En esta vereda del Catatumbo, hay un pulso entre organizaciones sociales por la sustitución de cultivos. Por la pugna, un líder salió amenazado en medio de denuncias sobre presiones que involucran hasta a las Farc.
Desde que el Gobierno anunció que el Frente 33 llegaría a la vereda de Caño Indio para desarmarse e iniciar su tránsito a la vida civil, todo cambió en este poblado abandonado del Catatumbo sin luz eléctrica, ni agua potable, ni carreteras en buen estado.
Los anuncios de la plata que llegaría por la sustitución de la coca y la inversión en infraestructura a la vez que llenó de esperanza a muchos, provocó toda una pugna de poder entre líderes campesinos.
Hoy, cuando la inversión finalmente empezó a hacerse realidad, los ánimos están encendidos en la vereda que algún día fue tierra de nadie, y un líder ya salió amenazado. Si bien no está comprobado que sea por esa pugna, en la zona creen que está estrechamente relacionado con ella, y hay denuncias sobre presiones que involucran también a las Farc.
Este es solo un caso de los riesgos de arbitrariedad que encierra la implementación del Acuerdo de Paz de “abajo hacia arriba”, y por lo tanto es un campanazo para el Consejero del Posconflicto Rafael Pardo.
El pulso
La figuración de Caño Indio desde que se convirtió en una de las zonas veredales de las Farc, ha estado marcada por la coca.
Por falta de acuerdos sobre las condiciones para sustituir las 220 hectáreas que se calcula están sembradas en sus tierras fue que esa vereda casi termina descartada para la transición de ese grupo armado; por la coca fue que en los últimos meses la población de Caño Indio casi que se duplicó (pasó de tener 38 a familias en 2015 a 72 en 2017) -algunos dicen que buscando la plata de la erradicación-; y por los beneficios de la sustitución es que hoy hay un pulso de poder.
El detonante tuvo lugar desde septiembre, cuando la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat), una organización políticamente afín a las Farc, se autoproclamó la vocera de esa vereda, y sus peticiones al Gobierno para la sustitución empezaron a diluir la negociación con los campesinos.
En ese entonces, además de que se empezó a correr la voz de que quienes no estuvieran afiliados a esa organización no serían beneficiados con los acuerdos, las directivas de Ascamcat empezaron a aparecer recurrentemente en la vereda.
Antes de los anuncios, según seis fuentes de la zona, entre campesinos y autoridades locales y sociales, no era tan común que lo hicieran pues sus líderes están dispersos en los 11 municipios del Catatumbo y su sede oficial está en Cúcuta.
Como el rumor fue desmentido por los funcionarios y autoridades que empezaron a visitar la zona, desde ese entonces un grupo de campesinos tomaron la decisión de reunirse con la Pastoral y la Diócesis de Tibú, para que los ayudara a conformar una asociación propia.
Según le dijeron tres campesinos de la vereda a La Silla, la idea de una nueva asociación tuvo acogida porque con Ascamcat “no se podía opinar”.
“Uno sentía es que les tenía que hacer caso y no más, y eso no puede ser así”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.
Al principio fueron 23 familias las que se unieron a la iniciativa, pero el día en que la crearon formalmente -el 3 de diciembre del año pasado- y la bautizaron Caño Indio Productivo, firmaron 42.
Y aunque tres días después llegó a la vereda una delegación del Gobierno y las Farc para acordar los términos de la sustitución, ese día Ascamcat fue el que dijo tener la vocería y fue el único que habló.
Con ese antecedente, que dejó molesta a poco más de la mitad de la vereda, días adelante, según le contaron a La Silla tres habitantes de Caño Indio, delegados de Ascamcat y el presidente de la Junta de Acción Comunal, Luis David ‘Tori’ Rincón, quien también pertenece a esa asociación, dijeron en una reunión que no estaban de acuerdo con la creación de la otra organización porque dividía a la vereda.
Gustavo Torres, uno de los líderes de Caño Indio Productivo y quien más tarde se convertiría en su representante legal, les respondió que estaban acudiendo a su derecho a asociarse, lo que caldeó los ánimos en la vereda.
Las intimidaciones
Gustavo Torres es un campesino que nació en Samaná, Caldas, y que llegó al Catatumbo hace treinta años para trabajar.
Aunque se acostumbró a vivir -como todos- en medio de la guerra, cuando a finales de los 90 los paramilitares hicieron su incursión y aterrorizaron como nunca antes a esa región de Norte de Santander, salió desplazado.
Primero salió corriendo de Filo Gringo en el Tarra, luego de Buenos Aires, en ese mismo municipio, y por último de El Retiro en Tibú. Fue huyendo hasta que llegó a Venezuela, en donde estuvo hasta inicios de 2014 cuando otro de los campesinos que lo conoció en medio de la huída de la guerra, lo buscó para decirle que en Caño Indio había tierras para trabajar.
A él lo presentaron en sociedad dos campesinos de la vereda, y después del protocolo, la Junta de esa época le asignó una tierra para que pudiera sembrar.
Apenas se radicó hizo lo que, en sus palabras, más se le daba: “trabajar con los demás para mejorar”
Empezó con actividades comunitarias que le dieron reconocimiento, más adelante se convirtió en el vocero de Caño Indio ante la Alcaldía, y en 2016 lo eligieron como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal.
Según le contó a La Silla, llegó a ese cargo con la idea de formular un plan de desarrollo local y fue ahí cuando empezaron los problemas para él.
“Nosotros priorizamos la electrificación, el acueducto, la carretera, y también pusimos unas normas como que la guerrilla o otra gente de afuera no podía meterse y opinar”, explicó Gustavo. “Eso fue como un veneno para ellos”.
A tres meses de haberse elegido, le mandaron la razón de que tenía que ir a encontrarse con las Farc al lado de la frontera y le pidieron la renuncia.
“Me dijeron que yo era un aparecido en la vereda y que no era una persona de confiar y que debía renunciar. Yo lo hice, porque qué más podía hacer”, recordó Gustavo sobre lo que le dijeron las Farc en esa ocasión.
Luego de salir de la Junta, Gustavo se quedó en Caño Indio y debido a que los campesinos se empezaron a sentir excluidos con la llegada de los directivos de Ascamcat, fue uno de los que empezó a promover la idea de crear una asociación alterna con el apoyo de la Diócesis y la Pastoral.
Pero apenas arrancó el plan, según siete fuentes, tres de las cuales pertenecen a Caño Indio Productivo, también iniciaron las intimidaciones.
“Me decían que iba a tener muchos problemas con las Farc por la conformación de la asociación”, le dijo a La Silla Torres. ”Yo les dije que qué más hacíamos, que nosotros no estábamos cometiendo delitos y que teníamos un derecho propio y constitucional”.
Los otros dos campesinos nos dieron una versión muy similar. Dijeron que empezaron a recibir razones de que si no se salían de Caño Indio Productivo no recibirían nada por la sustitución.
Paralelamente, en la vereda empezó a engordarse el censo. Aunque a 2015 estaban registradas 38 familias, y para agosto de 2016, en momentos del anuncio de la zona veredal ya había 52. Para 2017 los registros subieron a 73.
Si bien eso se podría explicar en parte, porque además de las familias de la vereda, se registran los amedieros (personas que no tienen tierra pero arriendan una para sembrar coca) y los raspachines, cuatro campesinos, una fuente de adentro del Gobierno que se mueve en la zona desde que empezaron a mirarse los detalles para la implementación de los acuerdos de paz, y otra fuente de adentro de la Pastoral de Tibú, le dijeron a La Silla que nadie sabía quiénes eran las caras nuevas.
“Hay una señora María Isabel que es de Ascamcat, ella llegó a Caño Indio y ahora tiene los beneficios. Igual sucede con la mamá y la hermana del Presidente de la Junta, ellas no viven allá y ahora aparecen beneficiándose”, le aseguró a La Silla una de esas fuentes. Otras dos dijeron casi lo mismo. Le preguntamos a David Rincón, el presidente de la Junta por esas denuncias, pero no respondió los mensajes ni las llamadas a su celular.
Esas mismas fuentes también nos dijeron que algunos de los nuevos habitantes de la vereda también estaban presionando para que se desconociera a Caño Indio Productivo, diciendo que eso servía para dividir la vereda.
La Silla intentó verificar esas denuncias comparando el censo inicial de la vereda que está en archivos de Tibú con el de los inscritos para los beneficios, pero Eduardo Díaz, director de la Oficina de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que depende del Consejero para el Posconflicto Rafael Pardo, nos dijo que no nos iba a entregar la información.
“Nosotros tenemos varios controles para eso, empezando por las mismas comunidades. También cruzamos las bases de datos con el Sisben, con la Unidad de Víctimas, y cuando tenemos alguna sospecha se suspende o se retira a la persona y se hacen las denuncias respectivas si hay lugar a ello”, le dijo Díaz a La Silla. “Yo no voy a delegarle el trabajo de mi unidad a usted”.
El 10 de febrero, Caño Indio Productivo se constituyó formalmente en la Cámara de Comercio de Cúcuta como asociación.
Como el Gobierno insistió en que el acuerdo de sustitución debía ser con todos los campesinos, y no solo con Ascamcat, que a su vez creó la regional de la Coccam (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola), los asociados de Caño Indio Productivo fueron incluidos en todos los acuerdos en las mismas condiciones.
A mediados de junio, según reportes de la Agencia para la Renovación del Territorio, las 73 familias que ahora aparecen en el censo de Caño Indio recibieron los $3,5 millones que se acordaron como incentivo para erradicar inmediatamente la coca y en mayo, el primer desembolso de los $2 millones mensuales que tendrán bimestralmente como apoyo para mantenerse mientras empiezan a dar fruto los nuevos cultivos.
La amenaza y la aplanadora
Si bien los ánimos se apaciguaron después de ese episodio, en mayo, una vez los subsidios a los campesinos empezaron a llegar, apareció un reclamante del lote en el que en los últimos tres años había vivido Gustavo en Caño Indio.
Ese lote de 45 hectáreas, que fue el que le dejaron ocupar cuando llegó a la vereda para que trabajara, hace parte de uno de 125 hectáreas que compartía con Olger Guerrero, otro campesino que junto a Gustavo lideró la creación de Caño Indio Productivo.
Según reportes de la Pastoral de Tibú, había sido abandonado por una asociación palmicultora de España que lo compró en 2005 con el boom de la siembra de la palma en el Catatumbo pero que nunca lo pudo trabajar porque la guerrilla no la dejó.
Como el reclamante, Florentino Veloza, pidió la totalidad del lote y que se lo desocuparan inmediatamente, el caso se trató en una reunión de la Junta de Acción Comunal de Caño Indio el 10 de junio.
Al final no hubo acuerdo, porque Gustavo y Olger tenían el derecho adquirido como ocupantes y Veloza, según lo último que se supo del lote y que está en reportes de la Pastoral, lo había vendido.
“Yo le dije que eso lo debía reclamar al Estado que era el que tenía que mirar lo de las tierras porque nosotros no teníamos para dónde irnos”, le contó Gustavo a La Silla.
La amenaza contra Gustavo llegó nueve días después en una tienda ubicada en la vía de entrada a Caño Indio y a 40 minutos de la vereda.
Según las denuncias que fueron interpuestas ante la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Estación de Policía de Caño Indio y hasta el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la ONU, Gustavo y Olger, quienes se encontraban juntos ese día, fueron abordados por Arbenis Veloza, hijo de Florentino
“Tiene ocho días para que arranque sus hijueputas láminas de zinc y se pierda de aquí o si no lo mato”, dice un aparte de la denuncia en el que citan las palabras del hijo del reclamante. De esa información dan fe, según los anexos, el dueño de la tienda, y varios testigos.
Como uno de los hijos de Veloza, según tres fuentes de la vereda, y otras dos que hacen trabajo social allá, es conocido por ser miliciano de las Farc, a Gustavo le tocó salir de Caño Indio al día siguiente.
Solo regresó hasta el 23 de junio junto a la Diócesis de Tibú, que ese día en una misa a la que llegó el obispo Omar Sánchez, le dio nuevamente el respaldo a Caño Indio Productivo.
Desde ese entonces no ha vuelto, pero su nombre ha hecho eco en Caño Indio.
Tres campesinos que están en la vereda aseguran que desde que Gustavo se fue el mensaje recurrente es que quien no deje Caño Indio Productivo va a correr con la misma suerte que él y no va a poder volver.
El último episodio ocurrió esta semana cuando la Junta de Acción Comunal debía emitir las certificaciones que daban fe del tiempo que llevaban viviendo en la vereda las familias inscritas en el programa de sustitución para que les reconocieran la tenencia de los predios, debido a que la gran mayoría no son propietarios sino ocupantes.
El miércoles David ‘Tori’ Rincón, el presidente de la Junta, le dijo a Olger Guerrero que él y las directivas habían tomado la decisión de no reconocerle la tenencia del predio ni a él ni a Gustavo.
“La Pastoral se enteró y nos puso un abogado para que nos defendiera. Nosotros fuimos a una Notaría y nos tocó llevar unos testigos”, le explicó Guerrero a La Silla.
“Ya parece que todo se va a resolver y que el Alcalde va a firmar la tenencia para que no nos quiten los beneficios”, dijo.
En La Silla intentamos conocer la versión de David Rincón, el presidente de la Junta, sobre todas las denuncias pero no contestó las llamadas ni los mensajes que dejamos en su celular. También buscamos la versión de Juan Carlos Quintero, vocero y directivo de Ascamcat, pero tampoco respondió.
Por su parte, Wilder Mora, líder de la Coccam en Tibú, le dijo a La Silla, que no es cierto que otras asociaciones no pudieran constituirse y que ellos trabajarán de la mano con cualquiera. “Esas son afirmaciones de personas que están en contra la paz”, aseguró.
En estos momentos Gustavo está esperando a que la Unidad Nacional de Protección le dé seguridad a él y su familia para que pueda regresar a Caño Indio, la primera vereda del Catatumbo en la que se anunció con bombos y platillos la llegada de la paz.
