Ahora, la justicia distributiva

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Claro que el principio de solidaridad debe florecer ahora más que nunca, pero sobre todo los criterios de justicia distributiva. La columna de Héctor Riveros.

Finalmente, el Gobierno Nacional tomó la decisión de decretar el aislamiento obligatorio. Quiso mitigar lo más posible los devastadores efectos sobre la economía, ahora le toca ser muy ingenioso para que queden lo mejor repartidos entre todos.

Parte del problema es que no hay cómo calcular las consecuencias, porque apenas están produciéndose y porque a pesar de todos los modelos que corran sobre la difusión de la pandemia o sus efectos sociales y económicos nadie sabe, ni aproximadamente, lo que va a pasar. Nada de lo que están diciendo tiene evidencia real. Hay que ir observando y haciendo lo que se pueda.

Sin embargo, a pesar de las dimensiones de cataclismo, en términos económicos no necesariamente todos seremos perdedores, o al menos no en las mismas dimensiones, ni al mismo tiempo. Así como se busca aplanar la curva de contagio, la clave tiene que ser identificar, con la mayor precisión posible, los que ganan, los que quedan igual y los que pierden para que los dos primeros grupos, por pequeños que sean aporten a mitigar el daño sobre los últimos.

Es el viejo truco aristotélico, renovado por Rawls y aplicado a la crisis.

¿Hay ganadores?, probablemente pocos, pero quizás sí los hay. Algunos productos, como los farmacéuticos y de aseo se venden más. Los que reciban algún ingreso en dólares están recibiendo 30 por ciento más de lo que esperaban. La distribución de alimentos está vendiendo más que al inicio de la crisis.

Ahora, todos esos ganadores pueden serlo solo transitoriamente, pues bien, cuando dejen de ser ganadores se sacan de esa casilla y se pasa a la de perdedores, pero mientras permanezcan ahí tienen el deber de aportar extraordinariamente para paliar la situación de los afectados desde el primer día.

Los empleados que no pierdan su empleo, serán ganadores o al menos no perdedores. ¿Qué porcentaje será? Pues ya veremos, pero mientras no pierdan el empleo deberán aportar un porcentaje de su salario para aportar a quienes sí lo perdieron.

No parece que sean afectados en el corto plazo, por ejemplo, los trabajadores estatales, ¿esos recibirán, como si no estuviera pasando nada, su prima de servicios en junio? En el sector financiero también seguramente el efecto sobre el empleo será incomparable con el de los servicios turísticos y de gastronomía que ya llevan diez días sin recibir y sin que nadie les clarifique qué gastos deben dejar de pagar.

En Colombia hay más de 500 mil pensionados que reciben más de tres salarios mínimos, esos que tienen sus mesadas seguras, ¿cuánto van a poner?

A los cafeteros les está yendo bien en medio de la crisis porque se les combinó un buen precio internacional con una tasa de cambio favorable, ¿van a poner?, por ejemplo, para que los floricultores que tanto empleo generan no tengan que despedir a las decenas de miles de mujeres que trabajan en ese sector. En las crisis la demanda de flores se disminuye casi a cero, pero el consumo de café se afecta menos.

Los alivios generales pueden terminar beneficiando a quienes no necesitan y eso es lo único que no habría que hacer en una asignación de recursos económicos en épocas de crisis.

Que no pague el arriendo o la hipoteca o el predial quien se haya afectado, pero si es un empleado que no pierde su empleo, mantiene su ingreso intacto, incluso que lo pague anticipadamente para poder ayudar a cubrir a quienes no van a poder pagar porque perdieron el empleo o su negocio quebró.

Claro que el principio de solidaridad debe florecer ahora más que nunca, pero sobre todo los criterios de justicia distributiva. El empresario Arturo Calle, a diferencia de otros, les aseguró a sus empleados su ingreso durante la crisis. ¿Cuánto puede resistir?, ni él sabe porque nadie sabe qué tan grave va a ser, pero deberá hacer lo que pueda.

La reacción de los empresarios no puede ser quedar indemne. Claro que van a perder quizás parte de su patrimonio y tendrán que comprometer una parte para asegurar ingresos básicos a quienes son sus empleados. Ahora, habrá que asegurarles que pierdan lo menos posible.

Si hay que escoger entre pagar el arrendamiento de un local comercial donde funciona un restaurante y el salario de los empleados, habrá que privilegiar a estos últimos. Es probable que el propietario del inmueble tenga como soportar la pérdida de ingreso.

Se dirá que hay personas que dependen de ese ingreso para su subsistencia, perfecto, se establecen las excepciones correspondientes o se obliga a que se pague un pequeño porcentaje del valor del canon. En fin, hay que pensar en los criterios básicos de la justicia distributiva, en lo más micro. Si nos quedamos en las reglas generales, además de soportar una crisis hasta ahora impensable, habremos cometido muchos actos de injusticia.

Habrá que adoptar medidas tan obvias como romper ese principio que aplican en los contratos estatales de “servicio no prestado, servicio no pagado”, porque claro que si lo aplican a rajatabla en el transporte escolar y en el aseo de establecimientos educativos pues van a despedir conductores y aseadores por miles. El Estado debe pagar proporcionalmente lo necesario para asegurar la nómina de las empresas que les prestan esos servicios.

Tendrá que haber un ejercicio de acción colectiva, liderado por el Estado, para compensar las cargas. 

Hay consideraciones económicas, hay justificaciones jurídicas basadas en la teoría de la igualdad en las cargas públicas y la responsabilidad por daño especial, pero sobre todo hay razones éticas. 

Nada de eso opera exclusivamente por la solidaridad individual y el mecanismo más eficiente de reasignación de los recursos es el institucional. Se necesita un gobierno liderando y tomando decisiones oportunas. ¿No será posible, o la tarea tendrá que hacerse con pura organización social?

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