En Córdoba, más que "paramilitarismo", existe una "gobernanza criminal"

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El país cambió y los lentes con los que leemos esta nueva realidad también deberían transformarse.

Esta columna fue escrita en coautoría con Luis Fernando Trejos Rosero 1

En la vereda El Vidrial, situada apenas a 15 minutos de Montería, la capital del departamento de Córdoba, al menos 18 hombres armados entraron a una cantina y amenazaron a cerca de 50 personas. Los atacantes se identificaron como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, como son denominados por las autoridades colombianas. Todo el proceso de amedrentamiento quedó registrado en un vídeo grabado por uno de los criminales. El evento no solo generó temor entre la población local, sino que para muchos rememora los tiempos de hegemonía de las AUC en la región. Sin embargo, lo que hoy vemos puede ser una práctica vieja de control social implementada por un nuevo actor de nuestro conflicto, no una vuelta del paramilitarismo.

En primer lugar, es necesario entender qué son las AGC. Si no son paramilitares, ¿por qué se autodenominan “autodefensas”?

La respuesta no es fácil. Las AGC son un grupo armado que emergió después de la desmovilización de las AUC y que se ha fortalecido durante la última década. Aunque desde el 2009 se autodenominan como “autodefensas”, han hecho pactos con el ELN en el sur de Bolívar y con las antiguas Farc-EP en el sur de Córdoba, por lo que su naturaleza contrainsurgente es, cuando menos, dudosa. No obstante, han construido un discurso político de manera progresiva, tienen estatutos, página web, uniforme e himno, lo que hace que difícilmente puedan considerarse simplemente como un cartel. Si seguimos la lógica de sus estatutos, su naturaleza de “autodefensa” fue establecida para defenderse del Estado, no de grupos insurgentes. Según ellos, el Estado incumplió los compromisos acordados con las AUC durante las negociaciones y, por ello, retomaron las armas para defenderse de sus abusos (para los interesados en ese proceso de creación y transformación de las AGC, el profesor Víctor Mijares y Reynell Badillo se encuentran preparando un artículo al respecto).

Ahora, la segunda pregunta para entender esta situación es: ¿qué es el paramilitarismo?

No hay una definición única de paramilitarismo, pero algunos trabajos —como los de Kalyvas y Arjona, y Carey, Mitchell y Lowe— coinciden en afirmar que las “milicias progobierno” son grupos armados que tienen alguna relación (directa o indirecta) con el Estado. Esto implica que fueron conformados por este o, cuando menos, son tolerados, pero siempre por fuera de su estructura formal. En ese sentido, lo que les otorga esa naturaleza “paramilitar” es su relación con el Estado y su identificación con los fines que este persigue.

Es difícil sostener que las AGC son un grupo paramilitar. Ya vimos que las AGC tienen un discurso esencialmente antiestatal (o existen, al menos discursivamente, en respuesta a los incumplimientos del Estado) y, además, que el Estado ha emprendido acciones militares de gran envergadura contra este grupo (como las operaciones Agamenón I y II), lo que ha provocado acciones ofensivas por parte de esta organización en contra de la Fuerza Pública —especialmente la Policía—.

Los grupos armados que emergieron luego de la desmovilización de las AUC heredaron gran parte de las redes logísticas de la organización y operan en muchos territorios en los que estuvieron bloques de las AUC. En ese sentido, existen continuidades evidentes que no se pueden omitir. Sin embargo, la falta de vocación contrainsurgente y los débiles vínculos con el Estado hacen que difícilmente puedan considerarse grupos paramilitares.

Además, estos grupos armados no tienen un proyecto político nacional o regional. Es decir, no proponen un modelo de sociedad o la transformación del país a partir de una idea particular de nación. Esto se conecta con el hecho de que son poco visibles, conceden muy pocas entrevistas y buscan, más bien, evitar la atención mediática e institucional.

La última pregunta que queda es, entonces, si no son un actor paramilitar, ¿por qué amedrentan a la población de la forma en que lo hicieron en Montería?

Aquí la respuesta tampoco es sencilla, pero podríamos empezar por reconocer que la ausencia de un proyecto político nacional no implica necesariamente falta de politización. Estos grupos establecen órdenes armados para regular las relaciones sociales. En la práctica, controlan territorios y, para eso, deben construir o negociar órdenes sociales informales y establecer reglas básicas de convivencia entre la población. Es decir, el hecho de que no sean paramilitares no implica que no estén interesados en generar “orden” en los territorios en los que hacen presencia. Necesitan legitimidad por parte de la población y ser percibidos como un actor con capacidad real de controlar las dinámicas sociales y económicas que se desarrollan allí.

Esta “gobernanza criminal” —como algunos autores la llaman— les es funcional para sus actividades criminales. No se debe olvidar que en estos territorios cobran extorsiones (recaudan tributos) y se siembra coca que luego es procesada para convertirla en clorhidrato de cocaína y la transportan hacia mercados internacionales. Si no son capaces de controlar las dinámicas sociales de esos territorios, posiblemente su negocio se afectaría. Por ello, la violencia de hoy, al menos por la información disponible, no debería leerse en clave de “paramilitarismo”, sino en clave de “gobernanza criminal”. El país cambió y los lentes con los que leemos esta nueva realidad también deberían transformarse.


1 Director del Centro de Pensamiento UNCaribe de la Universidad del Norte.

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