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Por Tatiana Duque · 29 de Diciembre de 2016

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La ley de amnistía aprobada hoy es la primera de un paquete de al menos 40 normas que sacará el Congreso durante los próximos seis meses para reglamentar el Acuerdo con las Farc. Sin embargo, hasta que no esté lista la Justicia Especial para la Paz (JEP), no se podrá aplicar en su totalidad.

Esto porque solo cuando entre a funcionar JEP se podrán tramitar las amnistías e indultos para guerrilleros, así como beneficios judiciales para los agentes del Estado, que no son automáticas sino que deben ser revisados caso a caso (sn automáticas las de delitos como rebelión o porte ilegal de armas, no las de otros más complejos y que no necesariamente tienen que ver con el delito político, como el narcotráfico)

Y la JEP solo estará lista después de que el Congreso la aprueba en cuatro debates, lo que ocurrirá en febrero, y luego cuando se seleccionen a sus magistrados y se haga todo el proceso para ponerla andar.

 

En todo caso, la aprobación de la ley de amnistía de una garantía que pedían las Farc para concluir su tránsito a las zonas veredales, en un plazo que en principio se acaba el 30 de diciembre, al cumplirse el D+30.

El trámite

Esta mañana las plenarias de Senado y Cámara sesionaron simultáneamente para sacar adelante el último debate de la ley de amnistía.

En tiempo récord de dos horas la Cámara aprobó todo el articulado. El Senado se demoró más, en parte porque su presidente, Mauricio Lizcano, dio 20 minutos a cada una de las diez bancadas para hablar del proyecto, lo que hizo que el debate se extendiera siete horas.

Teniendo en cuenta que hoy era el último día hábil en que los congresistas trabajarían (escuchamos a algunos decir que ya tenían tiquetes listos y tenían sus maletas en los carros, e incluso se rumoró de un vuelo de la fuerza aérea para llevarlos a sus regiones), el Gobierno mantuvo a la gran mayoría de su gabinete en las plenarias para mantener el quórum.

Asistieron los ministros de Interior, Juan Fernando Cristo, de Defensa, Luis Carlos Villegas, de Justicia, Jorge Londoño, de Vivienda, Elsa Noguera, de Minas, Germán Arce, de TIC, David Luna; el comandante de las fuerzas militares, general Juan Pablo Rodríguez; el alto comisionado Sergio Jaramillo; los consejeros presidenciales Rafael Pardo, Luis Miguel Pico y Carlos Correa; el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez y los viceministros de Interior, Luis Ernesto Vargas y Guillermo Rivera, y el de Agricultura, Juan Pablo Díazgranados.

Los miembros de Voces de Paz, la agrupación en la que aterrizarán las Farc cuando puedan hacer política, llevaron a Enrique Santiago, el principal asesor jurídico de las Farc en La Habana. Ante eso, el senador y jefe opositor Álvaro Uribe le dijo que no viniera a “dar cátedra” al Senado.

Aunque en el Senado había diez proposiciones para modificar al proyecto, el Gobierno no las avaló. Eso, por tratarse de las fast track, hizo que se hundieran.

Esa decisión se debió en parte porque ya la Cámara había aprobado el mismo texto que fue votado en primer debate y, de aceptar algún cambio, habría que conciliar los dos articulados. Ese es un trámite que no se pqede hacer el mismo día y, a estas alturas del año, obligaba a que la ley saliera a mediados de enero, cuando el Congreso regresará a sesiones.

Esto no quiere decir que el debate no tuviera polémicas.

De hechos a senadores como Claudia López (Verde), Viviane Morales (liberal) y Carlos Fernando Galán (Cambio Radical) les molestó esa negativa a las proposiciones.

Otra polémica se dio cuando Judith Maldonado, una de las voceras de Voces de Paz, dijo que el Congreso “hacía poco por mejorar su conexión con la opinión pública”, en referencia a que no podían explicar la ley de amnistía a la opinión.

“No está ayudando con su discurso en una difícil y apretada votación”, le replicó Roy Barreras, negociador plenipotenciario, y senador de La U.

También el conservatismo dejó ver sus diferencias. Mientras el recién elegido director del Partido, senador Hernán Andrade, dijo que los azules darían su aval a la ley; inmediatamente después su copartidario Eduardo Enríquez Maya alertó de las amnistías que le entregaría a los guerrilleros y que, dijo, dejaría delitos impunes.  

Por su parte, los congresistas del Centro Democrático aplicaron su propia estrategia: permanecer en el debate, criticar la ley y la negociación, proponer medidas que el Gobierno no aprobó (ni iba a aprobar), y salir al momento de la votación final.

“Todo el procedimiento es ilegítimo”, dijo el senador José Obdulio Gaviria; “Estamos graduando al Congreso de notario”, dijo su compañero Alfredo Rangel; “Es un festín de impunidad”, terció Jaime Amín.

“Nos quedan grandes dudas sobre cuáles delitos serán amnistiados, cuáles serán los de la libertad condicional de los militares. La verdad se queda a medias, no se garantiza el derecho a la no repetición”, dijo Uribe.

Al final, ley fue aprobada por 69 votos en Senado y 117 votos en la Cámara. Y entrará vigencia apenas sea firmada por el presidente Juan Manuel Santos lo que ocurrirá en cualquier momento a partir de hoy.  

Toque va ya y lo que queda en pausa

La ley trae dos tipos de amnistía para los guerrilleros: las de iure (o automáticas) y la que llama de ‘caso a caso’ (o de facto).

La primera se aplicará inmediatamente para quienes hayan cometido delitos políticos (rebelión, sedición) y algunos de los llamados, los que tienen relación más directa, como porte ilegal de armas, daño en bien ajeno, fuga o uso de prendas privativas de la fuerza pública.

La amnistía automática, que según las Farc beneficiará a unos cinco mil guerrilleros, la podrá aplicar el presidente Santos mediante un decreto en diez días o menos después de que firme la ley. Será la medida más inmediata, y seguramente estará lista en los primeros días del próximo año.

Las personas que sean beneficiarias de esta amnistía inmediata vendrán de listados que las Farc entregó al Gobierno y que serán verificados en un procedimiento establecido en el Acuerdo Final.

Para los que estén en las zonas veredales y sean beneficiados, solos se concederá cuando hayan dejado las armas; para los que no estén en las zonas veredales y tengan procesos pendientes, la Fiscalía solicitara la preclusión; y para los condenados, un juez de ejecución de penas aplicará un indulto.

El segundo tipo de amnistía aplica a delitos cuya conexidad hay que mirar caso a caso, pero nunca a los de lesa humanidad, violaciones y otras formas de violencia sexual, desplazamiento, tortura y otros graves.

Ésta tendrá que esperar a que la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP pueda revisar esos casos, uno por uno, cuando así se lo soliciten personas implicadas. Debe resolver las solicitudes en tres meses, siempre y cuando el guerrillero deje las armas, y para ello debe revisar si el delito es amnistiable y si se realizó en conexidad con el delito político.

Por ejemplo, para el muy debatido caso del narcotráfico, debe revisar si la persona lo hizo para financiar a las Farc, caso en el que será amnistiado o indultado, o para enriquecerse, caso en el que no habrá amnistía ni indulto.

Ese procedimiento será fundamental porque los miembros del secretariado (excepto alias Jesús Santrich) tienen procesos o condenas por delitos a los que no aplica la amnistía de iure, y por lo tanto seguirán con líos penales hasta ese momento.

Es en este punto en el que surgen críticas como las del Centro Democrático, que a través de sus senadores dijeron hoy que “es la puerta de la impunidad”, según Alfredo Rangel.

“Hay una cantidad de artículos en esta ley donde se colará la impunidad, como en la categoría de ‘graves crímenes de guerra’, que no existen en el DIH”, dijo.

En ese mismo sentido ya había criticado la ley la ONG Human Rights Watch, a través de su director, José Miguel Vivanco.

En carta enviada esta semana al presidente Santos, Vivanco asegura que la ley no precisa los delitos amnistiables, y que solo excluye explícitamente de amnistías a ciertos crímenes de guerra, lo que, para Vivanco, abre la puerta para que delitos de guerra sean amnistiados si el acusado “demuestra que no se cometieron de forma sistemática”.

En respuesta, el Gobierno, a través del ministro Cristo, dijo hoy que la amnistía depende de cada caso y que serán los magistrados los que definan si el beneficio se aplica.

Este es un escenario posible. En la primera votación de esta ley, el ponente Armando Benedetti citó una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del magistrado Eugenio Fernández, en un caso contra el jefe de finanzas del frente décimo de las Farc, alias Isidro Carvajal.

En la decisión, el magistrado dice que el cobro de vacunas por parte de las Farc a productores de coca en zonas donde controlaban “evidencia conexidad del tráfico de estupefacientes con la rebelión”.

Beneficios a militares, hasta marzo

Para los agentes de Estado, especialmente militares y policías que hayan cometido delitos en ocasión del conflicto, se aplicarán dos beneficios judiciales que tienen efectos parecidos a las amnistías y los indultos a los guerrilleros: libertad condicional y renuncia a la persecución penal. En ambos casos, la decisión final la tomará el Tribunal Especial para la Paz, por lo que estos no se aplicarán inmediatamente.

En este caso, el encargado de decidir será la Sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP, que decidirá si aplica la renuncia a la persecución penal o la libertad condicional.

Esos beneficios no procederán cuando se trate de delitos de lesa humanidad, de crímenes que no fueron cometidos por causa del conflicto armado y de los llamados delitos contra el servicio.

Los que lleven presos cinco años o más tendrán podrán acceder a la libertad condicional mientras van a la Justicia Especial a que esta tome la decisión final; si llevan menos tiempo, estarán en guarniciones militares.

“Para la renuncia sólo aplicarán los delitos más graves. Para la libertad condicional son todos los delitos relacionados directa o indirectamente con ocasión del conflicto”, dijo, sin dar detalles de cuáles son estos delitos, el ministro Villegas en la plenaria del Senado.

Dijo que máximo 1.200 uniformados tendrán estos beneficios, y serán aplicados entre la última semana de febrero y la primera de marzo.

Vicanco también criticó este tratamiento también Vivanco: en su carta a Santos dijo que hacía referencia a delitos que no están en el código penal (como los falsos positivos, según dijo hoy en La W) y que no está de acuerdo con la libertad condicional de agentes del Estado investigados por presuntos delitos de lesa humanidad.

De acuerdo con Vivanco, no hay garantías para las víctimas si el uniformado en libertad condicional cometa nuevos delitos y dice que la ley es vaga al no aclarar cuándo arranca el compromiso de no repetición, si cuando la ley entra en vigencia o cuando comience a operar la JEP.

Sin embargo, igual que para los guerrilleros, el tratamiento especial para agentes del Estado no los exime de los deberes de aportar a la verdad y la reparación de las víctimas. De hecho, si no cumplen los requerimientos del Tribunal para participar en los programas de contribución de reparación y esclarecimiento a la verdad, perderán derecho a los beneficios.

Por ahora lo que quedó claro es que a pesar de poner a los congresistas a sesionar en plenas vacaciones, y de las críticas de Vivanco, del Centro Democrático, de un sector conservador y del Polo (que no estaba de acuerdo con los beneficios a agentes del Estado), la aplanadora santista sacó adelante la ley en un día.

Falta ver si el Estado tiene la misma capacidad para ponerla a andar antes de que terminen las zonas veredales y los guerrilleros salgan a la vida civil, a mediados del próximo año, sobre todo porque para entonces se necesitaría que la justicia transicional ya esté funcionando.

Comentarios (3)

José Saramago

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