Así fue la Medellín anticriminal

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En esta columna les cuento los principales resultados y retos de mi labor como Secretario de Seguridad de Medellín.

Medellín, de donde fui Secretario de Seguridad, es el territorio más complejo de Colombia en cuanto a presencia y capacidad criminal se refiere. Tiene una realidad delincuencial que al día de hoy se explica desde una lectura de crimen organizado con una historia de más de tres décadas y que apenas si permite mirar de reojo las implicaciones y dificultades que en materia securitaria, pero también social y cultural, ha construido este flagelo en el seno del departamento de Antioquia. 

De hecho, afirmar que Medellín es el centro logístico del crimen organizado en Colombia no es una exageración. De acuerdo a las categorías que para el 2015 propuso el Ministerio de Defensa, al día de hoy en Medellín y su área metropolitana se encuentran presentes 10 de los 23 GDO (Grupos de Delincuencia Organizada, estructuras tipo B) contabilizados a nivel nacional.

En otras palabras, en dicha porción del territorio está concentrado el 43 por ciento del total de las estructuras criminales más importantes del país. Adicionalmente, hay presencia de estructuras tipo A como el Clan del Golfo, actuando a través de estructuras criminales de vieja data como la GDO La Sierra; así como la evidente presencia directiva de grandes andamiajes criminales como el ELN y los Puntilleros, con Mono Clinton capturado en el centro oriente de Medellín en 2019 y el mismísimo Puntilla abatido en El Poblado en 2018.

Así pues, no se trata de una simple visión o lectura de lugares comunes lo que lleva a considerar el escenario actual de Medellín como un verdadero problema que trasciende las fronteras locales y se ha de entender como un problema nacional. Se trata, sin lugar a dudas, de una problemática del día a día, con víctimas, lugares y tiempos visibles a la luz del que lo quiera ver.

Ahora, no se trata única y exclusivamente de un problema criminal. Cuando se examina el escenario de seguridad y convivencia como una oportunidad, esto es, como un espacio en el cual suceden efectivamente problemas a los cuales se le pueden encontrar respuestas bien sea en materia preventiva, de reparación o de justicia, rápidamente se evidencia que la complejidad es bastante más profunda que los escasos minutos que obtiene en la pantalla chica de una agenda noticiosa. 

Incluso sin adentrarnos en la profundidad social de las condiciones que puedan dar origen a los problemas de seguridad y convivencia, y solo concentrándonos en las herramientas con las que institucionalmente se cuenta para atender este tipo de situaciones, encontramos un escenario de una importancia radical. Es precisamente sobre este último que a continuación entregaré unas cuantas palabras, con la única intención de contar qué fue lo que hicimos en Medellín en cuatro años. 
 

Justicia Cercana al ciudadano

En enero de 2016 inicié mi labor como subsecretario de Gobierno Local y Convivencia de la Alcaldía de Federico Gutiérrez. Elegí esta subsecretaría porque consideraba que era precisamente desde allí desde donde se podía adelantar una de las revoluciones institucionales más importantes para Medellín: la revolución de confiar en las instituciones. 

En una sociedad como la nuestra, llámenla colombiana o medellinense y encontrarán la misma circunstancia, los ciudadanos tienen a la mano cualquier cantidad de argumentos mediante los cuales les es posible explicar magistralmente por qué no confían en las instituciones del Estado.

Ya sea por experiencia personal o colectiva, todos tenemos historias de cuando el Estado nos ha fallado. Desde lo más simple, como vecinos que no dejan dormir, pasando por experiencias que cambian la relación con la ciudad como un atraco a mano armada, hasta los sucesos más dolorosos de nuestro país como un desplazamiento forzado del campo a la ciudad o un terrible homicidio, las historias y por tanto los argumentos sobran y sobre ello difícilmente puede haber discusión.

No obstante, no deja de sorprender cómo seguimos buscando la institucionalidad. El 123 de Medellín recibe más de 20 mil llamadas al día de ciudadanas y ciudadanos que esperan que la policía, los agentes de movilidad, los bomberos, un equipo social, en todo caso alguna institución, pueda ayudarles a resolver una emergencia que se está presentando.

Lo mismo sucede  en las sedes de la Alcaldía, en las casas de Justicia y en todas y cada una de las inspecciones de policía y las comisarías de familia. Insisto, a pesar de tener historias y argumentos infinitos para no confiar en lo que ha hecho el Estado y, por tanto, para desconfiar de este en el presente, todos y cada uno de los días la ciudadanía sigue dándole la oportunidad para que haga lo que le corresponde.

Teniendo por cierta esta premisa, lo primero que había que transformar era la oportunidad de que cuando el ciudadano se acercara a buscar una solución,  obtuviera una respuesta. 

Lastimosamente el Sistema de Justicia Cercano al Ciudadano estaba colapsado y la oportunidad para responder con confianza a la confianza ciudadana se perdía en el día a día. Para inicios de 2016, las inspecciones de policía tenían cerca de 30 mil procesos represados, muchos con más de una década; y las comisarías de familia contabilizaban hasta 9 mil procesos que no habían sido respondidos con oportunidad. En plata blanca, se trataba de 39 mil problemas que no se atendieron cuando debían hacerlo y el mismo número de oportunidades perdidas para la construcción de confianza. 

Convencidos de la importancia de este sistema, coincidiendo además con la implementación del Nuevo Código de Policía y Convivencia, logramos la inversión histórica más importante que había experimentado este Sistema en Medellín. Mejoramos las sedes para tener espacios más propicios para los ciudadanos y los servidores; invertimos en formación, capacitación y apoyo al apoyo; contratamos personal  para garantizar la descongestión permanente y, en suma, procuramos darle vida a esa primera línea de la institucionalidad y la justicia, aquel primer rostro con el que se encuentra la ciudadanía cuando los problemas se escapan de sus manos y acuden a un tercero neutral para que los acompañe en su resolución.

Al cerrar el 2019, de los procesos congestionados en las inspecciones recibidos en 2016 no quedaba sino el 3 por ciento,  y el 100 por ciento de los procesos de las comisarías fueron descongestionados. Pero lo más importante, incluso más que el hecho de que durante los 4 años logramos que los procesos se respondieran siempre con oportunidad dejando atrás el eterno mito de la descongestión, es el hecho de que la atención creció hasta en un 40 por ciento. 

Más ciudadanos buscando al Estado es más confianza. Además, en términos efectivos, puede considerarse como un indicador de gobernabilidad territorial: al buscar al Estado, están dejando de buscar otros actores que históricamente han ofrecido servicios de resolución –violenta- de conflictos. 
 

Convivencia

La medición de indicadores para asuntos relacionados con la seguridad ciudadana, desde el mero entendimiento de un problema hasta abarcar escenarios reales de toma de decisiones, ha pasado a convertirse en la norma para todo aquel que desee estar en la vanguardia de estos temas.

En este sentido, no es concebible que las autoridades a la hora de contemplar y buscar una solución para una problemática particular de hurto de bicicletas, por ejemplo, no tengan claridad sobre el número de hurtos asociados a este bien, los lugares de mayor ocurrencia de los hechos, las horas donde se ha registrado con mayor intensidad y demás asuntos que ofrezcan detalles, incluso los conducentes a la investigación judicial.

Cuando se piensa en problemas de convivencia, no obstante, el desarrollo no alcanza esos niveles de objetividad analítica.

En Medellín, por lo menos, hasta hace apenas unos años el único indicador usado en relación a asuntos de convivencia que permitía llegar a alguna suerte de aproximación georeferenciada era el de Llamadas reportando riñas al 123. Este indicador, producto de la eficiencia de la línea única de emergencias y de la eventual respuesta efectiva de la vigilancia para confirmar o descartar el hecho, ofrece evidentes problemas de calidad del dato que hacían bastante difícil la toma adecuada de decisiones conducentes a atacar las causas de los problemas de convivencia y, en esa línea, sus consecuencias objetivas en riñas, lesiones personales e incluso de homicidios relacionados con la “resolución” violenta de problemas. 

Teniendo todo esto, desde el Sistema de información para la Seguridad y Convivencia –SISC- tuvo lugar la creación de una suerte de indicador global de convivencia, consistente básicamente en el solapamiento de capas de indicadores proxy como lesiones personales, homicidios por convivencia, violencia intrafamiliar, solicitudes de medidas de protección en comisarías de familia, comportamientos contrarios a la convivencia, llamadas reportando ruido, puntos críticos de concentración de basuras y otra serie de datos (entre los que estaban incluidas también, por supuesto, las llamadas reportando riñas al 123).

Esta tarea permitió la identificación de los barrios donde teníamos mayor concentración de problemas y escenarios que, de acuerdo a la lectura que hacíamos desde la Secretaría, podían suponerse como de mayor riesgo en la ocurrencia de problemas de convivencia. 

Después de retirar del espectro analítico la Comuna 10, Candelaria, que por su naturaleza céntrica reúne la mayor incidencia violenta tanto en asuntos de convivencia como de criminalidad, se procedió a la consolidación de 40 polígonos o microterritorios, cada uno de no más de 30 manzanas de diámetro.

La tarea ahora iría en una doble vía. Por un lado, diseñamos un plan de intervención diferenciado para el centro de Medellín, y por otro un plan diferencial para cada uno de los 40 microterritorios, cada uno de estos con un responsable directo y una serie de actividades y estrategias de consolidación institucional dirigidas a entregar al ciudadano herramientas para la gestión de emociones y la resolución pacífica de conflictos, así como de rutas claras de atención para buscar la ayuda del Estado en problemas que se escaparan de las manos de los ciudadanos. 

Después de tres años complejos relacionados con una violencia homicida mayoritariamente criminal, el 2019 cerró a la baja en homicidios con una disminución del 6,8 por ciento respecto 2018 teniendo precisamente la comuna 10 Candelaria como la más aportante en esta reducción. Con cerca de 22 homicidios menos y una disminución del 20 por ciento, la comuna 10 se consolidó como la más importante en la aplicación de la estrategia implementada para la reducción de escenarios de violencia que, por su propio riesgo, podían desembocar incluso en homicidios.

De otro lado, se logró una reducción bastante importante que involucra el general de la ciudad y que en principio daría cuenta de una mejoría en el comportamiento ciudadano. En efecto, para 2019 tuvo lugar una reducción de más del 13 por ciento en materia de lesiones personales respecto del año base delictual (2018). Si a esto solapamos la reducción del 12 por ciento en homicidios relacionados con problemas de convivencia, y del 25 por ciento en casos de violencia homicida vinculada al entorno familiar, se logra percibir lo que podría ser un comportamiento generalizado de reducción de efectos de problemáticas de convivencia.

Ahora, no me atrevería a disponer de una fórmula mágica en materia de convivencia. A la postre, se trata de la existencia de escenarios permanentes de institucionalidad. A lo mejor la sumatoria del trabajo de gestores y microgestores territoriales, la tarea de las casas de justicia, las jornadas de Caravanas de la Convivencia, la apertura de los Centros de Reconciliación y demás acciones de acupuntura social terminaron por consolidar un ecosistema de convivencia justo donde era más necesario. 
 

Política criminal

Esta fue, sin duda, la experiencia y el trabajo más visible que tuvo la Secretaría de Seguridad y Convivencia para la opinión pública durante los últimos cuatro años. Y es que en una ciudad con la evidente problemática criminal que tiene Medellín, apenas si podía ser normal que existiese una preocupación pública por la manera en que la responsabilidad del Alcalde respecto al orden público se desenvolvía y de qué manera respecto al crimen organizado.

A propósito, la posición del Alcalde Federico Gutiérrez fue radical: cero concesiones para las estructuras criminales.

Ahora, si bien es cierto que es de conocimiento público saber y decir que en Medellín el crimen organizado es poderoso, hasta el momento no existía un mapa claro que permitiera entender el alcance de esta afirmación. Entre tanto los criminales convivían en escenarios de guerra y negocios, las autoridades no lograban ponerse de acuerdo sobre el número, nombre y organigrama de quienes ordenaban homicidios, desplazamientos, extorsiones y defendían con el poder de las balas el mercado del narcotráfico en las calles de la ciudad. Lo primero que había que lograr estaba dado en clave de coordinación.

El papel de los Alcaldes y las administraciones municipales respecto a la seguridad y el orden público en las ciudades apenas si tiene menciones en la Constitución y en el Código de Policía. Sin desarrollos normativos de profundidad, nuestra legislación casi que entrega a los gobernantes locales la opción de ocuparse –o no- del asunto, como a bien le parezca y sin muchas más herramientas que su misma voluntad de hacer. 

Bajo este panorama, el Alcalde decidió tomar las riendas y la vocería del problema criminal convirtiéndose en el articulador institucional de todos los organismos de seguridad en sus diferentes orillas, haciendo de la Secretaría el instrumento técnico constructor y veedor de la política criminal de persecución y reducción de capacidad del crimen organizado. Esta posición obligó a una transformación histórica en donde la administración municipal pasó de ser un simple observador, para convertirse en un participante activo de la lucha contra las estructuras criminales.

De hecho, bajo esta tarea de coordinación técnica, Medellín se convirtió en la primer ciudad del país en lograr constituir un Inventario Criminal Unificado entre todos los organismos de seguridad que, además, se convirtió en la hoja de ruta de persecución penal. No se trató exclusivamente de identificar los grupos criminales, su presencia territorial y su organigrama, sino también de asignar tareas de persecución a los diferentes actores para lograr eficiencias claras y efectivas de las capacidades locales y nacionales. 

La consigna era clara: perseguir integralmente el crimen organizado. Ello implicaba, por supuesto, la persecución de su cuerpo directivo y la cualificación de imputaciones y efectivas condenas; la captura efectiva de miembros dinamizadores de delitos en los grupos criminales; y la búsqueda de las rentas para dar con la quiebra de los andamiajes empresariales criminales. 

Los resultados de cualificación de la labor de imputaciones de delitos, con particular énfasis en los más de 300 coordinadores y 161 cabecillas capturados, se hicieron evidentes. Para el 2019 se logró el mayor número de imputaciones del delito de homicidio por parte de la Fiscalía en la historia. Mientras que para 2015 el número de imputaciones de homicidios no superaba los 250 casos, para el 2019 se logró la imputación de más de 490 homicidios ocurridos en Medellín.

Esto a su vez permitió que la ciudad se ocupara del aumento del esclarecimiento de los homicidios por primera vez en su historia, esto es, de apostarle a una visión de justicia focalizada precisamente al delito más doloroso que puede atravesar una sociedad. Para 2016, primer año en que tuvo lugar la medición del porcentaje de homicidios esclarecidos, este si acaso llegaba al 16 por ciento. Para 2019 la ciudad cerró con el 24 por ciento de los homicidios esclarecidos, por tanto, con sus responsables encarcelados con los debidos delitos imputados. 

La estrategia no se concentraba exclusivamente en la intención de la captura, sino principalmente en la consecución efectiva de imputaciones frente a delitos tan graves como el homicidio. Mientras que en entre 2012 y 2015 la proporción de imputaciones sobre capturas por homicidio era del 55 por ciento; entre 2016 y 2019 se logró que tal proporción escalara hasta llegar al 101 por ciento. 

Por su parte, los resultados en lo que respecta a la persecución de las finanzas también fueron evidentes. Mientras que entre 2012 y 2015 se extinguieron bienes a estructuras criminales por un valor aproximado de 84 mil millones de pesos, entre 2016 y 2019 se alcanzó un valor de bienes extinguidos superior a los 489 mil millones, casi 6 veces lo logrado en el cuatrenio anterior, superando todas las estadísticas operativas previas en este rubro.

Con todo, la labor de persecución criminal en Medellín apenas si logró encontrar su ruta. Más allá de posiciones políticas, es un hecho que la criminalidad no ha querido nada diferente a arrebatarle vida y desarrollo a Medellín. Se trata de estructuras que en esencia explotan las vulnerabilidades de la ciudad con fines intrínsecamente económicos. Detrás de su afán de poder económico no se esconde nada. La posición de la institucionalidad y la legalidad debe seguir dirigiendo su atención con un enfoque de justicia. 
 

Parceros

Además de la necesaria aplicación de la justicia en un camino de reducción de impunidad, otro de los principios básicos de la disuasión focalizada consiste precisamente en la eliminación o reducción de los incentivos que llevan a los actores que aún no hacen parte de dinámicas criminales a hacer efectiva parte de las mismas. En otras palabras, en lograr que los jóvenes en alto riesgo de pertenecer a estructuras criminales, realmente opten por un camino diferente. 

Programas con estas características ya habían existido previamente en Medellín, a lo mejor no con los resultados que a bien diseñaron y buscaron sus dinamizadores. Parce en los 80 y Fuerza Joven en la década pasada, fueron programas bien intencionados que buscaban arrebatarle los jóvenes a la cruenta guerra que se los llevaba por centenas en las calles de Medellín. Sin embargo, asuntos críticos como la falta de continuidad en administraciones para el primer caso, y la incidencia de los mismos actores criminales en la determinación de los posibles participantes como en muchos lugares de la ciudad se llegó a manifestar para el segundo, no permitieron que los efectos lograran la intención inicial de disuadir a los y las jóvenes de hacer parte de las dinámicas criminales.

Considerando previas experiencias y bajo el principio intencionado de salvar a los jóvenes en riesgo nació Parceros. La particularidad inicial de este programa, que lo hace diferente a lo que ya había pasado con anterioridad, consiste precisamente en su rigurosidad en cuanto a la implementación de la disuasión focalizada. En suma, se trataba de lograr que la focalización no solo llegara a los barrios de la ciudad donde había presencia criminal, sino que tuviese la capacidad de buscar con nombres propios, en las puertas de sus casas, a quienes había que retirar del camino criminal.

Eso fue lo que logró Parceros. Gracias a un trabajo de coordinación interinstitucional de actores, de la mano de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, tuvo lugar un proceso de identificación uno a uno de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por sus condiciones de vida, por información de inteligencia y por expedientes judiciales de diversa índole, pudiesen ser observados como en riesgo de hacer parte de una estructura criminal. Teniendo por prioridad aquellos territorios de Medellín con la mayor mortalidad homicida de jóvenes en escenarios violencia criminal, un equipo especializado de trabajadores sociales y psicólogos tocó, una a una, más de 3000 mil puertas en diferentes barrios de la ciudad. El mensaje era claro: venimos de la Alcaldía para ayudarte a recuperar tu vida porque nos haces falta, le haces falta a Medellín. 

Durante 2019, 1080 NNAJ se graduaron del proceso de formación de Parceros y pasaron al segundo momento de acompañamiento en oportunidades. Vidas recuperadas, que ahora ven un futuro en el estudio, el emprendimiento o el trabajo. Un futuro en la legalidad. 
 

Conclusión

Después de todo lo dicho es apenas normal que surja la pregunta "¿Entonces por qué no resolvieron el problema?", que debe seguirse de la absolutamente necesaria respuesta: aún no lo resolvemos. La apuesta por derrocar la criminalidad y hacer imperar la justicia en una ciudad víctima de la ilegalidad y de la herencia continua del narcotráfico debe ser colectiva. No se trata solo de una administración o del papel de las autoridades. Debe ser el producto de un llamado sonoro, de un convencimiento ciudadano de rechazo al modus vivendi criminal. 

La pregunta ahora es más compleja ¿cómo derrotar el miedo? Ahí está el secreto. Esa herramienta vil - el miedo- es la que ha mantenido vigente y creciente el poder criminal en Medellín. Durante cuatro años nos dimos a la tarea de combatirlo sin tregua: dignificamos la conciliación de conflictos en el sistema de justicia cercana al ciudadano; formamos y acompañamos los territorios de más alta complejidad en seguridad y convivencia; destronamos el poder criminal de cientos de delincuentes intocables responsables de los crímenes más atroces. 

Nos dimos a la tarea de combatir el miedo con confianza y es que es así, con confianza, que se puede retomar el rumbo de la justicia. Así, con confianza, Medellín desplazará el miedo.

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*Este es un espacio de opinión y debate. Los contenidos reflejan únicamente la opinión personal de sus autores y no compromete el de La Silla Vacía ni a sus patrocinadores.

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