo a abandonar una huelga de hambre.

Los que dijeron que lo que había en el caso de Santrich era un montaje del que participaba el Fiscal General de la Nación para acabar con el proceso de paz son los mismos que ahora piden la detención de Uribe y considerarían que esa decisión de la Corte sería un ejemplo de justicia.

En muchos lugares del mundo, la justicia tiene que soportar ese tipo de presiones. No es sino mirar a Brasil, donde los fanáticos de Lula, a quien la justicia encontró culpable de actos de corrupción, se reúnen casi a diario por miles para denunciar la que creen es una enorme injusticia. A Lula los amigos de Uribe lo graduaron de corrupto desde el primer día que la justicia lo llamó a pedirle alguna explicación.

Ahora que el Presidente Duque habla cada vez que puede de su deseo de unir a los colombianos, aquí habría un buen motivo y una causa que si no la logramos no seremos viables como sociedad: que acatemos y respetemos los fallos de la justicia.

Es difícil que nos pongamos de acuerdo en asuntos esenciales porque tenemos convicciones, creencias, orígenes diversos y precisamente por eso en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en que las diferencias las resuelve un árbitro, después de un procedimiento que le señalamos y que una vez ese juez decida todos acatamos, aún si no estamos de acuerdo.

Hagamos ese pacto, unámonos Presidente Duque, digamos que cualquiera sea la decisión que la justicia tome en relación con el ex Presidente Uribe la vamos a respetar, que no vamos a acusar a los magistrados de prevaricadores. Pidámosle eso a sus compañeros del Centro Democrático.

Pidámosle a los miembros de la Farc que respeten la decisión a la que llegue la justicia, después de valorar las pruebas y que, si encuentra que Santrich pudo haber cometido algún delito que, en cumplimiento del deber de cooperación con otros Estados, lo entregue en extradición a los Estados Unidos. Que no nos amenacen con que por eso se van a devolver al monte a echar tiros o cosa parecida.

Pidámosle a los del Centro Democrático que si la JEP, por acaso, encuentra que no hay pruebas de que Santrich haya cometido delitos después de la firma del acuerdo, no van a acusar a los magistrados de prevaricadores y etc.

Pidámosle a los contradictores de Uribe que si la Corte o la Fiscalía encuentran que Uribe no cometió los delitos de los que lo sindican no los van a acusar de prevaricadores.

Ahí hay un buen motivo para unirnos como quiere Presidente Duque: respetar a la justicia, ¿firma?  ¿nos ayuda a recoger firmas?

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