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Por Juanita Vélez · 29 de Marzo de 2016

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La semana pasada el gobierno anunció que había delimitado ocho páramos, con lo cual el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, ya avanzó mucho más en esa tarea que sus antecesores. Pero de esos ocho, cinco ya estaban protegidos por estar en parques naturales y todavía le faltan 27. Con lo cual, el presidente Santos dificilmente cumplirá su promesa de delimitarlos todos antes de finalizar su gobierno.

En febrero, cuando la Corte Constitucional prohibió la minería en los páramos, le cogió ventaja al gobierno en la protección de estos ecosistemas, que son las despensas de agua del país. En ese momento, Vallejo dijo a La Silla que tendría "doce páramos delimitados" entre junio y julio. 

Aunque con los ocho que ya delimitó, logró lo que los anteriores tres ministros de ambiente de Santos no alcanzaron, ahora le faltan los más difíciles.

Como le dijo a La Silla la directora del Instituto Von Humboldt, Brigitte Baptiste: "La delimitación se destrabó. Lo que pasa es que se delimitaron los más fáciles porque son páramos que no tienen grandes conflictos por uso de suelo."

Los delimitados

Vallejo se había comprometido a delimitar 21 páramos en diciembre del año pasado. Pero no lo logró, según le explicó a La Silla, porque  “esa no es una decisión de escritorio.”

Con los estudios del Instituto Von Humboldt, que son los que determinan dónde empieza y dónde termina el ecosistema, tuvo insumos para delimitar esos ocho páramos que, según cifras del ministerio de Ambiente, cubren un área de 100 mil hectáreas.  De ellos sale el agua de más de 3 millones de personas a ocho departamentos.

La mitad de esos páramos están en Antioquia, lo que facilitó la delimitación porque Corantioquia ya tenía estudios avanzados sobre ellos. Los otro cuatro quedan en Huila, Caquetá, Valle del Cauca, Meta, Risaralda y Chocó.

Esos ocho más Santurbán, que era el único delimitado hasta la semana pasada, suman nueve de los 36 páramos que tiene el país y que Vallejo debe delimitar si espera cumplir la promesa de Santos que quedó consignada en el Plan de Desarrollo de 2010.

De los ocho, cinco quedan dentro de Parques Nacionales Naturales: el Farallones en Cali y el Tatamá entre Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, Los Picachos, Paramillo y Miraflores, que queda en un parque regional. Según la directora de Parques, Julia Miranda, así el Ministerio delimite o no, todo páramo que esté dentro de un parque tiene una protección especial. De manera que la delimitación de esos páramos no era tan urgente como la de otros.

El Sumapaz, por ejemplo. Ahí viven unas veinte mil personas que dependen de la agricultura y la ganadería y moverlas de ahí no va ser fácil. Otro complicado es Rabanal en Boyacá, donde hay minería de carbón aunque la población que habita dentro del área no supera los mil habitantes. O Pisba, también en Boyacá, donde la minería de carbón, hierro, arenas y arcillas también ha deteriorado el ecosistema.

Esos tres, además del páramo de Chiles en Nariño y Putumayo, son, según Baptiste, los que más agua tienen y siguen sin delimitar. Eso sin subestimar el potencial hídrico de todos los demás.

De los 27 restantes, según el Instituto Von Humboldt, 11 necesitan consulta previa para ser delimitados porque ahí viven comunidades indígenas o afrodescendientes, como el Páramo del Duende entre el Valle y el Chocó, donde está la etnia indígena Wounaan o el de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque ahí están los arhuacos.

Hay otros ocho que todavía no tienen recursos fijos. Porque, como contamos, el Fondo de Adaptación, que depende del Ministerio de Hacienda, firmó en abril de 2013 un convenio con el Humboldt por 67 mil millones de pesos para hacer los estudios de solo 21 páramos.

 

Como ese convenio vence en mayo, Vallejo está buscando la plata que hace falta para los restantes. Le dijo a La Silla que espera conseguirla por medio de cooperación internacional y más ahora que Santos ha vendido el discurso en el exterior de medio ambiente y posconflicto. “La guerra nos ha quitado la posibilidad de tener acceso a territorios biodiversos, ocupados por actores armados” dijo. Por ejemplo el Sumapaz fue, durante muchos años, una zona clave para la guerrilla.

Otra estrategia de financiación en la que está pensando el Gobierno es la de los pagos por servicios ambientales. Eso es por ejemplo que, la gente de ciudades que recibe agua del acueducto de esos páramos pague más en su factura para que los paperos siembren menos y a cambio restauren la vegetación del páramo. El pago se da por hectárea conservada o por volúmenes de calidad de agua generada.

“Eso puede aplicar para desmovilizados y desplazados cuando se firme la paz y quieran volver a esos territorios.” le dijo Vallejo a La Silla.

¿Planes para cuando?

La idea ahora es que los 64 municipios que se benefician de esos ocho páramos delimitados incluyan en sus planes de ordenamiento esa línea que dice dónde empieza y dónde termina el ecosistema, para comenzar a hacer los llamados Planes de acción.

Eso de entrada es difícil, porque uno de los principales problemas, como también hemos contado, es la falta de coordinación entre el Ministerio, las Corporaciones Autónomas Regionales y las alcaldías locales para que lo que pase arriba se haga abajo.

Y a eso se suma el problema de la plata. “Hay muchas corporaciones que sencillamente no tienen la plata para hacer sus propios estudios,” dice Baptiste, la directora del Humboldt. Eso hace que la delimitación se demore y los planes de acción todavía más.

Vallejo asegura que hasta que un páramo no está delimitado, no se pueden hacer planes de acción. Por ahora, en los que ya delimitó no hay planes. Le dijo a La Silla que las CAR ya tienen un plazo de tres años para tomar medidas en esos territorios.

Pero con Santurbán, cuando era ministro Juan Gabriel Uribe, el Ministerio y el Humboldt trabajaron en un borrador de resolución en el que -al tiempo que se hacía el mapa del parámo- creaba herramientas para que los campesinos fueran cambiando, poco a poco, su modo de vida.

Por ejemplo, comprometía a la gente no crecer el área cultivada, a reducir el área de pastaje del ganado y a eliminar pesticidas o uso de tractores. Ese plan, que heredó la ministra Luz Helena Sarmiento, nunca se adoptó. En parte porque reubicar a la gente que vive en los páramos y lograr que se acostumbre a otro modo de vida es mucho más difícil que delimitar.  Lo que sí se hizo en Santurbán con el profesor de la Universidad de los Andes, Juan Camilo Cárdenas (bloguer de La Silla), fue hacer unos juegos con la comunidad para construir acuerdos entre los pobladores de abajo (Bucaramanga y Suratá) y los de arriba (Vetas y California) para: “crear la noción de que los páramos y cuencas son parte de un mismo dilema colectivo: si los de abajo no ayudan a los de arriba les queda más difícil” le dijo a La Silla. Ese tipo de experimentos, pueden ser el primer paso de los planes de acción que a Vallejo le faltan por hacer.

Pero incluso eso es costoso porque se calcula que casi 300 mil personas- eso es más o menos la población de Ibagué- viven y dependen de los páramos en el país y parte de la demora en implementar los planes son los costos. Solo el año pasado en Santurbán se invirtieron más de 15 mil millones de pesos en nuevas alternativas de sostenimiento. Este año, según cifras oficiales, se invertirán más de 13 mil.

A eso se suma la presión de sectores como el de la construcción o la minería porque buena parte de sus actividades dependen de extracción en los páramos.

A pesar de estas dificultades, el Ministro tiene en su cabeza delimitar ocho más en junio y terminar éste año con la cartografía de 17, mínimo.

Si lo logra, cómo con estos ocho, será un primer paso. El otro, que es el más difícil de cumplir y para el que solo tiene dos años, es que de la línea en el mapa se pase a la realidad en el terreno.

CONTEXTO

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