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Por Juan Esteban Lewin · 23 de Febrero de 2016

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Entre el viernes pasado y ayer la plenaria del Concejo de Ibagué vio desfilar por su recinto una viceministra, un ex presidente de la Corte Constitucional, el Procurador Ambiental, el vicepresidente de una multinacional mineras, una directiva de un gremio nacional. Todos con un propósito: convencer a los concejales de no dar vía libre a la que sería la primera consulta popular para prohibir la minería en una ciudad capital. 

 

Recibió una docena de intervenciones sobre el tema, incluyendo la de la minera Anglogold Ashanti, que tiene el proyecto aurífero La Colosa en el vecino municipio de Cajamarca; la de la Asociación de Minería e Hidrocarburos del Tolima; la de la jefe jurídica de la Vicepresidencia Nacional de Hidrocarburos y Minería de la Andi; la de voceros ambientalistas; la del Procurador Ambiental del Tolima, Ernesto Cardoso; la de el ex presidente de la Corte Constitucional Antonio Barrera Carbonell; y la de la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa.

Ese desfile de interesados es visto como algo histórico. Y muestra hasta qué punto el tema está caliente en la ciudad y entre sectores empresariales y de ambientalistas de todo el país.

Una propuesta caliente

La discusión nació porque el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, le pidió al Concejo luz verde para hacer una consulta popular para que los ibaguereños le digan sí o no a la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo sí o no en que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación agropecuaria del municipio?”.

Esa pregunta, a pesar de sus matices, es vista por amigos y enemigos como una forma de prohibir popularmente la minería en la capital del Tolima. Por eso, aunque en principio se trata de un tema local, ha despertado interés nacional al ser la primera vez que una capital discute prohibir la minería a través de una consulta popular.

De salir adelante esta iniciativa se crearía un precedente muy riesgoso para la minería en todo el país, pues los que votarían no serían los que viven en el municipio minero, que eventualmente tienen que sopesar entre los réditos económicos y de empleo, y los costos ambientales, sino gente que está más alejada del proyecto y que conoce menos de los riesgos y ventajas directas de la minería. Y que es más difícil de persuadir con campañas o programas promovidos por las multinacionales mineras.

Por esa misma distancia de las minas, la consulta también podría sentar un precedente importante para evitar los efectos ambientales que puede tener la minería en municipios que no tienen minas pero sí actividades relacionadas con la minería. O en aquellos que, sin ser mineros, pueden verse afectados por minas, por ejemplo si el agua les llega contaminada.

El tema de la minería está en la agenda pública de Ibagué desde hace casi 10 años, cuando la minera Anglogold Ashanti hizo público su interés de explotar oro en la vecina Cajamarca. 

Esa explotación no se ha materializado porque sigue en etapa de exploración, y la Minera calcula que seguirán haciendo estudios por lo menos hasta fines de 2019, para ahí sí empezar a buscar la licencia para explotarla.

A pesar de eso, se ha convertido en un tema permanente de la agenda pública y en una bandera política muy popular, no solo en la campaña del hoy alcalde sino desde antes. En todos estos años Ibagué ha vivido el surgimiento de un movimiento ambientalista y anti Colosa con el que Jaramillo se alineó, y que fue uno de los principales factores para su victoria, junto con la larga trayectoria política del alcalde y su hermano el ex senador liberal Mauricio.

Jaramillo, quien fue secretario de gobierno y de salud de Gustavo Petro en Bogotá, ya tenía una línea anti AngloGold desde cuando era Senador del Polo en 2009 y que coincide con la de varios de sus aliados políticos y lanzó la propuesta de la consulta desde que estaba en campaña. Y someter la propuesta al Concejo fue uno de sus primeros actos de gobierno.

La discusión en el Concejo ha tenido varias aristas.

Una es qué busca Jaramillo con la consulta. Para el diputado conservador José Élver ‘Choco' Hernández, “quizás es una forma de hacer ‘show’ y llamar la atención”, mientras que el Alcalde afirma que lo que busca es que sean los ibaguereños quienes decidan su propio futuro.

Otra es la redacción de la pregunta. Para los que se oponen, es tramposa. Dicen que nadie va a decir que quiere proyectos que contaminen: "La pregunta tal y como está formulada iría en contra de la libertad de expresión y el 'sí' o 'no' puede estar predeterminado", dijó el ex presidente de la Corte Consitucional, Antonio Barrera Carbonell, quien fue invitado por el concejal de Cambio Radical Humberto Quintero, opositor del proyecto.  

“La pregunta tiene una redacción que induce necesariamente a la respuesta del no”, explica el Procuador Ambiental, quien se ha manifestado consistentemente en contra de la consulta. Ya lo había hecho contra las consultas de Piedras y Cajamarca y ha sido señalado de interceder por Anglogold en otros hechos, algo que siempre ha negado.

Los opositores del proyecto afirman, además, que en todo caso la consulta no tendría efectos frente a La Colosa, pues el proyecto queda en otro municipio y, según le dijo un vocero de Anglogold a La Silla, no afecta a Ibagué.

A eso responden los defensores que la pregunta es clara y que la futura mina podría afectar al río Coello que pasa por Ibagué y podría necesitar terrenos en ese municipio para actividades como botar material de desecho o lavar el oro y separarlo.

Una arista más de la discusión son los efectos económicos de la consulta. Para los opositores la consulta afectaría la economía local: La Colosa tiene unas 24 millones de onzas de oro que, de ser explotadas, podrían producir unos 4 billones de pesos en regalías y mover el comercio del departamento. Y agregan que el costo de la consulta, que vale unos mil o dos mil millones, es muy alto para una ciudad con las finanzas débiles

Desde la otra orilla la respuesta es que la minería produce pocos empleos y afecta otras actividades económicas, incluyendo la agricultura y el turismo, según le dijo a La Silla un concejal opositor.

Pero, como tantas veces en Colombia, la discusión política (si conviene o no hacer la consulta), se ha reemplazado por una legal, sobre si los concejales pueden o no avalar la consulta.

Un fantasma recorre el Concejo...

Hace dos semanas la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, le envió un oficio a Jaramillo en el que le anunció que la Procuraduría iniciaba un acompañamiento preventivo a su iniciativa de consulta popular. Es decir, le anunció que le ponía la lupa al proceso.

Pero eso no fue todo. Castañeda dedicó cinco páginas a argumentar que los municipios pueden concertar los proyectos mineros pero no hacer consultas populares al respecto.

Oficio Procuraduría a alcalde de Ibagué by lasillavacia

Y cerró con una frase que en el Concejo de Ibagué, según un concejal y tres conocedores de su funcionamiento, ha sido leída como una amenaza: “es del caso señalar, que por hechos similares al que aquí nos ocupa, el Órgano de Control ha iniciado investigación de carácter disciplinario”.

Castañeda se refería, sin mencionarla, a la situación del alcalde y los concejales del vecino municipio de Piedras, que hicieron una consulta popular en 2013 y tienen una investigación disciplinaria abierta por la misma Procuraduría.

El debate jurídico sobre la posibilidad de hacer o no consultas populares que prohíban la minería es largo. De un lado, en la línea de la Viceprocuradora, los opositores aducen que no cabe una consulta popular para prohibir la minería porque la decisión de dónde puede haber minería está en cabeza de la Nación. Y que la función de los alcaldes y concejos es concertar con el Gobierno, no prohibir nada.

Del otro, miembros de Dejusticia como César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco (quienes dieron una charla en el concejo) defienden las consultas. Argumentan que la Constitución dice que la definición del uso del suelo está en manos de los municipios, y que las consultas populares municipales son mecanismos democráticos, creados también por la Constitución, para que las personas tomen decisiones sobre los temas que competan al municipio.

Detrás de ese debate está el fantasma de una sanción que saque de la vida política a los concejales, más cuando la Procuraduría tiene una posición tan clara. Y esa posibilidad ha debilitado el apoyo a la consulta entre los concejales, o por lo menos ha puesto a dudar a algunos. “Por hacer populismo, no podemos ir a cometer un error que más adelante nos signifique una sanción”, le dijo a El Nuevo Día la concejal verde Linda Perdomo.

Sin embargo, dado lo impopular que ha sido el proyecto de La Colosa entre los ibaguereños, votar por el no puede ser políticamente poco rentable. En el Concejo ronda el fantasma político de las fotomultas, un proyecto impopular y señalado de estar hecho para favorecer a una empresa, que lideró el anterior alcalde Luis H. Rodríguez y que les valió muchas críticas a los concejales que lo aprobaron (además de que el Tribunal Administrativo lo declaró ilegal).

La Silla averiguó que entre la impopularidad y una eventual destitución prefieren lo primero. Según uno de los concejales que defienden la consulta, hoy cuentan con unos ocho votos (los cinco liberales, el del Mais y los dos del uribismo), pero necesitan 10 para que el Concejo de luz verde y avancen a llamar a las urnas.

Por eso, hoy parecería que el alcalde Jaramillo y los ambientalistas van a perder esta batalla.

Pero, aún si eso pasa, Jaramillo cuenta con dar una pelea más larga: según le dijeron a la Silla un aliado político del alcalde y uno de sus colaboradores de confianza, ya se comprometió a que de ocurrir eso va a salir a recoger firmas para que la consulta popular sea promovida por un comité ciudadano. Y espera recoger más de 100 mil en una ciudad de medio millón de habitantes.

Así que la pelea en el Concejo es una batalla que, gane quien gane, no es todavía la última.

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