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Por Natalia Arenas | Juanita León · 28 de Marzo de 2016

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Con la decisión que tomó hoy -el último día en el cargo del Fiscal Eduardo Montealegre- de imputar cargos contra el general (r) Mario Montoya Uribe y ordenar la captura contra el general activo Henry William Torres Escalante, la Fiscalía puso la primera piedra para que el escándalo de los falsos positivos en el Ejército no se quede como un asunto de soldados sino para que se sepa qué tan alto llegaron las órdenes de asesinar jóvenes para inflar el ‘body count’ de guerrilleros durante el gobierno de Álvaro Uribe.  Aunque, lo más seguro, es que el ‘edificio’ lo termine de construir la Jurisdicción de Paz que se cree una vez se firme el Acuerdo Final con las Farc.

La decisión

Esta es la primera vez que la justicia ordinaria llama formalmente a dos generales, el rango más alto en el Ejército, a responder por los delitos de falsos positivos.

Hace menos de un año, el fiscal general Eduardo Montealegre se comprometió en un evento de víctimas de falsos positivos a que a finales del 2015 la Fiscalía tomaría decisiones sobre la suerte jurídica de 22 generales de la República involucrados en estos casos. Luego se supo que en realidad, la Fiscalía sólo estaba investigando a 14 generales y hoy se conoció que efectivamente tomó decisiones pero sólo en dos de estos casos: Montoya y el general activo, Henry William Torres Escalante.

 

En este último caso –según supo La Silla– la Fiscalía tenía lista la orden de captura en su contra desde finales del año pasado pero sólo la tomó hasta hoy. Quizás porque finalmente el Acuerdo con las Farc no se logró el 23 de marzo como lo había soñado el presidente Juan Manuel Santos y esta decisión no arruinaría la fiesta de La Habana, la Fiscalía descongeló los procesos.  Y anunció hoy, antes de que Montealegre se despidiera del cargo, una decisión que no tiene precedentes y que se convierte en uno de los primeros ‘chicharrones’ de la persona que suceda a Montealegre. 

La primera decisión que tomó hoy la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en cabeza del Fiscal Juan Vicente Valbuena, fue el anuncio de que el próximo 31 de mayo la Fiscalía le imputará cargos al General (r) Mario Montoya Uribe por el delito de homicidio en persona protegida por hechos que ocurrieron cuando él era comandante del Ejército entre febrero del 2006 y noviembre del 2008.

La Fiscalía va a imputar la responsabilidad de Montoya por línea de mando en siete hechos cometidos durante este período en las siete divisiones que tiene el Ejército en todo el país y que cobijan a diez víctimas.

Según el vocero de la Fiscalía, tienen unos oficios en los que Montoya reclama a las divisiones resultados en términos de bajas desconociendo alertas que simultáneamente estaban haciendo ONGs y Naciones Unidas sobre la ocurrencia de falsos positivos.  Según explicó, podría haber más casos, pero estos siete son los que la Fiscalía tiene totalmente documentados. La Silla no obtuvo acceso al expediente y tampoco al fiscal que lleva el caso para conocer más detalles, que en todo caso no quieren revelar antes de la imputación.

Dice, además, que uno de esos hechos involucra a una de las once víctimas de Soacha asesinados en Ocaña, Norte de Santander, y que fueron encontradas en una fosa común luego de haber sido reportadas por el Ejército como muertes en combate.

Este es precisamente el caso que destapó el escándalo de los falsos positivos en el país, y tras la cual, dos meses después del hallazgo, Montoya presentó su renuncia al entonces presidente Álvaro Uribe.

El vocero de la Fiscalía le dijo a La Silla que como no todas las muertes ocurrieron en las mismas circunstancias de modo, tiempo y lugar, Montoya sólo será imputado en la muerte de esta última. Aseguró que los demás casos por los que se imputará a Montoya serán revelados por la Fiscalía el día de la audiencia de imputación.

La segunda decisión de la Fiscalía fue ordenar la captura del general activo del Ejército, Henry William Torres Escalante, actual jefe de Memoria Histórica del Ejército, que depende del comando general de las Fuerzas Armadas. Torres está siendo investigado y ya fue citado a rendir indagatoria dentro de la investigación por el asesinato de dos campesinos en Aguazul, Casanare, cuando él era el comandante de la Brigada XVI del Ejército en ese departamento.

Se trata de Daniel Torres Arciniegas de 38 años y su hijo de 16 años, Roque Julio Torres, asesinados en la vereda el Triunfo en marzo del 2007 por la unidad Delta, adscrita al batallón contraguerrilla no. 65 de la XVI División del Ejército acantonada en Yopal, Casanare.

Según la investigación, los Torres fueron asesinados no sólo para presentarlos como bajas guerrilleras tras un supuesto combate contra el Eln sino, además, para silenciarlos tras haber sido testigos y presentar denuncias en el caso de otros dos casos de falsos positivos, el de Hugo Edgar Araque y el de Fredy Sanabria.

Además, el general Torres Escalante está involucrado en la investigación de otros casos de ‘falsos positivos’ en Casanare atribuidos a la Brigada XVI.

Según una fuente que ha estudiado de cerca este caso, la Fiscalía tiene reportes de al menos 109 casos de falsos positivos cometidos por las unidades adscritas a la Brigada XVI durante el período en el que ésta estaba bajo el mando de Torres Escalante. Varios de estos hechos están atribuidos a las unidades de reacción inmediata como es Delta (la que cometió el crimen de los Torres) y del Gaula, ambos acantonados en el mismo sitio del comando de la Brigada XVI. También al Birno 44, adscrito a la Brigada y acantonado en Tauramena, Casanare. 

Según la fuente, aunque estas unidades respondían a comandantes de otros batallones adscritos a la Brigada por los que no hay ninguna orden de operaciones firmada directamente por Torres Escalante, muchos de estos comandantes estaban en lugares alejados a donde operaban las unidades por lo que se investiga si éstas actuaban bajo órdenes operativas del comandante de la Brigada que era Torres Escalante. Además, uno de los condenados por estos hechos es el subteniente Marco Fabián García, que en el momento era el comandante del Grupo Delta y ha testificado que Torres Escalante tenía conocimiento de los crímenes. García fue condenado a 27 años de prisión en junio del 2013.  

Luego de que se supo que la Fiscalía había ordenado su captura preventiva, sin beneficio de excarcelación, Torres Escalante se presentó esta mañana en el bunker voluntariamente y será recluido en la Escuela de Infantería en el Cantón Norte.

Estas decisiones no tienen antecedentes. Aunque tanto Torres Escalante como Montoya ya habían sido llamados a rendir interrogatorio en junio del año pasado, esta decisión hace pensar que las investigaciones ya han avanzado al punto de que la Fiscalía tiene suficientes pruebas como para ordenar la captura y la imputación formal de cargos contra un general activo del Ejército y un ex comandante del Ejército, respectivamente.

Sin embargo, dado el tiempo que le ha tomado a la Fiscalía construir estos expedientes y el hecho de que estas decisiones se dan justo el día en que el Fiscal General que las impulsó deja el cargo, seguramente estos casos terminarán en el Tribunal Especial para la Paz que crea el Acuerdo Final con las Farc, antes de que la Fiscalía alcance a llevarlos a juicio. 

El camino de los falsos positivos en la justicia transicional

En el acuerdo de justicia transicional de La Habana quedó excluida la posibilidad de juzgar a un mando como un general por los delitos cometidos por sus subalternos por el solo hecho de su rango, jerarquía o porque estaba dentro de su jurisdicción.  

Entonces toca probar que cumple con alguno de estos tres criterios: que el mando haya tenido un control efectivo; que hubiera tenido información a su disposición durante, antes o después del crimen y que no haya hecho nada para prevenirlo o para castigarlo.

Aunque estas condiciones parecen relativamente claras, después de logrado el Acuerdo sobre Justicia Transicional ha habido un intenso debate al interior de las distintas divisiones del gobierno y de la justicia sobre cómo se debe interpretar qué significa que el mando haya tenido “un control efectivo”.

Específicamente, si se refiere a un control sobre la conducta que constituye el crimen (lo que implicaría pasar por encima del subordinado y básicamente dejaría libres a todos los mandos) o un control efectivo sobre los subordinados (lo que en la práctica los haría responsable por todo lo que hicieran los soldados).  Al final, se ha entendido que se trata de tener un control efectivo sobre los subordinados respecto a la conducta criminal.

Los casos de estos dos generales, y sobre todo en el más simbólico del general Montoya, más temprano que tarde llegarán a la Jurisdicción de paz. Y la primera cosa que tendrá que establecer la Sala de Reconocimiento es si tienen una relación con el conflicto armado.

Aunque la doctrina que se viene aplicando es que las ejecuciones extrajudiciales no pueden considerarse ‘actos del servicio’ pues ningún protocolo militar ordena matar inocentes y por eso su investigación y juicio corresponde a la justicia ordinaria y no a la penal militar, muy pocos dudan de que la mayoría de falsos positivos sí serán competencia de la justicia transicional.

En el caso de Montoya es aún más evidente dado que su presión por bajas estaba íntimamente ligado al afán de mostrar resultados de la política de Seguridad Democrática contra la guerrilla. El famoso ‘body count’.

Si se establece esa conexidad con el conflicto armado, la Sala de Reconocimiento llamará a Montoya a declarar. Si el general retirado llega a reconocer su responsabilidad y cuenta toda la verdad sobre los falsos positivos, podría beneficiarse con una pena alternativa de entre 5 a 8 años que no implicaría necesariamente cárcel sino otras actividades más reparadoras para las víctimas.

Si mantiene su defensa de que no tuvo nada que ver con estas ejecuciones, la Sala de Reconocimiento mandará el caso a la Unidad de Investigación y Acusación que analizará la evidencia de la Fiscalía, la que presenten las organizaciones de víctimas y las que busque por su cuenta y con base en esas pruebas decidirá si archiva su caso por falta de evidencia o evidencia a su favor o si lo acusa ante el tribunal de Justicia.

Si decide lo primero, el caso contra el General quedará cerrado también en la justicia ordinaria. Si lo acusa, Montoya podría reconocer tardíamente su responsabilidad y obtener una pena de prisión de hasta ocho años si confiesa la verdad. O podría no aceptar responsabilidad y ser absuelto o ser condenado a 20 años de prisión.

Por lo anterior, las imputaciones contra estos dos generales se convierten en la medida de muchas cosas: de la Fiscalía de Montealegre, que priorizó la investigación de estos casos y que si se traduce en una condena representaría uno de sus grandes éxitos; del Ejército, que ahora con mayor urgencia tendrá que definir su estrategia frente a la justicia transicional y decidir si dejará que los casos lleguen sueltos a la nueva jurisdicción para que se decidan uno a uno o si hará un reconocimiento de sus delitos en bloque; y de la justicia transicional, uno de cuyos grandes retos será ayudar a dilucidar y sancionar el terrible capítulo de los falsos positivos.

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