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Por Jineth Prieto · 15 de Septiembre de 2016

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Desde que arrancó su administración, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, casó pelea con los sindicatos del municipio.

Fiel a su estilo de empresario del sector privado, Hernández se la ha jugado por tratar de renegociar las convenciones colectivas y en otros casos por intervenir de frente a los sindicatos cambiándoles asignaciones laborales y salariales a sus afiliados.

Esa jugada que es poco común en lo público dado que el poder que representan los sindicatos hace que puedan convertirse en un verdadero palo en la rueda en una administración porque pueden parar actividades y hacerle contrapeso en su propia casa, ya ha tenido varios rounds y tiene a la administración de Hernández a punto de iniciar uno nuevo.

El Juzgado Once Administrativo Oral de Bucaramanga aceptó una demanda que busca tumbar la reclasificación de 27 sindicalistas del municipio, quienes desde el 2 de mayo pasaron de ser trabajadores oficiales (tienen contrato laboral a término indefinido y se dedican a la construcción y mantenimiento de obras públicas) a empleados públicos (se dedican a labores administrativas o de vigilancia), porque estaban cumpliendo las funciones de los segundos.

Le pelea estalló porque con la reclasificación, esos 27 trabajadores perdieron la capacidad de afiliarse a un sindicato y por lo tanto se quedaron sin todos los beneficios a los que se habían hecho acreedores por pertenecer a él, lo que les representaba salarios de $4 millones mensuales, pese a que su asignación básica era de $1,7 millones.

Mientras que en la esquina de los sindicatos argumentan que les violaron el debido proceso porque si querían hacer esos cambios debieron levantarles el fuero sindical a los trabajadores oficiales (12 lo tenían) y tener en cuenta que varios están incapacitados y que otros están a punto de pensionarse, en la Alcadía dicen que ellos no tenían derecho a esos beneficios porque jamás cumplieron las condiciones para ser trabajadores oficiales y sin ello no podían pertenecer a un sindicato.

Más allá de la disputa jurídica, el fondo está en que con esa demanda los 27 empleados buscan que los indemnicen y entre todos están pidiendo poco más de $5 mil millones, algo que de salir a su favor, terminaría siendo un revés para Rodolfo Hernández, a quien el remedio para buscar más recursos, le podría salir peor que la enfermedad.

Además, en medio de ese tire y afloje los sindicatos han empezado a presionar y llegaron hasta la Contraloría - está en manos de la oposición al Alcalde-, que a su vez le pidió a la Procuraduría que investigara a Hernández por presuntamente haber violado la convención colectiva de los sindicatos que fue negociada en diciembre de 2015 y que tiene validez hasta 2019.

Si bien ese proceso no se ha movido, otros dos lementos se sumaron esta semana.

Por un lado la Alcaldía declaró la vacancia por abandono de varios de los cargos en los que los trabajadores fueron reubicados y eso caldeó aún más los ánimos en el sindicato; y por otro, un juzgado laboral le dio la razón a tres de los afectados que demandaron la reclasificación porque no les levantaron el fuero antes de moverlos, aunque la decisión fue apelada, por ahora no le augura un buen futuro a la defensa de la Alcaldía.

CONTEXTO

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