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Por Juanita Vélez · 30 de Junio de 2016

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En algunas partes de Colombia pelear por agua ya es normal.

No solo por las tres millones de personas sin agua potable en el campo sino porque el verano de casi cuatro meses de principios de año mostró que en algunas regiones las peleas por el agua ya arrancaron, en otras están a punto de arrancar y en un lugar más, si no se toman medidas, probablemente se dará.

Éstas son las más visibles:

Ciénaga Grande, Santa Marta

En la zona bananera del Magdalena hay denuncias de peleas a machete entre guardias que cuidan bocatomas de agua en cuatro ríos y pequeños cultivadores de palma y banano. Así lo cuentan, por aparte, tres campesinos que hacen parte de una organización de pequeños productores de banano y que pidieron no ser citados por su seguridad.

Según cuentan, cuando arrancó la sequía a principios de año algunos grandes terratenientes construyeron reservorios de hasta tres hectáreas para almacenar agua de los ríos Frío, Tucurinca, Sevilla y Orihueca.

Alejandro Mazuera, un periodista de CM& que hizo un reportaje sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta hace dos meses, coindice con ellos. “Yo soy testigo. porque lo ví, de cómo ponen sacos de arena en ríos como el Orihueca para desviar el cauce y que el agua se vaya a los reservorios de los grandes hacendados. No es posible que se estén robando los ríos y nadie se de cuenta”, le dijo a La Silla.

“El agua se volvió propiedad privada de los terratenientes de acá”, dice uno de los campesinos. "Aquí el agua, así como la tierra, pasó a ser objeto de monopolización”, explica otro, que pidió no ser citado por miedo a amenazas.

Agrega que durante febrero y marzo, en pleno verano, decenas de pequeños productores de banano no pudieron regar sus cultivos, y por eso pasaron de sacar 40 cajas por hectárea a 22.

“Nos desesperamos y tratamos de ir a las bocatomas de los ríos a sacar agua, pero ellos tienen celadores armados cuidándolas y nos ha tocado pelearnos a machete con ellos para que nos den un poco de agua para regar nuestros cultivos” dice uno de ellos. “Algunos de esos cuidadores son de la familia Díaz Granados”, agregó.

“Esos grupos de seguridad que crearon ya no dejan que el agua llegue a La Candelaria, un corregimiento entre río Frío y la Ciénaga”, dice otro miembro de una organización bananera que también pidió no ser citado.

Los Díazgranados son ampliamente conocidos en la zona porque algunos de los miembros del clan tienen un gran poder político y son unos de los grandes hacendados de la región. Como muestra este documento de Corpamag del 2015, varios Diazgranados manejan fincas dedicadas a la exportación de banano.

La Silla intentó hablar con uno de ellos, Fabio Díazgranados, quien es representante legal de las fincas Raquelita, Macondo, Esmeralda y Milady. Según dos campesinos de la región, esas son unas de las fincas que construyeron reservorios de agua desviada de los ríos. Díazgranados nunca nos contestó.

Uno de los campesinos cuenta que le han hecho llegar las denuncias a Corpamag, la autoridad ambiental de la región que, como hemos contado en dos historias, es una entidad politizada en la que manda el representante de La U Eduardo Díazgranados y cuyo director es desde octubre Carlos Francisco Díazgranados, primo hermano del congresista.

La Silla buscó al subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag Alfredo Martínez durante tres semanas pero primero nos dijo que buscáramos a la jefe de prensa de la entidad y,cuando ella tramitó el permiso para hablar con él, lo buscamos y no respondió.

San Martin, Cesar

Desde hace un año se viene cocinando una verdadera guerra por el agua en el sur del Cesar, donde ya se secaron 13 de las 50 ciénagas que había.

En mayo de 2015, como contó Verdad Abierta, dos mil campesinos denunciaron que se tuvieron que desplazar porque no tenían agua para vivir, un efecto de que ganaderos y palmicultores han ido secando las ciénagas.

El problema viene desde hace unos quince años, cuando varios hacendados abrieron canales artificiales para tener agua para sus cultivos de palma o el pastaje de búfalos, o construyeron murallas metálicas en las ciénagas para secar una parte y quedarse con las nuevas tierras.

El caso más conocido es el de Terraplén, un corregimiento de San Martín que queda en el complejo cenagoso del río Lebrija. Allí viven unas 450 familias de pescadores y campesinos, casi todos agrupados en la asociación de pescadores Agropet.

Desde hace más de diez años están de pelea con terratenientes de la zona que, según ellos, han cambiado el curso del río para “ganar tierra para la ganadería y el cultivo de palma". “Ellos han destruido delante de nuestros ojos las ciénagas de acá”, dice un activista de San Martín que pidió no ser citado.

Dos miembros de la comunidad de Terraplén presentaron denuncias ante la personería municipal y el Incoder en febrero de 2009 (veala aquí) y en marzo de 2014 (veala aquí) y dicen que gente desconocida los ha amenazado y les han enviado panfletos como estos.

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"Eso nos llegó cuando iniciamos el proceso de acompañamiento con las comunidades porque las estaban desalojando, pero no sabemos quién lo hizo”, nos dijo un activista ambiental de la región que nos pidió no ser citado y acompañó a los denunciantes.

Por esos hechos Corpocesar, la autoridad ambiental de la zona, le abrió investigaciones a seis terratenientes, de los que los más conocidos allá son el ex concejal Alirio Díaz y el empresario Álvaro Escobar Saavedra, cabeza de la empresa de servicios petroleros Ismocol y quien ha sido presidente de Asocebú

“Todos están siendo investigados por hacer obras sobre humedales comunales que son propiedad del Estado." le explicó a La Silla Kaleb Villalobos, director de esa CAR.

Dos personas con las que habló La Silla dicen que Alirio Díaz ha construido murallas y diques en la ciénaga La Torcoroma. Por ellas “todas las familias de Terraplén nos quedamos sin agua y sin áreas de pesca”, dice uno de ellos. Ahora viven de la siembra de ahuyama, tomate y plátano.

En ese caso, Corpocesar le remitió el caso a la Fiscalía General al comprobar que estaba construyendo murallas para sedimentar la ciénaga. Los demás casos están en investigación.

Pero igual el problema sigue vivo.

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“Las resoluciones de Corpocesar para que los hacendados tumben las murallas están, pero no se han hecho las demoliciones”, afirma Gloria Hernández, secretaria de gobierno de San Martín.

Por eso y porque Terraplén es apenas una muestra del enorme lío por el agua, Hernández le contó a La Silla que la alcaldía citó a una reunión el 23 de julio con Corpocesar, la Agencia Nacional de Tierras, la Oficina de Paz Territorial del Cesar, la Unidad de Víctimas, el Ejército, la Policía y Alirio Díaz. “Queremos ver qué podemos hacer para salvar las ciénagas que quedan”, dice.

 

Comentarios (8)

Alvaro Andrés C...

30 de Junio

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30 de Junio

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Santiago Briceño

30 de Junio

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30 de Junio

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Acá están algunos que no quieren la paz, son grandes terratenientes, que se han aprovechado de tener fuerza paramilitar, fuerza política y claro dinero con que comprar a los Entes territoriales y más que todo a las grandes Corporaciones, la injusticia de lo "justo"

Robin Hood

30 de Junio

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ceramirezr

30 de Junio

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Ténganse de donde sabemos todos, porque esto apenas es el comienzo, este año ya lo vamos y lo estamos superando, porque vienen las lluvias. Pero 2017 y sobre todo 2018 se incrementarán las sequias y por ende las muertes y abusos de los poderosos de este país (terratenientes).

aguayaseo

01 de Julio

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José Urrea

12 de Julio

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Muy cerca de los Montes de María también se está gestando una 'guerra' por la conservación del recurso hídrico, ante el retraso de la declaratoria de reserva natural de cerca de 200 hectáreas de la hacienda Songó, expropiada al narcotráfico. La comunidad de San Joaquín en Mahates, está pidiendo acciones de la autoridad ambiental para que se cuide la reserva y evitar su deforestación.

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