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Por LaSillaVacia.com · 04 de Julio de 2016

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Desde que Rodolfo Hernández se montó en la Alcaldía de Bucaramanga, la Contraloría se convirtió en el principal fortín liberal de la ciudad.

 

Primero fue encargado de ese órgano de control Rolando Noriega quien, como contó La Silla, es amigo personal de Cristian Bautista –el sobrino del exalcalde liberal Lucho Bohórquez; más adelante, varios pronunciamientos de la Contraloría fueron señalados de estar politizados; y hace tres semanas, tal y como se preveía,  el excongresista liberal Jorge Gómez Villamizar fue elegido por las mayorías rojas en el Concejo para dirigir esa entidad.

En un año en el que la Contraloría tendrá la tarea de revisar las últimas actuaciones de la administración de Bohórquez, La Silla revisó los contratos que firmó ese ente de control en los primeros seis meses de 2016 y encontró que se llenó de cuotas de concejales liberales y del exalcalde Bohórquez.

“No hay silla para tanta gente”

Aunque a inicios de este años la Auditoría General publicó un informe en el que cuestionó a la Contraloría de Bucaramanga por tener contratistas y supernumerarios (como conductores, secretarias, mensajeros o judicantes que cumplen horario y tienen jefe directo) sin justificación, en lo corrido de este año se dispararon ese tipo de vinculaciones en la Contraloría.

Solo en el primer semestre de 2016 la Contraloría celebró 42 contratos de prestación de servicios que sumados cuestan $527 millones, cifra que se duplicó con respecto a 2015, año en el que durante ese mismo periodo de tiempo estuvieron vinculados 22 contratistas de prestación de servicios.

“Hay que tener en cuenta que en ese momento, cuando hay un cambio de administración y un plan general de auditorías que ejecutar, se necesitan más personas porque no solo estamos hablando del trabajo de siempre, sino de la vigilancia al empalme. Igual si usted habla de 40 contratados, pues la verdad es que esos siguen siendo muy pocos para todas las cosas que se deben hacer en la Contraloría”, le dijo a La Silla Rolando Noriega, quien hoy es el subcontralor.

Pero, al revisar lo que pasó hace cuatro años, cuando también había que revisar un emplame, la diferencia es muy clara: en los primeros seis meses de 2012 la Contraloría contrató a 23 personas por $266 millones. 

El aumento en la contratación de la Contraloría se da pese a que no ha aumentado su carga de trabajo, tiene a los mismos sujetos de control y a que el año pasado  tuvo una reestructuración que aumentó el número de funcionarios de planta y que en consecuencia buscaba disminuir el número de contratistas de prestación de servicios.

Un contratista que trabaja en esa entidad y otro que estuvo vinculado hasta hace poco, le contaron a La Silla que la contratación ha sido tanta que actualmente no hay ni computadores ni escritorios suficientes para que todos contratistas trabajen en la sede del ente de control.

“Allá no hay sillas para tanta gente. La capacidad de la Contraloría no da para tener a tantos funcionarios”, le dijo a La Silla una de esas fuentes.

La cantidad de supernumerarios también ha aumentado. De 11 que estuvieron vinculados en 2015, la cuenta ya aumentó al menos en dos más. 

Las cuotas rojas

Tras revisar los perfiles de los 42 contratos de prestación de servicios firmados durante el encargo de Noriega, La Silla encontró que al menos 23, que en su gran mayoría llegan a apoyar los equipos de auditoría de la Contraloría, vienen de hacer campaña con el Partido Liberal o de apoyar a algún concejal de ese partido en las elecciones de 2015.

Por un lado, están los que vienen de línea directa de los concejales. 

Se trata de Linda Sandoval, Jorge Moreno, Fanny Dueñez y Nelson Bernal, quienes vienen de apoyar y de hacer campaña con Javier Ayala, Dionicio Carrero, René Garzón y Wilson Mora.

Por su parte, Jaime Andrés Beltrán tiene dos fichas (Janneth Cala y Dennis Zúñiga) y Henry Gamboa -el actual presidente del Concejo- tres (Mauricio Plata, Diego Ramírez y Nelson Arciniegas).

Adicionalmente, dos contratistas que trabajaron en el Instituto de Fomento y Empleo de Bucaramanga, Imebú, en el cuatrenio pasado -Cinthya Reyes y Eduardo López- también llegaron a la Contraloría. El Imebú era entonces un fortín de la concejal Nancy Lora, quien puso como director de esa entidad a su excuñado Cristian Rueda, actualmente con detención domicilaria por presuntas irregularidades en el manejo de millonarios recursos.

De la Alcaldía se reencaucharon tres contratistas que venían de trabajar en diferentes dependencias (Daidith Silvana Hernández, Martha Laura Zapata y Omar Peña). Y sumando líderes de juntas de acción comunal, excandidatos liberales a algún cargo de elección popular en el departamento y familiares de políticos de ese partido, encontramos seis más. 

William Porras, Johan Correa y Ferney Alexis Espinosa vienen de hacer parte de juntas de acción comunal liberales; Adriana Gallo, es hermana de Luis Alfonso Gallo, exconcejal de Girón elegido por el Partido Liberal  y Fredy Rondón, ha sido candidato al concejo de Los Santos con el aval rojo. 

Además, el exalcalde Lucho Bohórquez también puso fichas directas en la Contraloría.

Su hija Stefany Bohórquez tiene un contrato para ser jefe de prensa por siete meses.  Aunque lo firmó el 27 de mayo, Bohórquez le dijo a La Silla que “por estudios” ya no lo iba a ejecutar y aseguró que ya no estaba trabajando en la Contraloría. Sin embargo, La Silla supo que por lo menos hasta el lunes de esta semana estuvo trabajando en esa entidad.

Cindy Lorena Bautista Bohórquez, sobrina del exalcalde y hermana de Cristian Bautista, ya ha recibido dos contratos (uno por los primeros tres meses del año y el otro por el resto del año) para apoyar como ingeniera de sistemas la “rendición de cuentas electrónicas de la Contraloría”.

Adicionalmente, el exsecretario del interior y asesor de Bohórquez, César Parra, obtuvo un contrato para defender a la Contraloría, asesorarla en procesos disciplinarios internos, y dar su concepto en los fallos de segunda instancia, que son los que hace directamente el contralor.

Lo particular de la llegada de Parra es que al haber sido funcionario del municipio es susceptible de investigación en la Contraloría, y además que, según un reporte oficial, desde 2015 tiene abierto un proceso administrativo en esa misma entidad por “entorpecimiento al cabal cumplimiento de las funciones” . 

Sobre los contratos de personas ligadas directamente al Partido Liberal, Noriega le dijo a La Silla que si los había vinculado a su equipo era porque “necesitaba personas de confianza para trabajar”, y aseguró que desconocía “su procedencia política”.

Hoy, con un dominio burocrático reducido, los liberales tienen todo dado para que hagan sentir su poder desde la Contraloría.

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