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Por Ángela Hurtado · 05 de Enero de 2017

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Se van a cumplir 15 años de la masacre de Bojayá. Son 15 años en los que las víctimas de esta masacre han enfrentado a sus victimarios, las Farc les han pedido perdón, y el presidente Santos les ofreció la plata del premio Nóbel como reparación. Lo que no han tenido es el alivio de decirle adiós a sus muertos.  Hoy, hay una promesa que les garantiza que van a poder hacerlo.

En marzo, la Fiscalía empezará a exhumar los 79 cuerpos, entre ellos 47 de niños, identificarlos, y entregarlos por fin a sus familias para que les den sepultura de acuerdo a sus tradiciones afro.  Así podrán cumplir con el luto que llevan puesto desde el 2 de mayo del 2002.

La Silla Pacífico entrevistó a Leyner Palacios, vocero del Comité de Víctimas de la masacre de Bojayá, sobre este momento clave y al tiempo, doloroso, para conocer su testimonio de cómo lo han vivido y cómo lo enfrentarán los sobrevivientes de la masacre.

“Las almas de nuestros familiares están penando”.

***

El vagar de los muertos empezó pocas horas después de que las Farc lanzaron la pipeta que destruyó la Iglesia, donde buscaron refugio. Unos cuerpos quedaron apilados en lo que quedó del templo y otros regados por las calles del ‘viejo’ Bellavista, el antiguo casco urbano de Bojayá, en el Chocó.

Pasaron dos días. Nadie se atrevía a acercarse a Bellavista para auxiliar a los sobrevivientes, porque continuaban los combates entre los frentes 5, 34 y 57 de las Farc y el Élmer Cárdenas de las Autodefensas. Entre el terror y el afán, algunos, entre ellos el anciano Domingo Mena, sacaron fuerzas para recoger los cuerpos y enterrarlos en una fosa común en Loma Rica, a orillas del río Bojayá. La esperanza era poder volver para darles una digna sepultura.

Ocho días después, Medicina Legal y la Fiscalía llegaron a Bojayá para hacer el levantamiento de los cadáveres. Aún no cesaban los combates. En medio de la tensión y sin garantías de la Fuerza Pública para protegerlos, desenterraron la fosa e identificaron los cuerpos que pudieron.

Los funcionarios se tuvieron que ir y volvieron un mes después. Para ese momento, la humedad de la selva ya había hecho su trabajo sobre los cuerpos y el estado de descomposición era avanzado. Los investigadores de la Fiscalía terminaron de hacer su trabajo con ayuda de la Alcaldía y algunas personas que no salieron del pueblo. Entre todos, trasladaron los restos al cementerio de Bellavista, en un lote, que contrario a las costumbres afro de separar los vivos y los muertos, está dentro de la cabecera municipal.

“Medicina Legal les puso unos números y unas crucecitas para identificarlos y se fueron. Casi todos los familiares nos habíamos desplazado, unos para Vigía del Fuerte, yo por ejemplo, para Quibdó. Cuando volvimos del desplazamiento, ya a finales de ese año, muchas de esas cruces se las había llevado el viento y los números estaban borrados”.

Así empezó el duelo sin fin.

Para las comunidades afrocolombianas del Medio Atrato, el río que bordea Bojayá, la muerte es un paso espiritual muy importante. Todos, como pueblo, participan en los rituales mortuorios y necesitan la guía de los ancianos que con rezos, cantos y símbolos ayudan a que las almas pasen al más allá y descansen en paz.

Para lograr esa paz, lo más importante es que los vivos les cumplan a sus muertos, como las costumbres lo dictan. Que los restos reposen a siete pies de profundidad (cerca de 2 metros), estén en ataúdes de madera y se despidan con los rezos y cantos según la edad en que fallecieron. Nada de eso se ha podido hacer en Bojayá.

Los restos óseos quedaron enterrados en las bolsas plásticas que usa Medicina Legal para sus inspecciones, enterrados más o menos a un metro de profundidad. La Fiscalía no los identificó a todos, individualmente, sino que con muestras de ADN encontró rasgos genéticos de los cadáveres y en algunos casos hizo una entrega colectiva. Los detalles de ese levantamiento solo los obtuvieron hace dos meses, el 24 de noviembre del 2016, cuando la Fiscalía les entregó un informe a las familias de la exhumación que se hizo en el 2002, información que tardó 14 años en llegar.

“Doña María Pascuala Palacios perdió a su mamá, su papá, sus hermanos, primos, tíos y tías. Ella todavía se pregunta ¿dónde están los míos? ¿dónde está mi hermano Emilianito? Nada es seguro, ni claro. El informe de la Fiscalía no coincide, porque dice que Emilianito tenía 25 años y todos los que lo conocimos y compartimos con él sabemos que tenía casi 70”.

Cuando por fin la Fiscalía ordenó una nueva exhumación en mayo del 2016 las víctimas volvieron a tener esperanzas. “Yo me siento incompleta después de 14 años. Todavía estoy dando la pelea, no pierdo las esperanzas de recibir esa reparación”, dijo Doña María Pascuala cuando supo la noticia. Para las familias aún faltan muchos cadáveres por entregar. No se tiene claro cuántas mujeres estaban embarazadas, mucho menos de sus bebés.

Para los niños que nacen muertos o mueren a los pocos días, la costumbre es gualizarlo, un ritual para liberar su espíritu que es inocente. Este rito, conocido como el gualí, es un velorio en el que los padrinos y el rezandero custodian el cadáver del niño. Los parientes, si saben cómo hacerlo, van arrullando su cuerpecito o su cajita, mientras le cantan canciones de cuna o villancicos. El ritual además, está dedicado a los padres, especialmente a acompañar a la madre en su dolor.  

“Heiler, un pescador del pueblo, perdió sus cinco niñas en la masacre, pero solo le dieron razón de cuatro. A él le falta Jeisy, que tenía cinco años. Está triste, necesita saber qué pasó con ella. Camina en silencio por las calles del pueblo y nunca volvió a ir a la iglesia o participar en los actos de homenaje. El año pasado, entró por primera vez a la ceremonia de mayo y se me acercó. Comenzó a llorar, mientras me pedía que hiciera lo que pudiera para tener tranquilidad y saber qué pasó con ella. Nadie sabía, durante todos estos años, lo que él estaba viviendo”.

En Bojayá se sabe que murieron 47 niños. Hace un mes, después de que la Fiscalía les entregó el informe del 2002, tuvieron la certeza de que hay cinco personas declaradas como desaparecidas, entre ellas un bebé que nació durante la tragedia, un niño de siete años y una niña, Jeisy.

Los casos de los desaparecidos tienen en vilo a la comunidad, y es la razón que los unió para aceptar la reapertura de las tumbas.

“Una de nuestras familias se ha gastado lo que no tiene buscando a su pariente. Desde ese día se sembró la duda de que los grupos armados se hubieran llevado algunas personas. Entonces, de vez en cuando llegan rumores de que lo vieron vivo, que está en tal ciudad. Y van y lo buscan, hasta arriesgan la vida para encontrarlo. Y no encuentran nada”.

Para los habitantes de Bojayá no hay duda de que sus muertos andan vagando, pues se les manifiestan a sus deudos.

“Algunas personas sueñan mucho con su familiar. Yo recojo todos sus relatos. Trato de escuchar y explicárselo a los mayores para que los interpreten. Todos cuentan que los ven caminando a las orillas del río o les piden agua. Los que ven en el río, significa, según los mayores, que se sienten abandonados. Los que piden agua, están pidiendo rezos. Las almas no se despidieron, no se les cantó y es una petición concreta, porque sienten que es necesaria”.

Son 15 años sin un rezo, sin una flor, porque para ofrecer una rosa o un clavel hay que saber de quién es la tumba. Por ese sufrimiento las víctimas llevan luchando legalmente esta última década, para exigirle al Gobierno una nueva exhumación. La pelea contó con el respaldo de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que desde el principio ofreció recursos y servicios especializados para hacer la identificación.

La lucha se ganó por fin con los diálogos de paz en La Habana, donde las víctimas de Bojayá tuvieron un reconocimiento especial y recibieron el primer acto temprano de perdón en en septiembre del 2016 que realizó las Farc. Además, lograron que el Gobierno se comprometiera finalmente a exhumar los cuerpos y entregarlos uno a uno a sus familiares.

La noticia circuló por los medios, pero las víctimas aún no estaban preparadas para enfrentar el reto que se les venía encima.

Las heridas se empezaron a abrir con el informe de la primera exhumación, porque conocer los detalles les trajo sentimientos encontrados. Todavía hay restos sin nombre, datos que no coinciden con la persona nombrada y huesos que reposan muy lejos del pueblo.

“Hasta ahorita nos enteramos de que un muchacho, que la gente vio morir en la iglesia, apareció enterrado en Riosucio (municipio vecino de Bojayá al norte del Chocó). Cuando la mamá se dio cuenta no se imagina el impacto que le causó. Empezó a pedir que se lo trajeran, a preguntar: ¿cómo llegó allá? Eso fue un golpe de dolor terrible. Hay una familia que perdió a la hermanita menor. Unos restos los encontraron en la iglesia y otros en la fosa común. La Fiscalía los identificó, pero enterró las dos partes separadas. Eso trajo más sufrimiento para ellos. ¿Por qué no la juntaron? Mentalmente es un daño grave para los sobrevivientes. Aunque la información nos dio tranquilidad, porque reveló datos que tardaron 15 años en darse a luz, realmente, justificó la petición que teníamos”.

Luego de conocer el informe, el Comité de Víctimas de la masacre se reunió de nuevo. Y aunque algunos estaban resistentes a reabrir las tumbas, aceptaron en nombre de la comunidad.

A principios de diciembre empezó la preparación para la exhumación con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Medicina Legal, Fiscalía, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas.  Sin embargo, las víctimas decidieron que antes de abrir las tumbas, tenían que hablar sus mayores.

“En estos momentos le están consultando a las almas cuáles deben ser los rituales para la exhumación. Nuestros mayores han sido el mejor acompañamiento para que las familias lleven la pena”

Los mayores son un grupo espiritual, casi 30 personas que incluyen a las alabadoras de la comunidad rural de Pogue en la misma Bojayá, rezanderos, sobanderos y parteras. Los rituales podrán tomarse unos dos meses a partir de enero para que en marzo pueda llegar Medicina Legal y la Fiscalía a abrir las tumbas.

Las entidades les aseguraron que el proceso de identificación y entrega digna de los restos tomará siete meses, así que en noviembre, mes de los muertos, es probable que los fallecidos de la masacre por fin transiten al más allá.

Comentarios (2)

DIDUNDI

05 de Enero

3 Seguidores

Se necesita d mucha tripa como se dice coloquialmente, para q estás historias...+ ver más

Se necesita d mucha tripa como se dice coloquialmente, para q estás historias no te muevan las fibras. Creo q califican en el concepto d crónicas,  q en el país lastimosamente terminan siendo d muertes anunciadas.

Nancy Leon

05 de Enero

0 Seguidores

Que nota tan bonita. Triste pero muy  bonita. Un proceso de sanacion comu...+ ver más

Que nota tan bonita. Triste pero muy  bonita. Un proceso de sanacion comunitario que respeta la cultura y los ancestros de las victimas.

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