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Por Ana León · 30 de Julio de 2016

Indígenas U'wa durante el bloqueo a la planta de gas Gibraltar. Tomado de inteligenciapetrolera.com

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Con las promesas incumplidas, a dos años de firmados los acuerdos a los que habían llegado con el gobierno en 2014, los U’wa nuevamente pusieron en jaque al Gobierno. Tras 50 días de concertación con delegados de los ministerios del Interior,  Ambiente y Transporte, las 17 comunidades indígenas que están dispersas entre las montañas de Boyacá, Santander y Norte de Santander, y algunas zonas de Arauca y Casanare, llegaron a acuerdos mínimos con la Nación, que si bien desmantelaron el bloqueo de la planta de gas de Gibraltar, no son promesas nuevas.

Esta es la pelea de los U’wa.

 

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La protección del nevado del Cocuy

Dentro de la visión de los U'wa, la protección de la tierra es vital y para ellos el nevado del Cocuy o Zizuma, como ellos le llaman, es sagrado y por lo tanto nadie debe entrar a ese territorio.

De modo que la creación del Parque Nacional del Cocuy en 1977 y la designación de Parques Nacionales como autoridad sobre el territorio no les cayó bien. Los U’wa le reclamaron al Gobierno la administración y protección que milenariamente habían hecho del lugar.

Hoy el conflicto gira en torno a que más del 50% de su territorio traslapa con el parque del Cocuy y a que, según ellos, Parques Nacionales no ejerce labores de autoridad ambiental sino de “operadora turística”.

“Se supone que la capacidad del Zizuma el año pasado era de 4 mil personas pero Parques Nacionales autorizó la entrada de 19 mil. Imagínese esa cantidad de extranjeros que llegan a nuestra tierra sagrada. Ni siquiera nosotros conocemos la nieve porque es sagrada y el Cocuy es nuestro templo. Es como lo que es para los católicos ir a la iglesia”, dijo Yimmy Aguablanca, líder de los U'wa.

Por eso, dentro de los acuerdos de esta semana se acordó que se iba a suspender la entrada al Parque del Cocuy hasta tanto no se hicieran estudios de impacto ambiental por la actividad turística. Esto porque, según los U’wa, el daño que está generando ese flujo de personas, sobre todo para la conservación de los ríos que pululan en esa región, es perjudicial.

Además se acordó que Parques Nacionales puede ejercer la autoridad ambiental pero con el acompañamiento de la guardia indígena U’wa. No obstante, la petición real de los U’wa es que los dejen a ellos salvaguardar la riqueza natural del parque del Cocuy -sin ningún tipo de contraprestación económica, según dijo Aguablanca- como lo han hecho tradicionalmente. Esta no tuvo cabida.

Sobre el área sobrepuesta, se acordó una mesa de concertación entre Parques Nacionales y los U’wa para definir cómo se le va a dar manejo. Esa concertación será complicada porque la posición de los indígenas es la de no permitir el ecoturismo. 

 
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La presencia de Ecopetrol y de multinacionales

En 1999, cuando  fueron formalmente reconocidos como resguardo indígena, se instaló en el territorio de los U'wa la petrolera Oxy. En ese entonces, los indígenas se opusieron y luego de ocho meses de protesta la sacaron de su territorio, pero en su lugar llegó Ecopetrol y para quedarse. 

Cuando Ecopetrol llegó a la zona del Cocuy empezó a construir la planta de gas de Gibraltar, en terrenos en los que según los U’wa, son dueños por escritura pública.

Desde ese entonces, esa comunidad indígena ha peleado por su soberanía, y fue en 2014 cuando se levantó por primera vez para reclamarla a la fuerza. Ese año los U'wa bloquearon la reparación del oleoducto Caño Limón ubicado en Arauca y propiedad de Ecopetrol desde hace treinta años y acordaron que la empresa debía enterrar el tubo de Caño Limón y que el nuevo proyecto que iba a iniciar en esa región: Magallanes, debía suspenderse hasta tanto no se hiciese un estudio técnico ambiental y sociocultural de la región y de la nación indígena.

“En estos dos años en lo único que cumplió el Gobierno fue en el enterramiento. Magallanes sigue suspendido pero los estudios aún no se han hecho”, dijo Aguablanca.

El compromiso de los estudios se ratificó y será financiado por Ecopetrol. Sin embargo, aún no hay acuerdo sobre la entidad que los realizará ni el plazo que se tendrá en cuenta para su cumplimiento.

 
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Los resguardos y las tierras

Ancestralmente los U’wa se han congregado en el oriente colombiano y su centro viene siendo las inmediaciones de la Sierra Nevada del Cocuy.

Según ellos mismos cuentan, conforme se colonizaron sus territorios, se fueron dispersando. De modo que hay U’was que viven tan apartados que, si llegasen a necesitar el servicio de salud moderno para aliviar alguna enfermedad, para llegar a algún centro poblado deben caminar hasta tres días por trochas.

Sin embargo, mantienen intactas su lengua, su sistema educativo y sus viviendas tradicionales, de techo de palma y piso de tierra. Ellos viven de la agricultura y las artesanías y se visten como cualquier mestizo (como ellos llaman a quienes no son de su étnia) de esa región: pantalón, camiseta y botas pantaneras.

Desde los noventa han luchado porque el Estado reconozca sus resguardos indígenas, lo que les daría autonomía para gobernarse y les otorga tierras.

En 1999 el Incora declaró la realinderación del resguardo Unido U’wa, que cobija cerca de cuatro mil personas sobre una extensión de 220 mil hectáreas. Sin embargo varias comunidades no quedaron dentro de ese resguardo.

De modo que en 2014 los U’wa y el Gobierno acordaron el reconocimiento de dos resguardos más -Santa Marta y Pedraza dentro de la nación U'wa-. Sin embargo, durante estos dos años no les dieron noticias sobre esa petición.

En medio del paro que se levantó este fin de semana, el Gobierno les entregó a los U'wa el acto administrativo de la constitución del resguardo Santa Marta (que reúne 50 familias) y les garantizó que iba a adelantar los estudios socioeconómicos para el de Pedraza.

“Nosotros sabíamos que desde septiembre el Incoder había dejado listo todo para la constitución del Kuitua (resguardo Santa Marta) pero nunca nos comunicaron nada. Entonces en medio del bloqueo ahí sí el Gobierno pudo actuar. Lo que no adelantaron en dos años lo hicieron en un mes”, le dijo uno de los líderes U’wa, Yimmy Aguablacanca a La Silla.

Sin embargo, con la constitución de los resguardos aparece un reto mayor y es la compra de las tierras que lo conforman. El resguardo Unido U’wa, aunque fue realinderado en 1999, vive en predios que no son en su totalidad del gobierno.

Según reportes del Incoder, no fue sino hasta 2005 -seis años después- que el Gobierno empezó a comprar las fincas que le corresponden a los U’wa y que son habitadas hoy por campesinos (o colonos, como los llaman los U’wa). A hoy aún hace falta comprar tierras para ese resguardo y se suman los dos nuevos.

Lo que les preocupa a los U’wa es que el dinero ya está comprometido pero no hay agilidad en la compra. Desde 2013, por ejemplo, existe un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras, Parques Nacionales y la Corporación GALÁN (encargada de la ejecución) por $12.736 millones.

Desde entonces esa plata estuvo parada y no fue sino hasta esta semana que se volvió a hablar de ese convenio. Con eso se adquirirán poco más de 19 mil hectáreas. Sin embargo el Gobierno estableció la compra de tres fincas en específico que para los U’wa “fueron escogidas arbitrariamente, son muy lejanas y va a hacer que nos sigamos dispersando”.

También se acordó que el Ministerio de Ambiente iba a aportar otros $5 mil millones para continuar comprando predios. Pero tampoco se le puso un plazo a esa obligación.

 
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El abandono estatal

En el paro de 2014, respaldados por un pronunciamiento de la Corte Constitucional de 2009 que dice que su comunidad es uno de los pueblos indígenas en riesgo de extinción, los U’wa le pidieron al Gobierno $2 billones en inversión para su Nación, para que resarciera el abandono histórico al que habían sido sometidos.

En ese momento no se habló de un presupuesto específico pero sí se acordó que los U’wa presentarían un plan de salvaguarda y que con base en él se trabajaría la inversión. Según Aguablanca, desde 2015 presentaron el proyecto, que contempla inversión en salud, educación (propia), garantías de soberanía alimentaria, entre otras cosas, y aún no se ha avanzado en su implementación.

Esta vez, el Ministerio del Interior aceptó que ya tiene el proyecto y que está pendiente la protocolización para poder asignar recursos. Sin embargo, no hay una cifra ni estimada ni tampoco un plazo para iniciar la inversión.

Sumado a esa reclamación, los U’wa se unieron a las peticiones de los campesinos de esa región y se tuvieron en cuenta tres peticiones más.

Por un lado, la Gobernación de Norte de Santander va a reubicar a las familias que viven en las inmediaciones de los tubos de gas y petróleo del río Cubugón. “A esa zona le pusimos ‘el callejón de la muerte’ porque es un inminente riesgo para ellos. El día que explotó el gasoducto (en junio pasado por un derrumbe) menos mal estaba lloviendo, si no hubiese ocurrido una tragedia”.

El otro reclamo al que se unieron los U’wa fue el de la gasificación.

“Nosotros como nación U’wa no necesitamos del servicio de gas, es para la población campesina del Sarare. Los acompañamos porque de aquí sale el gas pero luego vienen y venden en pipetas que traen de otro lado”, dijo Aguablanca.

Lo que se logró frente a este tema es que el Gobierno se comprometiera a que se descongelara un convenio que existe desde 2013 entre la Gobernación de Arauca y Ecopetrol (por dificultades en especificaciones técnicas) para garantizar el servicio en ese departamento.

Por último, los U’wa incluyeron en su pliego de peticiones el arreglo de la vía La Soberanía, que es la que comunica a Santander y Norte de Santander con Arauca.

“Esa vía ha sido abandonada por el Gobierno Nacional. Hace treinta años que el tubo de Caño Limón pasa por alrededor y no hay un solo kilómetro pavimentado”, dijo Aguablanca.

Existe un convenio desde 2009 para pavimentar un tramo de esa vía. Sin embargo, aún hoy no ha sido liquidado porque las obras no se han terminado.

Sobre las demoras el Gobierno no especificó nada en el acuerdo. Anunció que venía un nuevo convenio por $4 mil millones para invertir en la vía. Por ahora, la solución inmediata a la que se llegó fue que la Gobernación de Norte de Santander aportará un banco de maquinaria para hacerle mantenimiento a la vía durante un año.

 
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Lo que se quedó por fuera

 

Entre los municipios donde se encuentran concentrados los U’wa, Toledo en Norte de Santander, Cubará en Boyacá y el Cerrito y Concepción en Santander, hay zonas que son tierra de nadie, porque ningún departamento tiene claro el límite exacto en el que inicia su jurisdicción.

Eso se presta, según los U’wa, para que ningún gobierno responda por sus necesidades. “Acá hay gente que vota en Cerrito pero lo atienden en salud en Cubará, pero paga impuestos en otro lado”, dijo Aguablanca.

Aunque de ese tema se habló en las mesas de concertación finalmente no se llegó a nada porque, según expuso el Gobierno, esa discusión le compete directamente al Congreso.

Mientras eso pasa, tanto indígenas U’wa como campesinos de esa región seguirán en el limbo territorial.

 

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