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Por LaSillaVacia.com · 28 de Junio de 2016

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Desde hace dos semanas, por cuenta de las obras inconclusas financiadas con el crédito más caro en la historia de Cartagena, en esa ciudad se vive un verdadero ‘Tocondi’: Todos contra el exalcalde Dionisio Vélez.

Además de la indignación ciudadana en redes, la Procuraduría y la Fiscalía anunciaron investigaciones por los 250 mil millones de pesos que le pidió a la banca, mientras que la Contraloría estudia iniciarle un control excepcional. Y el jueves pasado, el exconcejal y veedor David Múnera -el único cabildante del anterior periodo que no votó a favor del empréstito- le pidió a la Personería comenzar un proceso disciplinario.

 

El ‘Tocondi’ empezó el pasado 13 de junio. Ese día la senadora de Bolívar Daira Galvis (Cambio Radical) le solicitó a la Contraloría General hacer un control excepcional para investigar seis hechos de la administración de Vélez. Uno de ellos, los contratos de infraestructura en vías, hospitales y colegios pagados con los recursos del crédito, que el Concejo le aprobó en marzo de 2014.

La senadora le aseguró a la Contraloría que el proceso de contratación con esos recursos comenzó “viciado” y justificó ese juicio con nueve argumentos.  Uno de ellos es el cuestionamiento inicial que le hizo a Vélez la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar por el empaquetamiento de obras. Ese gremio le criticó al entonces mandatario haber agrupado las 272 intervenciones en tres licitaciones, porque no permitiría -como en efecto ocurrió- una variada participación de firmas de Bolívar.

Otros argumentos de Galvis fueron la contratación de obras sin estar listas las interventorías y los retrasos en la ejecución de los trabajos. Estos últimos denunciados por diferentes medios de comunicación, incluida La Silla.

La solicitud de Galvis está en el despacho del contralor Edgardo Maya  y será la oficina jurídica de la Contraloría la que determine si le da luz verde al control excepcional, le dijo ayer a La Silla un vocero de esa entidad.

Tres días después de la solicitud de Galvis, el 16 de junio, la Fiscalía anunció que comenzaba a investigar penalmente al exmandatario para determinar si parte de los recursos del crédito pudieron haber terminado en una empresa de su familia en Panamá. En ella aparecen como directores el hermano y la esposa de Vélez: Amaury Vélez Trujillo y María Victoria Donado, respectivamente.

La seccional Bolívar de la Fiscalía inició la investigación a raíz de un artículo del periodista y profesor Lucio Torres, publicado el 24 de mayo en su página web. En ese texto da detalles de la empresa Velsti Internacional Inc, mencionada en los Papeles de Panamá, y se pregunta “¿Por qué Vélez Trujillo tiene cuentas bancarias en paraísos fiscales engordadas durante la alcaldía y no han sido reportadas a la Dian?”.

El tercer episodio del ‘Tocondi’ ocurrió el pasado miércoles, cuando el procurador Alejandro Ordóñez dijo desde Cartagena, en un evento con funcionarios de la Gobernación de Bolívar, que la Procuraduría Primera Delegada para la contratación tiene abierta una investigación para saber qué pasó con los recursos y tratar de que las obras no queden inconclusas.

La Silla intentó conocer más detalles sobre esa investigación, pero no fue posible obtener datos de parte de la Procuraduría General. Tampoco fue posible que el procurador regional de Bolívar Raúl Guerrero Durango nos contestara para ampliar la información.

Y el que hasta ahora es el colofón del ‘Tocondi’ se dio el pasado jueves. Ese día el exconcejal del Polo Democrático David Múnera le envió un documento de 13 páginas al personero de Cartagena William Matson. En él detalla las obras que le correspondieron a los tres consorcios ganadores y hace alusión a dos informes de octubre de 2015 y febrero de este año, realizados por la fundación por Cartagena Funcicar, sobre el estado de las obras en las escuelas y la parálisis de los trabajos en los centros de salud y hospitales.

Múnera también adjuntó el informe ‘Las perlas de unas millonarias obras en Cartagena’, que La Silla publicó el 5 de junio pasado.

Con todos estos anuncios de investigación y peticiones de apertura de procesos, la tan anunciada revolución de cemento que Vélez prometió terminó convertida en el símbolo de un millonario desgreño, como contó La Silla.

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