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Por LaSillaVacia.com · 26 de Febrero de 2016

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Desde la semana pasada, el ICBF comenzó a publicar los contratos que firmó con las organizaciones que administrarán este 2016 los hogares infantiles y centros comunitarios en todo el país. Aunque esa institución cambió el año pasado su modelo de contratación buscando sacar a aquellas que tuvieran relaciones con políticos, no pudo cambiar a varios de los operadores de los resguardos indígenas porque por ley debe concertar con esas comunidades la contratación. Por eso, uno de los actuales contratistas de Córdoba tiene vasos comunicantes con el poderoso parapolítico Pedro el ‘Indio’ Pestana, hoy prófugo de la justicia.

La regional cordobesa del ICBF firmó, entre el 27 y el 30 de enero pasados, tres contratos por 11.800 millones de pesos con el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, para el cuidado y la alimentación de los niños menores de cinco años de los municipios de Chimá, San Andrés de Sotavento y Tuchín.

Esas son las poblaciones del resguardo zenú, en las que el médico Pedro Pestana es amo y señor porque allí ha consolidado su fortín político durante la última década y casi nada se mueve sin su visto bueno.

El primero de esos tres contratos fue firmado el 27 de enero por 2.800 millones de pesos; el segundo, con fecha del 29 de enero, por 5.399 millones de pesos, y el tercero se firmó el 30 de enero, por 3.594 millones.

El representante legal del resguardo es el cacique regional Eder Espitia Estrada, a quien en Córdoba y Sucre lo conocen como un aliado incondicional de Pestana. De hecho, en 2014 Espitia fue noticia porque celebró públicamente que Pestana recuperara la libertad, después de supuestamente haber pagado su condena por parapolítica en una prisión indígena. Sin embargo, la Corte Constitucional determinó en enero pasado que Pestana debe pagar seis años en una cárcel ordinaria por haber sellado una alianza con los paramilitares en 2003.

Por el ICBF firmó los contratos Ligia Mercedes González Forero, quien hasta la semana pasada fue la directora encargada de Córdoba. González renunció sin haber cumplido los cinco meses al frente de la entidad y se convirtió así en la cuarta cabeza en salir de esa regional en menos de un año. Desde que el actual representante Eduardo ‘Joche’ Tous, fórmula del senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, dejó la dirección en 2014, el ICBF de Córdoba no tiene director titular.

Los tres contratos de este año no son los primeros que el  Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú firma con el ICBF. 

En 2012, por ejemplo, el resguardo recibió 5.799 millones de pesos por la prestación del servicio educativo a 3.865 niños en San Andrés de Sotavento y Tuchín.  En 2013, obtuvo otro contrato similar por 5.090 millones de pesos. En 2014, uno por 107 mil millones de pesos, para trabajar por la convivencia y el desarrollo de las familias de la etnia. Y, en diciembre pasado, otro por 188 millones de pesos para promover la protección integral de los niños y adolescentes.

Un vocero del ICBF le explicó a La Silla que por ley los operadores para las comunidades indígenas deben concertarse con los caciques, quienes tienen la última palabra sobre las organizaciones que ingresarán a sus territorios a atender a los niños. De no haber concertación, las autoridades de las etnias no permitirían el ingreso de las entidades escogidas por el ICBF.

En Colombia la autonomía de los pueblos indígenas quedó vigente tras la promulgación de la Ley 21 de 1991, que establece la consulta previa por parte del Estado para todos aquellos asuntos que impacten los territorios de las etnias. Además, por Constitución los caciques son las máximas autoridades en los resguardos, y son con ellos con quienes las entidades estatales deben concertar.  

El médico Pedro Pestana, de camiseta de rayas, es un poder en Córdoba y Sucre porque ha construido un fortín político en el resguardo zenú. En las regionales pasadas fue un jugador clave. En esta fotografía, acompañado por su hermana, la senadora conservadora Yamina Pestana, aparece posando con varios de los candidatos a los que apoyó.

 

Mientras tanto, el prófugo Pestana sigue siendo un súper poderoso de Sucre y Córdoba. Además de tener total relación con el operador del ICBF, es un hombre clave en el sector salud de esos dos departamentos porque es el fundador de la IPS Manexka, que atiende a 250 mil indígenas zenúes. A ese poder económico se suma el político. Tiene la Alcaldía de Tuchín, dos curules en las asambleas de Sucre y Córdoba y una secretaría en la administración del sucreño Édgar Martínez. Además, desde 2014, su hermana Yamina es senadora con el aval conservador.

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