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Por Juanita Vélez · 29 de Junio de 2016

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Con el anuncio de la semana pasada en La Habana que muestra que está cerca un Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, Ricardo Sabogal, el director de la Unidad de Restitución de Tierras, la entidad que le devuelve la tierra a las víctimas de despojo, espera que dentro de poco puedan entrar a hacerlo en forma en el sur del país, donde hay más de 13 mil solicitudes en el aire.

Hasta ahora las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras en Putumayo y el sur del Meta han podido sacar adelante muy pocos procesos de restitución.

"Ahí recibimos solicitudes y atendemos los casos hasta donde podamos. Ahora queremos entrar de verdad a zonas complejas y meterle el acelerador a la restitución en regiones que no hemos ni pisado por primera vez.”, explica Sabogal.

“El trabajo está casi que hecho en el norte del país. Nos falta ahora la parte más dura y en la que las Farc tienen mucha responsabilidad, que es el sur”, agrega.

Pero, aunque el anuncio en La Habana abre una puerta para lograrlo, no es tan fácil cruzarla.

Baja el norte, sube el sur

Desde que el gobierno de Juan Manuel Santos creó la Unidad hace cinco años, el trabajo se concentró especialmente en los siete departamentos de la Costa Caribe (Bolívar, Córdoba, Cesar, Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena) por dos razones.

 

La primera es que, con 48 mil solicitudes de restitución, era la región con más casos. En lo que la Unidad entiende como sur (Meta, Guaviare, Huila, Vaupés, Caquetá y Putumayo) hay 13.473 solicitudes de restitución que todavía no se han podido terminar.

En el centro el proceso sí ha avanzado pero no tan rápido como en el Caribe. Por ejemplo, en Antioquia  hay más de 17 mil solicitudes de restitución desde 2011 y a la fecha hay 222 sentencias, y en Bogotá, donde hay gente pidiendo restitución en predios de zonas como Ciudad Bolívar, hay 116 solicitudes. En Cundinamarca hay más de dos mil casos y 21 sentencias. 

“En el centro hemos logrado más avances porque también hay una institucionalidad más fuerte”, dice Sabogal.

Falta ver qué va pasar en otras zonas del sur del país, como el Amazonas -donde hay 20 solicitudes- o Guainía -hay 35-, ya que la Unidad no las contempla en la zona a la que le va a meter la ficha.

El segundo motivo que tuvo la Unidad para arrancar por la costa Caribe fueron las condiciones de seguridad.

Eso es fundamental porque los procesos de restitución tienen que pasar por visitas en el terreno.

Lo que hace la Unidad cuando recibe las solicitudes es ir al terreno para verificar si la persona que la presentó sí es de la zona de la que dice ser desplazada y si de verdad la quitaron su tierra. Si no pasan esa prueba, la Unidad los entiende como falsos reclamantes y le pasa el proceso a la Fiscalía para que los investigue por eso.

Los que pasan siguen el proceso en la Unidad, que primero le pide a quienes ocupan las tierras pruebas de que las tienen de buena fe y luego, hace la anotación del proceso en el folio de registro del predio (algo parecido a lo que se hace con una hipoteca y que significa, en este caso, que la tierra no puede ser transferida legalmente).

En ese punto la Unidad se los lleva a los jueces de restitución, cuando nadie se opone, o a las salas de restitución de los tribuanles, cuando sí hay. Ellos estudian cada caso y dan una sentencia, que es el final de todo el proceso.

Pero para llegar hasta allá la Unidad necesita primero ir al terreno. Y para saber a dónde puede hacerlo, necesita un aval del ministerio de Defensa, que hace un trabajo de inteligencia y habilita a la Unidad para visitar la región.

En el caso del Caribe, con la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006 buena parte de los paramilitares dejaron de hacer presencia, y esos territorios quedaron relativamente seguros.

Por eso, el Ministerio le dio facilmente los permisos a la Unidad que, según sus cifras, ha beneficado con sentencias a más de 22 mil personas y ha restituido al menos 187 mil hectáreas.

En el sur solo ahora les dieron luz verde, y eso que todavía hay zonas minadas, con presencia las Farc o de bandas criminales o sin vías de acceso. O con todas al tiempo.

En esa región ya hicieron la microfocalización (mapearon los municipios para saber en qué zonas específicas de cada uno hay posibles casos de restitución), pero no mucho más.

En las dos oficinas que ya hay no han avanzado mucho más allá de recibir las solicitudes. "Muchas veces nos suspenden las salidas a terreno por problemas de seguridad o recibimos amenazas y la restitución no avanza”, le dijo a La Silla Adriana Bejarano, funcionaria de la Unidad.

Esa lógica empezó a cambiar a mediados de marzo, cuando el presidente Juan Manuel Santos dijo en Florencia que estaban en mora de abrir una oficina en Caquetá, donde hay más de 1.600 solicitudes pendientes.

“Con ese llamado del Presidente nos pusimos las pilas, aunque faltaba un anuncio como el de la semana pasada, porque eso mejora las condiciones de seguridad para ir a terreno. Eso ya nos da luz verde por lo menos para empezar a focalizar y abrir oficinas para empezar”, dice Sabogal.

Sabogal ya empezó a tomar decisiones: cerró las oficinas de Sucre (los procesos se los pasaron a la de Córdoba) y Atlántico (lo poco que queda se fue a la oficina de Magdalena), para trasladar a los funcionarios al Caquetá.

Su idea es que, antes de que termine el año, estén abiertas una oficina en el Huila y otra en Guaviare. Pero cerrar oficinas en el Caribe puede saturar de trabajo a las que queden y demorar los casos que siguen pendientes allá.

En todo caso, abrir oficinas es apenas el inicio, porque llegar a una sentencia de restitución toma tiempo. Cada oficina necesita un equipo de abogados, ingenieros catastrales, topógrafos, antropólogos (si hay comunidades afro o indígenas) y técnicos, y no es tan fácil transplantarlos de un lugar a otro.

Por ejemplo, un ingeniero catastral que ya conoce bien las sabanas de Sucre no necesariamente tiene la experiencia en zonas montañosas como las de Caquetá y Huila, y ese cambio le tomará tiempo.

Además, por ahora hay muy pocos jueces en el sur: de los 50 jueces de restitución del país 18 están en el Caribe, y en el sur solo hay dos en el Meta, departamento que por si solo tiene 5.877 solicitudes de restitución. Los otros cuatro departamentos de la nueva zona priorizada no tienen.

Lo mismo pasa con las salas de restitución de los Tribunales, de tres magistrados cada una, que hoy hay en Antioquia, Bolívar, Casanare, Cundinamarca, Norte de Santander y Valle del Cauca, pero no en los nuevos departamentos del sur.

A eso se suma otro problema que no es menor: para ir a visitar muchas veredas, sobre todo al sur, deben ir con el escuadrón de restitución de tierras de la Policía.

Se trata de un anillo de seguridad que puede llegar a tener hasta 28 hombres por funcionario, en los casos más graves. Además, en las zonas donde hay presencia de grupos armados, hay otro anillo del Ejército. En el Meta, según cuentan en la Unidad, les ha tocado incluso viajar con la Fuerza Aérea.

“La cantidad de plata que se va en hacer esos operativos solo para que los funcionarios constaten datos es inmensa. Por eso al Estado le cuesta más la seguridad que la restitución misma en algunas zonas”, le explicaba Sabogal a La Silla.

Con el anuncio de la semana pasada en Cuba, ese costo debería bajar, pues el Ejército y la Policía no tendrían que desplegar tantos hombres. Pero con eso solo se resolvería uno de los problemas que enfrenta la restitución en el sur del país.

Los retos

Dos investigadoras de Dejusticia, un experto en restitución de tierras y cuatro funcionarios de la Unidad coinciden en que restituir en el sur será, de lejos, uno de los desafíos más grandes del posconflicto, con por lo menos siete retos, tres de ellos muy distintos a los que han enfrentado en el Caribe.

El primero de los retos nuevos es que los segundos ocupantes, que son las personas llegan después del despojo y muchas veces no saben qué había ocurrido allí antes, son muy distintos a los que ya conocen.

Según Sergio Roldán, experto en restitución de tierras, eso se ve mucho en la región. “Es muy común en el sur porque por lo general se trata de territorios donde las Farc han hecho control territorial desde siempre, mucha gente se ha desplazado y en algunos casos la guerrilla reorganizó la tierra entre los que se quedaron”,  explica.

“Eso es lo que algunos también llaman la “reforma agraria de las Farc” porque de alguna manera la guerrilla repobló los territorios en los que hacían presencia y decía quién entraba y quién se tenía que ir”, le dijo a La Silla Laura Gutiérrez, investigadora de restitución de tierras de Dejusticia.

En eso también coincide Aura Bolívar, de Dejusticia y experta en la restitución en el Caribe. “No sé si uno pueda decir que es un patrón como tal, pero mientras en el norte la lógica del despojo fue más de grandes terratenientes acumuladores y concentradores de tierra, en el sur las Farc despojaba a terratenientes para entregarle la tierra a los campesinos. La gran pregunta es qué va a pasar con ellos cuando vengan los reclamantes.”, dice.

Según datos de la Unidad, solo en Florencia 115 familias huyeron por la violencia y más de la mitad declararon que abandonaron propiedad. “Esos son potenciales solicitantes que van a llegar a encontrarse gente que en muchos casos lleva años produciendo la tierra, ¿y ahora la van a desalojar?”, dice Roldán.

“Hay un reto económico enorme detrás y es si el Estado tiene la capacidad para responder a toda esa gente que llegó después y se va quedar en el aire. Y lo otro es que hay casos en donde los solicitantes ya han perdido el vínculo con su tierra y lo que quieren es venderla”, agregó.

Un ejemplo de esos líos es el de La Cristalina, una vereda del municipio de Lejanías, en el Meta, en la que abundan solicitudes de restitución (como ésta) de personas que escaparon de la violencia entre paramilitares y guerrilla y que luego encontraron sus tierras ocupadas por otros campesinos.

Ante eso “la idea no es sacar a la gente, sino buscarles otro espacio para que puedan seguir con su vocación agrícola”, dice Sabogal.

Otro desafío que la fuentes sienten que va a ser diferente es el de la presencia de comunidades afro e indígenas. Aunque la Unidad ya tiene estudios de 61 territorios étnicos al sur del país que dicen dónde están, cuántos se han desplazado y cuales son los más vulnerables, como los Nukak en el Guaviare o los Sikuani al sur del Meta, a diferencia del Caribe que tiene muchos títulos desde la Colonia, el sur fue colonizado hace relativamente poco y tiene muchas zonas pobladas por indígenas que reclaman la propiedad de la tierra.

El tercero es el de la velocidad en la restitución porque si en el Caribe un caso toma más de un año para que se resuelva, en el sur, donde la topografía es mucho más agreste y hay extensas zonas poco pobladas y con comunicación precarias, hacer las visitas de campo tomará más tiempo. Eso retrasará los procesos.

Esa demora puede enredar aún más el tema porque da más margen para que aparezcan segundos reclamantes o que los vecinos cambien y eso hace más difícil conseguir testimonios.

Y el cuarto es que en el sur hay muchos cultivos de coca (según último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito casi el 40 por ciento de todos los cultivos del país están en el Meta, Guaviare, Putumayo y Caquetá) y no se puede devolver tierra con cultivos ilícitos.

Para poderlo hacer tienen quitar primero los cultivos y luego darle al campesino restituido un proyecto productivo alternativo. Eso es algo que tiene que pagar la Unidad de Restitución y según su director: “no tenemos problema de plata.”

A esos retos propios del sur se suman los ya conocidos: la dificultad para identificar las tierras por la falta de un inventario actualizado con mapas del dueño de cada lote, el llamado catastro rural. Y aunque se supone será una de las primeras cosas a implementar del Acuerdo de Desarrollo Rural firmado en La Habana, es algo que mínimo tomará más de un año en hacerse.

Fuera de eso, como también lo contamos, cuando se restituyen tierras que no tienen títulos, el juez ordena en la sentencia al Estado que la formalice y así sea más difícil un nuevo despojo, a la vez que integra a ese campesino a  la vida económica, pues sin títulos no puede pedir créditos para construir mejoras.

Ese trabajo es muy grande, pues según un estudio de la economista y experta en tierras Ana María Ibáñez, uno de cada dos predios rurales en el país no tienen títulos. Y así lo constató hace dos meses La Silla en Uribe, Meta, donde más del 70 por ciento de la tierra no tiene títulos y hay 30 fincas de las Farc, también sin titular y sobre las que hay 307 solicitudes de restitución sin resolver.

El otro reto conocido es el de los falsos reclamantes. “Tenemos casos de gente que dice que perdió un predio y cuando vamos a verificar no encontramos nada en el Igac (el Instituto Geográfico Agustín codazzi, que maneja el catastro rural), y después vamos a donde los supuestos vecinos y tampoco lo conocen”, dice Sabogal.

Ese es el complejo panorama que va pisar la Unidad de Restitución si las Farc y el Ejército cumplen el cese. Algo que en todo caso será apenas el primer paso para arrancar la restitución en serio en los departamentos que han sido la retaguardia de las Farc y donde, hasta ahora, los campesinos despojados han estado más lejos de ver justicia.

Comentarios (2)

julia gutierrez

29 de Junio

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Hay Cartel de restitución, falsas víctimas, abogados negociando, jueces lucr...+ ver más

Hay Cartel de restitución, falsas víctimas, abogados negociando, jueces lucrándose, gobierno sordo, ciego y mudo! A quién le creemos donde todo el mundo se lucra siguiendo ejemplo del Presidente?

DIDUNDI

29 de Junio

3 Seguidores

Julia Julia Juliaaa, el intento d atacar Santos le resulta fallido cuando olvi...+ ver más

Julia Julia Juliaaa, el intento d atacar Santos le resulta fallido cuando olvida q ÈL está aplicando lo q aprendió con Furibe.
Básicamente Julia, lo q se busca es terminar con el conflicto armado, el desangre d los mismos, pero d ahí a q las prácticas corruptas desaparezcan hay mu no trecho; habrán eso si versiones modificadas, lo q el Sr. 3en1 llama, 'sofisticadas".
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Ganancias OCASIONALES.

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