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Por Andrés Bermúdez Liévano · 13 de Abril de 2015

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El Plan Nacional de Desarrollo, que armó el director de Planeación Nacional Simón Gaviria y que es la carta de navegación del gobierno Santos II, está en pleno debate en el Congreso. Una de sus misiones, que hasta ahora ha pasado por debajo del radar, es preparar el terreno para aterrizar el acuerdo sobre el campo entre las Farc y el Gobierno en tres puntos clave.

El Plan -que por primera vez no lleva un capítulo agropecuario sino uno sobre la transformación de las condiciones de vida en el campo- usa un lenguaje distinto al de La Habana, pero desarrolla tres grandes cambios que, de no hacerse ahora, podrían frenar el proceso más adelante. Como dice una persona del sector, trata de evitar que, si se firma un Acuerdo final, “lleguemos al 'Día D' sin nada hecho”.

La Silla supo que, al trazar esta parte del Plan, Gaviria trabajó en contacto permanente con el equipo negociador en La Habana. De hecho, su consejero para ese capítulo fue Álvaro Balcázar, el ex director de la Unidad de Consolidación que ha sido asesor del Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo en el acuerdo agrario y el de drogas.

Estos son los tres aterrizajes de La Habana que trae el Plan de Desarrollo:

 

Uno de los mayores problemas del campo colombiano es que el Estado no tiene un inventario actualizado con mapas que muestren quién es dueño de cada pedazo de tierra. Por eso uno de los ejes del acuerdo en La Habana sobre el campo es el rediseño completo del catastro rural, que lo saque de su atraso de décadas y lo haga mucho más útil.

Para eso el Plan obliga al Gobierno a crear un catastro multipropósito y le da permiso de asignarle en el presupuesto nacional los 90 a 150 millones de dólares que puede costar, que lo convertirán en una de las licitaciones claves de los siguientes cuatro años.

Se necesita toda esa plata porque implica visitar, uno por uno, unos 4 millones de predios que hay en el país para hacer los levantamientos del terreno, mapear bien cuáles sus linderos y dibujarlo en relieve con un sistema de georreferenciación.

Pero fuera de plata, se necesita también una institucionalidad rural fuerte que hoy no existe.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) maneja hoy el catastro pero solo con un objetivo fiscal: es un avalúo que sirve para cobrar impuestos pero no da cuenta de cuáles son los linderos exactos, para qué se usa el predio o qué servicios públicos tiene. Esa información solo suele estar completa en las ciudades grandes, donde su mantenimiento corre por cuenta de las alcaldías.

El primer efecto de modernizar el catastro está en los impuestos: con los nuevos datos se podría  cobrar un impuesto predial a los verdaderos dueños de la tierra. Eso, a su vez, ayudaría a que la gente no tenga tierra solo para engordarla, sino que la venda o la ponga a producir - algo que no es conveniente para los grandes terratenientes.

Otro efecto de renovar ese 'atlas de la propiedad' es documentar finalmente la propiedad en el campo, donde son muy comunes las diferencias entre lo que dicen el catastro, el registro en las notarías y la vida real (algo que ha potenciado los conflictos por la propiedad de la tierra). Unificar esos datos permitiría dejar atrás los 'registros costumbristas' donde un terreno se describe con frases como “lo que va de la piedra gris a la ceiba”.

Con los predios bien dibujados en ese catastro, son muchas las misiones del Gobierno que se facilitan. Formalizarle las tierras a los campesinos que no tienen títulos -otro punto importante del acuerdo agrario- y restituírsela a los que fueron despojados sería mucho más expedito.

También daría los insumos podría hacer el inventario de quiénes ocupan los baldíos que le pertenecen al Estado, que hoy no existe porque el catastro actual sólo registra a los propietarios, que son quienes pagan impuestos, y no a los ocupantes. Saber qué baldíos no están ocupados y cuáles de los ocupados están en manos de terratenientes (sin derecho a tener tierras de reforma agraria), ayudará a saber cómo nutrir el Fondo de tierras que crea La Habana para el posconflicto.

El nuevo catastro facilitaría el monitoreo de las autoridades ambientales, pues tendría hasta información ambiental (como si pasa un río) y de uso del predio. E incluso haría más sencilla la ejecución de obras de infraestructura, ya que actualmente le toca a los concesionarios hacer los mapas de los predios que tienen que comprar.

 
 

Los acuerdos de La Habana hablan de asegurar que las grandes transformaciones se hagan en las regiones más golpeadas por la guerra y más abandonadas por el Estado, a través de unos 'planes de desarrollo con enfoque territorial' que vinculen a las comunidades en la planeación, ejecución y veeduría de las obras. El Plan de Desarrollo incluye esa misma idea, pero con un nombre distinto.

Crea unos “mecanismos de intervención integral en territorios rurales” que ponen unos criterios básicos para la manera cómo funcionará “la ejecución de los planes operativos (...) construidos de manera participativa y en coordinación con las autoridades departamentales y municipales”. Es decir, pone unas primeras reglas de juego para ese desarrollo de “abajo hacia arriba” del que habla La Habana.

Con esta idea el Plan busca empezar a fortalecer al Estado en lo local, ya que -como ha enseñado la reforma a las regalías- la capacidad que tienen las regiones de estructurar proyectos de inversión es muy bajita. Y es más difícil hacerlo con la participación de las comunidades, como quiere el proceso de paz.

Pero, sobre todo, el Plan obliga por primera vez a los ministerios y al Gobierno a priorizar estas zonas en sus presupuestos, para que se acabe la filosofía -en palabras de una persona del sector- de que “todo sea para lo urbano y lo que sobra para el campo”. Eso obligaría a garantizar que las inversiones sean más rurales.

Esas zonas de “intervención integral” empatan con la idea del proceso de paz de priorizar las regiones más golpeadas. Y coincidirán seguramente -si se llega a firmar un Acuerdo final- con las 'circunscripciones especiales de paz' que crea el acuerdo de participación política y en donde los movimientos sociales podrán elegir, por un período determinado de tiempo, congresistas sin competir con los partidos tradicionales.

El Plan no dice aún cuáles serán esas zonas prioritarias, pero la filosofía del Acuerdo es que algunas de ellas estarán en los lugares de presencia de las Farc, como los Montes de María, el Magdalena Medio o el Catatumbo.

Pero también pueden incluir otras regiones priorizadas por el Gobierno para saldar sus deudas históricas, como el Pacífico (que ya tiene un Plan Pacífico liderado por el ex gobernador chocoano Luis Gilberto Murillo) o San Andrés (que vio nacer un plan similar tras el fallo de La Haya).

 

 
 

Uno de los aspectos más novedosos de los acuerdos negociados hasta ahora con las Farc es la creación de un Fondo de Tierras, para darle a los campesinos de las zonas más pobres del país tierra para trabajar. Precisamente, el Plan de Desarrollo le daría al presidente Santos facultades extraordinarias, por un período de seis meses, para hacer varias reformas cruciales del sector agrario, incluyendo crear la Autoridad Nacional de Tierras que se encargue de manejar ese Fondo.

Hoy el Incoder se ocupa de la política de tierras, pero está desbordado porque tiene demasiadas funciones, unas de desarrollo rural y otras de de tierras. Por eso, muchos expertos en temas rurales vienen insistiendo en la necesidad de reformar y el ministro Aurelio Iragorri ya lo prometió.

El Plan no reforma todo el Incoder, pero sí le da el poder a Santos de quitarles las tareas de tierras -como llevar los procesos agrarios, formalizar los predios de los campesinos, encargarse de las tierras de reforma agraria y titular las tierras de indígenas y afros- a la nueva entidad especializada.

Es decir, la nueva Autoridad tendrá las funciones que hoy tiene el Incoder y que se necesitan para nutrir el Fondo de Tierras. Hoy esos procesos, recuperar los baldíos robados a la Nación o expropiar las tierras de engorde, están estancados.

Además es clave porque, como han demostrado los estudios de la economista y experta en tierras Ana María Ibáñez, una quinta parte de todos los predios rurales del país tienen problemas de titulación y uno de cada dos pequeños campesinos no tiene derechos formales sobre su tierra. Eso significa que la mitad de los campesinos se han quedado marginados de créditos, asistencia técnica y otras inversiones que podrían mejorar su situación. De ahí que la formalización de estos campesinos sea otro de los puntos centrales del acuerdo agrario.

El Gobierno tiene una urgencia: como la mayoría de entidades nuevas se demoran en arrancar a trabajar, como lo muestran las Unidades de Restitución y de Víctimas creadas por Santos, tiene que empezar ya.

La manera más rápida de hacerlo es pedir esas facultades, que le evitan a Santos tener que pasar por el Congreso ya que, para crear una entidad, se necesita una ley.

Es por eso que esas facultades extraordinarias ya encontraron resistencia en la bancada del Centro Democrático en el Congreso, que la votó negativamente en las comisiones económicas y que criticó en los amplios poderes que Santos tuvo en su primer cuatrienio para crear una decena de entidades nuevas.

“Uno no puede girar cheques en blanco en materia de facultades, porque eso le quita funciones al Congreso”, le dijo a La Silla el senador uribista Iván Duque, que lideró el tema dentro de su bancada. “En el documento de las bases del Plan, que es su sustento teórico, no se dice nada, solo que piden tres cosas: una reingeniería institucional del sector, cambiar la política crediticia y establecer los parámetros para la gestión de las tierras. Del primero no se dice una sola palabra de qué está mal o qué se va a cambiar. Del segundo, lo mismo. Y en materia de tierras, está supremamente abierto”.

Eso hizo que el Gobierno ya decidiera quitarle algunos dientes a esas las facultades, como la posibilidad de reformar las leyes sobre adecuación de tierras y de créditos agrarios. Así queda solamente la prioridad de sacar adelante la Autoridad de Tierras.

 

Comentarios (5)

Dorian Gray

13 de Abril

0 Seguidores

El catastro rural es fundamental para que Colombia avance. Increible que don ...+ ver más

El catastro rural es fundamental para que Colombia avance. Increible que don Hernan Echavarria reitero su importancia hace mas de 30 anos y aun no se hace!, Naturalmente, los grandes terratenientes como Alvaro Uribe continuaran con su actividad criminal para impedirlo.

DIDUNDI

14 de Abril

3 Seguidores

Gato describe a Santos y a Furibe con la intención d diferenciarlos y en ulti...+ ver más

Gato describe a Santos y a Furibe con la intención d diferenciarlos y en ultimas termina encontrando q no tienen nada diferente el uno del otro. Ambos se tomaron el estado a su antojo, con la perla dl ungido d atreverse a decir q la constitución no se puede violentar para beneficio d una persona. Mira quien habla.!?

Una cosa es ser sordo, necio, terco, testarudo Y hasta bruto si se quiere, pero de ahí a pretender mostramos al ungido x encima d Santos solo cabe en su cabeza. X lo menos la manipulación d Chuky va encaminada al objetivo primario e imperativo d 60 años; x mi q se tome todo el estado q sea necesario para lograr la firmita aquella. Como ansias d ver la país posconflicto y q el estado demuestre q eran las guerrillas las q no dejaban "progresar" el país.

El estamento le teme ya no al irreversible proceso, es el temor a quedar mal ante la comuiidad internacional cuando se vendió la idea q la guerrilla, nuestro gran Cancer, cuando hoy x hoy la endogamia delictiva es peor.

ceramirezr

14 de Abril

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De acuerdo con ud en que los dos fulanos son iguales de corruptos y mesquinos....+ ver más

De acuerdo con ud en que los dos fulanos son iguales de corruptos y mesquinos... pero no me parece que en el nombre de la "supuesta" paz, se le den poderes a un hombre para que haga reformas a su antojo y conveniencia personal.
Además que hace varios años en este país hay mas muertes y más violencia por la delincuencia común que por la misma guerrilla... así que si se llega a firmar, simplemente se soluciona una parte de la violencia en este país, pero "la paz"... está a décadas aun. Si es que antes no se acaba el mundo y nunca la vemos. jajaja

ceramirezr

14 de Abril

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Me parece muy bien lo de levantar el mapa de la zona rural del país, con prop...+ ver más

Me parece muy bien lo de levantar el mapa de la zona rural del país, con propietaios, linderon etc. Eso es magnífico que lo pudieran hacer, independientemente que sea para el proceso de paz o no, el país lo necesita.
Por otra parte, no es conveniente que le sigan dando poderes especiales a Santos, no es bueno que decisiones tan importantes queden en manos de una sola persona, y menos cuando todo lo que hacen es jugando con el país, diciendo que es nombre de la paz... en nombre de la paz pueden hacer mucho más daño a futuro que la misma guerra y la gente no piensa en eso.

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