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Por Natalia Arenas | Juanita León · 19 de Octubre de 2015

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El sábado por la noche, el gobierno y las Farc anunciaron un acuerdo con medidas para empezar inmediatamente la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de los restos de las personas desaparecidas en razón del conflicto armado y que según el Gobierno podrían ser 45.646 personas .

Este proceso empieza por un compromiso de las Farc y el Gobierno de entregar información sobre personas que hayan ‘dadas como desaparecidas’ con ocasión del conflicto, y de las que ellos tengan conocimiento, al Comité Internacional de la Cruz Roja para iniciar el plan de trabajo para la búsqueda de los desaparecidos. Este trabajo contará además con el apoyo de la Fiscalía y de organizaciones de víctimas y de derechos humanos que también aportarán información.

El acuerdo incluye, además, la creación de una Unidad Especial para la búsqueda de personas desaparecidas, que empezará a funcionar después de que se firme el Acuerdo Final. Esta Unidad dirigirá, coordinará y contribuirá a implementar las acciones humanitarias para buscar y localizar a las personas dadas por desaparecidas que aún estén con vida y en los casos de que hayan fallecido y, cuando sea posible, identificar y entregar dignamente los restos a sus familiares cuando se pueda. Cuando no se pueda, darles la información que consiguieron.

Así, esto es lo bueno, lo revolucionario y lo incierto de ese acuerdo.

Esta no es la primera vez que el Estado colombiano se compromete a buscar a las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado pero sí es la primera vez que crea las condiciones para hacerlo de verdad.

La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas se creó con la ley 589 del 2000 que tipificó por primera vez el delito de desaparición forzada en Colombia, algo que las víctimas de este delito, especialmente la Fundación Asfaddes, estaba reclamando desde 1982.  

Pero solo empezó a operar en teoría hasta el 2007, cuando el Gobierno de Uribe expidió el decreto que reglamentó sus funciones. Su objetivo principal era diseñar e impulsar la política pública de desaparición e implementar planes, programas y proyectos para orientar la búsqueda de los desaparecidos y hacer prevención.

Sin embargo, lo que terminó ocurriendo fue que los altos representantes del Estado que conformaban la Comisión decidieron delegar a subalternos para las reuniones de la Comisión, lo que impidió que ésta tomara efectivamente decisiones para avanzar en la búsqueda de desaparecidos.

Según dos personas que conocen de cerca el trabajo, en estos ocho años, los funcionarios de alto nivel de la Comisión sólo se han reunido dos veces y en ninguna de las dos oportunidades fue el Ministro de Defensa, es decir, ni siquiera así estuvieron completos sus miembros.

“Es un organismo paquidérmico que no toma decisiones. Se creó con toda la buena voluntad pero no tiene fuerza vinculante, no tiene fuerza de policía judicial, no busca. Le faltan muchos dientes y nadie le hace caso”, dice una fuente que conoce de cerca la Comisión pero que por su trabajo no puede revelar su nombre. “La Comisión no ha buscado ni una sola persona”, agregó Andrea Torres Bautista, la abogada de la Fundación Nydia Erika Bautista que se ha dedicado a avanzar en la búsqueda de personas desaparecidas.

Además de la Comisión, la ley creó el Mecanismo de Búsqueda Urgente que se diseñó con un carácter preventivo. Cuando una persona desaparece, cualquier persona puede presentar la solicitud de búsqueda ante cualquier fiscal o juez para que se inicien las labores para evitar la desaparición y encontrar la persona con vida. El mecanismo tiene una activación inmediata y no tiene requisitos de tiempos o de trámites administrativos.

Sin embargo, en la práctica, quien recibe la solicitud no se dedica a buscar necesariamente sino que por un lado, oficia la búsqueda a otras instituciones y por otro, pone un plazo de 72 horas antes de que se dé inicio a la búsqueda lo que aumenta las probabilidades de que sea más difícil encontrar a la persona.

Es decir, hasta ahora, ninguna institución del Estado se encargaba de buscar e identificar a las víctimas de desaparición, víctimas que además mediáticamente siempre han tenido un tratamiento de ‘segunda’ frente a otras como los secuestrados.

Justamente porque eran las víctimas olvidadas, las organizaciones de víctimas y expertos en este crimen aplauden que por primera vez se cree una Unidad con dientes para esto.

Los desaparecidos en Colombia, que son muchos, no han aparecido por dos problemas principalmente: uno de voluntad política y otro de información. El Acuerdo es revolucionario en que apunta a solucionar ambos problemas.

Al problema de voluntad política, porque este acuerdo hace algo que parece obvio pero en realidad no lo es: reconoce que todos los actores del conflicto han cometido desapariciones. Y se comprometen a dar respuesta a las familias de las víctimas sobre su paradero y garantizar el derecho de la verdad y reparación.

Reconoce explícitamente, entonces, que el Estado cometió crímenes de lesa humanidad como es la desaparición forzada.

La resistencia a reconocer que el Ejército, la Policía y otros agentes del Estado como los del Das desaparecieron personas a lo largo del conflicto ha sido tradicionalmente un gran obstáculo para que se hiciera algo por encontrarlos.

Como le dijo Gloria Luz Gómez, la coordinadora de la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes) a Semana, ellos han determinado que en los años 70, 80 y parte de los 90 “los mayores responsables fueron funcionarios o agentes del Estado y luego grupos paramilitares que han actuado con complicidad y tolerancia del mismo Estado. Luego vienen, desde finales de los 90 y lo que ha corrido de este milenio, los grupos insurgentes en menor escala con sectores del narcotráfico. Siempre hemos dicho que hay un mayor responsable por acción directa u omisión: el Estado colombiano”.

Por el lado de la guerrilla, este acuerdo también vuelve visible un delito poco conocido y que las Farc tampoco habían querido reconocer antes: que hay cientos de soldados y militares desaparecidos por las Farc, muchos de ellos cogidos por las Farc cuando estaban de permiso. También decenas de secuestrados que mataron cuando estaban en cautiverio y que la guerrilla lleva años negando.

El problema de los militares y policías desaparecidos ha sido tan sentido en las Fuerzas Militares, que en 2000 siendo Comandante del Ejército el General Mora, publicó tres folletos (en diferentes idiomas) con las fotografías y las historias de los desaparecidos militares, como cuenta su asesor, el capitán de la reserva activa César Castaño, en nuestra red de debate sobre paz en La Silla Llena.

Con la voluntad política de lado y lado, ahora será más fácil abordar el segundo punto que es el de la información.

El principal resultado del Acuerdo será crear un ‘cerebro’ que permita hacer un gran cruce de datos: entre as bases de datos que tiene la Fiscalía y las Fuerzas Militares; las que tienen las víctimas y las ONG que las representan; y las que tenga la guerrilla.

Con base en estos datos, además, la Unidad que se crea tendrá mucha gente en el terreno haciendo entrevistas confidenciales a los pobladores de los sitios donde se sospeche que están los restos de los desaparecidos y elaborando cartografía social para dar con su paradero.

Es decir, se aplicarán las ‘buenas prácticas’ que se han consolidado en sitios como Bosnia y Ruanda para buscarlos, algo que hasta ahora no se ha hecho como lo demostró el ejemplo de la Ley de Justicia y Paz.

“No hubo planeación de cómo buscar a los desaparecidos sino que a partir de las versiones libres y de que las víctimas comenzaron a asistir a las diligencias y a preguntar por sus familiares, eso obligó a dar respuestas. La Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía es reaccionaria: van a dónde les diga el postulado y si él no asiste, se cae la diligencia”, dice una personas que ha investigado el tema de cerca. Es decir, según la fuente, que la búsqueda depende del victimario. “Hay un aprendizaje”.

Además, el hecho de que en el comunicado no se lea la palabra “desaparición forzada” sino que se diga “personas dadas por desaparecidas”, implica, según explicó el Alto Comisionado, Sergio Jaramillo, hoy a varias organizaciones de víctimas que se ampliará el universo de las víctimas desaparecidas.

Entrarán por ejemplo, las víctimas de los agentes del Estado, los mal llamados falsos positivos, los guerrilleros muertos en combate, las desapariciones forzadas, los reclutados ilegalmente y que terminaron muertos y desaparecidos y los secuestrados que aún permanecen en el monte.

El otro punto revolucionario de este acuerdo es que le da un papel protagónico a las víctimas y organizaciones de derechos humanos que llevan más de tres décadas buscando a sus víctimas y exigiendo que se conozca la verdad sobre la desaparición forzada.

Dada la falta de eficacia de los mecanismos estatales de búsqueda que existen hasta ahora, muchas víctimas se han graduado como investigadores empíricos, con el apoyo de organizaciones de justicia y de defensa de derechos humanos.

Por ejemplo, la búsqueda que iniciaron los papás de Oscar Alexander Morales Tejada, el muchacho que fue asesinado en El Copey, Cesar por el Ejército y que quedó en manos de la Justicia Penal Militar a pesar de que la Fiscalía pidió varias veces el caso por considerar que se trató de un ‘falso positivo”.

Los papás de Oscar, como contó La Silla, iniciaron la búsqueda de su cuerpo desde el 2011, con el apoyo de organizaciones internacionales, del Centro de Memoria Histórica y de las Madres de Soacha.

Así, descubrieron que había sido enterrado como NN en el municipio de El Copey en un lote que sirve de botadero del municipio. A pesar de que saben dónde está y que desde el año pasado el caso está finalmente en investigación en la justicia ordinaria, la familia aún no ha podido lograr exhumar el cuerpo del cementerio.

Con este acuerdo, ahora las víctimas y estas organizaciones tendrán un papel activo que les permitirá dar información y construir a partir de su experiencia de búsqueda. Lo mismo pasará con las organizaciones de derechos humanos que han dedicado mucho tiempo para crear estrategias y metodologías de búsqueda, con avances científicos que “podrán aportar mucho al proceso”, según una fuente consultada.

También recibirán información. El acuerdo garantiza que la Unidad especial para la búsqueda de personas desaparecidas tendrá que informar periódicamente e individualmente a las víctimas sobre el avance de las investigaciones en sus casos. Es decir, las víctimas se convierten en parte de la búsqueda.

“Eso implica un componente psicosocial muy fuerte”, dice una de las fuentes consultadas por La Silla. Se refiere a que las víctimas van a estar involucradas en el proceso en lugar de quedarse sentadas esperando una respuesta, algo que es fundamental para hacer el duelo.

Además, el acuerdo tiene un énfasis en la entrega digna de los restos de las víctimas, es decir que pone relevancia al cómo. Es decir, la entrega de los restos no será una imposición del Estado sino que tendrá en cuenta las decisiones de las familias y analizará el contexto particular de cada una para hacer la entrega que más se ajuste a sus necesidades.

Finalmente, ahora no sólo se buscará en fosas comunes sino también en cementerios ilegales, cementerios civiles y militares, lo que permitirá ampliar el rango de búsqueda.

Todo esto con la intención de crear un registro nacional que consolide las cifras del universo de desaparecidos como dice el acuerdo.

El acuerdo tiene dos riesgos. El primero, tiene que ver con la composición de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

Su director será escogido, según el Acuerdo, por el Comité de escogencia de los comisionados para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Ese comité será conformado de común acuerdo entre el Gobierno y las Farc. Y de que se garantice la idoneidad y transparencia del director y su equipo dependerá la credibilidad que tenga lo acordado.  

Varios de los entrevistados por La Silla, en particular gente cercana a las Fuerzas Militares, hicieron referencia al riesgo de que suceda lo que ocurrió con un mecanismo similar en Perú que en su opinión estuvo politizado y sesgado.

El otro riesgo tiene que ver con con la Jurisdicción Especial para la Paz y paradójicamente aumentará en la medida en que la Unidad de Desaparecidos funcione mejor.

El Acuerdo dice que el mecanismo de búsqueda tendrá carácter extrajudicial, lo que permitirá que guerrilleros y agentes del Estado colaboren con información sobre dónde están los restos sin miedo a que los judicialicen por eso.

Pero, el Acuerdo también dice que esto no “inhabilitará” a la Jurisdicción Especial de Paz y otros órganos competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes sobre la base de los informes técnicos forenses como los elementos materiales asociados al cadáver.

Es decir, que por cada cadáver que aparezca podría dar lugar para que se abra un proceso judicial. Si a esto se le agrega que el Acuerdo dice que “la contribución con información a la Unidad podrá ser tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia” los incentivos que tendrán muchos responsables para aportar información y disminuir así sus penas podría llevar a que la Jurisdicción de Paz termine desbordada como Justicia y Paz.

Máxime cuando en ese acuerdo, aún sin concluir, no quedó por ningún lado que se juzgará solo a los máximos responsables. Sino por el contrario, los casos más graves, entre los que entrará la desaparición forzada.

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