Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Juanita León | Andrés Bermúdez Liévano · 21 de Julio de 2014

3742

1

Al final de julio Claudia Jiménez dejará su cargo al frente del gremio de los grandes mineros, un sector que arrancó como consentido del gobierno Santos y que fue perdiendo protagonismo. Fotos: Jorge Morelo
?

Ayer, en su discurso ante el nuevo Congreso y presentando su segundo gobierno, el presidente Juan Manuel Santos no mencionó una sola vez la minería ni citó el código minero entre la reformas claves que impulsará, otra evidencia de que esta industria -que fue una de las 'locomotoras del desarrollo' en su primer cuatrienio- luego desapareció de la agenda política.

Durante tres años, Claudia Jiménez ha sido la cara más visible de las grandes mineras. Como presidenta del Sector de Minería a Gran Escala (Sgme), esta abogada antioqueña asumió la vocería de las 13 mayores empresas de un sector qu se convirtió en una fuente de polarización y tensión social, desde los problemas ambientales y las millonarias sanciones a Drummond hasta los conflictos con las comunidades locales en Santurbán o Tolima.

La Silla conversó con Jiménez, que dejará su cargo este viernes, cuando entre en vigor la fusión de los tres mayores gremios mineros para crear la nueva Asociación Colombiana de Minería.

¿Por qué se va del gremio?

Ya llevo más de tres años al frente del Sector de Minería a Gran Escala, un gremio que no existía, que pusimos a rodar y que posicionamos ante la opinión pública interesada en el sector minero. Eso fue a finales de 2010, un momento muy diferente porque el boom de precios estaba en su máxima expresión y había expectativas de crecimiento de la industria.

Pero las conclusiones de aquel entonces son las mismas de hoy: esta industria tiene un peso económico suficiente, un futuro potencial para marcar el desarrollo del país y suficientes retos como para tener una vocería independiente.

Esa tarea inicial, de contarle al país que hay un actor económico nuevo que quiere hablar y ser escuchado, que puede apalancar parte del desarrollo económico del país, ya la cumplimos. Yo creo que el país, que está acostumbrado a hablar con los cafeteros, los floricultores y los ganaderos, hoy puede -para bien o para mal- hablar con los mineros.

Hace cuatro años la minería era vista como una promesa, pero ese momento político cambió. ¿Hubo un cambio en la percepción política?

Sin duda la realidad política y de percepción de la industria es diferente, pero la económica no necesariamente.

Santos decretó la 'locomotora minera' por las expectativas de crecimiento del sector, que objetivamente tenía y que sigue teniendo más que la mayoría. Eso sí, antes estábamos en un súper boom de precios altos de los commodities y ya empezamos lo que los economistas llaman una destorcida de precios.

¿Hay entonces locomotora? ¿O fueron víctimas de ese optimismo?

Yo sí quisiera saber qué pensaba realmente el Gobierno cuando habló de la locomotora. ¿Estaba consciente de que la locomotora minero-energética son cuatro sectores muy diferentes? ¿Que boom minero no había pero de pronto petrolero sí? ¿Y que la institucionalidad petrolera estaba a la altura para acompañar el sector, pero que la minera [estaba] en ceros?

Poco a poco las cosas se han ido decantando y nos dimos cuenta que minas no es petróleo. Que es un sector más heterogéneo: hay minería legal y formal; a pequeña, mediana y gran escala; informal, artesanal e ilegal. Que poco a poco nos ha ido tomando ventaja la ilegal. Que la formal ha quedado inmersa en escenarios políticos propios de un período electoral. Y que faltó alinear a todo el mundo -del presidente al resto del gabinete, el Congreso, los organismos de control, los alcaldes y concejales- para tomar esa decisión de si el país quiere anclar parte de su desarrollo en la actividad minera.

Dicho esto, las razones por las cuales la minería -en estricto sentido- fue declarada una locomotora siguen siendo válidas.


“La opinión publica es muy exigente: basta una contingencia para que pierda la totalidad de la industria.”– CJ

¿Cuáles son esas razones?

Un gran potencial de crecimiento de sector, primero porque Colombia no conoce aún su potencial geológico. Segundo, porque el manejo macroeconómico del país inspira confianza a nivel internacional. Tercero, porque la seguridad ha ayudado: aun con altibajos, Colombia es más segura que hace 10 o 20 años. Y, cuarto, porque esa institucionalidad, que está en transición, sí se ha venido implementando y dará garantías de un criterio más técnico, que puede acompañar el crecimiento.

Sí han cambiado bastante las condiciones y hubo confusión al inicio cuando se hablaba de locomotora, pero las razones por las que el sector puede apalancar el desarrollo siguen siendo válidas hoy.

A usted le tocó bailar con la más fea y la más rica a la vez. ¿Qué ha sido lo más difícil para la industria?

El debate sobre el aprovechamiento de los recursos naturales es difícil en el mundo entero.

La minería tiene un impacto en el medio ambiente y el entorno innegable, pero tiene la capacidad financiera para prevenir, mitigar y restaurarlo. La solución no es no hacerlo, sino hacerlo bien y las tecnologías hoy nos acompañan. Yo sí creo que se requiere cierta escala para poder neutralizar esos impactos que tiene la industria.

Desde el punto de vista de la industria, lo más difícil es dar buen ejemplo y alinear las empresas en la manera moderna de hacer la minería. El darse cuenta que un proyecto no solo es viable cuando es rentable financieramente, sino si lo es social y ambientalmente. Alinear la mentalidad empresarial de que la mejor manera de ganarnos la confianza es a través de unas buenas prácticas y una autorregulación, basadas en estándares internacionales.

Desde el punto de vista de la opinión, lo más difícil ha sido evidenciar la realidad de la industria porque hay muchos mitos, prejuicios e imprecisiones de buena y mala fe. Luchar contra esa percepción negativa lo pone a uno en una situación de desventaja porque hay que cerrar la brecha entre la realidad y percepción.

El tema del último congreso minero fue cómo ganarse la licencia social. ¿Fue estrategia de relaciones públicas o hay conciencia de su importancia?

Hemos querido plantear de manera proactiva los temas difíciles para la industria y no dejar que nos lo planteen desde esquinas fundamentalistas, que están a priori en contra de la industria. Nosotros mismos tenemos que darle el nivel que queremos a las discusiones difíciles para la industria.

Hay malos ejemplos de dificultad de relacionamiento con las comunidades, pero también hay muy buenos ejemplos, que el país no conoce y que muchos antimineros nunca van a aceptar. Buscamos contar la realidad de la industria -a nivel nacional e internacional- y afrontar -de manera frontal- los temas que son un reto para la industria y, con sinceridad en el diálogo, generar confianza en ella.

¿Esa autocrítica la han hecho al interior de las empresas?

Uno de los grandes cambios en la cultura empresarial extractiva, del país y del mundo, es que la política de casa matriz solía ser mantener un 'low profile' ('bajo perfil'). Hoy en día eso es insostenible: o participamos en el debate de manera honesta y planeada, o nos arman el debate sin nosotros si dejamos ese vacío.

Nosotros no somos la imagen que existe sobre la minería, así tengamos contingencias y hayamos cometido errores. La mayoría de estas empresas son muy responsables, con muy altos estándares de cumplimiento.

 El debate sobre el aprovechamiento de los recursos naturales es difícil en el mundo entero"

¿Qué tanto los golpeó el caso Drummond?

Cuando una industria en su conjunto hace un esfuerzo para alinear unas prácticas, cualquier dificultad de uno de sus miembros penaliza a toda la industria. La opinión publica es muy exigente: cuando uno lo hace bien pasa desapercibido, pero basta una contingencia para que pierda la totalidad de la industria.

Es un grupo de empresas que en su conjunto cumple, que se está esforzando por hacerlo cada vez mejor. Ni siquiera el Gobierno se ha dado cuenta del valor de los compromisos de autorregulación que hemos firmado y espero que, dentro de ese proceso de integración gremial, las otras empresas lo adopten.

¿Todas están en la misma página?

Es algo evolutivo. No es lo mismo funcionar bajo estándares internacionales para una operación cero kilómetros como AngloAmerican que para una empresa -para no utilizar nombres propios- que compró una mina colombiana con un pasivo histórico, técnico y laboral de 40 años.

No es lo mismo implementar buenas prácticas en una mina que lleva 20 años, que tiene su forma de hacer las cosas y a la que le cuesta cambiar, a hacerlo en una operación que apenas va a comenzar.

La minería fue una consentida del gobierno Uribe y muchos de sus altos funcionarios, como usted, hoy están en el sector. ¿Cree que hubo un castigo con Santos?

Esa pregunta hay que hacérsela al Gobierno. Me he caracterizado por ser una técnica rigurosa y nadie puede decir que en alguna de mis gestiones como líder del sector minero ha habido un trasfondo de posición de carácter político. Yo no tuve nada que ver con el sector minero y haber hecho parte de un gobierno no me inhabilita para ser líder independiente.

Ahora, yo no tengo la sensación de que Uribe haya consentido a los mineros. El sector petrolero sí se benefició muchísimo porque hubo un cambio institucional clarísimo: se escindió Ecopetrol, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se instauró el sistema de asignación de bloques y se pusieron reglas de juego claras.

Se aprovechó la oportunidad para montar la institucionalidad que acompañara a la industria petrolera, aunque no de la minera. Y asumo mi responsabilidad como directora de reforma del Estado porque confieso que no estaba en nuestro radar.

Sí hubo una política diferente de confianza inversionista, que fue pilar del gobierno de Uribe porque solos no éramos capaces de traer inversión para crecer. Eso no solo se vio en el sector minero sino en firmas del TLC y en incentivos tributarios para hacer a Colombia atractiva a la inversión internacional. Cuando uno estaba en esa situación tan negativa, tocaba ponerse bonita de alguna manera.

¿Pero hay molestia de Santos con presencia de uribistas en el sector?

Esa toca hacérsela a él.

¿Por qué es importante para ustedes la integración gremial?

Desde que nacimos hemos sido conscientes de la dificultad de la representación gremial en el sector. Hoy hay seis gremios -Asogravas para los materiales de construcción, Fedesmeraldas y Fenalcarbón -que son muy particulares-, pero Asomineros de la Andi, la Cámara Colombiana de Minería y Minería a gran escala estábamos duplicando sus funciones. En muchos casos son las mismas empresas que están multiafiliadas.

Nosotros nos inspiramos en el Consejo Minero chileno, que agrupa a los mineros a gran escala, que puede hacer las cosas con base a estándares internacionales y que quería desmarcarse. Pero desde el día uno la idea era unificarse en algún momento. Es un paso importante, indispensable y tardío.

¿Qué lograron que no había antes?

Primero, visibilizar nuestros aportes económicos y sociales, desde las compras a proveedores nacionales por 6 billones de pesos al año hasta los 350 mil empleos que genera (cuando el Dane decía que eran 50 mil).

Y segundo, posicionar al sector. Hemos abierto espacios que antes no tenía el sector minero, reactivando los acuerdos gobierno-industria que existían para petróleo y gas y creando estándares de autorregulación. Hubo un cambio de mentalidad: pasamos de una industria vergonzante a una que está dispuesta a equilibrar el debate y que es fuente de información confiable.

Muchos no nos han abierto las puertas, como en el Consejo Nacional Gremial. Pero hemos acompañado el desarrollo de la industria y tuvimos un 'imput' en el rediseño institucional del sector.


De mis 13 empresas, seis están en exploración. Y lejos de empezar, con locomotora y todo. Las otras son minas viejas.”– CJ

Aún no ha arrancado ningún nuevo proyecto nuevo en 20 años, pero el sector ya genera mucha polarización. ¿Está la minería en un limbo?

Totalmente. Cualquier industria que quiera crecer necesita una visión de mediano y largo plazo, clara, sin ambigüedades que refleje por lo menos un consenso del Gobierno sobre hacia dónde va el sector. Eso no existe con la minería y el gremio lo viene pidiendo.

Hemos sacado Conpes para la minería ilegal, para agricultura o para infraestructura, pero no hemos podido tener una política para mediano y largo plazo en el país. Se necesita no solo la voluntad de desarrollar una locomotora minera, sino que hay que diseñar institucionalidad y un alineamiento de los que toman decisiones, desde lo nacional hasta lo local. Al final de cuentas, nuestras operaciones están en las zonas rurales del país.

¿En qué vio avances? ¿Y debilidades?

Hubo avances en la creación de un viceministerio de minas y de una Agencia Nacional Minera, en la recogida de las responsabilidades de fiscalización para que queden a nivel nacional o en la focalización del Servicio Geológico para poder conocer el potencial del país.

Hay cuentas pendientes con la institucionalidad ambiental, que ha sido poco oportuna y ambigua. Seguimos sin delimitar el páramo de Santurbán y otros treintena de páramos, seguimos sin reglas claras para saber dónde sí y dónde no minería. Seguimos sin sacar las condiciones de selección para las áreas de reserva estratégica, seguimos sin las mesas de diálogo regional y no tenemos director de orquesta para el diálogo social. Seguimos con reservas forestales temporales mientras se delimitan los ecosistemas del país. Seguimos con un sistema general de regalías que ha creado un malestar tremendo. Todas esas tareas están pendientes.

¿O sea que falta más de lo que se ha hecho?

No bastaba con anunciarla: hay que crear las condiciones para que la industria se desarrolle. De mis 13 empresas, seis están en exploración hace años. Y están lejos de empezar, con locomotora y todo. Las otras son todas minas viejas.

Es decir, ¿están los rieles pero no arranca?

Nos equivocamos en el orden de las cosas: nos concentramos como país en cómo vamos a repartir las regalías y el calculo alegre eran 100 billones de pesos. Se nos olvidó un pequeño detalle: que para distribuir esas regalías primero hay que generarlas.

“Entre 1981 y 2012, el GMH pudo identificar 16.340 acciones de asesinatos selectivos que produjeron 23.154 víctimas. De este total, 8.903 personas fueron asesinadas selectivamente por grupos paramilitares, lo que corresponde al 38,4%; 6.406, es decir el 27,7% de las víctimas fueron asesinadas por grupos armados no identificados; 3.899 o el 16,8% fueron víctimas de las guerrillas; 2.339, correspondientes al 10,1% del total de asesinatos selectivos, los causaron miembros de la Fuerza Pública; 1.511, es decir el 6,5% de las víctimas fueron asesinados por desconocidos, 83 asesinatos, o el 0,4% del total, fueron el resultado de acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública; y finalmente 13 asesinatos fueron perpetrados por otros grupos.”

“Al 31 de marzo del 2013 el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas reportó que 166.069 civiles fueron víctimas fatales del conflicto armado desde 1985 hasta esa fecha. Sin embargo, este balance es parcial debido a que el marco legal solo reconoce a las víctimas a partir del 1 de enero de 1985, lo que excluye a 11.238 víctimas documentadas en la base de datos del Grupo de Memoria Histórica entre 1958 y 1984.
Estas dimensiones del conflicto armado ponen de manifiesto la brecha entre lo conocido y lo ocurrido. Estudios de notable esfuerzo estiman que tres de cada cuatro homicidios han quedado por fuera de las estadísticas”.

“Íbamos por la mitad del río, íbamos bogando con las manos y unos pedazos de palo, y recuerdo que apenas veíamos que cruzaban las balas por encima nosotros, y nosotros les gritábamos: “¡Ay, de por Dios! Nosotros somos civiles, tengan com- pasión...!” Y yo recuerdo que del lado de allá nos gritó uno: “¡Qué civiles, sino paracos es que serán!” ¡Imagínese dudando de uno en medio de toda la balacera y de todo el sufrimiento...! Y ahí íbamos cuando tiraron la pipeta [cilindro de gas], ¡uy!, y yo no sé si cayó en la iglesia o ahí cerca, ¡pero de allá era que salía el humo! Y ahí yo dije: “Acabaron con mi pueblo...! Ay mamá, acabaron con el pueblo...!”
Víctima de la masacre de Bojayá (Chocó)

“Salir sin nada y dejar todas mis cositas, el comedor donde mis hijos se sentaban, que tenían una habitación para cada quién porque ya tenía una casa, ya no tenía el rancho de madera, sino una casa ya hecha con tanto sacrificio y que ya mis hijos se sentían felices, entonces eso lo extraño mucho”
Víctima desplazada de San Carlos (Antioquia)

“Ellos llegaban, se tomaban las casas y la gente se teniía que ir. Quién iba a llegar a decirles nada, ellos armados, quién iba a decir qué”. Si la casa era del gusto de los combatientes, estos desalojaban a dueños y moradores: “Casas que les gustaban, lo iban sacando. A lo que les gustaban, a ellos lo iban sacando”
Víctima de masacre de El Placer (Putumayo)

“Si, por otra parte, la población desplazada fuese concentrada en un asentamiento urbano, este se convertiría en la segunda ciudad más poblada del país después de Bogotá. Para entender la dimensión del desplazamiento forzado bastaría con imaginar el éxodo de todos los habitantes de capitales como Medellín y Cali.

De hecho, las proyecciones de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), para el periodo 1985-1995 estiman que 819.510 personas fueron desplazadas como consecuencia del conflicto armado. Esto sugiere que la cifra de desplazados podría acercarse a las 5.700.000 personas, lo que equivaldría a un 15% del total de la población colombiana.”

“En cuanto a los roles de participación social y política de las víctimas, el GMH pudo documentar el asesinato selectivo de 1.227 líderes comunitarios, 1.495 militantes políticos, 685 sindicalistas y 74 defensores de Derechos Humanos. También se cuentan 1.287 asesinatos de funcionarios públicos y/o autoridades políticas. Entre los militantes políticos asesinados, cinco de cada diez participaban en partidos o movimientos políticos de izquierda. Entre los movimientos y partidos políticos, la Unión Patriótica registró 503 víctimas de asesinato selectivo, seguida del Partido Liberal con 329; el Partido Comunista con 158; el Partido Conservador con 151; y Esperanza, Paz y Libertad con 110.”

“Yo me acuerdo que yo recé por ahí 500 Padre Nuestros y mil Rosarios porque si salían los paramilitares de pronto me mataban, si salía la guerrilla también, y si salía el Ejército también. Entonces me vine, llegué a mi casa, no tenía nada que comer porque la guerrilla no dejaba, los paras no dejaban entrar comida. Me fui para mi finca, me quedé allá, cuando me levanté yo sin saber dónde comer porque yo tenía como catorce o quince años cuando eso. Entonces me levanté, cuando vi que venían yo estaba solo, yo estaba en una selva solo en una selva, ¿cierto?, porque ya toda la gente se había ido ya, prácticamente quedábamos dos o tres personas allá.”
Víctima desplazada de San Carlos (Antioquia)

“Si bien las grandes masacres, los atentados terroristas o los magnicidios fueron los hechos más visibles durante la investigación del GMH, distaron de ser los más frecuentes y los más letales contra la población civil. Los asesinatos selectivos, las desapariciones forzadas, los secuestros y las masacres pequeñas son los hechos que han prevalecido en la violencia del conflicto armado.

 

Estas modalidades configuran una violencia de alta frecuencia y baja intensidad, y hacen parte de las estrategias de invisibilización, ocultamiento o silenciamiento empleadas por los actores armados. De hecho, fueron precisamente estas modalidades que poco trascendieron en el plano nacional, pero que tuvieron un alto impacto en el ámbito local, las que invadieron de manera duradera la cotidianidad de las víctimas.”

“Las masacres pequeñas son más comunes que las grandes masacres, y por lo tanto más representativas de la modalidad. Dichas masacres, junto con prácticas como los asesinatos selectivos, fueron la modalidad más recurrente entre los paramilitares para mantener o construir un orden territorial. En efecto, la mayor parte de las masacres paramilitares documentadas por el GMH registran entre 4 y 6 víctimas (es decir, 880 masacres, que equivalen a un 75,5% del total acopiado para el periodo 1980-2012). Esta manera de operar refuerza la tendencia antes descrita de invisibilización de la violencia.”

“La desaparición forzada entró a conformar los repertorios de violencia de los actores del conflicto armado en la década de 1970. Su hito fundacional es la desaparición de la militante de izquierda Omaira Montoya ocurrida el 9 de septiembre de 1977 en Barranquilla. Este fue el primer caso denunciado formalmente, y el primero por el cual la Procuraduría General de la Nación sancionaría a funcionarios por desaparición forzada.

Con respecto a las desapariciones forzadas existe una notoria precariedad de información sobre los perpetradores. Sin embargo, de acuerdo con las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos y de familiares de desaparecidos, la presunta autoría de estas acciones estaría concentrada en la Fuerza Pública y en los paramilitares.

De los 5.016 casos documentados por las organizaciones mencionadas, se logró establecer al presunto autor en solo 689 casos. De este total, 290 fueron desaparecidos por miembros de la Fuerza Pública, lo que corresponde al 42,1%; 246, lo fueron por grupos paramilitares, lo que equivale al 41,8%; 137 desapariciones, es decir el 19,9%, fueron atribuidas a otros grupos armados; y finalmente 16 o el 2,3% del total fue atribuido a las guerrillas.”

“El siete me madrugué, en el carro que sale a las cinco y media de la mañana, a buscarla y encontré todo revolcado, no había nadie. Esta gente me dijo que no indagara tanto porque o si no me raspaban. Lo único que quería era que me entregaran los huesitos, que me dijeran dónde la habían tirado... Yo me tuve que devolver con las manos vacías porque aquí, en San Carlos, quedaba el resto de la familia.

Adonde me dijeron que había algún pedacito de información, allí fui”

Pastora Mira, líder de víctimas de San Carlos (Antioquia)

“Desde la desaparición de mi hijo mi vida cambió totalmente, porque día tras día lo añoro, todos los días lo espero y con la zozobra de que mi hijo todavía esté vivo y de que en cualquier momento aparezca. A veces me levanto tarde en la noche al baño y me asomo por la ventana con la ilusión de verlo venir. Es muy difícil aceptar la realidad, pero aún más difícil aceptar la incertidumbre de querer saber dónde está mi hijo y saber realmente qué fue lo que hicieron con él, si está vivo o está muerto.

Me pongo a pensar si mi hijo murió qué me le hicieron, cómo me lo mataron o me lo masacraron, cómo serán los sufrimientos de mi hijo. Si lo hubiera encontrado al menos sabría que de verdad lo vi muerto. Pero de esta manera es imposible la tranquilidad, mi corazón se desangra cada vez que lo traigo a la memoria diariamente. Porque todos los días se lo encomiendo a Dios. Sufro la agonía y la tristeza de saber que lo arrebataron injustamente sin tener culpa de nada solo porque iba con el padre como acompañante ese día.”

Víctima de la masacre de Trujillo (Valle)

“Es importante recordar, para que nuestros hijos, nuestros veci- nos y todos los que nos rodeen algún día puedan decir que lo que se vivió aquí no fue algo tan fácil, fue algo muy difícil. Que días nos tocaba salir de nuestras casas, que teniendo propiedad teníamos que abandonar nuestras casas. Pero aquí estamos, fui- mos valientes y resistimos a esos altibajos que hubieron”

Víctima de la masacre de El Tigre (Putumayo)



“De cada diez masacres seis fueron perpetradas por los grupos paramilitares, dos por las guerrillas y una por miembros de la Fuerza Pública.”

“Estás tranquilo en tu casa, llegan y te matan a tus familiares, se los llevan y los torturan, no sabes y no vuelves a saber de nada. ¿A dónde vas? Te vas donde la Policía, que supuestamente es la gestora de mantener el orden público. Llegas allá y te dicen: “vea cállese la boca, porque si no usted también se la pueden llevar”. Una decepción completa.”

Víctima de la masacre de Trujillo (Valle)

“De los 27.023 secuestros reportados entre 1970 y 2010,19 las guerrillas son autoras de 24.482, lo que equivale al 90,6%. Los paramilitares han realizado 2.541 secuestros, correspondientes al 9,4%, mientras que otros grupos armados han secuestrado a 578 personas, con un total del 2,6%. Lo anterior significa que de cada diez secuestros, aproximadamente, las guerrillas son responsables de nueve y los grupos paramilitares de uno.”

“Digamos que estos son los costales donde los empacaban [a las víctimas]. Después de amarrados les llenaban la boca de agua y ahí comenzaban con una motosierra a cortarles todos los miembros del cuerpo. También llegaban y los cogían con unas navajas y les cortaban el cuerpo, los miembros, les echaban ácido y de ahí con uno de fuego [un soplete] les quemaban las heridas.”

Víctima de la masacre de Trujillo (Valle)

“Mataban gente, la enterraban en fosas y a los seis meses la desenterraban y de una iba para la candela. Otras veces abrían los cadáveres, sacaban lo que tenían adentro y cuando estaban secos los picaban y bien picados iban al horno. Con decirle que a esto por acá le decían ‘el matadero’. Nadie abría la boca, nadie decía nada. Imperaba la ley del silencio y del terror.”

Víctima de los paras en Norte de Santander

“Para el periodo comprendido entre 1981 y el 2012, el GMH ha documentado 588 eventos de violencia en los cuales hubo huellas o marcas de sevicia en los cuerpos de 1.530 personas. De la totalidad de los casos de sevicia, 51 433 fueron asesinatos selectivos y 154 masacres.

Entre los casos documentados de sevicia, el GMH ha podido identificar como mecanismos de violencia el degollamiento, el descuartizamiento, la decapitación, la evisceración, la incineración, la castración, el empa- lamiento y las quemaduras con ácidos o sopletes. A la utilización de armas cortopunzantes que han acompañado estas prácticas de crueldad extrema, se sumó el uso de herramientas agrícolas que se erigieron como símbolos del terror: la motosierra y el machete.”

“Sobre el puente del río [Guamuez], nosotros logramos recuperar siete cuerpos. Esos cuerpos estaban abiertos por el tórax. Otros estaban degollados. Lo que nos contaba un muchacho que logró salvarse, era que los paramilitares empezaban a bajar a cada persona de las camionetas y con hachas y cuchillos abrían el estómago. Les enterraban el cuchillo en el estómago, al filo del ombligo, y recorrían con él hasta el cuello, luego los lanzaban al río. Así estaban todos los cadáveres que encontra- mos en el río. No sabemos cuántas personas más echaron al río, por eso decimos “los que viven en el río”. Es incontable saber cuántas personas viven en este río.”

Víctima de la masacre de El Tigre (Putumayo)

“La verdad es que estoy muy triste y desilusionada, como no había estado en años, ni si quiera cuando vi correr la sangre por los canales de la que era mi casa, esta tristeza sumada a cansancio y rabia me lastiman profundamente. La guerra se ha propuesto joderme la vida y no se cansa de hacerlo, estoy harta, ya no tengo 35 años como cuando me desplacé, a veces me pregunto ¿cuál ha sido mi pecado?, ¿cuál ha sido mi error?

Yo me he tenido que enfrentar a un Estado y una sociedad podridos, a un sistema macabro en donde sobrevive el que tiene los medios para someter al resto. [...] no le estamos quitando la tierra a nadie, tenemos derechos, solo queremos que se nos garantice el acceso a esos Derechos”

Testimonio de una mujer en la Costa Caribe

“El Registro Nacional de Desaparecidos reportó, hasta noviembre del 2011, 50.891 casos, de los cuales se presume que 16.907 corresponden a desapariciones forzadas, mientras que el RUV [Unidad de Víctimas] registra 25.007 personas desaparecidas forzosamente como producto del conflicto armado.

Esta elevada magnitud solo puede comprenderse cuando se constata que tal delito rebasa lo ocurrido en las dictaduras militares del cono sur de América Latina: 485 desapariciones forzadas en Paraguay entre 1958 y 1988; 979 en Chile entre 1973 y 1990; 63 y cerca de 9.000 en Argentina durante la dictadura militar entre 1976 y 1983.”

“A los hombres les miraban las manos a ver si eran trabajadores, porque los guerreros tenían que tener las manos ampolladas y todo eso, reventadas. Revisaban los hombros a ver si tenían bien marcados los hombros de cargar los maletines. O si tenían alguna cicatriz les ponían problema porque decían que la guerrilla tenía cicatrices.79

Ahora, a los hombres, ellos cargaban la bomba de fumigar que les hace una seña aquí [señala el hombro] y como a los guerrilleros se les hace una seña por el morral, si lo miraban le quitaban la camisa y miraban, “tiene la seña”, entonces era guerrillero que porque ahí cargaba el fusil y, mentira, había sido la bomba de fumigar.”

Víctimas de la masacre de El Placer (Putumayo)

“Desconfiábamos de toda persona extraña, de cualquier vendedor que llegara allá [al pueblo]. Era una desconfianza tremenda porque quedamos con ese recuerdo, esa memoria de escuchar las ráfagas de metralletas, las granadas, todo eso. Cuarenta y siete personas asesinadas, gente que uno conoció, que compartió con ellos. Entonces, uno pensaba que todo el que llegara allá iba a hacer daño

Y qué tristeza, porque a uno le daba miedo el amigo. Porque uno no sabía si estaba torcido o no. Eso se jodió... Yo todavía le tengo mucho miedo a la gente.”

Víctima de Remedios y Segovia (Antioquia)

“Ella se entregó a ese dolor, ella no hablaba, se quedaba callada o lloraba, tardó mucho tiempo llorando, no salía casi de la casa, a pesar de que yo le insistía que lo hiciera. Mantuvo la ropa de mi papá por mucho tiempo y guardó el luto hasta el día de su muerte.

Se volvió muy taciturna y comenzó a manifestar los achaques del paso del tiempo pero con mayor rapidez e intensidad, se enfermaba más frecuentemente, tuvo úlceras, se volvió algo adicta al tabaco, y esto la llevó a que se manifestara mucho más rápido un cáncer que le generó la muerte”.

Víctima de la masacre de La Rochela (Magdalena)

CONTEXTO

Las historias más vistas en La Silla Vacia