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Por Tatiana Velásquez Archibold · 10 de Mayo de 2016

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Los vallenatos no soportan más amanecer sin agua en sus casas o abrir el grifo y que les salga sin mucha presión. Justo por la falta del líquido, el principal hospital de Valledupar, el Rosario Pumarejo de López, tuvo que reprogramar en Semana Santa varios partos y cirugías. Y por una nueva falla en el acueducto, esa ciudad recibió a los cientos de turistas que asisten a su principal fiesta, el Festival Vallenato, sin una gota de agua.

La responsable de esa constante agonía que sufren los vallenatos es Emdupar, la empresa de acueducto y alcantarillado de Valledupar, que nació en 1944, pero desde 1989 adoptó su nombre actual. Y ha terminado convertida en una suerte de ‘caja menor’ de los políticos por lo que hoy tiene un rezago en infraestructura de más de 250 mil millones de pesos y deudas por 17 mil millones de pesos.

Esa crisis financiera llevó a la Superintendencia de Servicios Públicos a darle un ultimátum: si antes del 19 de junio, no presenta un robusto plan de salvamento quedará expuesta a medidas drásticas, que van desde sanciones económicas hasta la toma de posesión por parte de la Superintendencia. Esa situación parece un déjà vu porque ya en el 2000 Emdupar tuvo que suscribir un acuerdo de gestión con la Superintendencia para disminuir su cartera morosa y los pasivos pensionales y laborales.

Ese embolatado panorama financiero es el resultado de años de manejos políticos en la empresa, que depende del poder que llegue cada cuatro años a la Alcaldía porque el ente territorial es dueño del 95% de sus acciones y el mandatario de turno es el presidente de la junta directiva.

De allí que en la Valledupar política llamen a Emdupar la ‘caja menor’ de la Alcaldía, porque a través de esa empresa se volvió común que los alcaldes paguen parte de los compromisos adquiridos en campaña. Una de las maneras de hacerlo es con los nombramientos de los gerentes, por lo que en menos de cuatro años, Emdupar ha llegado a tener hasta cinco timoneles.

Por ejemplo, entre 2008 y 2011, estuvieron Licinio Beleño Jiménez, quien afronta un juicio por posiblemente haberle causado detrimento patrimonial a Emdupar con un contrato de 1.200 millones de pesos; Joaquín Martínez Urrutia, Alberto Daza Lemus, Rosa Cotes Abdala (encargada) y Eduardo Becerra. A los dos primeros los nombró el alcalde Rubén ‘Ava’ Carvajal, cuya elección el Consejo de Estado la declaró nula en 2009, y el resto llegó durante el gobierno de Luis Fabián Fernández, mandatario tras las elecciones atípicas de ese año.

A Emdupar el alcalde de turno también la usa para pagar favores políticos vía las vinculaciones del personal administrativo y operativo, y la contratación. Esto último, porque por ser una empresa de servicios públicos se rige por su propio manual de contratación, lo que le permite hacer contrataciones directas y no estar cobijada por la Ley 80 de contratación pública.

Los manejos políticos

Justamente un enfrentamiento por unos contratos laborales son la evidencia más reciente de ese manejo político.

Resulta que hay una disputa entre el saliente alcalde Fredys Socarrás y el actual mandatario Augusto Tuto Uhía. El primero dejó a personas de su grupo político con contratos que vencen casi al final de la actual administración y al segundo las condiciones de esas vinculaciones no le han gustado, por lo que desde el empalme a finales del año pasado comenzó a quejarse.

La nómina de Emdupar aumentó durante la administración de Fredys Socarrás, quien llegó a la Alcaldía por votos de opinión y con el respaldo del otrora poderoso del Cesar, el exministro Álvaro Araújo Noguera. De 198 contratos en 2014, entre personal de planta y órdenes de prestación de servicios (OPS), pasó a 228 en 2015, según datos del departamento de Gestión Humana de la empresa. Aunque, el sindicato de Emdupar dice que el aumento es mayor y lo sustenta en que los empleados pasaron de 186 a 276 el año pasado.

Por el incremento de empleados, la Procuraduría Provincial de Valledupar suspendió de su cargo, en diciembre, al gerente Gustavo Morales.

Al aumento se suma el cambio de las condiciones laborales de los empleados porque la mayoría quedó, desde agosto pasado, con contratos indefinidos, lo que evita la contratación por OPS. Mientras que los jefes de área, que son los puestos clave para el funcionamiento de Emdupar y cuyo tiempo de servicio es a discrecionalidad de la gerencia de turno, ahora tienen contratos a término definido de tres años.

En plata blanca, el saliente alcalde Socarrás dejó sin margen de maniobra al actual alcalde Uhía y a su jefe político, el representante conservador Ape Cuello, para meter a gente de su cuerda política a través de las OPS.

Hasta ahora, la actual administración solo ha podido nombrar a Armando Cuello Daza como gerente, quien estuvo haciéndole campaña a Uhía en las regionales de octubre, y a un asesor. Por eso, un político activo le dijo a La Silla que Emdupar hoy es una especie de cascarón para el alcalde Uhía porque aunque el gerente es afín a él, quienes están en los puestos clave son cercanos al exalcalde Socarrás.

Hoy el alcalde Uhía no puede cambiar a ese personal, como suele ocurrir en Emdupar con la llegada de una nueva administración, si no tiene una justificación de peso para hacerlo. De lo contrario, las indemnizaciones y pleitos laborales terminarían golpeando aún más las ya frágiles finanzas de esa empresa.

Dos empleados de Emdupar le dijeron a La Silla que son esos cargos en los que más se evidencian las recomendaciones políticas.

Por ejemplo, Socarrás dejó en la Jefatura de Gestión de Planeación a Álvaro Araújo Peña, hijo del excongresista Álvaro Araújo Noguera que apoyó su candidatura a la Alcaldía. Y en la Jefatura de Gestión Comercial a María Alicia Pavejau, casada con un sobrino del excongresista Araújo Noguera.

Al ser consultado por La Silla, el exalcalde Socarrás dijo que los cambios de contratación durante su administración obedecieron a las recomendaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos para darle mayor estabilidad al recurso humano y evitar la alta rotación por los contratos de un año y las OPS.

Aunque esa recomendación es cierta, la Súper alertó recientemente de que el aumento de los egresos de Emdupar son mucho más altos que los ingresos, en parte por la planta de personal y la falta de gestión comercial de la empresa. Ese desbalance podría amenazar la prestación del servicio de agua en Valledupar a corto plazo.

Una década desordenada

Aunque los problemas en la prestación del servicio del agua han sido parte de la historia misma de Emdupar y de las empresas de servicios públicos que le antecedieron (Acuadelma, Insfopal, Acuadupar), durante la última década es cuando más ha tocado fondo porque aumentaron las contrataciones por OPS. Y porque le ha hecho falta un plan de inversión para mejorar las viejas redes del acueducto, que hoy le suministran agua a 80 mil suscriptores. Es decir, a más del 90% de los 430 mil habitantes de esa capital.

Hasta el año pasado, cuando cambiaron las condiciones laborales en Emdupar, el número de vinculados por OPS y por periodos de uno o dos años era mayor al personal de planta. De sus casi 200 empleados en 2014, solo 67 tenían contratación a término indefinido. Mientras el resto laboraba por OPS y contratos temporales, de acuerdo con datos que la empresa le entregó a la Superintendencia en una auditoría.

Según la presidenta del sindicato de Emdupar Dubys Díaz, esas vinculaciones temporales comenzaron a ser más frecuentes desde el gobierno de Ciro Pupo, a quien la Procuraduría inhabilitó por 11 años en 2009 al haber violado el régimen de contratación estatal. También de aquella época, recuerda Díaz, data la costumbre de comenzar a quitarle funciones al personal nombrado.

“Empezaron a quitarnos las funciones a los antiguos para poder justificar al personal que iba entrando”, nos dijo la líder sindical, quien calcula que en esa situación se encuentran unos 35 trabajadores, ella incluida. Lo que la ha llevado, nos dijo, a improvisar a diario sus funciones en el área de servicios generales, que es a la que pertenece.

De hecho, un político activo le contó a La Silla que en Emdupar se volvió costumbre que los jefes políticos les envíen a los gerentes las hojas de vida de las personas que deben contratar por OPS, aún cuando la empresa no necesite hacer esas contrataciones.

Justo por tanto ingreso desordenado, Emdupar ha terminado pagando millonarios recursos en demandas laborales. Estas fueron interpuestas por personas desvinculadas, que pidieron indemnizaciones argumentando haber tenido OPS.

Solo los últimos cuatro años, la empresa pagó en indemnizaciones 10 mil millones de pesos, pero la suma seguirá aumentando porque hasta el año pasado, según datos de la Superintendencia, estaban en curso 88 demandas laborales con pretensiones cercanas a los 2.800 millones de pesos. Y 60 de ellas se encontraban en alto riesgo de ser falladas en contra de Emdupar.

También desde 2004 comenzaron a ser más frecuentes los cambios en la gerencia, a diferencia de décadas pasadas cuando los gerentes duraban más de dos años. Tanta rotación ha incidido en que Emdupar no tenga una política clara de inversión para mejorar su infraestructura ni continuidad en sus procesos.

Por ejemplo, entre 1993 y 1997 estuvo José Calixto Mejía y después lo reemplazó William Aroca, quien ingresó en 1998 y salió en 2003. Aunque en la continuidad de este último fue clave que la Alcaldía la manejara un mismo grupo político, que tuvo el poder durante tres periodos consecutivos: el extinto Movimiento de Renovación Liberal, que puso como alcaldes a Elías Ochoa, Jhonny Pérez Oñate y nuevamente a Ochoa.

Después, durante el gobierno de Ciro Pupo, entre 2004 y 2007, Emdupar tuvo al menos cinco gerentes. Situación que no cambió con los siguientes mandatarios y que llevó a que los últimos 11 años esa empresa sumara más de una decena de cambios en su gerencia.

Otro mal que aqueja a Emdupar es que las millonarias inversiones recientes en infraestructura han estado llenas de improvisaciones.

Durante la administración de Luis Fabián Fernández, la Alcaldía hizo un empréstito de 36 mil millones de pesos para mejorar la planta de tratamiento de agua potable, construir un colector y optimizar las redes en dos corregimientos.

Esas obras fueron cuestionadas porque no terminaron mejorando la calidad del servicio del acueducto. De hecho, en 2012 la Contraloría informó de hallazgos por presunto detrimento patrimonial en la ejecución de esos contratos. Y la semana pasada, el ente de control comenzó un proceso de responsabilidad fiscal, porque los trabajos para llevarle el agua a uno de los dos corregimientos contratados quedaron inconclusos.

Otra de las críticas que ese empréstito generó fue que terminaron comprometiéndose a 20 años los recursos de agua potable del Sistema General de Participaciones, con una tasa de interés demasiado alta. El siguiente alcalde que encontró la deuda, Fredys Socarrás, la calificó de “concierto para delinquir” y redujo la tasa en un 40%, vía una figura de sustitución con Findeter.

Los retos de Emdupar

La empresa tiene menos de un mes y medio para armar el plan de salvamento que debe presentarle a la Superintendencia y en el que debe garantizar inversiones para mejorar la prestación del servicio, que hará más ágil su gestión de cartera y que reorganizará su planta de personal para determinar realmente cuántos empleados necesita.

Esa ruta la Superservicios la mirará con lupa porque Emdupar le reportó, entre 2013 y 2014, información que le generó suspicacias y por la que contrató una auditoría que dejó en evidencia su estado crítico.

“Sabíamos que estaba en problemas, pero no nos esperábamos esos resultados. Fueron más graves de lo que pensábamos”, le dijo a La Silla el superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo Jorge Andrés Carrillo.

Y por esa situación tan crítica que no se vio reflejada en los reportes que Emdupar le hizo a la Súper hay abierta una investigación para determinar qué pasó y si hubo una intención de parte de la anterior gerencia de ocultar información.

Por lo pronto, el alcalde Tuto Uhía ha dicho que tiene toda la intención de manejar la empresa con un criterio más técnico que político. Sin embargo, eso está por verse porque los últimos tres alcaldes han prometido lo mismo y la empresa sigue sin un rumbo claro definido y los vallenatos padeciendo cada vez más por la falta de agua.

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