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Por Ángela Hurtado · 21 de Noviembre de 2016

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Después de cuatro años en interinidad, el ICBF del Chocó está próximo a definir a su director en propiedad. La decisión se tomó luego de una pelea que ganaron, amparados por los jueces, los candidatos de un concurso que se hizo en 2012 y que perdió la dirección nacional del Icbf, hoy en cabeza de Cristina Plazas, que quería arrebatarle esa oficina a los políticos.

La terna, según supo La Silla Pacífico, ya está sobre el escritorio del gobernador del departamento Carlos Alberto Palacios. Aunque por ahora los tres candidatos no tienen un padrino político velando por su suerte, ellos están esperando que se ratifique un solo nombre para “caerle”, según contó un político del departamento y una fuente del ICBF nacional.

El eterno concurso

Los nombres de los tres finalistas del concurso han estado en remojo desde el 2012, cuando el entonces director nacional del ICBF, Diego Molano (hoy concejal de Bogotá por el Centro Democrático) abrió el concurso de méritos para reemplazar a César Lozano Díaz que renunció en febrero de ese año.  

Meses después La W informó que habían varias denuncias de corrupción sobre todo relacionadas a la contratación del Icbf. Por ejemplo, un estudio que costó 750 millones de pesos para la construcción de la casa del menor infractor que se iba a edificar en un lote que tendría varios dueños.

Una vez abierto el concurso de méritos, 28 candidatos se presentaron al proceso que por ley incluye un examen de capacidades técnicas y una entrevista. Luego, el Icbf nacional elige los tres mejores candidatos que pasan a integrar una terna que define el gobernador.

Aunque los candidatos no tengan padrino al momento de presentarse, cuando ya está la terna, los políticos los buscan para darles su respaldo a cambio de que si ganan, les den representación en la entidad. Es decir, la elección tiene un alto contenido político.

Por ejemplo, entre el 2004 y 2008, según dos fuentes consultadas por aparte por La Silla, el ICBF estaba en manos del grupo político del ex gobernador de Chocó y exalcalde de Quibdó, Patrocinio Sánchez Montes de Oca. Este cacique y sus hermanos habían dominado la política local y enfrentado líos legales en sus cargos. Patrocinio pagó una pena de 18 meses de cárcel por malversar los dineros de la salud cuando era alcalde.

Por esas razones, “Molano decidió tomar medidas drásticas para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y evitar que los directores regionales fueran rehenes de los poderes políticos locales”, registró en ese entonces La W. Según el exdirector, Sucre y Chocó eran los casos más críticos.

Un ingrediente adicional que se sumó a las denuncias por corrupción fue que en el concurso de méritos del Chocó, todos, incluidos los tres finalistas, obtuvieron calificaciones flojas, incluso por debajo de los concursantes de otras regionales, según le dijo a La Silla una fuente que trabajaba en el ICBF en esa época. 

Entonces, aunque el exdirector le había dado inicio al concurso de méritos, decidió postergarlo. “Ante las denuncias decidimos dejar el puesto en encargo mientras revisabamos y hacíamos una investigación a fondo para saber qué estaba pasando en Chocó”, le dijo Molano a La SIlla. 

La primera encargada fue Nigeria Rentería, actual defensora delegada para los derechos de las comunidades étnicas y ex candidata a la gobernación del Chocó el año pasado. Ella venía de trabajar como asesora de despacho de Molano y desde que llegó, se puso al frente a las investigaciones que buscaban malos manejos de la nómina y en la contratación de operadores. También tenía el reto de mejorar los índices de desempeño de la entidad que eran pésimos.

Estaba en eso cuando la enviaron una amenaza de muerte que la obligó a renunciar al cargo. En su reemplazo, Molano encargó a una ex directora de otra oficina regional, en un intento por no dejar el Icbf en manos de los políticos de la región mientras averiguaban quiénes tenían que ver con las denuncias que se estaban investigando.

Así comenzó la lista de encargados de la oficina que suma siete directores encargados en cuatro años.

La estrategia de sacar a los políticos no siempre tuvo resultado. Por ejemplo, uno de los encargados, Jhon Arley Murillo, que llegó al cargo en 2013, salió en 2014, y al mismo tiempo dirigió la oficina del Icbf de Valle del Cauca. Él ha sido mencionado como cuota política de la actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

Murillo afirma que recibió la regional Chocó en el puesto 32 de las 33 del país y que encontró un grupo desmotivado por la alta rotación de directores. “No tuve ni sentí ninguna presión política durante mi trabajo en Chocó”, dijo, pero tres fuentes confirman la incidencia de la gobernadora del Valle en su gestión.

Luego llegó Cristina Plazas a la dirección nacional del Icbf, con una publicitada bandera de limpiar las regionales. Por eso, decidió mantener la de Chocó en interinidad y seguir aplazando el concurso.

Así que removió a Murillo y le encargó la entidad a Francia Elena López, que venía de ser la directora de la regional Caldas. López duró un año en el cargo a pesar de que también fue víctima de amenazas, según le contó a La Silla una fuente del Icbf nacional.

El ‘tatequieto’ a los aplazamientos del concurso desde 2012 llegó a finales del año pasado, cuando la Procuraduría obligó a Cristina Plazas a continuar con la fase que faltaba, las entrevistas. Ella entrevistó a los mejores puntuados y publicó los resultados el 16 de diciembre.

Sin embargo, siguió nombrando encargados. En junio de este año nombró a Mabel Torres, una chocoana que venía de la investigación académica y tiene doctorado en Ciencias Biológicas. Según la fuente del ICBF nacional, tenía un “alto perfil y era independiente”.

Torres lleva cuatro meses en el cargo, tiempo en el que ha recibido 11 denuncias de corrupción, según le dijo ella a La Silla. Sobre los ofrecimientos o presiones de políticos contestó: “ellos no se meten conmigo porque dicen que soy muy brava”.

Los tres pacientes

En medio del baile de directores encargados, los candidatos buscaron otros medios legales para hacer valer los resultados. El abogado Jaider Cuesta Hinestroza, que no estaba entre los tres mejores puntuados de la entrevista puso un derecho de petición para saber en qué había quedado la terna. La respuesta del Icbf fue: “se está surtiendo el último trámite para su conformación”.

Entonces, Cuesta interpuso una tutela el 27 de septiembre de este año para saber cuál era ese “último trámite” y exigir que se definieran los elegidos para que el gobernador del Chocó escogiera por fin al nuevo director en propiedad.  

Cuesta perdió en primera instancia, pero el mes pasado el Tribunal de Quibdó falló a su favor y le ordenó al Icbf dar una respuesta, es decir, pasar la terna. Los tres mejores puntuados se conocían desde el año pasado y al menos uno de ellos ya tiene un padrino político claro.

Se trata de Julio Eliécer González Cuesta, reconocido en el departamento por ser el abogado liquidador de las empresas más saqueadas por la corrupción del Chocó: La electrificadora del Chocó, las Empresas públicas de Quibdó y el Departamento Administrativo de Seguridad Social y Salud del Chocó (Dasalud).

Tres políticos locales consultados por la Silla relacionan a González directamente con el ex representante a la Cámara Édgar Ulises Torres, condenado a nueve años por parapolítica en el 2009 y en el 2013 a otros cinco por tráfico de influencias para manipular multimillonarios contratos de la Gobernación del Chocó. Patrocinio Sánchez Montes de Oca además afirmó que Julio Eliécer González “es el corazón del Movimiento de Integración Regional, creado por Torres”.

Esta relación también la denunció el periodista Daniel Coronell, que escribió que en el 2004 la Procuraduría había multado al excongresista por mover sus influencias para montar a González en la Contraloría del Chocó.

Lo que se dice en los corrillos políticos del departamento es que esa relación le juega en contra al candidato de Torres, porque el gobernador del Chocó es de la línea opuesta, la de los Sánchez Montes de Oca.

La siguiente en la lista es Maryuri Giraldo Palomeque, quien se desempeña en el sector humanitario como asesora nacional de la ONG gringa Chemonics en Chocó. Es una chocoana que según cuatro fuentes del departamento no tiene padrinos políticos y toda su carrera la ha logrado por meritocracia.

Su cargo más visible fue como coordinadora regional de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Tuvo el puntaje más alto en la entrevista (28,20 puntos frente a 27.50 de Manuel Humberto Moreno Incel y 25.5 de Julio Eliécer González Cuesta). Según una fuente del ICBF, Giraldo no tendría mucha fuerza para aspirar al cargo por un escándalo en el que terminó envuelto un familiar suyo.

El último es Manuel Humberto Moreno Incel, ex alcalde de Vigía del Fuerte, municipio antioqueño y vecino de Bojayá (Chocó) que tiene 12 mil habitantes. Según una fuente que lo conoce, ha hecho la mayor parte de su carrera en Medellín y recibió el aval del partido Liberal por Wilson Marmolejo, el primer alcalde popular del municipio y su jefe de debate en la campaña.

Moreno comenzó su carrera en lo público como administrador del hospital de Vigía y también fue secretario de Hacienda. Ahora es asesor de las alcaldías de su municipio y de Murindó. Tiene dos cualidades a su favor, según la fuente cercana al Icbf: no es chocoano y los políticos del departamento lo conocen poco. Por esta razón, suena como el más opcionado.

La Silla le preguntó si los políticos chocoanos le han hecho guiños y contestó: “todavía no, pero uno nunca sabe”.

Sin embargo, miembros del partido Liberal ya se le han acercado a él, como le dijo a La Silla el representante a la Cámara de ese partido Nilton Córdoba Manyoma.  Agregó que él puso una queja a las entidades nacionales por los años de espera de un director en propiedad sin embargo, dice, “no nos hemos metido en el concurso porque ha habido un linchamiento mediático de los políticos del departamento alrededor del Icbf". Aunque sí reconoció que este es un cargo político y que por eso, están esperando a que se nombre un director en propiedad para acercarse al ganador.

El Icbf Chocó es un fortín político apetecido, pues este año manejó un presupuesto de unos 100 mil millones de pesos, tiene la libertad de la contratación directa y muchos proyectos los ejecutan operadores externos. En estos momentos, Mabel Torres como encargada define dos contrataciones claves, la operación de los Centros de desarrollo infantil que tiene un monto de unos 10.900 millones de pesos, y el presupuesto para el 2017 que está por definirse.

Por estas razones, según supo La Silla Pacífico, la terna seguirá guardada en el despacho del gobernador, que tiene dos meses más para dar la respuesta y al menos hasta enero no habrá director en propiedad.

A la directora del Instituto Cristina Plazas la han cuestionado por mantener en encargo otras regionales, y con tutelas, como en este caso, la han obligado a nombrar en propiedad. No obstante, ella se mantiene: “mi intención era sacar adelante la entidad y disminuir los niveles de corrupción relacionados con la politiquería, pero los jueces no me están dejando”, le dijo a La Silla. 

Nota de la editora:

Después de publicada esta nota, hicimos una aclaración sobre la salida del ex director del ICBF César Lozano Díaz. 

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