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Por Carlos Hernández Osorio | Juan Esteban Lewin · 28 de Marzo de 2017

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Sin cumplir un año de mandato, los alcaldes de las localidades de Mártires, Wilson  Alberto Díaz Ortiz, y de Teusaquillo, Julián Rodrigo Bernal, renunciaron ayer a sus cargos por orden del alcalde Enrique Peñalosa. Ambos salieron en medio del ruido por posibles anomalías y sus casos ratificaron que persisten las dificultades para poner orden en las alcaldías locales, tradicionalmente foco de denuncias por corrupción.

Al sacarlos, sin embargo, Peñalosa les envía una dura advertencia a los otros 18 alcaldes locales. Esto se conjuga con medidas que tomará pronto para blindar la contratación de los Fondos de Desarrollo Local, que hoy tiene en enredos judiciales a cinco mandatarios de la administración de Gustavo Petro.

¿Por qué los sacaron?

Wilson Díaz es un ingeniero industrial que ya había trabajado en la Alcaldía de Los Mártires durante la administración de Samuel Moreno y hoy es identificado como cuota de Olga Lucía Velásquez, representante a la Cámara liberal por Bogotá y exsecretaria de Gobierno de Moreno, le dijeron a La Silla dos líderes políticos de la localidad y un concejal de ese partido.

Fue gerente de la Unidad Local de Desarrollo Empresarial (ULDE), creada por Moreno para promover pequeñas empresas. Desde allí, según dos de las tres fuentes consultadas, le hizo campaña al Senado a Iván Moreno, el hermano del entonces alcalde mayor.

Anderson Gil, juez de paz de Los Mártires, le precisó a La Silla que trabajó con Díaz en ese entonces y fue testigo de cómo este, desde su cargo, le buscó votos al senador (algo que no pudimos corroborar con otra fuente). “No chantajeaba, pero sí enviaba correos electrónicos en los que pedía ir a reuniones con Iván”, agregó Gil.

En ese gobierno Díaz también trabajó en el Fondo de Vigilancia, hoy en liquidación.

Hace cuatro años fue ternado para ser alcalde de Los Mártires, pero Gustavo Petro no lo designó.

Esta vez lo ternaron los ediles Miller Ruiz (Liberal) y Manuel Collazos (Alianza Verde), y Peñalosa lo escogió.

En ese momento La Silla indagó por la filiación política de Díaz y las fuentes consultadas dijeron que era del concejal Yefer Vega (Cambio Radical) y Horacio José Serpa (Liberal). Sin embargo, hoy lo relacionan más con la representante Velásquez.

 

Aunque Díaz argumentó en un comunicadeo motivos personales para irse, lo hizo justo después de que el domingo Noticias Uno reveló un audio en el que un emisario suyo le pidió a un periodista de ese noticiero que no publicara una denuncia en su contra a cambio de dinero.

La denuncia, hecha por el concejal de Alianza Verde Diego Herrera, se refería a las posibles irregularidades en la contratación de unos imanes con publicidad.

Julián Rodrigo Bernal Balmés, por su parte, que renunció como alcalde local de Teusaquillo, es un politólogo que fue ternado por los ediles Luis Carlos Vargas y Jorge Alejandro Rubio, de Cambio Radical (línea del senador Germán Varón Cotrino) y Carlos José Peláez, de La U.

Lo de esta localidad, a diferencia de lo ocurrido en Mártires, aún no es tan público.

En la Alcaldía Mayor le dijeron a La Silla que había ruido alrededor de Bernal por posibles anomalías (que no precisaron) y ante las advertencias que le hicieron presentó su renuncia para evitar que lo declararan insubsistente.

Martha Triana, edil de esa localidad, explicó por aparte que hace 20 días interpuso una denuncia penal contra la JAL porque sintió cercenado su derecho a hacer control político y presentar proyectos, algo en lo que no solo involucró a la mayoría de sus colegas, sino al alcalde local por considerar que él estaba aliado con ellos.

Ella también habló con la personera Carmen Teresa Castañeda, ante quien interpuso una queja.

La Silla, sin embargo, no pudo comprobar que esa fuera una razón determinante para la salida de Bernal.

Lo que queda claro es que Peñalosa, que en el nivel central trató de rodearse de un gabinete mayoritariamente técnico, a nivel local lidia con las consecuencias de abrirles espacio a los políticos, tal y como lo han hecho antecesores suyos, a pesar de dar muestras de querer tomar medidas para que la situación no se le vuelva insostenible.

El poder local

Este es el primer enredo de alcaldes locales nombrados por Peñalosa que tiene una consecuencia tan drástica.

A su llegada, sacó a cuatro que estaban terminando sus periodos y habían sido nombrados por Petro.

Después de esa mala experiencia, su gobierno le dio bombo a la meritocracia del proceso de selección, en el que incluso se metió Probogotá en aras de darle publicidad y hacerlo más transparente.

Pero al final quedó claro, como lo mostró La Silla con los primeros 12 designados, que en su gran mayoría tiene padrino político, sean concejales o congresistas.

Es lógico porque a pesar de que en una etapa de la selección a los aspirantes les evalúan conocimientos, los ediles de cada JAL son los que eligen la terna para que el alcalde mayor escoja.

El proceso lo lidera la Secretaría de Gobierno, que está en cabeza del exconcejal liberal Miguel Uribe y de la que dependen las alcaldías locales.

En este caso, la mayoría quedó en manos de partidos que hacen parte de la coalición de gobierno de Peñalosa, sobre todo Cambio Radical y Liberal.

Así, aunque el alcalde y su secretario de Gobierno insistieron en la necesidad de que los elegidos fueran “20 gerentes” (una palabra con la que a Peñalosa le interesa que identifiquen su gestión como contraposición a lo político), el poder local en Bogotá sigue en manos de los políticos y es usado como fortín burocrático.

La Silla Cachaca lo mostró en su serie sobre la distribución burocrática de las personerías y contralorías locales, así como de las subdirecciones locales de Integración Social.

La gran mayoría de esos cargos, incluidas las alcaldías locales, tiene padrino político y es la forma como la administración central y los jefes de los organismos de control les dan juego a los concejales que los respaldaron.

Públicamente, de todas formas, Peñalosa les advirtió a los alcaldes locales que el que tuviera la más mínima sospecha se iría. Y van dos.

Los que queden, además, tendrán menos juego en contratación porque el primero de abril tendrán que aplicar unos pliegos tipo para hacer contratos de malla vial, lo que implica que sea más difícil confeccionar los contratos a la medida de determinadas empresas.

La Silla Cachaca supo además que la personera Carmen Teresa Castañeda y el contralor Juan Carlos Granados están haciendo énfasis a la contratación de las localidades, con visitas sorpresa de funcionarios de sus sedes centrales (no de los de las subdirecciones locales).

Así que las dos renuncias pueden ser apenas la primera prueba de un ajuste grande en las localidades.

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