A propósito de libertad de Arias, cuatro factores de presión a la detención preventiva

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El viernes pasado le fue concedida la libertad al exministro Andrés Felipe Arias, luego de casi dos años de detención preventiva por el escándalo de AIS. A propósito de esto, publicamos las conclusiones de un estudio del centro Dejusticia que detalla cómo los ataques a la independencia judicial terminan incidiendo en esta figura. 

El viernes pasado, luego de que la defensa hubiese hecho la solicitud en cuatro ocasiones, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá accedió a la petición de libertad del exministro Andrés Felipe Arias, acusado de dos delitos en el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS). Fue un año, 10 meses y 19 días lo que duró -en la Escuela de Caballería del Cantón Norte- cobijado con la medida de aseguramiento el también exprecandidato conservador a la Presidencia, bajo el argumento básico de que podía obstruir la justicia pues había visitado en la cárcel a otros detenidos por el mismo caso.

Sin terminarse de secar las lágrimas de emoción por su libertad, Arias declaró a los medios que lo que hizo la Fiscalía con él fue “un falso positivo judicial”. En su apoyo, analistas como Andrés Mejía salieron a decir después que efectivamente en su caso había habido un abuso de la detención preventiva, que fue pedida con bombos y platillos incluso desde los medios por la entonces fiscal Vivane Morales.

El exmagistrado y director del centro Dejusticia Rodrigo Uprimny lo había advertido pocos días después del apresamiento de Arias, en una columna publicada el 2 de agosto de 2011 en El Espectador: por muy justa que haya sido la imputación en contra del exministro, tal vez éste no debió ser enviado a la cárcel sino que con él se debieron tomar otras medidas como la prisión domiciliaria o la vigilancia con brazalete electrónico. Esto debido al carácter excepcional que debe tener la detención preventiva, a que no se le puede tomar como un instrumento de sanción y a que -como lo explicó recientemente La Silla- a la Fiscalía se le fueron cayendo los argumentos para justificar esa opción.

Precisamente Dejusticia tiene listo un informe sin publicar, de los investigadores Carolina Bernal y Miguel La Rota, que detalla cómo los ataques a la independencia judicial terminan incidiendo en esta figura. La Silla lo conoció y el caso de Arias no es el único, aunque los niveles de detención preventiva en el país no son tan altos como en países como Brasil y México.

Estos son los cuatro mecanismos de presión encontrados por Dejusticia que operan sobre los funcionarios judiciales a la hora de imponer o negar (jueces) o de pedir o no (fiscales) detenciones preventivas:

1.    Las condenas mediáticas

“Lo que no se logra en juicio con argumentos jurídicos, se consigue con indignación y críticas a los jueces a través de los medios”. Así resumió uno de los entrevistados consultados por Dejusticia para su informe el uso que, en ocasiones, abogados, sindicados y hasta la misma Fiscalía y el Ejecutivo dan a los medios de comunicación desde que entró en vigencia el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Sin negar que la presencia de los medios ha sido crucial pues ayuda en la transparencia de muchos procesos, la mediatización de la justicia - para no ir muy lejos- se evidenció por ejemplo cuando la entonces Fiscal Morales promovió la imagen de la Fiscalía al anunciar en los medios su petición de detención a Andrés Felipe Arias y un editorial de El Tiempo calificó el caso como “el caso de corrupción más grave en la historia del agro colombiano”.

Hechos como estos impactan la dinámica de la imposición de la medida de aseguramiento, en casos en los que por ejemplo no se tengan todos los argumentos para solicitar una medida de aseguramiento (como dicen algunos analistas fue el caso de Arias), pues con su petición pública y editoriales como el de El Tiempo la Fiscalía reforzó la idea de que era necesario imponer la medida.

Un caso destacado por el informe en el que hubo mucha presión mediática es el de un juez que, por vencimiento de términos, liberó a 17 soldados vinculados a procesos por llamados falsos positivos. El Presidente (Uribe) y el Fiscal de entonces (Guillermo Mendoza Diago) criticaron al juez en los medios y hablaron de impunidad. Y por supuesto también lo hicieron las organizaciones de víctimas, aunque el juez seguramente expuso en sus argumentos que obró en derecho.

2.    Las amenazas de sanciones a los funcionarios judiciales, hasta del Presidente

En 2011, un juez concedió la prisión domiciliaria, por razones de salud, al narcotraficante Alirio de Jesús Rendón alias ‘El Cebollero’, quien en ese momento estaba en prisión preventiva en una cárcel.

Después, hasta el mismo Presidente Santos pidió investigar la actuación del juez que, en su concepto, podría haber prevaricado. El Consejo Superior de la Judicatura lo suspendió provisionalmente por tres meses, luego de eso. Pero tras una acción de tutela interpuesta por el mismo juez, éste fue reintegrado a su cargo. Y a pesar de que la Procuraduría conceptuó que el juez “no actuó de manera irregular” y se basó en derecho “de acuerdo a los dictámenes médicos”, el Consejo Seccional de la Judicatura le impuso un año de suspensión.

El caso es detallado en el informe de Dejusticia entre varios más que usan para explicar este factor de presión y cómo a veces el poder Ejecutivo solicita investigaciones para enviar un mensaje de firmeza en la lucha contra el crimen.

A los funcionarios judiciales a veces les da miedo tomar decisiones respecto a prisión preventiva por los procesos disciplinarios o penales que se les puedan venir encima, en caso de que se trate de decisiones impopulares.

Dice el informe que aunque para ellos es normal estar “empapelados” por temas que no necesariamente tienen que ver con sus decisiones en cuanto a detenciones preventivas, y que normalmente son absueltos, sí los intranquiliza tomar decisiones contrarias a los “actores importantes”.

3.    De traslados, relevos y otras presiones entre los mismos funcionarios

Un juez de control de garantías (cuyo nombre se omite) cuenta cómo la fiscal de un caso que él llevaba prefirió retirar la carpeta (retirar el caso para que vuelva a entrar en reparto y sea asignado a otro juez) luego de que él respondiera a una consulta suya algo contrario a sus intereses en el proceso.

Este ejemplo evidencia cómo los jueces a veces se ven expuestos a la presión de que les quiten sus casos. Un asunto que no es exclusivo de ellos y también le sucede a los fiscales que a discrecionalidad del Fiscal General pueden ser trasladados o reasignados en sus procesos, por motivos que no siempre son reprochables sino que pueden estar asociados a medidas controversiales suyas, muchas en el tema de la prisión preventiva.

Por ejemplo, el fiscal que en 2009 llevaba el caso AIS era Alfredo Parada, considerado uno de los funcionarios con mayor experiencia en sistema acusatorio, pero cuando iba a realizar las primeras imputaciones fue trasladado por su jefe el Fiscal General Mendoza Diago, quien argumentó “razones del servicio”. No obstante, dice el informe de Dejusticia, el rumor que se generó alrededor de este traslado fue que al Fiscal Parada habían tratado de “sugerirle la tesis de que la responsabilidad por este caso recaería en beneficiarios avivatos y no en los funcionarios de alto rango que debieron atravesárseles”.

Aunque ni que un fiscal pida nuevo reparto ni los traslados o reasignaciones son ilegales, muchos de estos funcionarios los leen como un castigo en ocasiones.

 

4.    La presión de los actores armados ilegales

Es la presión con menor incidencia, pero también hace parte de la lista, según los entrevistados. Un ejemplo de ella es este:

Cuando el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Fierro, impuso la prisión preventiva a Andrés Felipe Arias no sólo tuvo que enfrentarse a los trinos del expresidente Uribe. En su casa fue visitado por alguien que se hizo pasar por policía y que quería hacer una inspección. En declaraciones a medios, el jurista dijo que temía por su seguridad luego de haber concedido la medida en contra de Arias.

Otro ejemplo que da el estudio, esta vez para hablar de la presión que actores armados ilegales pueden ejercer en los funcionarios judiciales. La cual, a pesar de no tener mucha incidencia en las decisiones que tienen que ver con las medidas de prisión preventiva, sí deben ser tenidas muy en cuenta, como lo señalan las recomendaciones del informe.

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