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Por Laura Ardila Arrieta · 21 de Julio de 2016

Todas las semanas, en algún lugar del Caribe, se registra alguna protesta contra Electricaribe. Hoy chequeamos una afirmación de su gerente. Foto: tomada de El Pilón.

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Así como La Silla Vacía lo viene haciendo hace varios años, La Silla Caribe prende a partir de hoy un Detector de mentiras para chequear el discurso público de los poderosos.

Lo haremos todas las semanas de la siguiente manera: tomaremos una frase dicha por un personaje público de la región Caribe (no necesariamente funcionarios o políticos, sino cualquiera que sea objeto de nuestro cubrimiento al poder, como por ejemplo empresarios o un medio) y verificaremos si lo que dice es verdadero o falso. Contrastaremos lo dicho con los hechos y los datos.

Entre los criterios de selección de esa frase tendremos en cuenta que sea actual, pero también chequearemos mitos, verdades que se dan por ciertas pero nadie ha confirmado y afirmaciones de impacto y resonancia, en nuestros ocho departamentos y de cualquier orilla política.

Haremos reportería y con los datos obtenidos calificaremos la frase usando una de 10 categorías que ya hemos establecido en La Silla: además de verdadero y falso, están “insostenible”, “engañoso”, “exagerado”, “apresurado”, “debatible”, “cierto, pero…”, “cierto+” e “inchequeable”.

Arrancamos hoy con la siguiente afirmación del gerente de la empresa Electricaribe, el español José García Sanleandro:

 

“A los que hablan de que tiene que entrar otro operador, les digo: bueno, la ley, la que hay ahora, es la que es y no permite entrar a un operador distinto a Electricaribe”

José García Sanleandro
Falso
 

Explicación: 

No hay ninguna ley que impida que a esta región entre un operador de energía distinto a Electricaribe. Lo que sucede es que, para que eso pase, el nuevo operador tendría que pagar un ‘peaje’ (una suerte de arriendo) por el uso de las redes locales a Electricaribe. O, en su defecto, comprarselas. Así nos lo explicó la dirección territorial de la Superintendencia de Servicios Públicos para el Caribe y el mismo gerente de la empresa en su momento en una contrapregunta a su frase.

Electricaribe, que es una filial de la trasnacional española Gas Natural Fenosa, nació en 1998 cuando las ocho electrificadoras estatales de la zona dejaron de prestar el servicio tras décadas de malos manejos, inoperancia y poca inversión. La nueva empresa adquirió la infraestructura (transformadores, cables, redes, entre otros) y la distribución y comercialización de la energía. Y desde entonces el negocio de la luz no funciona como una concesión, sino como una actividad manejada por una empresa privada, aunque regulada -no necesariamente de forma efectiva- por el Estado.

Es decir, no existe ningún contrato entre el Gobierno y Electricaribe. Eso sí, el operador tiene la obligación de hacer las obras de inversión necesarias en el sistema de distribución local. Ese plan de inversiones es regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que también determina la tarifa y autoriza que por esa vía la empresa recupere lo invertido. Estas inversiones no se han hecho (al menos, no las suficientes), como lo evidencia el hecho de que, según la Superservicios, cada usuario de Electricaribe padece unas 92 horas en promedio al año sin luz. La empresa asegura que hay una corresponsabilidad entre ellos y el Estado y los clientes, que les deben plata de facturas y de esa manera tienen su sistema financiero en déficit.

Contexto

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