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Por Ana León · 20 de Marzo de 2016

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A la devastación de la explotación del petróleo en las tierras de Barrancabermeja se está sumando el deterioro de las zonas  de protección ambiental de la Ciénaga de San Silvestre, de donde se surten de agua los 300 mil habitantes del municipio.

En los últimos años la necesidad de un relleno sanitario en el conocido puerto petrolero y los intereses de poderosos empresarios ha puesto en riesgo la estabilidad del ecosistema, que hoy está siendo directamente contaminado.

Ambientalistas han encendido las alarmas y a través de batallas judiciales están pidiéndole al Estado que se garantice la protección de las zonas, y solicitando que se revise la actuación de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, entidad encargada de emitir las licencias para intervenir la zona de protección y que ha sido cuestionada porque estaría haciéndole juego a los intereses de los poderosos.

Áreas protegidas vs. rellenos sanitarios

Barrancabermeja tiene áreas protegidas muy importantes: son 38 mil hectáreas que hacen parte del corredor del jaguar y son el hábitat natural del manatí antillano, especies en peligro de extinción. Son ricas en agua y surten el acueducto del municipio a través de la Ciénaga de San silvestre, una de las ocho del municipio.

Sin embargo, desde mediados de los 90 la basura de la ciudad está contaminando esa ciénaga. El relleno La Esmeralda, que empezó a operar en 1997 a un kilómetro del ecosistema, vertía todos sus lixiviados (con mínimos procesos de tratamiento) directamente en el agua.

En 2006 la Corporación Autónoma de Santander, CAS, creó el Distrito Regional de Manejo Integrado de la ‘Ciénaga de San Silvestre’. Y en 2008 ordenó cerrar el relleno.

Sin embargo, en los seis años que han pasado las acciones de la Alcaldía por encontrar un nuevo lugar de disposición de basuras no han sido significativas. Tanto así que La Esmeralda terminó funcionando hasta 2014, porque ante la falta de alternativas los alcaldes declararon emergencias sanitarias para seguirlo usando.

Mientras tanto, en 2009 la petrolera Occidental de Colombia, Oxy, le donó un estudio a la administración municipal en el que establecía tres polígonos (sectores) que serían ideales para construir un nuevo relleno. El problema es que todas estaban dentro de la zona protegida por la CAS.

Aunque el estudio fue bienvenido por el entonces alcalde Carlos Contreras como por la CAS, nunca fue avalado por el Concejo ni incorporado al Plan de Ordenamiento Territorial, POT.

En 2012, cuando una nueva emergencia sanitaria ocupaba los titulares de prensa, la administración de Elkin Bueno Altahona le pidió a la CAS que evaluara las tres opciones que había dado la Oxy y estableciera cuál era la más apta para un relleno sanitario.

El concepto técnico de la CAS determinó que la mejor opción era el área conocida como ‘polígono 100’, sitio que hace parte de la zona de amortiguación de la ciénaga.

Con esa ventana abierta dos empresas privadas iniciaron el proceso de licenciamiento para quedarse con el negocio del relleno.

Los intereses en Anchicayá

Una de las iniciativas fue la del Grupo Rsti, que empezó a buscar una licencia ambiental para hacer un relleno en la finca Anchicayá en marzo de 2013. Seis meses después la CAS se lo otorgó.

El Grupo Rsti está conformado por las empresas Discon, Servicivil e Isoa (empresa de Daniel Patiño Mancilla, exconcejal de Barrancabermeja que fue señalado por el exjefe paramilitar Ernesto Báez, de apoyar a ese grupo armado). Cuatro fuentes políticas y que no están conectadas entre sí le dijeron a La Silla que tienen el padrinazgo de la familia Aguilar.

Ese grupo político tuvo el manejo de la CAS en esos años. Flor María Rangel, directora desde junio de 2012, fue reelegida por el consejo directivo de la CAS en octubre de 2015. Las dos elecciones se dieron mientras el gobernador era Richard Aguilar, quien gracias a ese cargo presidía el consejo directivo. 

La cercanía de Rangel con los Aguilar es pública: en su discurso de posesión de 2012 agradeció por el cargo al exgobernador de Santander Hugo Aguilar, padre de Richard y quien estaba en la cárcel pagando una pena por parapolítica.

Rangel siempre ha negado que existan intereses políticos en la CAS. “Cada acto administrativo tiene el sustento técnico y juridico que soportan las decisiones”, aseguró a La Silla.

Sea como fuera, cuando la CAS otorgó la licencia, se constituyó formalmente el Comité Pro Defensa de la Cuenca Hídrica de la Ciénaga de San Silvestre, una agrupación de ambientalistas y habitantes de las zonas aledañas que primero protestaron contra el proyecto y luego emprendieron acciones legales. Y en eso los acompañó la alcaldía de Bueno, la misma que había logrado el concepto de la CAS para permitir algún relleno.

La comunidad de Patio Bonito (vecina del proyecto) solicitó la revocatoria directa de la licencia a la CAS, la Alcaldía de Barrancabermeja instauró un recurso de reposición contra ella y desde el Comité pro defensa de la ciénaga se entabló una acción popular.

En medio de esa polémica, Richard Aguilar terció a favor del relleno de Rsti con un anuncio que encendió aún más los ánimos pues dijo que las basuras de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga (que también están pasando por una emergencia sanitaria) podrían llegar allá.

Además, la página web de la Gobernación publicó un comunicado de prensa que anunciaba que la Procuraduría, que también estaba investigando la viabilidad de Anchicayá, iba a confirmar que “no existían vicios” en el licenciamiento de ese relleno. Pero ese comunicado solo duró unas horas en línea, y Aguilar dijo vía Twitter que desautorizaba ese pronunciamiento y que desconocía la información de la Procuraduría.

A pesar de ese interés de la Gobernación en Anchicayá, Rsti perdió la batalla. En octubre de 2015 el Tribunal de Cundinamarca le dio la razón al Comité Pro Defensa en una acción popular, con una medida preventiva que frenó el proyecto porque, a juicio del Tribunal, es claro que la ciénaga corría peligro con el relleno. Aunque aún no hay fallo definitivo, es poco probable que el Tribunal se desdiga al decidir, y por eso el proyecto parece enterrado.

La Silla intentó comunicarse con los representantes de las empresas que conforman Rsti y ninguna atendió las llamadas.

El súperpoderoso de Rediba

El otro relleno, en cambio, está vivo y fuerte. Es de propiedad de Rediba, empresa del superpoderoso y controvertido empresario de Santander Reinaldo Bohórquez, de quien el ex jefe para Ernesto Báez dijo que había buscado ese grupo para hacer negocios en Santander en una entrevista con Vanguardia Liberal y quien ha financiado campañas políticas como la del senador Bernabé Celis, de Cambio Radical, según la revista Dinero.

Bohórquez también es accionista de la transportadora Compactar y de Entorno Verde, la empresa que tuvo la licencia para el muy debatido relleno de Bucaramanga - y en la que es socio del actual alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. 

Bohórquez también es dueño de Construvicol, empresa que tiene la concesión del peaje entre Bucaramanga y La Mesa de Los Santos y es una importante contratista de petroleras en todo el país. Entre sus clientes está la Oxy, la misma que le donó el estudio a la Alcaldía de Barrancabermeja con las tres opciones para un relleno en la ciudad.

En 2010, un año después de que el estudio de la Oxy determinara las tres áreas potenciales, Compactar compró el predio Hierbabuena, ubicados en el llamado polígono 100.

Dos años después, en 2012, la CAS decidió que ese polígono era la mejor opción. 

Lo hizo a partir de la recomendación de la contratista Jennifer Aux Suárez, quien había trabajado en Entorno Verde, otra de las empresas de Bohórquez.

Y la misma contratista le dio luego, en 2013, el visto bueno a los estudios técnicos de la empresa de Bohorquez para conseguir la licencia ambiental que le dio la CAS, como consta en el expediente de ese proceso. 

La Silla habló con Aux Suárez, quien aseguró que cuando trabajó en Entorno Verde no tenía conocimiento de que Bohórquez era uno de los accionistas y que cuando llegó el proceso de licenciamiento para Rediba a la Cas -que inicialmente se solicitó a través de Entorno Verde-, su jefe inmediata sabía que ella había trabajado en esa empresa.

En el momento del licenciamiento, el entonces alcalde Elkin Bueno, quien se había opuesto a Anchicayá, guardó silencio. Cuatro fuentes conocedoras de la movida política regional, incluida una de Cambio Radical y otra de la administración Bueno, le dijeron a La Silla que esa diferencia se debe a que Bohórquez habría financiado la campaña a la Cámara de Representantes de Ciro Fernández, cuñado y aliado político del exalcalde.

Esa licencia la obtuvo Rediba tras una primera negativa de la CAS; opera en Hierbabuena desde 2015 pero se ha enfrentado a las denuncias de ambientalistas de que ha generado muerte de peces y la disminución y contaminación de caudales de quebradas. Por eso hay una tutela actualmente en la Corte Constitucional.

Las denuncias tienen el respaldo de la CAS, que suspendió la licencia en diciembre pasado. Rediba sigue funcionando porque no hay otro lugar para disponer las basuras.

La Silla llamó y escribió a Bohórquez a su celular, pero éste nunca respondió.

Con el sol a sus espaldas

La cercanía que tuvieron los dos proyectos de relleno con los poderes locales quedaron atrás. Sobre todo la de Rediba pues el nuevo alcalde, el liberal Darío Echeverri hizo campaña defendiendo la protección de la Ciénaga de San Silvestre y su oposición a los rellenos sanitarios en sus inmediaciones.

Echeverri le dijo a La Silla que su administración va a hacer “todo lo jurídicamente posible” para que se caigan las licencias en el polígono 100 y que, aprovechando que su gobierno debe actualizar el POT va a buscar áreas para crear el relleno diferentes a las del estudio de 2009. Según él, “ellos (Oxy) miraron sitios diferentes a los territorios donde tienen operaciones para, lógicamente, no verse afectados", y por eso hay que buscar en otras zonas.

El proceso de armar el nuevo POT es paralelo al que tiene que hacer la CAS para revisar y actualizar qué zonas se deben proteger en el Distrito Integrado de la Ciénaga de San Silvestre.

Ese otro proceso lo está financiado Ecopetrol, porque “es muy costoso” y la CAS no tiene recursos para adelantarlo. Y eso ha molestado a los ambientalistas quienes no ven con buenos ojos que sea la petrolera, que tiene intereses similares a los de la Oxy, la que maneje ese proceso.

Más porque quienes lo están haciendo fueron los únicos oferentes en el concurso de méritos que organizó Ecopetrol para definir el contratista experto.

Los ambientalistas también han denunciado que ese proceso, que ya lleva casi dos años, no ha sido suficientemente socializado, posición que comparte la administración de Darío Echeverri. No obstante, la CAS asegura que sí ha dado a conocer con toda la comunidad los alcances del Distrito.

El 12 de abril será el último día en que la CAS socialice el documento en Barrancabermeja, y la Silla conoció que funcionarios de la Alcaldía tampoco conocen todos sus alcances.

En todo caso, ese estudio no promete resolver el problema: Barrancabermeja no tiene por ahora donde dejar sus basuras si no es en el relleno de Rediba y hasta que no salga el nuevo POT y se inicien nuevos proyectos, no es claro cómo podría cambiar eso, el problema es que aunque sí tienen donde dejar sus basuras, los 300 mil barranqueños pueden tener en riesgo su agua.

Entre tanto aún no es clara en el país la reglamentación para la protección de estos ecosistemas (cubren el 27% de la extensión del país), que al igual que el de Barranca están en riesgo porque la Nación no ha querido meterle dientes a su conservación debido a que los callos que tocaría al hacerlo serían muchos.

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