El caso de Curvaradó y Jiguamiandó será la prueba más emblemática para el proyecto de restitución de tierras de Santos.

Los habitantes de esta zona del Bajo Atrato Chocoano fueron desplazados por grupos paramilitares y después sus tierras fueron despojadas por parte de un grupo de empresas y particulares que se valió de la amenaza armada, pero también de ventas y títulos falsos que ya fueron revocados.

Todo esto ya lo probó la justicia. Y, aunque varios fallos han ordenado que se devuelvan las tierras, la recuperación material no se ha logrado y los palmeros siguen allí mientras que 23 comunidades esperan.

Los palmeros que ocuparon las tierras siempre alegaron que las compraron de manera legal y, para demostrarlo, exhibían sus títulos registrados. Pero hace un mes la Superintendencia de Notariado y Registro culminó el trabajo de inspección de esos registros y concluyó que los que corresponden a 25.479 hectáreas son ilegales.

La forma en que estos empresarios se apropiaron de las tierras de las comunidades negras constituye todo un caso en creatividad ilegal. 

En el año 2000, el Incora adjudicó 46.084 hectáreas al Consejo Comunitario de Curvaradó y 54.973 al Consejo Comunitario de Jiguamiandó. A pesar de esa titulación colectiva, cuando los paramilitares desplazaron a las comunidades, más de la mitad de las tierras fueron invadidas para cultivar palma de aceite y ganadería.

Pero no sólo fue invasión. También intentaron legitimar la ocupación.

Lo hicieron de varias formas. Una fue con el aumento de hectáreas de cada finca, en un proceso que la Supernotariado llama “accesiones” y que permitía que un solo título se convirtiera en un latifundio. Otra, con la falsificación de las resoluciones de adjudicación del Incora y en la última modalidad detectada se encontró que registraron transacciones después de que la justicia lo tenía prohibido (el año 2000).

La Superintendencia de Notariado y Registro logró demostrar que 17.720 hectáreas que pertenecían a la comunidad negra que ocupa el área de Curvaradó y Jiguamiandó fueron adquiridas de manera ilegal con el visto bueno de la Oficina de Registro de Quibdó.

Lo que hicieron los empresarios palmeros fue tomar las parcelas entregadas por el Incora a los miembros de la comunidad afrodescendiente y, una vez los paramilitares los habían desplazado, las convirtieron en latifundios. Su justificación fue que el río se había corrido y por eso el terreno había aumentado.

El “movimiento” del río fue tal que un funcionario de la Supernotariado asegura que si algo así hubiera en realidad ocurrido habría cambiado el mapa de Colombia, pues significaría que un río se movió 17 kilómetros sin que nadie se diera cuenta.

El caso más grande de todos fue el de Santa Teotista, una finca de 18 hectáreas que el Incora entregó en 1990 a Lino Antonio Díaz Almario, un nativo de la región que la trabajó durante seis años, cuando murió ahogado en el río.

Lino Antonio murió pero su firma apareció seis años después en San Jacinto, Bolívar, en una escritura pública donde sumaba a sus 18 hectáreas 5.927 hectáreas más y las vendía a una empresa. Meses después esa empresa la vendió a otra, la Compañía Urapalma S.A., que para que la transacción pareciera legal, parceló la nueva finca en cuatro títulos del Incora que a su vez subdividió en doce títulos más.

Urapalma S.A. peleó la posesión de la finca con certificados de libertad y tradición expedidos por la Oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó. Esos registros ya fueron anulados por la Supernotariado.

Lo mismo ocurrió con la finca La Nevera donde 32 hectáreas que le adjudicó el Incora a Sixto Pérez se convirtieron, por obra y gracia de una escritura pública, en 4.241 hectáreas. Allí, el Supernotariado declaró ilegal la entrega de 4.208 hectáreas.

En la finca Para Qué Más, la venta se hizo por 5.055 hectáreas cuando el Incora le había entregado al campesino Luis Urango Quintero sólo 55 hectáreas.

Y la última de estas parcelaciones se hizo en la finca Bellavista que permitió convertir una parcela de 23 hectáreas en una finca productora de palma de 2.627 hectáreas.

Las empresas que están en la zona ilegalmente son la Unión de cultivadores de palma de aceite en el Urabá, “Urapalma S.A.”, Palmas S.A., Palmas de Urabá Palmura S.A., Palmas de Curvaradó Limitada, Palmado Ltda., Lujasa Ltda., Inversiones Palmas S.A. Inverpalma S.A., CI El Roble S.A., Agropalma. También hay dos empresas ganaderas y 24 particulares que están explotando la tierra de manera ilegal. Y así ya lo confirmaron la Supernotariado, el Incoder y hoy lo investiga la Fiscalía.

A estas empresas, el Tribunal Administrativo del Chocó les ordenó que devuelvan las tierras a las comunidades negras y seis de esas nueve empresas ya están siendo investigadas por la Fiscalía por usurpación de tierras, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

Otra forma de quitar la tierra a la comunidad de Curvaradó y Jiguamiandó fue con las falsas resoluciones de adjudicación del Incora.

En este caso, en 6.506 hectáreas de tierra aparecieron propietarios que aseguraban que se las habían vendido personas a quienes el Incora se las había entregado. Ocho predios de entre 500 y mil hectáreas aparecían con toda su documentación en orden: con el certificado de entrega del Incora y con la escritura de venta a nuevos propietarios. Pero el Incoder certificó la falsedad de esas resoluciones y ya la Supernotariado revocó el registro.

Entre los propietarios hechos a punta de resoluciones falsas está Palmas de Curvaradó S.A.

La última forma de títulos falsos fue descubierta a finales del año pasado y es el único caso que no necesariamente implica mala fe, en papeles del investigador de la Supernotariado.

Son 17 parcelas que el Incora efectivamente entregó, pero que después vendieron y el registro de esos negocios lo hicieron después de 2000, cuando ya había una orden judicial que paraba cualquier transacción de tierras en las zonas de Curvaradó y Jiguamiandó.

El estudio de la Superintendencia de Notariado y Registro comenzó en 2007 y la revocatoria de los registros se dio hasta hace un mes, cuando se acabó la revisión de los títulos de propiedad. Esas 25 mil hectáreas hoy legalmente no son de los palmeros y tendrán que ser entregadas a la comunidad negra.

Lo que sigue es la devolución de las tierras pero ahí es donde mayor conflicto se ha dado porque los palmeros se niegan a devolver las tierras y porque hay una división interna entre la comunidad, pues un pequeño sector apoya a los empresarios.

El 21 de marzo del año pasado, se eligió un consejo comunitario que, siendo la autoridad de las comunidades afrocolombianas, es el órgano que finalmente decidirá a quién se entregarán las tierras. Pero sorprendentemente salió elegido como representante Germán Marmolejo, un afrodescendiente oriundo de la zona, pero que sólo tuvo el voto de dos comunidades. A él lo señalan las comunidades como defensor de los palmeros, específicamente de las familias Argote y Molano que tienen cultivos de palma en la zona.

Esas familias están peleando para que les entreguen parte de las tierras ancestrales con el argumento de que ya llevan tiempo explotando la palma y en eso los apoya Marmolejo, quien oficialmente hoy no representa a las comunidades y seguramente recibirá su tierra, pero con la misma medida de los demás miembros de la comunidad.

Dado que él defiende los intereses de los palmeros, se dijo en su momento que el nuevo consejo había negociado contratos de arrendamiento con los palmeros hasta por 50 años.

La Corte Constitucional logró parar la entrega de las tierras a ese nuevo consejo y emitió un auto el 18 de mayo de 2010 donde adoptó medidas cautelares para proteger a la población afrodescendiente de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, dejó sin piso el nuevo consejo y le dio un plazo perentorio al Gobierno para devolver esas tierras: el 10 de julio de 2010.

Pero esta restitución no se llevó a cabo. Y en agosto, recién posesionado, el gobierno de Juan Manuel Santos se dio cuenta de que lo iban a acusar de desacato. Entonces, en noviembre solicitó a la Corte la ampliación de los plazos. La visita de hoy de los dos ministros es la última de la primera parte del nuevo cronograma. Y el objetivo es devolver la confianza a las comunidades y de paso implementar un censo como paso previo para la devolución de las tierras.

Para saber quiénes realmente son los habitantes ancestrales de la zona, la Corte Constitucional ordenó levantar un censo. Lo que pretenden hoy los ministros es concertar la metodología que vienen estudiando con las comunidades. El trabajo no será fácil. Se trata de ir casa por casa a preguntar quién vive hoy y preguntarles a los más ancianos quiénes fueron sus vecinos, revisar las bases de datos y buscar los desplazados que están en otras partes del país.

Ya hay consenso para comenzar el conteo y con eso realizar una nueva asamblea para que la comunidad elija un nuevo representante que será quien decida a quién se le van a entregar los títulos.

Porque uno de los problemas que tendrán que enfrentar (¡otro!), es que se está dando en la zona un rápido repoblamiento. Semanalmente están llegando grupos de afrodescendientes de diferentes partes del país que se quieren hacer incluir entre las comunidades que votan en el Consejo y con ello acompañar a la mayoría que apoya a los palmeros y poder hacerse parte de la tierra. Y, encima de todo, algunas autoridades regionales ya han tomado partido. Por ejemplo, según los representantes de las 23 comunidades negras, el coordinador del programa presidencial Acción Social en Urabá, Luis Mario Gaviria Vélez, hermano de José Obdulio Gaviria, ya tomó partido por los palmicultores.

El Ministerio del Interior teme que los nuevos habitantes de la zona se conviertan en un nuevo problema en otra parte del país. Si no quedan incluidos en el censo, como debería ser por ser nuevos en la zona, no tendrán tierra y podrían pelear que son desplazados. Y después, para irse de Curvaradó y Jiguamiandó pidan que los reubiquen en otra parte.

Los conflictos internos ya empezaron. Ayer, la inspectora de la zona, que es la encargada de entregar los nuevos títulos y restituir los predios, dijo que no tenía garantías para ejercer su trabajo y renunció a su cargo y uno de los sectores de la comunidad incendió el cultivo de otro de ellos. Y a esto se suma la presencia de bandas emergentes en la zona y continuas amenazas contra los líderes negros.

Por todo esto, el trabajo que ya lleva más de diez años, en realidad apenas comienza. El trabajo de ahora en adelante para que los fallos de los organismos judiciales se vuelvan realidad sólo será efectivo cuando materialmente la comunidad negra de Curvaradó y Jiguamiandó reciba sus títulos y puedan volver a sembrar en sus tierras. Ese es el verdadero reto de la restitución de tierras. Y a eso se comprometerán hoy los ministros del Interior y de Agricultura, que están bajo el ojo vigilante de la Corte Constitucional.