De cómo no se maneja un paro

Silla Paisa

El bloqueo de la Panamericana fue tan mal administrado por el gobierno que podría documentarse para usarlo en cursos de negociación o en escuelas de administración pública para mostrar lo que no hay que hacer en estos casos.

Ayer amanecimos con la muy buena noticia de que el gobierno y los indígenas en el Cauca llegaron a un acuerdo que permitió terminar el bloqueo de la vía Panamericana que duró más de 27 días. El evento fue tan mal administrado por el gobierno que podría documentarse para usarlo en cursos de negociación o en escuelas de administración pública para mostrar lo que no hay que hacer en estos casos.

Para empezar el gobierno permitió que los reclamos de los indígenas terminaran en el bloqueo de la vía más importante que comunica al centro con el sur del país. Era un bloqueo anunciado por meses. Todo el mundo sabía que los indígenas preparaban una movilización de la naturaleza de la que promovieron y el gobierno no solamente no se anticipó al diálogo, sino que tampoco tomó las medidas disuasivas para impedir el cierre de la vía. El propio expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter, a manera de reclamo al gobierno, escribió que él nunca permitió bloqueos: llegábamos antes, sentenció.

Los funcionarios de este gobierno que tienen responsabilidades en materia de orden público olvidan que están en sus cargos para impedir que los hechos ocurran y no para explicarlos después o para increpar a quienes los cometen.

En estas materias, como en todo, si usted comete el primer error no debería cometer el segundo. Si no logró impedir lo previsible debe entonces aplicarse a evitar que el hecho ocurrido genere unas consecuencias mayores. “Hay que reaccionar rápido, no hay que dejar agrandar el problema” dicen los manuales básicos de negociación para funcionarios públicos. La lección del expresidente Santos con la ya legendaria expresión del “tal paro no existe”, debería haber servido de aprendizaje.

El gobierno en cambio se dedicó a invocar “el principio de autoridad”, a decir a que no negociaría si se mantenían las vías de hecho, una afirmación que resultaba, como resultó, totalmente insostenible.

Una vez ocurrida la movilización de miles de indígenas era imposible pensar en el uso de la fuerza y por tanto estaba perdida la posibilidad de plantear un pulso como el que se planteó: destapa la carretera y negocio, porque la única salida para recuperar el derecho de los demás a transitar libremente por la vía Panamericana era mediante la negociación.

La ocurrencia del bloqueo y su prolongación durante 27 días generaron consecuencias devastadoras en materia económica para algunos sectores de los departamentos del Cauca y Nariño a los cuales el estado debe reparar por la falla en el servicio ocurrida y por el daño especial que se les causó. En algunos casos no serán suficientes las medidas de alivio económico que se puedan adoptar, pero este caso podría ser ejemplar para que, sin necesidad de intervención judicial, se promueva un acuerdo con el gobierno que permita resarcir los daños que se le ocasionaron a algunas personas como consecuencia, o bien de la imprevisión gubernamental o bien del desequilibrio en las cargas públicas que se les impusieron. Los transportadores, los comerciantes, los agricultores, los lecheros caucanos y nariñenses no tienen por qué soportar solos el efecto dañino de esta movilización.

Deslegitimar a la contraparte es otro error que suelen cometer los funcionarios públicos. Ya lo habían hecho con el paro de los estudiantes universitarios en el que habían seguido el equivocado manual que se les distribuye que comienza siempre con la denuncia de la infiltración de la movilización por parte de sectores violentos, que sigue con la revelación de intereses políticos en el movimiento, que continua con acusaciones de corrupción como en este caso lo hizo el Contralor General de la República y que a veces llegan al delirio como el de la vicepresidenta de la república que insinuó que el movimiento indígena estaba atizado por el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Con el anuncio oficial del acuerdo, los voceros gubernamentales tendrán que recoger sus palabras y a quienes calificaban de terroristas, desestabilizadores, manipulados por políticos, etc, ahora tendrán que reconocerles la legitimidad de su vocería y dirán seguramente que es un acuerdo histórico. Así ocurrió con los estudiantes.

El manual dice que, en casos de conflicto como éste, las organizaciones, el gobierno en este caso, debe tener un único vocero para evitar declaraciones contradictorias. Al contrario, el gabinete en pleno prácticamente hablaba todos los días y remataba la doctora Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta de la república. El ministro de defensa decía una cosa, la ministra del interior otra, el consejero para la paz otra y la vicepresidenta finalmente los contradecía a todos.

Cualquier concesión debe hacerse en el marco de la negociación, dice el ABC de manejo de conflictos. El gobierno había hecho unos ofrecimientos de inversión social dirigidos a las comunidades indígenas que tasó en 10 billones de pesos, que sin embargo no fueron consensuados con esas comunidades y por lo tanto su ofrecimiento resultaba la base de la negociación y no su terminación. Así le pasó con los estudiantes universitarios cuando hicieron un acuerdo con los rectores que pensaron sería suficiente y claro que era solo el punto de partida de la conversación con los estudiantes.

El gobierno al final hizo todo lo contrario de lo que predicó: negoció con la vía bloqueada, deslegitimó el movimiento mientras conversaba con sus líderes, negó la justeza de las pretensiones mientras decía que eran incumplimientos históricos. Fueron 27 días perdidos.

¿Y en los paros campesinos que se vienen después de la semana santa seguirán el mismo manual?

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