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Por Andrés Bermúdez Liévano · 18 de Diciembre de 2014

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El Ministro de Ambiente Gabriel Vallejo hará hoy un anuncio en la CDMB en Bucaramanga una decisión que el gobierno Santos llevaba prometiendo y dilatando desde hace tres años: dónde empieza y termina el páramo de Santurbán. Su decisión, de la que dependerá que empresas como Eco Oro puedan explotar el oro debajo de la montaña y qué pasa con los campesinos, puede ser el caldo de cultivo de muchos nuevos conflictos.

La delimitación de este páramo santandereano, que en el Ministerio de Ambiente guardó en total hermetismo, es en el fondo una decisión política. Sobre el papel debería ser técnica, pero en la práctica es imposible: hay mucha gente viviendo allí y muchos intereses que impiden que los mapas científicos entregados por el Instituto Humboldt en septiembre de 2013 -por encargo del gobierno Santos- sean adoptados tal cual.

El problema es que, cualquiera que sea la decisión de Vallejo, el potencial de conflicto es enorme. “Si uno lo mira [el tema] al margen de presiones, la decisión va a perjudicar a alguien: a las mineras grandes, a los pequeños mineros, a los agricultores, a Bucaramanga que recibe su agua de allí y al país con todos sus páramos. Todo el mundo ha estado presionando para que frenen al otro pero no a sí mismo. Eso hace que cualquier decisión pueda armar una pelotera y que las posibilidades de que salga mal sean infinitas”, dice un ex alto funcionario del sector ambiental.

Con un agravante adicional: lo que se haga en Santurbán será la prueba ácida de lo que pasará en los otros 35 complejos de páramo del país, muchos de ellos con problemas similares. Estos son los cuatro escenarios que tiene Vallejo.

 

Con esta la fórmula Vallejo evitaría al máximo el conflicto social (sobre el que desde el gobernador Richard Aguilar hasta el diario Vanguardia han advertido), pero sería la más complicada desde el punto de vista ambiental.

Hacerlo implicaría tomar la decisión política de viabilizar los proyectos de las tres empresas grandes en la zona -las canadienses Eco Oro y Leyhat y la brasilera AUX- y el trabajo de unos 400 pequeños mineros que llevan dos décadas allí. También significaría recortar el mapa del páramo usando como guía la presencia humana, para no obligar a las comunidades a dejar de cultivar cebolla (ya que la zona de Berlín, claramente dentro del páramo, es la segunda más grande del país) y tener vacas.

Pero también sería la decisión más costosa para este ecosistema de alta montaña, donde nace el agua de la que depende Bucaramanga. Es decir, precisamente la razón por la que se originaron las marchas multitudinarias allí en 2011 contra la minera Greystar Resources, hoy llamada Eco Oro.

Casi todo el agua de la capital santandereana viene de Santurbán: Bosconia, la mayor bocatoma del Acueducto, la recibe de la cuenca del río Suratá (cuyas dos principales fuentes, la quebrada La Baja y el río Vetas, bajan de zonas mineras) y otras dos menores las alimenta el río Tona que baja de una zona paramuna bien conservada.

“No se trata de ver el páramo de una forma simplista y romántica, sino de entender que está en juego el agua de la ciudad”, dice Erwing Rodríguez-Salah, el ex director regional de Fenalco que cofundó el Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana que ha impulsado las marchas en la ciudad.

Desde hace unos años se han detectado niveles de contaminación en el agua del Suratá más altos de lo permitido, por lo que Bucaramanga tuvo que comenzar a buscar fuentes alternas. Tona por sí misma no logra satisfacer la demanda de agua, por lo que la calidad del agua que baja desde California y Vetas (las dos áreas mineras de Santurbán) es decisiva.

Lo que se decida en Santurbán tendrá un efecto en todo el país, ya que un 70 por ciento de los colombianos depende del agua del páramo. Al menos once ciudades importantes lo hacen de fuentes que bajan directamente del páramo (Bogotá, Medellín, Tunja, Ibagué, Armenia, Pereira, Manizales, Neiva, Popayán y Pasto) y otras -como Cúcuta- de afluentes de esas cuencas directas.

Es por eso que el Plan de Desarrollo de Santos los declaró ecosistemas estratégicos (con los humedales y los bosques secos) y los blindó contra la minería o la agricultura. La razón es que, con un páramo degradado, disminuye el agua en las cuencas del país y también la que usan las aguas subterráneas para recargarse.

Además, son centrales en reducir los impactos del cambio climático porque cualquier aumento de temperatura en el páramo hace que las plantas paramunas no puedan traducir el agua de la atmósfera en caudal.

 
 

Si Vallejo adopta la cartografía física del páramo que le entregó hace más de un año el Instituto Humboldt, estaría obligado a restringir la mayoría de las actividades.

El páramo quedaría totalmente 'blindado', pero estallaría el conflicto social y el Gobierno se vería ante la titánica labor de reubicar a miles de campesinos. Dos tareas -la reubicación y la conservación- para las que no tiene la plata necesaria.

Es posible prever esos límites porque la diferencia entre la cartografía existente a una escala de 1 a 100 mil y la más precisa que exige la ley de 1 a 25 mil (que aún no ha sido hecho pública) es muy bajita. En un páramo grande como Santurbán, de 142 mil hectáreas, esa brecha podría ser de apenas un 5 por ciento.

Hasta ahora hay tres áreas completamente protegidas, que suman 43 mil hectáreas: el parque regional de Santurbán (creado después de la polémica), el de Sisavita y el de Salazar que nació hace un año. Pero eso solo cubre una tercera parte del páramo, por lo que la decisión de Vallejo afecta el resto.

Para dificultar aún más la situación, comienza a quedar claro que la ley que ordena la delimitación de los páramos deja a todo el mundo en una sinsalida porque no contempla ningún tipo de plan de transición para la gente que vive dentro de la zona. Es decir, las posibilidades de 'dibujar' el mapa del páramo sin agudizar los conflictos sociales son muy bajas.

“La ley, que es necesaria e importantísima, ve las cosas en un blanco-negro total y no reconoce que la mitad de los páramos están habitados”, dice un experto en páramos que, como las demás fuentes consultadas, prefiere omitir su nombre porque trabaja a diario con las entidades ambientales.

De hecho, el principal proyecto para hacer más fácil que la gente que vive allí cambie su modo de vida terminó engavetado.

Como contó La Silla, hace un año el Ministerio -que entonces lideraba Juan Gabriel Uribe- y el Humboldt dejaron listo un borrador de resolución que creaba herramientas para ayudar a los campesinos a ir cambiando, poco a poco, su modo de vida por uno más armónico con el páramo.

Entre otras cosas, los comprometería a no crecer el área cultivada y a reducir el área de pastaje del ganado. Establecería planes a dos, tres o cinco años para ir eliminando los pesticidas o el uso de tractores, muy nocivos para la capa de tierra negra paramuna. Comprometía a los campesinos a dejar de cultivar en las zonas más deterioradas -para ir restaurándolas-, a proteger los nacimientos y a sembrar cercas vivas de árboles. Es decir, a persuadirlos de adoptar mejores prácticas para el páramo.

Pero nunca se adoptó. La última ministra, Luz Helena Sarmiento, la recibió de Juan Gabriel Uribe prácticamente lista para la firma y nunca se volvió a saber del tema.

 
 

Si Vallejo salva a los campesinos, se evita el problema social más complejo. Pero se le podría venir encima uno legal con las mineras que quieren explotar el abundante oro de Santurbán y otro con los pequeños mineros que también habitan en la zona.

Ninguna de las tres mineras grandes en la zona tiene vía libre para sus proyectos, por lo que no podrían argumentar -en caso de verse perjudicadas- que tienen unos derechos adquiridos. Eso solo lo podrían hacer si tuvieran ya la licencia ambiental que les permite pasar de la fase exploratoria a la de explotación.

Sin embargo, la presión política y legal por no cerrarles el paso es grande. En lo jurídico se rumora la posibilidad de que las empresas terminen demandando al Estado -si la decisión es adversa- no por las expectativas generadas (que solo les dan los derechos adquiridos), sino porque invirtieron en explorar pero luego les cambiaron las reglas de juego en el uso del suelo.

Como ha contado La Silla, la presión política a los distintos ministros de Ambiente en favor de las mineras ha sido grande. Carlos Gustavo Arrieta, el ex Procurador y súper poderoso abogado de Leyhat, escribió dos cartas argumentando que con la protección de los parques regionales bastaba y que sería ilegal proteger otras áreas más allá de éstos.

El Procurador Alejandro Ordóñez escribió al Gobierno le que estaba “poniendo en vilo” los proyectos mineros y generando “un ambiente de inseguridad jurídica que ha hecho que la discusión se ideologice”. Y Natalia Gutiérrez, la presidenta de la Agencia Nacional de Minería, ha reiterado que solo las empresas pueden evitar los estragos de la minería ilegal. Y los alcaldes de los cuatro municipios de la zona están hablando de la crisis de empleo.

La compañía más afectada podría ser Eco Oro (antigua GreyStar), que dice haber invertido ya unos 250 millones de dólares, tiene su proyecto en la parte más alta de la montaña en la zona de California, no muy lejos del parque regional de Santurbán. Aunque tiene otros títulos en la región, Angostura -con reservas de unas 4 millones de onzas- es su joya de la corona.

Hace dos días envió un mensaje a los mercados diciendo que, hasta la decisión de hoy, “cualquier conclusión sobre los impactos a Eco Oro o sus propiedades son especulativos”.

Leyhat, que tiene su proyecto en el municipio de Vetas, también está bien arriba en la montaña. Un poco más abajo del lado de California está AUX, que pertenece al magnate brasilero Eike Batista y que podría verse menos afectada.

Todas han argumentado que la demora en las decisiones les ha obligado a despedir más de la mitad de sus empleados, causando una crisis social que ha disparado la minería ilegal. Eco Oro habla de 270 despidos, AUX de 300 y Leyhat de 160.

Los pequeños mineros, que también temen ser excluidos, advierten que no tendrían alternativas distintas a buscar oro sin permiso o repetir bloqueos viales como el de hace tres semanas en California. Ese conflicto sería especialmente grande en Vetas, donde la mayoría de la población vive de la minería, y se podría repetir en otros páramos -como Pisba, en Boyacá- donde hay mucha explotación familiar de carbón.

“Con hambre y sin trabajo, con hijos y sabiendo lo que hay allá, la gente se mete. Puede más la obligación que la razón”, dice Leonidas Arias, uno de los 200 pequeños mineros de California cuyos familiares además han trabajado para Eco Oro y AUX.

“Ya no va a haber doliente, porque el Estado tendrá que proteger miles de hectáreas y no va a poder. Si un AUX ya no cuida, la gente se va a meter -de a diez y de a veinte- a galafardear sin controles ambientales. Luego van a montar su cuchitril a escondidas en su casa y beneficiarán con mercurio”, advierte Edwin Esteban Pulido, uno de los 50 mineros en Suratá y líder gremial de la provincia de Soto Norte.

Todos insisten en que se puede hacer minería responsablemente (las empresas dicen que con tecnología, los pequeños mineros que con asistencia técnica), aunque en el sector ambiental lo dudan mucho. “La minería en páramo equivale a acabar con el páramo y el agua”, dice un ex alto funcionario del sector.

 
 

Tal vez la decisión más difícil que podría tomar Vallejo sería darle vía libre a la minería pero prohibir la agricultura dentro de páramos, algo que no parece probable dado que -además de crear un conflicto social- enviaría el mensaje difícil de digerir de que el Gobierno pone a las empresas por encima de los campesinos.

El caso más difícil sería Berlín, donde viven 800 familias cebolleras -la segunda comunidad más grande del país después de Aquitania en Boyacá- en una zona del páramo que ya está muy deteriorada.

El Gobierno no puede dibujar el páramo dejándola por fuera porque físicamente está bien adentro de las fronteras y hacerlo sería una suerte de trampa científica. Si toma la decisión de dejarla adentro y prohibirles seguir cosechando un cultivo tan intensivo en los suelos, se gana un problema mayúsculo.

“Si nos perjudican, si nos sentimos atropellados, nos levantamos. Ya lo hemos hablado y decidido, de eso que esté seguro el Gobierno”, dice Silvia Salazar, una lideresa de Berlín que lleva 23 años cultivando cebolla allí.

Pero tampoco puede permitir la agricultura sin condiciones ya que, aunque tiene un menor impacto que la minería, cubre un área mucho más grande y no está regulada por ninguna autoridad ambiental.

Y sobre todo porque su efecto se multiplicaría con rapidez, dado que hay 150 mil personas que viven dentro de los páramos y que allí se producen tres cuartas partes de la cebolla y papa en el país.

Con unas reglas laxas para los cebolleros de Berlín, sería muy difícil exigirle unos estándares altos a los habitantes de los páramos densamente habitados de Boyacá, Cundinamarca, Nariño o Cauca.

Ese dilema se repetirá en muchos de los 35 complejos paramunos que tendrán que ser delimitados después de Santurbán. En Boyacá, están bastante transformados Rabanal (donde nace el agua de Tunja), la zona occidental del Cocuy y Tota-Bijagual-Mamapacha, que incluye la zona cebollera de Aquitania y que tiene la dificultad adicional de tener -en la laguna de Tota- un humedal muy deteriorado.

Más abajo, en Cundinamarca, sucede lo mismo en Guerrero y el Sumapaz (que tiene hasta una propuesta de zona de reserva campesina adentro). Y también en Chiles-Cumbal y Patascoy (Nariño) o Puracé (Cauca), todos con resguardos indígenas adentro. Es decir, el chicharrón solo se multiplicaría.

En la época de Luz Helena Sarmiento, el Ministerio comenzó a hablar de inaugurar el pago por servicios ambientales en Santurbán. Es decir, que el Acueducto de Bucaramanga -y, por lo tanto, los bumangueses- le paguen a los habitantes del páramo por conservar el agua. La dificultad es que montar ese esquema puede demorarse varios años y, si no es planeado cuidadosamente, puede generar efectos negativos como que llegue gente a colonizar otros páramos a la espera de que también les paguen a ellos

Por todo esto, la única alternativa viable es reconocer a los habitantes que viven dentro pero ayudarles a pasarse a un modo de vida más sostenible. Eso de por sí es un reto: los cebolleros están dispuestos a aceptar cambios pero solo hasta cierto punto porque, como dice Silvia Salazar, “si sacamos cebollas orgánicas chiquiticas no podremos competir con Aquitania y para eso necesitamos fertilizante”.

En todo caso, como dice un ambientalista, “en la convivencia está la preservación de los páramos y sin la gente la delimitación es letra muerta”.

 

Comentarios (7)

coronado

19 de Diciembre

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Hemos de suponer que los ambientalistas, así como no comen carne no sea que s...+ ver más

Hemos de suponer que los ambientalistas, así como no comen carne no sea que sea de una vaca toreada, tampoco comen cebolla y papa...

Alejandro Naranjo

19 de Diciembre

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el cortoplacismo que impera en nuestra idiosincrasia parece que no permite ver...+ ver más

el cortoplacismo que impera en nuestra idiosincrasia parece que no permite ver a los diferentes actores que por encima de CUALQUIER consideración está el aseguramiento de el abastecimiento del agua. En múltiples articulos recientes, y por ejemplo en el ultimo libro de German Castro Caicedo queda en evidencia que en muy poco tiempo las crisis y los conflictos se generarán por la necesidad de controlar el precioso líquido. Los países desarrollados tiene estrategias claras para controlar en la medida de lo posible los grandes acuiferos subterraneos en el mundo, y mientras tanto aquí ni siquiera han caído en cuenta que lo que está en juego es la supervivencia de la poblacion en ciudades y zonas más extensas aún.

DIDUNDI

19 de Diciembre

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En LSV FALTA UN ANALISIS SOBRE EL TEMA CUBA-EEUU y SUS EFECTOS EN COLOMBIA INC...+ ver más

En LSV FALTA UN ANALISIS SOBRE EL TEMA CUBA-EEUU y SUS EFECTOS EN COLOMBIA INCLUSO EL MENSAJE Q SE ENVIA A ISRAEL Y LOS PALESTINOS Y HASTA LAS MISMAS KOREAS?.

FRANCISCO ALBER...

19 de Diciembre

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Señores, recuerden, el oro, el dinero no irán a servir en un futuro sino hay...+ ver más

Señores, recuerden, el oro, el dinero no irán a servir en un futuro sino hay AGUA, vital liquido para la subsistencia de ser Humano, Colombia es rica en materiales que tiene el sub-suelo, pero si la vamos a dejar explotar toda está riqueza, entonces pidamos asilo en cualquier País de aquellos que nos explotan esta. Ahora que estamos hablando de Paz, todos estos jóvenes guerrilleros junto con los Militares deben de tenerlos en estos sitios para que ellos nos cuiden el Medio Ambiente y estos Campesinos que tiene cultivos de cebolla, papa y ganado lechero demos-les tierra en partes bajas y hay cantidad de tierra y barata para entregárselas, pero como al Estado le cuesta más las instituciones por corruptas (INCODER,)busquen en cada región unos institutos descentralizados o ONG(s) para que entreguen estás Tierras.

Ciro Alberto

20 de Diciembre

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Claro, un sencillo plan de setecientos puntos mientras sobornan a los funciona...+ ver más

Claro, un sencillo plan de setecientos puntos mientras sobornan a los funcionarios del Ministerio y a cuanto juez se les atraviese. Así van a estar Bucaramanga y el páramo dentro de veinte años... llenos de socavones de oro y de buenas intenciones.

Ciro Alberto

20 de Diciembre

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¿En serio? ¿Valen más trescientos "puestos de trabajo" (léase salario mín...+ ver más

¿En serio? ¿Valen más trescientos "puestos de trabajo" (léase salario mínimo y un capataz que evite que al gran jefe se lo lleve la guerrilla) que el agua de Bucaramanga? ¿Que hay que valga más que el agua? ¿El gobierno no tiene dinero para relocalizar unos campesinos, pero va a restituir 6 millones de hectáreas? ¿Que pasó con La Silla Vacía? ¿Quién escribe estos artículos "pragmáticos"? (léase acomodados al poder que quiere salvajear el páramo a lo bruto, bajo la amenaza de los "juristas" dedicados al apoyo de la empresa privada). Y luego dicen que no hay que hacerse ilusiones. ¿Quién se va a hacer ilusiones con este periodismo rastrero? No se agachan más porque no hay tapetes más delgaditos... Lástima de Juanita León, el pragmatismo es arrollador, ¿cierto? Tocará buscar las noticias en otro lado, esto se ha vuelto la caja de resonancia del Congreso, puro chisme de twitter y de periodismo investigativo, nada.

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