Incentivos tributarios sí, pero no así

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Como sucede con varias de las exenciones incluidas en la ley de financiamiento, lo que el gobierno está haciendo con las de los medicamentos no es favorecer a la ciudadanía, sino girarle un cheque en blanco a la industria de fabricación local.

En la más reciente versión de la ley de financiamiento se incluyeron unos nuevos personajes en la lista de exentos de IVA: los medicamentos. Los congresistas que lideraron esta iniciativa han dicho que esto se traducirá en un alivio para el bolsillo de los colombianos, y especialmente de los más vulnerables, porque los medicamentos bajarán de precio. Pero esa supuesta reducción de precios no solo está por verse, sino que es bastante improbable.

Como ya varios académicos y analistas lo han ilustrado con datos, esta ley de financiamiento está plagada de exenciones no justificadas, no tiene las sumas y restas claras y al final desfinancia más de lo que financia. El caso puntual de estas exenciones al IVA de los medicamentos es un ejemplo que permite ilustrar el raciocinio errado detrás de esta ley bastante inconveniente.

Comencemos por decir que los medicamentos ya están excluidos de IVA. Sí, señoras y señores, hoy en día los colombianos no pagamos IVA sobre los medicamentos. El truco tributario aquí está en que los medicamentos, antibióticos y multivitamínicos pasarían de la lista de excluidos (del artículo 424 del Estatuto Tributario) a la lista de exentos (del artículo 477 del mismo estatuto). Lo que esto significa es que no solo el producto final no paga IVA, sino que los insumos que se utilizaron durante su fabricación tampoco pagarán IVA. Más precisamente, el productor local de los medicamentos paga el IVA de esos insumos, pero puede solicitar que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) le devuelva esa plata.

¿Y entonces para qué es la modificación? Pues no es para aliviar el bolsillo de los colombianos, o por lo menos no directamente, sino para aliviarle el bolsillo a los fabricantes nacionales de medicamentos. Y aclaro, son fabricantes nacionales de medicamentos y no industria nacional porque la mayoría de los que solían ser laboratorios farmacéuticos colombianos son ahora divisiones de multinacionales farmacéuticas. Para poner los dos ejemplos más emblemáticos, las antes colombianas Genfar y Lafrancol son ahora propiedad de la francesa Sanofi y de la estadounidense Abbott, respectivamente.

Que esas exenciones pueden traducirse en reducciones de precios de los medicamentos en la farmacia, teóricamente sí, pero en la práctica hay que hacer dos salvedades. La primera es que, si las exenciones se tradujeran en reducciones de precio serían solo para los medicamentos de fabricación nacional, no para todos los medicamentos. La segunda es que es prácticamente imposible garantizar que las exenciones se reflejen en el precio final.

Aunque esta nueva versión de la ley de financiamiento le da la responsabilidad de revisar la reducción efectiva del precio de los medicamentos exentos a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (Cnpmdm), esa tarea es técnicamente absurda. Entre otras, esto implicaría que el Estado, y en particular la Cnpmdm, rastreara la compra de todos los insumos y reconstruyera la función de producción de cada producto. La evidencia internacional muestra que esas exenciones no se trasladan al consumidor final y que las regulaciones de precios que pretenden reconstruir la estructura de costos de las empresas farmacéuticas, fracasan estrepitosamente[i].

Para terminar de completar la industria de producción nacional no tiene un record completamente limpio en materia de precios de medicamentos. Si bien los medicamentos más costosos y con mayores sobreprecios por encima de las referencias internacionales son medicamentos importados monopólicos de compañías transnacionales, algunos laboratorios de producción local también abusan de los precios.

El ejemplo más reciente es el de los anticonceptivos. Entre los anticonceptivos regulados que más redujeron su precio a principios de este año hay dos de Lafrancol, que tuvo que reducir el precio de Segubell y Bellaface en 80 por ciento y 70 por ciento, respectivamente. Y esta no es la única compañía con este comportamiento. Es muy común que las compañías de fabricación local comercialicen genéricos de marca a precios de original.

Visto que no se trata de aliviar el bolsillo de los ciudadanos, hablemos de lo que sí se tratan estas exenciones. Pues lo que buscan es aliviar, subsidiar o incentivar tributariamente a la industria farmacéutica que produce localmente al reducir sus costos considerablemente (aproximadamente un 20 por ciento). Además, en teoría, esto nivelaría el terreno para la industria de producción nacional frente a las importadoras multinacionales que no solo no deben pagar esos impuestos en Colombia, sino que muchas veces tienen subsidios o incentivos tributarios similares en sus países de origen.

Ahora bien, ¿es eso deseable? Probablemente sí. De hecho, muchos países subsidian a su industria local como un mecanismo legítimo y efectivo para promover el desarrollo económico y social. El desarrollo industrial no solo genera empleo de calidad, sino que en sectores como el farmacéutico puede significar mayores inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Es precisamente así, promoviendo a la industria local, que países como Japón o Corea del Sur se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XX, como está ampliamente documentado en la literatura económica y sociológica sobre desarrollo[ii].

Sin embargo, también está ampliamente documentado en la literatura que los incentivos, subsidios y protecciones deben ser para la industria nacional, deben combinarse con otras políticas de fomento específicas para cada sector y requieren de disciplinamiento de esas industrias por parte del Estado.

El disciplinamiento es clave para garantizar que los incentivos se traduzcan en mayores inversiones y en generación de empleo tecnificado, entre otras. De no existir esas condiciones, como no existen para el caso de estas exenciones incluidas en la ley de financiamiento, los incentivos se pueden apropiar como rentas y terminar siendo un pierde-pierde para el Estado y para la sociedad en general.

En conclusión, como sucede con varias de las exenciones incluidas en la ley de financiamiento, lo que el gobierno está haciendo con las de los medicamentos no es favorecer a la ciudadanía, sino girarle un cheque en blanco a la industria de fabricación local. Si le van a girar el cheque, que por lo menos haga parte de una política industrial coherente y que haya mecanismos para garantizar que la inversión en estas compañías retorne en empleo, inversión y medicamentos a precios justos para todos los colombianos.

 


[i] Aunque hay países como España que regula los precios de medicamentos basandose en el costo de producción, los intentos en América Latina durante los años 80s y 90s fallaron etrepitosamente porque ese tipo de regulación requiere información perfecta sobre la estructura de costos con la que estos países no cuentan. Es por esto que todos los países de la región optaron por regular precios basados en referencias de precios internacionales. Hamilton, G., & Tobar, F. (2018). Experiencias internacionales en la regulación del precio de los medicamentos. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en Argentina: porqué, para qué y cómo, Fundación Sanatorio Güemes, Buenos Aires. Así mismo, en Perú la reducción de impuestos para medicamentos seleccionados no impactó el precio final de los mismos. HAI Latin America: Medicine Prices, Availability, Affordability and Price Components in Peru. 2007; available at: www.haiweb.org/medicineprices/ surveys/200509Pe/sdocs/survey_report.pdf.

[ii] Por ejemplo, Wade, R. (2004). Governing the market: Economic theory and the role of government in East Asian industrialization. Princeton University Press y Evans, P. B. (2012). Embedded autonomy: States and industrial transformation. Princeton University Press.

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