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Por Laura Ardila Arrieta | Tatiana Velásquez Archibold · 02 de Febrero de 2016

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La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, ha dicho que está trabajando para acabar la corrupción en esa entidad. En la transición que propone para hacerlo, varios miles de niños están resultando temporalmente damnificados.

Cristina Plazas y el ICBF llevan meses en el ojo del país. El instituto es fuertemente cuestionado por la dolorosa muerte de menores desnutridos en La Guajira y por las supuestas irregularidades de funcionarios regionales que han venido siendo capturados. Plazas además generó una polémica reciente cuando puso una acción de tutela contra el periodista Gonzalo Guillén, a quien ella señala de estar desinformando sobre su labor y vida personal.

En medio de todo eso, otra situación golpea por estos días a buena parte de los menores atendidos por la entidad y a las madres comunitarias que los cuidan, en departamentos más allá del guajiro.

Sin hogares que atiendan

La Silla Caribe confirmó que en esta región hoy no están funcionando hogares del Bienestar Familiar en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar, La Guajira, Atlántico y Cesar.

La razón es que en esos sitios aún no están listos todos los contratos con los operadores que se encargan de poner a funcionar esos hogares, incluyendo la vinculación laboral de las madres comunitarias, cuando lo normal es que a esta altura del año el servicio ya esté arrancando.

El ICBF ha dicho que garantizará los 12 sueldos del año para las mamás que cuidan a los niños en distintas modalidades de hogar, pero la realidad es que mientras ellas empiezan sus labores muchos menores con familias de escasos recursos están sin quien los atienda, mientras sus padres o parientes trabajan. Sólo en Córdoba el Bienestar presta cuidado a 103 mil pequeños en hogares. Y en el Atlántico hay 65 mil sin atención.

Esta situación, según un exalto funcionario del Instituto que nos habló fuera de micrófonos, tardará entre dos y tres semanas más, debido a que una vez contratados los operadores tienen un periodo de alistamiento para: hacer los contratos de las madres (incluyendo por ejemplo exámenes médicos), preparar los hogares (silletería, arriendos, en algunos casos) y legalizar sus respectivas pólizas de cumplimiento.

La historia es esta:

En el marco de una cruzada contra lo que ella califica como una situación “peor que el narcotráfico”, el año pasado Cristina Plazas anunció cambios en el modelo de contratación para garantizar que solo las mejores fundaciones y asociaciones fueran las escogidas para operar los hogares infantiles en el país. Especialmente, después de las capturas que desde el año pasado viene haciendo la Fiscalía por corrupción en diferentes departamentos.

Ahora los interesados en contratar con el ICBF deben postularse para hacer parte de un banco de oferentes, al que solo clasifican, según esa entidad, aquellos que garanticen mejores condiciones para alimentar y cuidar a los niños.

Después de más de 56 mil supervisiones por parte de la entidad, 750 operadores incumplidos perdieron su posibilidad de contratar la operación de atención a primera infancia, un servicio que mueve 3,2 billones de pesos al año y que es apetecido por políticos además porque implica la relación con miles de potenciales votantes.

En diciembre pasado, el ICBF publicó los resultados: de las más de 4.000 postulaciones solo 2.200 quedaron como elegibles. Y de ellos saldrán los operadores con los que la entidad contratará hasta diciembre. 

El control sobre esa escogencia final, en la que antes estaban muy involucrados los directores de las 33 regionales del Bienestar Familiar, quedó hoy todo centralizado en manos de Cristina Plazas. Tanto que una persona que trabaja en la regional de Bolívar nos dijo: “Aquí vienen todos los días las madres comunitarias a preguntar que cuándo empezarán las labores y el director les contesta que ahora dependemos de la sede nacional”.

Plazas no sólo controla la contratación de los operadores ahora, sino también las decisiones de muchas regionales, luego de haber removido de las sillas principales a fichas de casas políticas. Evidencia de ello es que en Córdoba, Sucre, Bolívar, La Guajira, Magdalena y Cesar tiene directores por encargo que le responden directamente y no se deben a ningún cacique, como tradicionalmente se ha visto.  

Además, nadie en las regionales está autorizado para dar información a la prensa. La única que puede hablar oficialmente es Cristina Plazas.

“Lo que queremos con esto es que los recursos de verdad lleguen a los niños y depurar la lista de operadores”, nos explicó desde la sede de Bogotá una vocera.  

Los políticos con intereses que se han disputado por años el ICBF, no obstante, siguen con poder allí. En San Andrés y en Atlántico los directores en propiedad son simpatizantes de las familias Gallardo y Char, respectivamente. Y varias coordinaciones zonales de Córdoba continúan en manos de grupos como los Pestana (liderados por el parapolítico Pedro Pestana) que tienen influencia en el centro de San Andrés de Sotavento, Tuchín y Chimá.

Situación que no sorprende porque históricamente las seccionales del ICBF les han pertenecido a los caciques regionales. Por ejemplo, hasta antes del año pasado, cuando Plazas designó directores encargados, los titulares en Cesar y Magdalena los ponían la familia Mattos, en cabeza del excandidato a la Cámara Alfonso Mattos, y el excongresista conservador Carlos Nery López, respectivamente.

En La Guajira ha tenido director del Bienestar el grupo Nueva Guajira. En Córdoba, en distintos tiempos el parapolítico Juan Manuel ‘Juancho’ López Cabrales, los ñoños y el exgobernador Alejandro Lyons. Y en Bolívar la senadora Dayra Galvis.

El caso es que como la definición de la contratación se centralizó, una parte se hizo en los tiempos en los que esperaban las madres y las familias de los niños y otra tardó más. Por ejemplo, también pudimos confirmar que en Magdalena y San Andrés sí están funcionando todos los hogares del Bienestar. En Córdoba apenas tienen servicio los que están en la modalidad CDI (Centros de Desarrollo, que son aquellos en los que las madres comunitarias han recibido capacitación y fungen como pedagogas).

Por esas demoras, algunas madres han salido a las calles a exigirle al ICBF celeridad en el proceso y claridad en los nombres de los operadores con los que trabajarán, porque esta es la fecha en la que no los conocen a ciencia cierta. La protesta más reciente ocurrió el lunes pasado en diferentes capitales del país y también ha habido manifestaciones puntuales en Riohacha, Cartagena y Montería.

Una madre que trabaja en Barranquilla le dijo a La Silla que, además, hay malestar entre muchas de ellas porque varios de los nuevos operadores comenzaron a notificarles esta semana que estarán en hogares infantiles distintos a los que tuvieron asignados hasta el año pasado. En muchos casos tendrán que trasladarse a barrios distantes de sus casas o inclusive a municipios cercanos. “Ahora lo que se viene en el Atlántico es un trasteo de madres”, se quejó.

Otra que presta su servicio en Sincelejo desde hace 18 años agregó, por aparte, que tienen mucha expectativa porque se rumora que muchos operadores vendrán de afuera y temen que no conozcan realidades propias de Sucre, como por ejemplo que para llegar a ciertos corregimientos a llevar los alimentos no hay vías adecuadas.

El sindicato de trabajadores de instituciones públicas y privadas dedicadas a la atención de la niñez (Sintrahoincol), que agrupa a unos 50 mil empleados, fue más allá y le metió un tinte político al asunto de los nuevos operadores. Dijo, vía comunicado de prensa, que el nuevo esquema de contratación seguía fallando porque, según ellos, varios de los oferentes escogidos por el ICBF son afines a los partidos Cambio Radical y La U, a los que ha sido cercana Plazas.

Sin embargo, el listado de las fundaciones y asociaciones contratadas por el ICBF todavía no está publicado. La entidad quedó en dárselo hoy miércoles a La Silla Caribe.

Una vocera del Bienestar nos respondió ante esta historia que ya van en el 83 por ciento de contratos listos en todo el país y que en el caso puntual de La Guajira la demora se ha debido a que los operadores wayuu "no han pasado papeles". Creen, prosiguió, que en dos semanas todo estará normalizado. Mientras eso pasa, muchos niños seguirán esperando su hogar comunitario.

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