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Por Juan Esteban Lewin · 06 de Septiembre de 2014

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La salida del país de Sandra Morelli es el punto más alto de una pelea con el fiscal Eduardo Montealegre, que empezó hace más de dos años y que terminó con acusaciones encontradas. Aunque el enfrentamiento empezó por un choque de trenes sobre quién tiene función de investigar a quién y luego escaló por el caso Saludcoop, hoy lo que hay es una audiencia penal aplazada para que la Fiscalía le impute cinco cargos a la ex contralora por el cambio de sede de la Contraloría (todos por el delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales).

Tras entregar su cargo y salir del país, Morelli envió la semana pasada una carta pública desde Italia (país del que tiene la nacionalidad) explicando por qué no se presentaría ante la justicia.

La Silla revisó qué de lo que afirmaba se sustentaba en la realidad y encontró que la mayoría de las afirmaciones que eran verificables son mentiras o exageraciones. La carta de la ex Contralora tampoco logra desvirtuar las acusaciones que le está haciendo la Fiscalía y al hablar de ellas se refiere a temas distintos, por los cuales no la van a imputar. Una porción sustantiva de su comunicado cuenta sobre supuestas escenas sociales del fiscal Montealegre y su vicefiscal Perdomo que parecerían escandalosas pero acerca de las cuales ella no aporta ninguna evidencia de que en realidad hayan sucedido; la Silla no las pudo verificar.

Haga clic en los párrafos de la carta para ver su verificación.
 
La carta
Verificación
 

“Sandra Morelli se permite informar que en 4 años los beneficios del control y vigilancia fiscal realizados fueron de más de 32 billones de pesos contando el valor inicial de las concesiones revertidas, sistematizándose todas las funciones misionales de la entidad, se fallaron más de 1.268 procesos de responsabilidad fiscal y se creó y puso en marcha la oralidad.

Los campesinos, las negritudes, los indígenas, los desplazados, las víctimas de desastres, exigieron y exigen la presencia de la Contraloría como única entidad garante para el cumplimiento de compromisos y respeto a sus derechos.

En orden a su misión institucional y al ejercicio del Control Fiscal, la Contraloría General de la República, determinó una defraudación sistemática y abismal al Sistema de Seguridad Social en Salud, identificando y sancionando a personas con vínculos personales y económicos con el señor Fiscal General de la Nación.

Pese a la utilización de mecanismos legítimos como denuncias, acciones de tutela e incidentes de recusación, éstas no prosperaronen tanto que el señor Fiscal General, activó centenares de acciones para examinar desde una óptica criminal, la gestión de la Contraloría General de la República, abriendo un sin número de indagaciones preliminares y logrando para su propio beneficio, que los Magistrados Malo Fernández, Salazar Otero y Luis Guillermo Guerrero, declararan un fuero integral, inexistente por demás en la Constitución Política de Colombia, que le permitiera al Señor Fiscal General y a Saludcoop despilfarrar billones del erario público en extrañas adquisiciones, contrataciones y nombramientos tendientes a cooptar sectores políticos, económicos y comunicadores.

Incluso es de conocimiento, que en su propia casa el Señor Fiscal General en alto grado de alicoramiento, brindaba por la forma magistral en que venía aniquilando y opacando a la señora Contralora General de la República y al Procurador General de la Nación, sin ahorrar adjetivos soeces y altas voces de triunfo. Que de la misma manera, se ufanaba en público de que el señor Presidente de la República le debía el triunfo de la reelección, situación que lo hacía "todopoderoso"

Que a la señora Contralora General, se le montaría un carrusel de delitos, entre los que se contarían la celebración indebida de contratos, el enriquecimiento ilícito en favor de terceros, prevaricato, extralimitación de funciones y otros, que justificaran la prisión intramural y la consecuente entrega de su hijo menor al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Que en reiteradas oportunidades el señor Vicefiscal General de la Nación, Dr. Jorge Fernando Perdomo Torres y el empresario Alberto Ríos, manifestaron a voz populi y a través de expresiones injuriosas, que a la Señora Contralora y a su pequeño hijo se les daría su merecido.

Tan aberrantes y despóticas resultaban y resultan dichas intenciones, que incluso se consideró por parte del ente acusador, realizar peritazgo psiquiátrico con el que se pudiera soportar privarla de la patria potestad de su menor hijo.

Ahora bien, que en relación con el Contrato de Arrendamiento de la Sede la Contraloría General de la República, Edificio Gran Estación II, la suscrita quien fungió como Contralora General de la República se permite aclarar:

1. El Contrato de Arriendo se celebró en forma directa, al tenor de lo que indican las normas de que trata la Ley 1150 de 2007.

2. Permanecer en la sede anterior, esto es, en la Torre Colseguros y Edificio Crisanto Luque, imponía de conformidad con las normas de la OIT:

• Garantizar seguridad del cuadrante, considerando el sector como uno de los más peligrosos de la ciudad.

• Lograr la descontaminación del aire que supera estándares así:

• Invertir cifras, como las que erogaron entidades como el Banco Cafetero o Bancolombia, por citar apenas dos ejemplos, ello sin considerar, el tiempo empleado.

• Tal como lo dictaminaron "Jardine Lloyd Thompson: Valencia & lragorri Corredor de Seguros (marzo de 2009)"; "ARP Sura (Febrero de 2011)"; "Pirocontrol (marzo de 2011)"; "Organización de Rescate Humbolt (Abril 2011)", entre otras, existían condiciones riesgosas que soportaron el traslado de la CGR a la nueva sede y que tenían que ver entre otras cosas, por tratarse de edificios construidos bajo normas y conceptos caducos que no respetaban además las actuales normas sobre sismo resistencia, teniendo espacio insuficiente, geometría inadecuada, dispersión del recurso humano y tecnológico y bajas condiciones de salubridad dados los conductos de aire o sistemas de respiración, entre otras variantes.
La antigua sede no respetaba la necesidad de espacio por metro cuadrado que refieren las normas internacionales sobre trabajo, de hecho el espacio por funcionario no sólo era la tercera parte del exigido, sino que era menester encontrar sede para 600 personas, sin contar la planta adicional de regalías de 200 más, que carecían literalmente de un puesto de trabajo.
Aún de adecuarse la antigua sede, no sólo se invertirían cuantiosos recursos, habría que seguir pagando arriendo por las áreas de la plataforma de la Torre, sino que casi la mitad de las personas continuarían sin un puesto de trabajo, aclarando además que la inversión en áreas comunes debía ser asumida por la Contraloría General de la República en su totalidad pues la propiedad condominial (coopropietarios) no planeaba financiar el 47% que le habría correspondido.
Aunado a lo anterior, por tratarse de un edificio de interés arquitectónico y cultural, no era posible alterar la fachada, de manera tal que no se podían adecuar escaleras externas para evacuación, entre un sin número más de pormenores que hicieron no sólo necesario sino justificable el cambio de sede de la CGR, en tanto los funcionarios requerían de espacios dignos de trabajo.

3. Valga aclarar, que el inmueble adquirido para arrendamiento, esto es, el Edificio Gran Estación II, estuvo dos meses antes de ser ocupado en su totalidad, disponible para adecuaciones y ocupación parcial, motivo por el que canceló el debido alquiler como ha pasado y viene pasando en un sinnúmero de casos de la administración pública.

4. Que el inmueble se encuentre en un proceso de extinción de dominio, es una circunstancia que no fue señalada, publicada o mencionada por la Fiscalía General de la Nación, a lo sumo de manera oficial.

5. En relación con lo anterior, sea menester aclarar que el contrato de arrendamiento de la sede Gran Estación II, si bien se suscribió con la sociedad mercantil PROYECTOS Y DESARROLLOS I S.A. siendo su representante legal el señor Rafael Augusto Salazar López, como beneficiarios de los inmuebles dados en arriendo, la propiedad de los mismos estuvo y está en entidades del sistema financiero como el Banco de Occidente, Leasing de Occidente, Fiduciaria de Occidente y Fiduciaria Central.

6. Las citadas entidades han estado y están vigiladas por la Superintendencia Financiera y son responsables de llevar un sistema de prevención y vigilancia del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SARLAFT), que supone está en comunicación en línea con la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), como titulares de los derechos patrimoniales sobre las oficinas donde hoy funciona la Contraloría General de la República, en relación, sea menester precisar que los predios sobre los cuales se construyó el centro comercial Gran Estación, han estado desde el año de 1997, bajo la supervisión de entidades financieras.

7. Finalmente, en lo que respecta a la obstrucción a la justicia, considero que el Proceso Penal sigue su curso, por lo que se espera que la Defensoría designe un apoderado de oficio, como quiera que quien había fungido como apoderado de confianza de la suscrita, ha renunciado a mi defensa e informado a la Fiscalía General de la Nación de mi salida del País.

Semanas atrás, se me advirtió del alto riesgo que corría de detención intramural pese a mi condición de madre cabeza de familia, que de darse una medida de seguridad se retirarían las medidas de protección existentes a mi señora madre y familia en general, por lo que quedaría por cuenta del INPEC, motivo por el que consideré conveniente salir del País, a lo sumo hasta tanto considere que realmente se está dando respeto a mis garantías procesales y a mis derechos fundamentales y a los de mi hijo menor de edad.

No es mi intención evadir la justicia, por el contrario, considero que mis acciones encuentran el debido soporte que a la postre saldrá a relucir, no obstante, tal como lo he sostenido en las últimas fechas, consideró que las investigaciones que cursan en la Fiscalía General de la Nación, carecen del respeto a mi derecho de defensa, debido proceso, presunción de inocencia y derecho de contradicción y están viciadas por completo de objetividad e imparcialidad.

Sigo haciendo uso de las herramientas legales existentes, esperando que la verdad se sobreponga sobre el cúmulo de farsas que se tejieron en torno a mi gestión como Contralora General de la República.

Roma, septiembre 2 del 2014”.

No es claro a qué se refiere Morelli con los “beneficios del control y vigilancia fiscal”. Según su Informe de gestión la cuantía de las actuaciones fiscales de seguimiento y control fue de 24,2 billones de pesos, ocho billones menos de los que señala acá Morelli. En todo caso, ese monto no es de dinero recuperado, aunque son mucho mejores que los 5,3 billones que logró en ese mismo período la Contraloría de Julio César Turbay.

De los 24,2 billones, 15,5 billones vienen de controles de advertencia. Esto quiere decir que es dinero que posiblemente se habría podido perder si la Contraloría no hubiera advertido que había un problema, aunque no hay certeza de ello. El control de advertencia más grande y que está incluida en esa cifra fue el de recordarle a Planeación Nacional que con el cambio del sistema de regalías se podían demorar proyectos ya aprobados por 1,97 billones de pesos. Otros 7,7 billones corresponden a procesos de auditorías, pero que tampoco hay certeza total de que se hubieran perdido si la Contraloría no las hubiera adelantado. Por ejemplo, de ellos 1,3 billones se deben a que desde 2007 la Agencia Nacional de Hidrocarburos se apropiaba de un dinero que para la Contraloría debía girarse a los departamentos y municipios por regalías - es decir, dinero que igual tenía el Estado. Y 630 mil millones que sí son de recuperaciones y resarcimiento - pero de los que tres cuartas partes son del proceso Saludcoop. Sin ese caso, la cifra de dinero recuperado por la Contraloría de Morelli sería de menos de 160 mil millones de pesos.

Efectivamente en hechos como los paros agrarios algunos movimientos o grupos sociales pidieron la presencia de la Contraloría. Pero está muy lejos de ser cierto que fuera la única entidad a la que llamaban como garante: suelen pedir la presencia de múltiples instituciones como la Iglesia y la Procuraduría, y la más demandada es la Defensoría del Pueblo que, por ejemplo, fue a la que convocó la Onic para hacerle vigilancia al paro de 2013. De hecho, las funciones de la Contraloría (asegurarse de que el dinero público se maneje bien) son las más distantes de los reclamos sociales.

Morelli seguramente hace referencia al caso que fue el principal motivo de su pelea con Montealegre: Saludcoop. Después de casi dos años de investigaciones, en noviembre de 2013 la Contraloría sancionó a 15 personas y tres entidades (incluyendo esa EPS) por un total de 1,4 billones de pesos por haber usado recursos del sistema de salud para otros fines, desde pagar honorarios hasta arrendamientos.

Montealegre fue asesor jurídico de Saludcoop con contratos de montos muy altos (casi dos mil millones), y probablemente a eso se refiere Morelli cuando habla de “personas con vínculos (...) económicos”. En cuanto a los vínculos personales, Montealegre era amigo personal de Carlos Palacino, la cabeza de Saludcoop.

Morelli efectivamente denunció a Montealegre ante la Comisión de Asucaciones porque, según ella, siendo Fiscal mantuvo un contrato por 950 millones de pesos como asesor de Saludcoop. Esa denuncia no ha avanzado porque Montealegre pudo desvirtuar la prueba de Morelli: la entonces contralora tenía certificados contables de Saludcoop que mostraban pagos a Montealegre en 2012 pero éste logró que la Superintendencia de Salud, que tiene intervenida a la EPS, certificara que esos datos venían de un error humano y mostró documentos que certificaban que había cedido ese contrato a Camilo Vela antes de asumir como Fiscal.

Ya frente a la investigación penal contra ella por el cambio de sede de la Contraloría, primero recusó al vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, quien lleva el caso, pero éste no aceptó la recusación. Ante eso, Morelli interpuso una tutela alegando que Perdomo se debía haber recusado y que la Fiscalía le violaba su derecho al debido proceso por haber emitido un comunicado de prensa que contaba detalles de la imputación en su contra. Pero anunciar las imputaciones es una práctica usual de la Fiscalía (como se ve en este caso del cartel de la contratación de Bogotá; éste de delitos electorales en marzo; o éste del mal manejo de bienes de Estupefacientes)

La Silla estableció la existencia de solo dos indagaciones contra Morelli, una por el cambio de sede y otra por una circular interna que aparentemente prohibió contratar personas que estaban cerca de pensionarse. Si existen más indagaciones como afirma la ex Contralora, la Silla no encontró más casos y ella no aporta ninguna prueba que respalde su afirmación.

Una de las peleas entre Morelli y Montealegre era su pretensión de investigar al Fiscal y la posición de Montealegre de que el Fiscal General tiene un fuero en materia fiscal, que impide que lo investigue la Contraloría.

En julio de 2013 Morelli le abrió una investigación a Montealegre por haberse demorado en entregar un informe de gestión, a lo que Montealegre se opuso mediante una tutela que llegó a la Sala Penal de la Corte Suprema. Allí los magistrados Malo y Salazar le dieron la razón a Montealegre en septiembre de 2013 y decidieron que el Fiscal General sí tiene fuero integral.

Esa tutela luego llegó a la Corte Constitucional, que la seleccionó para revisarla en noviembre. La ponencia le tocó al magistrado Guerrero, quien suspendió los términos en febrero para poder estudiar mejor el proceso, algo que Morelli criticó en junio pasado en una carta http://www.contraloriagen.gov.co/documents/10136/183026335/Solicitud-de-... en la que escribió que “no hay explicación alguna para que no haya pronunciamiento del doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez salvo el querer ganar tiempo para que se acabe el periodo de la Contralora y reine la impunidad”. Es decir, ni Guerrero ni la Corte han dicho que el Fiscal General tenga fuero integral, como lo afirma la ex Contralora en su carta.

Morelli mezcla la responsabilidad, demostrada por ella aunque no penalmente, de Palacino, con una eventual de Montealegre que nadie ha probado, en el manejo de Saludcoop. E incluso si se prueba, no tiene mucho sentido la acusación de la Contralora de que el fuero integral del Fiscal General (cuya declaración Montealegre logró con su tutela en 2013) le hubiera permitido “despilfarrar”, pues dicho despilfarro se habría dado antes de 2011, cuando Saludcoop fue intervenida.

No pudimos comprobar esta versión de Morelli porque ella no aporta ningún indicio de que esto fuera cierto.

Una vez más, es una acusación muy difícil de comprobar. Por ahora los hechos muestran que la Fiscalía le va a imputar cargos por uno solo de esos delitos, y que desde agosto la Fiscalía señaló que no iba a pedir su detención preventiva. Incluso si fuera detenida, sería muy inusual que el proceso incluyera quitarle el hijo, situación que solo se da en casos excepcionales. Morelli no demuestra por qué en su caso sí sucedería eso, máxime cuando la Fiscalía había anunciado que ni siquiera la iba a detener.

Es cierto que el empresario Alberto Ríos Velilla es amigo íntimo de Germán Vargas Lleras y que también fue cliente de Montealegre. Pero Morelli no aporta ninguna prueba que respalde sus acusaciones.

Una vez más la ex contralora se refiere a hechos que La Silla no pudo verificar. Sin embargo es cierto que een teoría una valoración psiquiátrica puede llevar a perder la patria potestad de un menor, pero también lo es que la decisión sobre la patria potestad no la toma la Fiscalía sino un juez de familia.

Morelli se refiere a dos decisiones que tomó como Contralora y que están relacionados: la venta de la sede vieja de la Contraloría (el edificio Crisanto Luque y la mitad de los pisos de la Torre Colseguros) y el arriendo de la nueva sede. Lo que no dice Morelli es que por esos hechos la AUditoría encontró unos problemas que podían sumar 74 mil millones de pesos. La Auditoría encontró que Morelli vendió esos inmuebles por 12 mil millones de pesos pero que menos de un año después fueron avaluados por el Instituto Agustín Codazzi en más de 34 mil millones de pesos, lo que querría decir que Morelli habría dejado perder más de 22 mil millones de pesos de la Contraloría. Además, en esa venta recibió varias ofertas pero prefirió la de Central de Inversiones S.A. (Cisa) sin tener en cuentas otras dos propuestas que recibió, y tampoco hizo los estudios para saber si era mejor negocio vender y conseguir una nueva sede o remoderlar las sedes viejas. Encima Cisa, que es una entidad pública, inició esté año un proceso para vender esos mismos inmuebles y recibió tres ofertas para comprarlos por más de 27 mil millones de pesos, lo que demuestra que el precio al que vendió Morelli sí era muy bajo. Para la AuUditoría esas diferencias de valor, sumada a que la Contraloría no estudió a fondo otras alternativas, crean un problema que peude ser penal y del que, por lo tanto, informó a la Fiscalía. Lo mismo ocurre con el otro negocio, el contrato de arrendamiento: la Contraloría inicialmente decidió arrendar las oficias de Gran Estación mientras revisaba qué hacer con la sede vieja, pero para la Auditpría no hizo los trámites necesarios y, además, había arrendado antes de saber si iba a vender (caso en el cual debía haber salido a buscar una sede para comrpar desde el rpincipio. Esto es más grave para la Audotría por los montos del arrendamiento: la Contraloría pagó más de 47 mil millones de pesos en arriendos, el triple de lo que recibió por vender su sede vieja.

Morelli tiene razón en que la Ley 1150 permite que se contrate directamente el arrendamiento o la compra de inmuebles. Ese punto, sin embargo, no ha sido motivo de investigación ni es uno de los cargos que le imputará la Fiscalía.

La Contralora se refiere a las normas de la Organización Internacional de Trabajo sobre seguridad e higiene http://ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour... , a pesar de que al revisar en el sitio web de la OIT, Colombia no ha ratificado los convenios que se aplicarían (el convenio sobre seguridad y salud de los trabaadores de 1981 y su protocolo de 2002; el convenio sobre la higiene en comercio y oficinas de 1964; y el convenio sobre medio ambiente de trabajo de 1977)

No es cierto que haya que garantizar la seguridad de los cuadrantes donde estén todas las oficinas o todas las oficinas públicas. En parte porque no es claro qué significa “garantizar la seguridad”; en parte porque de lo contrario serían cientos las oficinas públicas y privadas que deberían mudarse de barrios con situaciones de seguridad difícil.

Efectivamente seguir en la sede anterior podría haber requerido inversiones. Lo que Morelli no explica es cuáles habrían sido esas inversiones, precisamente porque la Contraloría no hizo estudios para determinarlo y comparar esa alternativa con la venta y el arriendo de una nueva sede, que es uno de los cargos que le va a imputar la Fiscalía.

Estos argumentos van contra de dos de los cinco cargos que le imputa la Fiscalía, que dice 1) que Morelli no hizo los estudios para saber si la sede vieja tenía fallas estructurales que impidieran usarlos y 2) que los estudios que cita la ex contralora no tienen capacidad técnica para hacer un diagnóstico estructural y en ninguno de ellos se sugirió el cambio de sede. Pero Morelli no va al corazón de ellos: aunque enumera una serie de falencias de la sede anterior, ni muestra que sí haya hecho estudios sobre fallas estructurales ni que no se necesitaran. Tampoco explica cuál es la capacidad técnica del corredor de seguros, la ARP, la empresa de ingeniería contra incendios o la organización de rescate ni si ellos sugirieron cambiar de sede.

La Fiscalía no incluyó entre los cargos imputados el haber pagado dos meses de alquiler sin ocupación total, que es lo que Morelli justifica.

Efectivamente, la Fiscalía no ha señalado oficialmente ese factor en el caso contra Morelli. De hecho, solo hace dos semanas, con motivo de que el Gobieron estaría pensando comprar el edificio para dejar allí a la Contraloría, contó que hay un proceso de extinción de dominio andando.

Morelli hace referencia a las noticias de prensa de que detrás del inmueble podría estar Alberto Aroch Mugrabi, una persona investigada por sus conexiones con los Guberek Grimberg, incluidos en la Lista Clinton como lavadores. Los cargos que va a imputar la Fiscalía no tienen que ver con ese hecho sino con la forma de decidir arrendar esas oficinas y por el precio exhorbitante de arriendo que paga la Contraloría versus aquel por el que vendió el edificio, muy por debajo de los precios de mercado.

Todo esto es cierto, pero no incide en los cargos de la Fiscalía contra Morelli.

Efectivamente su defensor, el penalista Juan Carlos Prías, renunció ante la salida de Morelli del país. Lo que no dice Morelli es que Prías, según dijo éste a la prensa, no sabía de la decisión y la cuestionó. También es cierto que la Defensoría le designó un abogado de oficio, José Ledesma.

Morelli no explica quién le advirtió del presunto riesgo de terminar detenida en una cárcel.

Morelli reitera su posición de que no tiene garantáis en la Fiscalía, que efectivamente lleva defendiendo desde hace semanas y que se concretó, por ejemplo, en su recusación al Vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Sin embargo, la ex contralora no muestra por qué esa presunta animadversión podría traducirse en decisiones en su cotnra pro un juez penal, pues la Fiscalía no tendría la potestad de tomar más decisiones en su cotnra que imputarle cargos y pedir a un juez que tomara alguna medida preventiva cotnra ella, pero la decisión final estaría en manos de éste y no de Motnealegre o de Perdomo.

La carta cierra con una expresión emocional que no es verificable.

 

Comentarios (18)

judaro

07 de Septiembre

0 Seguidores

No es la cosa pública sino "la cosa nostra". ¿cómo pudo llegar esta señora...+ ver más

No es la cosa pública sino "la cosa nostra". ¿cómo pudo llegar esta señora, que escribe como adolescente caprichosa, a ocupar un cargo tan alto e importante? Arriverdersi ragazza!, lograste huir, igual que el "tecnócrata joven y preparado" Andrés F Arias. Y pensar que hay tanto abogado honesto bajo tierra... Después dicen que es solamente por las FARC que no arranca este país. Pero llega alguien que no quiera robar y quiera trabajar y proponer soluciones y de inmediato comienza Laura Ardila Arrieta a picotearlo (que lo haga Arizmendi vaya y venga, él "vive de eso", pero que lo hagan aquí sí que me decepciona).

juan manuel rodríguez. c.

07 de Septiembre

1 Seguidores

Si toda una ex-Contralora General de la República debe aprovechar la nacional...+ ver más

Si toda una ex-Contralora General de la República debe aprovechar la nacionalidad que tiene en otro país, qué pasará o que está ocurriendo y qué sucedió con miles, sino millones de campesinos, humildes trabajadores y ciudadanos del común eufemisticamente clasificados en los estratos más bajos ?
Dónde está la justicia, cuál justicia de la Fiscalía; tantas atrocidades que se cometen en las regiones y contínuos y sistemáticos desfalcos a la Administración Pública, por qué no actúa la Fiscalía diligentemente cómo extrañamente hace en este caso ?
Cae mal que el Señor Fiscal General de la Nación después de estar en SALUDCOOP e igualmente al tiempo que crea un enrarecido ambiente de participación indebida en política a propósito de la reelección y de las conversaciones en Cuba, eche a brillar un supuesta irregularidad a la que le da carácter penal.
En este país como que la regla general debe ser acoplarse a los intereses corruptos más perversos y a los más obstinados objetivos criminales.

Ema Pantoja

07 de Septiembre

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Al primer párrafo debo aclarar porque conozco el caso, que los 1,3 billones d...+ ver más

Al primer párrafo debo aclarar porque conozco el caso, que los 1,3 billones de que se habla que se apropio la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no es exacto. Lo que pasaba era que no había un mecanismo aprobado legalmente para entregar ese dinero a las regiones ya que no era claro si era de la Nación o de las regiones. El Gobierno emitió dos decretos con la reforma a las regalías y dijo que era 50% para las regiones y 50% para la Nación. La plata que estaba en TES rindiendo con buenos intereses se entregó como se estableció en dichos decretos con rendimientos. No se perdió un peso. Este caso fue investigado por la Procuraduría a fondo y terminó absolviendo totalmente a Armando Zamora, director de la ANH para la época, de toda responsabilidad y archivando el proceso

FFV

07 de Septiembre

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Hombre siquiera le dan un espaldarazo mediático al Fiscal! Lo cierto es que l...+ ver más

Hombre siquiera le dan un espaldarazo mediático al Fiscal! Lo cierto es que la revista Semana no puede sola. Me conmueve la solidaridad de gremio.

DIDUNDI

07 de Septiembre

3 Seguidores

Esto no es una carta, es un completo tratado a la desfachatez n la q altos fun...+ ver más

Esto no es una carta, es un completo tratado a la desfachatez n la q altos funcionarios del estado han caído, atendiendo la Furi-fiebre impuesta, la mala educación q nos dejó los 8 años dl ‘’mejor gobierno’’ x el colombiano + ilustre, incluso x encima d Gabo según la Cabal.

La Morrelli como muchos otros y con el beneplácito dl mismo gobierno- q se hace d la vista ciega x accion y/u omisión-, no ha hecho más echar mano d las herramientas q el mismo estado le provee a los funcionarios d alto rango.

Poder delinquir y eludir las leyes y la justicia, dar tiempo a q se vuelen para quedar dando patadas d ahogados, permitiendo esto antes q salga a la luz pública más involucrados d alto perfil n el momento q son necesarios x conveniencia dl gobierno d turno, es la norma-MODA.

El combo d los funcionarios VOLADORES aumenta, y + d uno debe estar preparando el terreno x si acaso, buscando EL PAIS ALACAHUETE, hasta vínculos maritales cuando los apellidos sonoramente raros no favorezcan.

Ana

07 de Septiembre

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Yo creo que la Contralora, tiene toda la razón al salir del país. El Fiscal ...+ ver más

Yo creo que la Contralora, tiene toda la razón al salir del país. El Fiscal es un personaje muy peligroso que no está a la altura de su cargo, y quien a la fecha, después de cuatro años, no ha hecho nada por ejecutar a Saludcoop, debido a lo denunciado por la Contralora, su relación de asesor con esa entidad, aún en ejercicio. ES posible que por el miedo, haya exagerado, pero eso no le quita la razón de su actuación.

Juan C. Hernandez

07 de Septiembre

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¿Cuantos kilos de mermelada entraron a la Silla por este publireportaje de su...+ ver más

¿Cuantos kilos de mermelada entraron a la Silla por este publireportaje de su santidad el (anti-)fiscal Montealegre?

Juan Esteban Lewin

07 de Septiembre

326 Seguidores

Juan C.: Acá en La Silla los comentarios son para debatir, no para insultar s...+ ver más

Juan C.: Acá en La Silla los comentarios son para debatir, no para insultar sin argumentos.

Juanita León

07 de Septiembre

826 Seguidores

Juan C. Nos limitamos a establecer para cada afirmación de la Contralora los ...+ ver más

Juan C. Nos limitamos a establecer para cada afirmación de la Contralora los hechos del caso. Explícanos dónde está el publireportaje. La Silla ha sido bastante crítica de la obsesión mediática del fiscal y de su alineación permanente con Santos, como lo muestra este artículo http://lasillavacia.com/historia/esta-el-fiscal-haciendole-barra-santos-47323

Me parece válido y constructivo que estés en desacuerdo con un artículo. Pero acusarnos de recibir 'mermelada' no solo dice más de tí que de nosotros sino que no enriquece la discusión. Entonces, explica qué te parece que no está fundamentado.

Kakumen

08 de Septiembre

0 Seguidores

¿Y cúal, de los conocidos hackers, será el responsable de este perfil agres...+ ver más

¿Y cúal, de los conocidos hackers, será el responsable de este perfil agresivo y uribista?

Farrokh Bulsara

08 de Septiembre

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No entiendo la molestia de LSV por el comentario de Juan Hernandez. La mermela...+ ver más

No entiendo la molestia de LSV por el comentario de Juan Hernandez. La mermelada esta en los medios y la fiscalia tiene un tarro generoso, o si no preguntenle a Natalia Springer.No seria de extrañar que algun analista o blogger de LSV preste servicios de asesoria en temas de pa$ a diferentes entes gubernamentales, por aquello de SoyCapa$.

Juan Esteban Lewin

08 de Septiembre

326 Seguidores

Farrokh:

El comentario no tiene ningún argumento, no se refiere al...+ ver más

Farrokh:

El comentario no tiene ningún argumento, no se refiere al asunto de la nota (la carta de la ex contralora y sus argumentos) ni muestra ningún sustento apra decir que la nota es un publireportaje. 

Kakumen

08 de Septiembre

0 Seguidores

¿Por qué será que para algunos es tan fácil insultar y tan dificil dialoga...+ ver más

¿Por qué será que para algunos es tan fácil insultar y tan dificil dialogar? Esta sociedad no ha podido avanzar más por personas como el señor Juan C. Hernández, para quien todo se limita a la mermelada, persecuciones fantasiosas y demás. Gustenos o no, en esta oportunidad, como en otras, LSV muestra una posición crítica y sustentada para refutar algunas afirmaciones de la señora excontralora. Lo ideal sería que los inconformes expresaran su desacuerdo con argumentos, mostrando elementos diferentes, con rigor. pero no. Es mucho pedir. Para ellos lo fácil es salir a decir que hay mermelada, que son guerrilleros, santistas, chavistas, etc, sin más pruebas. Creen, en serio, que la verdad revelada está en boca de unos pocos y que por eso sus dichos deberían ser suficientes para que todos obedezcamos. lejos estamos de una verdadera reconciliación cuando ni siquiera un espacio como este, libre y voluntario, es respetado por los intolerantes.

elopita60

08 de Septiembre

0 Seguidores

No sé por qué los entes de control dejan siempre la posibilidad de volarse y...+ ver más

No sé por qué los entes de control dejan siempre la posibilidad de volarse y evadir la justicia a los delincuentes de cuello blanco, urge una reforma total a la justicia ya los colombianos no creemos en ella, pero nos cuesta billones tal burocracia, se convirtió en componendas políticas y pago de favores políticos, la justicia debería ser el ente estatal más respetado y de mayor credibilidad

Henry Castro Gerardino

09 de Septiembre

140 Seguidores

No me fue posible acceder a la línea de Verificación haciendo clic en los p...+ ver más

No me fue posible acceder a la línea de Verificación haciendo clic en los párrafos y por lo mismo no tengo información básica. Pero he seguido el tema y la lectura de la carta muestra a una persona desesperada, con argumentos deleznables, sin pruebas y que bien pudieran publicarse en revistas de farándula. Lo siento porque creía que era una mujer mejor preparada. Superar a Turbay no era difícil. Bastaba realizar el trabajo normal, no hacer politiquería barata y no gastar los recursos del Estado desaforadamente. Cualquier funcionario mediocre pero honrado lo habría realizado. Las razones para salir del edificio viejo podrían aceptarse, pero salir a pagar ese canon, es un insulto a los pobres del país, a los desempleados, a los de la tercera edad, a los niños, es fin, a los más necesitados. Lo del Fiscal es caso aparte. Hemos sido de malas con esta figura y luego de Osorio creíamos que no habría un pillo de mayor talla y nos equivocamos.

PIICIEM

09 de Septiembre

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Este tipo de ruidos extranos son normales cuando de politica se habla y del qu...+ ver más

Este tipo de ruidos extranos son normales cuando de politica se habla y del que hace parte la industria Mediatica sin importar tendencias partidistas. SU FUNCION precisamente es la de mantener y/o alimentar el sectarismo y la violencia que corre por las venas de nuestro pueblo con posiciones controvertidas frente a las obras de teatro de los mejores actores, los politicos. LO UNICO real es que los Colombianos enfrentamos una corrupcion institusionalizada que resulta en la mejor escuela del mundo para delincuentes. Es muy poco y/o casi NADA lo que se puede CONSTRUIR CON BASURA y lamentablemente es la que abunda en los comentarios y posicion de quienes opinan en este y en casi todo Articulo. SI ESE ES EL ARTE DE LA POLITICA DEFENDIDO POR LA LIBERTAD de expresion PREFIERO CONVERTIRME EN PRISIONERO.

Arturo Cova

09 de Septiembre

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Nos defraudó la Contralora; algunos creímos hasta el final, que había sido una luchadora honesta -y por esto heróica en Colombia- y que mostraba como grandes logros el dinero recuperado de las manos de la corrupción. Pero, parece insinuar en su discurso "que nos demos por bien servidos, que bastantes billones recuperó y que sus gastos millonarios y excesivos son una migaja bien merecida". Además, su ataque al fiscal es enfermizo, sin desconocer que este rival es de tono subido, bastante protagónico, muy metido en la política, bastante parcial y quizá un eficiente evasor de su parte de culpa en los millonarios gastos de Saludcoop en su favor. Bien, igual de grosero, temerario y prepotente. Que país el que nos toca con estos personajes, grotescos, que lo que hacen con la mano lo borran con las patas. La ida de Morelli la deja como una fugiticva que, ahora, esgrime argumentos poco creibles, bastante pasionales y emotivos, poniendo a su hijo y a su madre como escudos. No le creo

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