Los compromisos que asumió el gobierno Santos, y ajustó el de Duque, debían cumplirse en diciembre de 2019. Según el Comité del Paro, van en el 17 por ciento.
En el 2017, después de firmar los acuerdos del Paro Cívico de Buenaventura, Luis Gilberto Murillo, entonces ministro de Medio Ambiente y negociador entre el Comité del Paro y el gobierno de Juan Manuel Santos, proclamó que ayudarían a “disminuir la brecha” enorme que tenía el “distrito de Buenaventura con el resto del país”.
Cuatro años después, y cuando el pacto era cumplirlos en diciembre de 2019, la mayoría no se ha cumplido según todos los interesados: según el Comité va el 17 por ciento, para la Alcaldía entre el 10 y el 15, y para el Ministerio del Interior en febrero iban en el 19 por ciento.
Tras revisar los 177 acuerdos actuales y hablar con el alcalde Víctor Vidal y con 11 integrantes del Comité del Paro Cívico que le hacen seguimiento a los acuerdos, La Silla Vacía encontró que la responsabilidad apunta primero al Gobierno Nacional y luego a la Alcaldía y la Gobernación
Desde la semana pasada La Silla intentó comunicarse con el ministro del Interior, Daniel Palacios, o con un vocero para hablar de gestión del gobierno Duque, pero hasta el momento de publicar esta historia no habían respondido.
El Paro, las negociaciones con Santos, y renegociaciones con Duque
Como contamos, la gente de Buenaventura decidió irse a paro el 16 de mayo de 2017 porque no tenían más de ocho horas continuas de agua al día y el único hospital público para atender a más de 400 mil habitantes era de primer nivel, el más básico, y en cuatro años había triplicado las deudas.
Estas y otras solicitudes sobre servicios básicos llevaron a que miles de personas cerraran durante 21 días la única carretera que conecta al puerto más importante del país.
Cuando el gobierno Santos se sentó a negociar pidió que priorizaran y concretaran sus reclamos. El resultado fue un pliego de peticiones de más de 200 puntos, con exigencias puntuales del Comité del Paro Cívico.
En julio el Gobierno representado por el entonces ministro de Interior, Guillermo Rivera, y el de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, firmó el acuerdo. Lo mismo varios representantes del Comité del Paro, entre los que estaba el hoy alcalde Vidal.
Entre los grandes compromisos quedó un presupuesto de 1,5 billones para financiar la implementación de varios puntos que debían cumplirse en diciembre de 2019, porque eran los más urgentes.
Ese mismo año, en agosto, se creó la Comisión de Seguimiento con cinco ministros, la consejería presidencial para las regiones, el gerente del Plan Todos Somos PaZcífico, la gobernadora del Valle, el alcalde y un representante del Comité.
Luego formularon “rutas críticas” para cada punto, con un paso a paso para cumplirlos.
En el 2018 llegó el gobierno de Iván Duque y el cumplimiento empezó pero muy lento.
Tanto que para enero de 2020 el Comité estuvo cerca de reactivar el paro. Según cuenta el padre John Reina, vocero del Comité, decidieron continuar dialogando y a mediados de enero acordaron destrabar los pactos.
Para eso la Comisión debía analizar de nuevo cada punto, reorganizarlos o integrarlos sin suprimir ningún punto, y crear una nueva ruta crítica. El proceso tardó nueve meses y para octubre pasado reajustaron los acuerdos priorizados.
Por eso hoy hay 177 puntos, de los que 152 necesitaban ruta crítica y lograron concertar la de 103. Hasta octubre, según el Comité, había 39 acuerdos sin ruta crítica, 9 con una ruta incompleta, 25 cumplidos y uno cumplido parcialmente.
Pero eso era apenas el primer paso para meterle acelerador a los acuerdos.
Los líderes de las nueve mesas del Comité reconocen que el Gobierno ha estado abierto al diálogo y no se ha negado a cumplir nada de lo acordado, pero ven que la voluntad política para implementarlos se ha quedado corta.
Por su parte, el ministro Palacios dijo en febrero a El Tiempo que la meta es que este año termine con “entre 70 u 80 acuerdos cumplidos y terminar el gobierno con un poco más de 100 o 110 acuerdos cumplidos”.
Palacios mostró cifras diferentes a las del Comité pues dijo que iban 34 acuerdos cumplidos, uno parcialmente, dos en verificación y otros ocho en revisión por la comunidad.
Esas discrepancias básicas sobre qué se ha cumplido empantanan el análisis y llevan a más roces. Ayer el Comité envió una carta al Ministro pidiendo que aclare la inversión en el marco de los acuerdos, y los proyectos ejecutados y a ejecutarse.
Para saber en qué van y qué significan esos avances, La Silla revisó 177 puntos, habló con los representantes de las mesas, y el Alcalde, para entender concretamente cuáles son los atrasos y cuáles los progresos.
Salud
De los 177 aún por cumplir, 10 son de la mesa de salud y todos tienen su respectiva ruta crítica (el paso a paso). Según el Comité hay un punto más que ya se cumplió, el de construir, dotar y dejar en funcionamiento la morgue.
Entre los puntos claves en salud, hay dos que tienen mayor impacto en la comunidad: la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital y la construcción de una ciudadela hospitalaria.
Este tema es clave en Buenaventura, porque mejorar el acceso a este servicio fue uno de los motivos que llevó a la movilización de 2017. Esto porque en el hospital de primer nivel no hay servicio de cirugías.
Por eso, uno de los acuerdos fue crear una Unidad de Cuidados Intensivos con 50 camas. Hasta el momento, el hospital cuenta con 13 camas uci transitorias (nueve para adultos y cuatro de cuidados intermedios) y 12 permanentes. Este punto lo aceleró el covid. Aún así, el cumplimiento es solo de la mitad.
El Comité del Paro explica que estaban a la espera de un estudio de sismo resistencia del hospital para saber si la infraestructura podía resistir las 50 camas uci. De acuerdo al resultado de ese estudio, sabrán qué le hace falta para instalar las camas.
José Simeón Tascón, coordinador de la mesa de salud del Comité, nos dijo que el estudio debe ser entregado el 24 de este mes. Tascón contó que de los 26 ítems que tenían que ver con implementación de equipos y especializaciones en el hospital ya se han cumplido 19, lo que representa un avance del 75 por ciento en este punto.
Otro gran acuerdo del Paro fue crear la ciudadela hospitalaria, para prestar servicios que van desde rayos X hasta neurocirugía, procedimientos avanzados y laboratorios especializados en la región y el país.
El alcalde Víctor Vidal dijo que los retrasos en ese punto eran responsabilidad de las administraciones locales anteriores que no dispusieron un lote para la construcción de la ciudadela. Pero aseguró que el lote ya está disponible y se está trabajando en el prediseño de esta obra. Desde el Comité esperan que pueda entregarse en 2025.
Tascon asegura que el avance de los acuerdos de la mesa están entre el 25 y 30 por ciento. Él, y el padre John Reina, coinciden que la mesa de salud y educación son las que tienen mayores avances y resultados frente a las demás.
Educación
En la mesa de educación hay 19 acuerdos, entre los que está mejorar la infraestructura de instituciones educativas, construir una sede del Icetex y ampliar las plazas de docentes.
El acuerdo que más impacto tiene es el de infraestructura educativa.
Desde el Comité del Paro aseguran que ya van 14 instituciones mejoradas en tema de infraestructura, y para este año esperan que se construyan cuatro instituciones educativas. De esas, a dos les hace falta que los contratistas den luz verde para iniciar la construcción.
El retraso en este caso, según la Alcaldía, fue por administraciones anteriores que no cumplieron con el compromiso de poner el 20 por ciento de los recursos para que el Gobierno Nacional financiara el resto. El año pasado, entre ambas entidades sumaron una inversión de 50 mil millones de pesos, según el Comité del Paro Cívico.
Jesús Eduardo Cuero, coordinador de la mesa educativa, dice que esos puntos de infraestructura son clave porque los jóvenes y niños “necesitan ambientes agradables que motiven a estudiar para que no cojan otros caminos”.
El segundo punto clave en temas de educación es el de ampliar la planta de docentes y directivos para fortalecer la educación oficial. Cuero, al igual que la Alcaldía, cuenta que ya hay 140 plazas nuevas de docentes de áreas específicas ocupadas y 75 más que están en proceso. De estos docentes, casi el 90 por ciento estarán destinados para la zona rural.
Acueducto
La necesidad de contar con agua 24 horas, que fue la semilla de la movilización, terminó en la organización del Comité del Paro Cívico. La historia se remonta a 2011, cuando se crea el Comité del Agua para luchar por el acceso a esta en el territorio.
Como contamos en esta historia, en 2017 el Gobierno se comprometió a que en dos años el distrito tendría acueducto todo el día, aunque no quedó en las actas ni en los acuerdos. Pero hoy Buenaventura aún no cuenta con suministro de agua las 24 horas.
En la mesa de agua, saneamiento básico y servicios públicos hay 16 acuerdos de los 177.
De esos puntos, el principal es el Plan Maestro de Acueducto, en el que se definieron 13 obras que pueden ayudar a que el suministro de agua en el distrito vaya mejorando. De esas, cuatro se han cumplido. Se trata de las dos plantas de tratamiento de Escalerete y Venecia, y los tanques de Venecia II y Loma Alta.
Konti Bikila, de la mesa de saneamiento del Comité, le dijo a La Silla que espera que los tanques de Loma Alta empiecen a funcionar este semestre. Con eso, cerca de 25 mil personas podrían recibir agua continua por más de 20 horas.
Para esto también es clave la rehabilitación de una tubería de 27 pulgadas que, aparte de conducir el 30 por ciento del agua de Buenaventura, surte los tanques de Loma Alta. Rehabilitarla es clave porque, como contó Semana Rural en 2018, el 80 por ciento del agua que viaja por tubería en Buenaventura se pierde.
El viceministro de aguas y saneamiento básico, José Luis Acero Vergel, le dijo a La Silla que ya hay construidos tres kilómetros de la tubería de 27 pulgadas que tienen el fin de conducir el agua que produce Escalerete. Además, se encuentra en marcha la rehabilitación de 12 kilómetros de la misma.
Acero también dijo que está en proceso de contratación un proyecto que reducirá las pérdidas de agua y en el que la inversión es de alrededor de 17 mil millones de pesos.
Además de esto, “la Gobernación del Valle del Cauca, a través del Plan Departamental de Aguas, se encuentra ejecutando la construcción y optimización de los acueductos de los centros poblados Citronela, San Cipriano, La Gloria y Córdoba. Son inversiones que ascienden a alrededor de los 2 mil millones de pesos”, dijo el viceministro.
La meta desde el Comité del Paro es que al completarse las obras de acueducto, los tanques puedan surtir más sectores de Buenaventura para tener un promedio de 18 a 20 horas continuas de agua.
Plan Especial de Desarrollo Integral de Buenaventura
Además de los puntos nombrados, está el Plan Especial de Desarrollo Integral de Buenaventura que pretende ser la hoja de ruta de las obras y la inversión que necesita el distrito.
Ese plan será aprobado por la Junta Administradora de Fonbuenaventura, el fondo creado en 2018 para financiar el plan e invertir en proyectos que atiendan las necesidades del distrito.
Este 16 de marzo inicia la formulación del plan, en el que tendrán asiento las universidades, los empresarios, la comunidad bonaverense representada por el Comité del Paro, el Gobierno, el departamento y el distrito para construir una visión de desarrollo compartida. La entidad encargada de articular estas propuestas es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
Narcilo Rosero, Vocero del Comité del Paro Cívico, nos contó que espera que en 10 meses esté listo el plan y que con esto empiecen a salir proyectos en temas como aguas y energía. Sin embargo, reconoce que los resultados del plan empezarán a verse en un promedio de 10 años.
Por su parte, el padre John Reina nos dijo que proyectan el plan como una guía a 2040 para que los alcaldes que lleguen sigan esta ruta de obras, gestiones e inversión para salir del atraso.
Mientras esto pasa, la violencia en Buenaventura no cesa. Sólo la semana pasada el obispo del distrito Monseñor Rubén Darío Jaramillo fue amenazado, por un audio de Whatsapp, con ponerle una bomba. El martes, la Defensoría del Pueblo anunció que había 157 familias confinadas y 28 desplazadas en el consejo comunitario de Río Yurumanguí en zona rural de Buenaventura.
Esta es una muestra más de la situación de orden público que vive el principal puerto del país desde finales del año pasado. Como contamos en esta entrevista la violencia en Buenaventura se ha recrudecido tras los enfrentamientos entre Los Shotas y Los Espartanos, disidencias de la banda La Local, que se disputan el territorio.
“Muchos de los acuerdso funcionando generarían empleo, mejores condiciones para estudio, actividades culturales y deportivas, y una parte de los jóvenes que están siendo involucrados en la guerra, porque no tienen noción de otra cosa, tendrían otras oportunidades”, dice Narcilo Rosero del Comité.
El Alcalde Vidal nos dijo que en este caso no creía que cambiara tanto la situación, esto por que la violencia que vive Buenaventura se trata más de unas estructuras delincuenciales que tienen poder a nivel nacional e internacional.
“La violencia de Buenaventura es importada. Aquí están unos grupos armados nacionales que están disputándose el control del territorio. Que encuentran en los habitantes de Buenaventura una presa fácil para vincularlos a la guerra es otra cosa”, nos dijo Vidal.
En lo que sí coinciden todos es que de si no se cumplen los acuerdos, Buenaventura no podrá acercarse a lograr la premisa que le dio vida al paro: “vivir con dignidad”.
