Derechos Humanos y paz territorial en el Valle del Cauca

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Tenemos que hacer un llamado a la defensa y protección de los DDHH como elemento fundamental para la construcción de paz territorial y el alcance efectivo de la paz.

Esta columna fue escrita en coautoría con Sergio Estevan García Cardona.

A propósito del inicio de año, y todo lo que nos deparará el 2021 en el Colombia y, en particular en el Suroccidente; es importante adelantar una reflexión alrededor de los Derechos Humanos toda vez que siguen los asesinatos de líderes sociales y excombatientes: para el 13 de enero, hablamos de 6 y 4, respectivamente. Este artículo se convierte en una invitación para reflexionar alrededor de los mismos y su relación con la paz territorial, como elemento fundamental para la reconciliación y la convivencia.

La paz territorial se entiende como un conjunto de acciones efectivas que favorecen procesos de inclusión de los territorios y de sus pobladores en términos sociales, económicos, culturales e institucionales. Sus lógicas están encaminadas a la reducción de las violencias estructurales y simbólicas; aportando al buen vivir de las comunidades.

La paz territorial se fundamental en la gobernanza local y regionales, que sea colaborativa apuntándole a los procesos políticos, institucionales y presupuestales; comprende las dinámicas propias del territorio y convoca a los distintos actores que los componen con una participación efectiva. Esta participación contribuye a la protección y defensa de la vida. 

La paz territorial supone un proceso de largo aliento, en el que es preciso pasar de movilizaciones a propuestas territoriales concretas, que recalca dar lugar a discusiones sobre lo político y lo estructural, - discusiones no confrontaciones y, menos armadas-. Así, la construcción desde las comunidades supone el reto de la construcción de confianza frente a la institucionalidad Estatal y del sistema político; de lo contrario la construcción de paz territorial como un nuevo pacto de convivencia no sería realidad. Este debe permitir superar las "paces incompletas" de los diferentes actores armados legales e ilegales con las organizaciones de la sociedad civil (Barrera, 2015).

La paz territorial es posible en tanto comprendamos el diálogo social y la interculturalidad como elementos fundamentales para la planeación conjunta del territorio y la gestión de conflictos reconociendo la diferencia, como motor de cambio y no como un problema. La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma que "todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Por otro lado, Unesco reafirma que la paz es un derecho humano "de todas las personas, los grupos y los pueblos...todos y todas tenemos derecho a vivir en paz; todos y todas tenemos derecho a una paz justa, sostenible y duradera...La paz es un concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser educado en y para la paz; el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno seguro y sano; el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible".

El significado histórico de los Derechos Humanos

Desde 1948, año en el que la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas -ONU- proclamó y adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos-Dudh-, cada 10 de diciembre se conmemora a nivel global el Día de los Derechos Humanos. ¿Qué importancia revistió esa Declaración? ¿Qué avance cualitativo significó en el respeto y reconocimiento de la humanidad? ¿Por qué hoy, 72 años después - ¡casi un siglo! -, se le sigue dotando de tamaña magnitud?

El contexto en el cual se aprobó unánimemente esta proclama puede delinear someramente una respuesta: el último lustro de la década de 1940, en el marco de la reconfiguración del sistema internacional, tuvo que enfrentar los desastrosos efectos de dos guerras mundiales (la primera, de 1914 a 1918, con un estimado de 30 millones de muertos; y la segunda, de 1939 a 1945, con alrededor de 70 millones de muertos), y hacer cara a la crisis definitiva del proyecto de la razón, en el que su acepción instrumental, elevada hasta el absurdo, trajo consigo desde la anulación política de la diferencia, hasta la final eliminación industrial de seres humanos en campos de concentración (un genocidio al que fueron sometidos judíos, gitanos, negros, homosexuales, comunistas, discapacitados, etc.) en franca contraposición a un sentido de humanidad que venía gestándose desde la afamada frase de Protágoras -485AC/411AC- que expresaba que “el hombre es la medida de todas las cosas”, que se desarrolló luego al calor del humanismo renacentista, el cual hizo resurgir un ideario humano que parecía extraviado durante siglos de Edad Media, y que se expresó de forma orgánica en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa (1789). Todos estos sus antecedentes más claros.  

Esa búsqueda de humanidad, ese reclamo por unos mínimos definitorios de lo humano, soporte y sustento de la vida, la dignidad y el respeto, se condensaron en la Declaración de 1948: “Considerando esencial que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos del hombre han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias […] [se proclama la Declaración] como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”.

A día de hoy, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se complementa con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ambos de 1966, entrando en vigor en 1976), conformando los tres documentos la Carta Internacional de Derechos Humanos, que representan un loable avance en la concreción de ese histórico reclamo por la dignidad humana y la vida con plena garantía de derechos inalienables.

América Latina y Colombia: una historia de violaciones sistemáticas a los DDHH

A pesar de la concreción de estos meritorios esfuerzos en una serie de instrumentos internacionales, la situación política de América Latina contrastaba con lo planteado en estos documentos, porque “Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, en los países del Sur del continente y de Centroamérica se instalaron gobiernos dictatoriales que operaron bajo la doctrina de la Seguridad Nacional, que legitimaba legalmente la suspensión de derechos y garantías. Apoyados por potencias occidentales y sectores de poder nacional, estos regímenes de excepción aplicaron políticas represivas, protagonizando violaciones masivas a los derechos humanos ejemplificadas en los desaparecidos del Sur y en las masacres genocidas de América Central” (Fundación Juan Vives Suriá, 2010, pág. 53).

En el caso colombiano, el militarismo de Estado, compuesto por la histórica doctrina del enemigo interno/seguridad nacional, hizo que a la oposición política se le persiguiera, asesinara, desapareciera, torturara y exiliara hasta el punto de configurar el que fuera el más antiguo y complejo conflicto armado interno en el planeta, erigiendo con él una prolongada y estructural situación de violación a los derechos humanos. En otras palabras, aunque Colombia se sumó de manera formal a la titánica tarea de reconocer derechos inalienables a la humanidad, “lo hizo en el contexto de un enfrentamiento armado interno. Así, mientras que el país podía ratificar las convenciones internacionales, muchos colombianos alegaban que, en la lucha contra la subversión, el Estado violaba sus propias normas y las reglas internacionales. Aunque esta contradicción comenzó a hacerse evidente desde mediados de siglo, se hizo más aguda con el auge del narcotráfico y su participación, mediante la organización de grupos privados, en la lucha contra la guerrilla” (Melo, s.f.).

Desde finales de los setenta -genocidio a la Unión Nacional de Oposición -UNO-, el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala-, pasando por los ochenta y noventa -movimiento nacional por los derechos humanos, fundación del Cpdh - “Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos”, genocidio de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, asesinatos masivos de A Luchar y el Frente Popular, etc.-, y finalmente en los veinte años del presente siglo, Colombia ha permanecido en una situación de violación estructural y permanente de los derechos humanos, agravada en el último tiempo por la lucha contra las drogas, la lucha contra el terrorismo y los grandes proyectos minero-energéticos, agroindustriales y de infraestructura. Prueba de lo anterior son las 22 sentencias condenatorias contra el Estado colombiano por violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 1985 (Coljuristas, 2019).  

Ello ha configurado un régimen estructural de violaciones a los derechos humanos en el país. El último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -Acnudh-, que comprende el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, y que fue presentado en marzo del presente año, demuestra que la sistematicidad de las violaciones a los derechos humanos en Colombia sigue existiendo: en el marco de una situación en la que se encuentran en territorios grupos guerrilleros (ELN, EPL), grupos disidentes de las Farc-EP, y grupos criminales (Autodefensas Gaitanistas de Colombia), la violencia contra defensores de derechos humanos se presenta a la orden del día: 108 asesinatos, 75 por ciento de los cuales se presentaron en zonas rurales, 86 por ciento en municipios con índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional, 91 por ciento en municipios con violencia endémica -tasas de homicidio muy elevadas y prolongadas-, y 98 por ciento en municipios con presencia de economías ilícitas -cultivos de uso ilícito, minería ilegal, robo de petróleo, etc.- (Acnudh, 2020).

Adicional a ello, en 2019, “El Acnudh observó un incremento en la respuesta militar a situaciones de violencia e inseguridad. Aunque existen protocolos, normativas y políticas públicas que regulan la participación del ejército en situaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, éstos no fueron aplicados completamente en diferentes contextos […] Las Directivas 015 de 2016 y 037 de 2017 permitieron el uso del ejército contra grupos que no cumplían los estándares para la aplicación del derecho internacional humanitario, lo que generó graves violaciones a los derechos humanos […] El Acnudh documentó 15 casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida en Antioquia, Arauca, Bogotá, Cauca, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. Esta cifra es la más alta respecto de este tipo de casos registrados por el Acnudh desde 2016. En 13 casos se observó que las muertes habrían sido causadas por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza” (ibíd., págs. 11-12).

En relación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el Informe 2019 menciona las variables de (1) inequidad y corrupción, (2) desigualdad y discriminación, (3) la implementación de la Reforma Rural Integral -Punto 1 del Acuerdo de Paz-, y (4) derechos ambientales como las más golpeadas; mientras que en lo relativo a la de género, pueblos étnicos y sujetos de especial protección, resalta (1) la violencia sexual y basada en género, (2) derechos sexuales y reproductivos, (3) derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, (4) derechos de las personas con discapacidad, (5) derechos de Nnaj, y (6) derechos de la población Lgbti, como los más vulnerados. Por último, se habla de un quebrantamiento estructural del derecho a la reunión pacífica: se registró la utilización de armas no convencionales en los protocolos de ‘intervención’ del Esmad, violencia contra los manifestantes, y se hizo constancia de que “Durante las protestas, algunos oficiales de policía presuntamente perpetraron actos contra los manifestantes que podrían llegar a constituir malos tratos y/o tortura, tales como desnudez forzada, amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas. Algunos manifestantes fueron presuntamente arrestados y golpeados por miembros de la policía” (ibíd., pág. 22).  

El Acuerdo de Paz y las violaciones de derechos humanos

Como puede corroborarse en el Informe 2019 de Acnudh, uno de los elementos centrales en el Acuerdo de Paz firmado entre las extintas Farc-EP (hoy, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido político legal) y el Estado colombiano, fue la necesidad de romper de manera definitiva el vínculo entre política y armas; de ahí que se entienda que de una correcta e integral implementación de los cinco puntos en éste contenidos dependa la construcción de una paz ‘estable y duradera’. Sin embargo, la dejación de armas de las Farc-EP, su conversión a partido político legal, y la incapacidad del Estado de cumplir a cabalidad lo acordado (tanto en relación con la desfinanciación del Acuerdo como con su ‘desfiguración gubernamental’), en lugar de coadyuvar a la reducción de las violaciones de derechos humanos, configuraron un escenario bastante más problemático, en el que han resaltado fuertemente los asesinatos de líderes y lideresas sociales, y de excombatientes de las Farc-EP.

En otras palabras, aunque el conflicto armado -al menos en su relación con el más grande grupo armado: las Farc-EP- se acabó, las dinámicas posacuerdo de los actores armados han exacerbado las violaciones de los derechos humanos, poniendo al asesinato, desplazamiento forzado y amenazas contra la vida de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz como la forma más extendida y sistemática de vulneración de derechos. Según el último informe de Indepaz (2020) desde la firma del Acuerdo de paz -agosto de 2016- hasta agosto de 2020 -4 años-, han sido asesinados 1000 líderes y lideresas sociales y personas defensoras de los derechos humanos, distribuidos de la siguiente forma: 21 en el 2016, 208 en el 2017, 298 en el 2018, 279 en el 2019 y 194 en el 2020. El 86,8 por ciento han sido hombres, y el 13,2 por ciento restante, mujeres. El 29,1 por ciento han sido homicidios en sectores urbanos, y el otro 70,9 por ciento en sectores rurales. En cuanto a su procedencia étnica/identitaria, el 52,1 por ciento han sido campesinos (comunales, ambientalistas, Pnis, víctimas), el 37,6 por ciento indígenas, y el 10,1 por ciento afrodescendientes. En relación con excombatientes, la cifra asciende, al 17 de noviembre de 2020, a 241 asesinados desde 2016. Es decir, más de 1200 personas asesinadas, relacionadas directa e indirectamente con las dinámicas sociales, económicas, políticas y territoriales del posacuerdo desde 2016, denotando con ello una compleja y difícil violación de derechos humanos arriba descrita.

El Valle del Cauca

La Comisión Colombiana de Juristas encuentra que ocurrieron 720 afectaciones a los derechos humanos en el departamento del Valle del Cauca durante el gobierno de Juan Manuel Santos, mientras que, en el gobierno de Iván Duque, hasta octubre de 2020, ocurrieron 205 afectaciones a los derechos humanos (2020). En cuanto a la subregión, Jamundí, Pradera y Florida son los municipios más críticos.

En el marco de la situación descrita, el departamento del Valle del Cauca juega un papel fundamental: cuenta con tres municipios Pdet (municipios priorizados para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, política derivada del punto 1 del Acuerdo de Paz): Florida, Pradera y Buenaventura, y se ha constituido como un territorio clave en términos de construcción de paz, ya por razones históricas, ya por motivos económicos y territoriales.

Sin embargo, en lo corrido del año 2020, la Defensoría del Pueblo ha emitido dos (2) Alertas Tempranas: la primera, fechada para abril 16 (AT N°015-2020), que hace énfasis en el “elevado riesgo que afrontan los miembros del resguardo Kwes Kiwe Nasa y del asentamiento Pueblo Nuevo, así como las familias campesinas que habitan los corregimientos de Villa Colombia Timba, San Antonio, La Liberia y La Meseta en zona rural de Jamundí” por cuenta del posicionamiento territorial de la Columna Móvil Jaime Martínez, facción disidente de las Farc-EP. En ella se advierte que “El escenario planteado, en consecuencia, supone un alto riesgo de vulneraciones a los derechos a la vida, integridad, libertad, integridad y seguridad personales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contra de los miembros del resguardo Kwes Kiwe Nasa (172 familias) y del asentamiento Pueblo Nuevo (78 familias); las 807 familias campesinas pertenecientes al corregimiento de Villa Colombia distribuidas en las veredas Ampudia (80), La Liberia (123), La meseta (67), La Ventura (56), Brisas del Jordán (480); el corregimiento de Timba conformado por las veredas La Ferreira, Pomo Rosal, Plan de Morales, Naranjal y La Berta con un número aproximado de 625 familias con 3.129 habitantes; el corregimiento de San Antonio (2.483 personas); el corregimiento de La Liberia (123 familias); el corregimiento de La Meseta (67 familias)”.

La segunda Alerta Temprana, fechada el 5 de octubre (AT N°046-20), hace advertencia de riesgos de violaciones masivas de los derechos humanos y el DIH en Tuluá (corregimientos de Barragán, Santa Lucía, Puerto Frazadas, La Moralia, Monteloro, Venus, San Rafael, Tochecito y Altaflor), y está relacionada con la incursión de una facción disidente de las FARC-EP, “Compañía Adán Izquierdo”. En ella se retrata la inminencia de sucesos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado, extorsión, secuestro, amenaza, homicidio selectivo y homicidio múltiple.  

En la base de datos del Cinep -Revista Noche y Niebla-, se registran del 1 de enero al 30 de junio, las siguientes violaciones de derechos humanos en el Valle del Cauca: en relación con Persecución política, Abuso de Autoridad e Intolerancia Social, se presentaron 10 casos de amenaza, 2 casos de detención arbitraria, y 4 casos de lesión física, para un total de 16 casos. En términos de Violaciones graves al DIH consuetudinario, hubo 10 casos de amenaza. En relación con la Violencia político-social, se presentaron 13 casos de amenaza, 14 casos de asesinato, 4 casos de atentado, y 5 casos de lesión física, para un total de 36 casos de violación a los derechos humanos (CINEP/PPP, 2020).

La Defensoría del Pueblo (2018, 2020) ha puntualizado en varias ocasiones que con la salida de las FARC-EP en Jamundí, Florida y Pradera, diferentes grupos armados se dispersan en el sur del Valle y se disputan el control de la región, especialmente del transporte de drogas al interior del territorio para saldar la demanda nacional, así como las rentas de las economías ilícitas. En esta zona se encuentra un reducto del EPL, llamado Frente Suroccidental Andrey Peñaranda Ramírez, quienes tienen incidencia tanto en Florida como en Jamundí, especialmente en la frontera entre el sur del Valle y el norte del Cauca. También se encuentran disidentes de las Farc, pertenecientes del antiguo Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas y Sexto Frente. Las disidencias han tomado mayor fuerza en el municipio desde el 2019.

Garantía a los derechos humanos posibilita la construcción de paz territorial

Para la paz territorial las dinámicas de perdón, convivencia y reconciliación se convierten excepcionales para el país, a cerca de 5 años de la firma final del Acuerdo de Paz. Sin embargo, con la lógica sistemática de vulneración de DDHH; será sólo un anhelo de paz territorial, es decir, sólo una esperanza que se ve inalcanzable, a pesar de la cantidad de recursos destinados a la construcción de vías e infraestructura. ¿Cómo buscar el perdón de las víctimas que de nuevo están siendo desplazadas? ¿De los excombatientes que le apostaron a la construcción de paz? ¿Y de las mujeres que de nuevo deben llorar a sus hijos y jóvenes por una guerra que no deja de cobrar vigencia en el país?

Es menester entonces, de toda la sociedad colombiana, hacer un llamado a la defensa y protección de los DDHH, como elemento fundamental para la construcción de paz territorial y el alcance efectivo de la paz. La paz debe ser una alternativa seria para las próximas contiendas electorales; lo que significa una participación efectiva y real, justicia integral y, perdón en los territorios. ¡Librémonos de una vez del virus de la guerra!


Bibliografía

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Semana. (2020). Denunciaron Corrupción y los mataron: las pistas desconocidas del tenebroso caso de Candelaria. 2 de julio de 2020. Disponible en: https://www.semana.com

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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