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Por Laura Silva · 02 de Mayo de 2017

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La semana pasada, habitantes de tres asentamientos y tres barrios del nororiente de Cali organizaron una marcha para exigirle al Alcalde Maurice Armitage que detenga los procesos de desalojo del Plan Jarillón de Cali. Quienes protestaron se niegan a salir de sus casas a pesar de las alarmas que despertó el aumento de las lluvias en el Valle y el espejo de la avalancha en Mocoa que cobró más de 300 vidas.

Aunque Alberto Reyes, secretario de vivienda de Cali, dijo hace dos semanas que después de la avalancha en Putumayo la gente que falta por salir del jarillón del río Cauca está más consciente del peligro que corren al vivir allí, la marcha puso en evidencia que no todos comparten esta idea.

Algunos dicen que no aceptan las condiciones que les ofrece el Plan Jarillón para relocalizarse porque lo que hasta ahora han hecho los funcionarios de la alcaldía es usar el miedo para sacarlos y quitarles lo que les pertenece. Otros, como los miembros del Consejo Comunitario de Playa Renaciente que lleva al lado del río Cauca más de doscientos años, porque aseguran que conocen las crecientes y que no son peligrosas. 

Si bien el cruce de versiones sobre el riesgo en el que se encuentra Cali viene desde el 2013, cuando arrancó el proyecto, y se ha mantenido hasta ahora a pesar de situaciones como la inundación de finales de febrero en el sector de Juanchito que afectó más de 2 mil casas de varios asentamientos que están en la orilla del río, según le contó a La Silla Pacífico el Gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa Tafurt, esta situación está demorando el proyecto.

Lo que es complicado porque el billón de pesos que pone el gobierno nacional para el jarillón se debe ejecutar antes del 2019 o se pierde, y por el riesgo que corren las más de 900 mil personas que viven en el oriente de Cali y que se verían afectadas ante desbordamiento del río Cauca.

Los que “sí, pero no así”

De las más de 8 mil familias que deben salir del jarillón, 2 mil ya han sido reubicadas. La mayoría provienen de los asentamientos Cinta Larga, Las Vegas y Venecia en el jarillón y Nueva Ilusión en el sector de las lagunas del Pondaje y Charco Azul, y se trasladaron a otros barrios del oriente de la ciudad o a municipios vecinos como Jamundí y Palmira.

Allí, el municipio les ha entregado apartamentos o casas y les ha ofrecido acceder al sistema de salud, educación y adelantar proyectos productivos a través de las secretarías que se encuentran trabajando en el proyecto.

Según le dijo a La Silla una de las mujeres que se encuentra viviendo en Ramalí, uno de los edificios en donde se han reubicado cerca de 200 familias del asentamiento Nueva Ilusión ubicado entre las lagunas del Pondaje y de Charco Azul, hasta ahora el municipio les ha cumplido.

“Nosotros ya queríamos salir de allá porque cada que llovía se nos llenaba todo de agua. Acá la vida es distinta, aunque ahora tenemos que pagar servicios y lo del predial, prefiero toda una vida esto a la violencia y las inundaciones de donde estaba” dijo.

Esta sensación la comparten otras dos mujeres que le contaron a La Silla cómo ha sido el proceso de traslado y el acompañamiento que han recibido una vez se ubicaron en los apartamentos. En ambos casos aunque dicen que el proceso ha sido difícil por lo que significa dejar lo que tenían y empezar de cero, ha valido la pena.

Sin embargo hay quienes no están de acuerdo, como mostró la marcha.

“Ni el Alcalde ni los del proyecto han hablado con la gente porque no les conviene. Yo llevo 18 años viviendo aquí y nunca hemos tenido que salir corriendo por inundaciones, eso es un cuento”, le dijo a La Silla Pacífico Gerardo Quintero, uno de los líderes del asentamiento Las Vegas, quien junto con otras nueve familias de las más de 200 que vivían allí, se niega a salir.

Pero según Saa, gerente del Plan Jarillón, no es verdad que no los hayan buscado.  

“El municipio se ha volcado de lleno para sacar adelante este plan. Hemos buscado por todos los medios generar confianza demostrando que hemos cumplido con nuestra parte, lo que pasa es que así como garantizamos todos los derechos, también exigimos de las personas que cumplan todos sus deberes”, le dijo a La Silla.

En medio del tira y afloje aparece la concejal del Polo Democrático Patricia Molina quien, como contó La Silla Pacífico, también apoya a los habitantes del barrio San Pascual que se oponen al proceso de renovación del centro de la ciudad.

En el caso del Jarillón, Molina y algunos líderes de los asentamientos aseguran que las alertas sobre el riesgo de inundación son falsas. Según ellos, lo que hay detrás del plan son los intereses de grandes empresarios por sacar adelante el proyecto de un Puerto fluvial que aparece en el Plan de Ordenamiento Territorial de Cali del 2014 y que necesitaría esos terrenos que, según figura en el proyecto y contrario a lo que dice la Concejal, le pertenecen al municipio. 

“Ellos dicen las mismas mentiras todos. No es que la gente no quiera salir, lo que quieren es que se les respeten sus derechos. En el jarillón la gente vive bien pero cuando la sacan así las cosas cambian. Además esas tierras ni siquiera son del municipio, son de algunos empresarios”, le dijo Molina a La Silla.

Argumentos falsos según Saa, quien además dice que le ha tocado aguantar insultos mientras por detrás la gente le pide que se sienten a negociar.

“Lastimosamente cuando la gente decide no salir, lo que se hace es sacarlos para recuperar el espacio que le pertenece al municipio. En Las Vegas, Venecia y Cinta Larga (los barrios ya reasentados) en más del 10 por ciento de los casos nos tocó así porque es lo que dice la ley” dijo Saa, y agregó que “lo que sí logran las demandas que nos hacen y que en su mayoría han salido a favor nuestro, es desgastarnos y hacernos perder tiempo que podríamos estar invirtiendo en sacar adelante el Plan. Además el tema de los empresarios es otra mentira. El puerto que ellos dicen nunca se va a hacer porque es inviable, ni siquiera aparece en el plan de desarrollo del municipio”.

Playa Renaciente

Otros que se oponen a la reubicación son los del Consejo Comunitario Playa Renaciente, una comunidad afro de más de 400 familias, que lleva viviendo al lado del río cerca de dos siglos y que le reclama a la Alcaldía la consulta previa para poder intervenir su sector.

“Yo llevo aquí 56 años y al dique nada le ha pasado. Nosotros conocemos nuestro río, sabemos que es un río que crece pero vuelve y baja. Incluso la gente se pone feliz con las crecientes porque eso mueve los negocios de la extracción de arena y la pesca” le contó Leonardo Márquez Mina, líder del consejo comunitario a La Silla.

Según él, hasta ahora están revisando cómo se haría la consulta y no se ha podido avanzar porque la Alcaldía dice que no tiene plata para hacerla y porque “no les conviene meterse el dedo al ojo a ellos mismos”.

Saa está de acuerdo en que se debe adelantar este proceso.

“En Playa Renaciente se hará la consulta porque por ley toca. Ellos tienen su territorio ancestral y están organizados como consejo comunitario hace varios años. Se avanzará con ellos, no con otros que no cumplen las condiciones de tener esa ancestralidad y ahora dicen que sí son consejo”, dijo el Gerente del Plan.

La Silla supo que varios líderes comunitarios de Brisas del Cauca, el asentamiento con más familias de todo el jarillón (1.005 hogares) donde viven víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado, desde el año pasado le pidieron a la Alcaldía que iniciara el proceso para ser reconocidos legalmente como comunidad negra.

Según Adriana España, una de las líderes de esta zona, ellos también son afrodescendientes y por eso, aunque legalmente no los han reconocido como consejo comunitario, también deben hacerles la consulta previa.

“Juan Diego Saa dice que no somos afro pero sí somos. Acá llevamos más de 40 años y no nos queremos ir como ellos nos están diciendo, por eso exigimos que nos hagan la consulta previa. Y si es que no tienen nada para darnos que se ajuste a lo que pedimos, al menos que nos compren nuestras propiedades por lo que es”, le dijo España a La Silla Pacífico.

Y es que aunque la Alcaldía insiste en que tanto los predios como el jarillón son propiedad del municipio, los habitantes de Brisas del Cauca, que son los siguientes a ser reasentados de acuerdo con el cronograma del Plan, se han unido a la red de la concejal Molina y aseguran que de ahí no los van a sacar.

Por eso ahora al afán por terminar de relocalizar las más de 6 mil familias que quedan, antes de que se venza el plazo para ejecutar la plata que le dió el gobierno al municipio para el Plan, se le suma la preocupación por hacer que éstas entiendan que sus vidas y las de casi un millón de caleños que viven en el oriente de la ciudad están en riesgo si no se recupera el jarillón.

No sea que pase como en Mocoa, que sólo hasta ahora se habló de cómo se hubiera podido evitar una tragedia diagnosticada desde mucho tiempo atrás.

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