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Por Tatiana Duque · 16 de Noviembre de 2016

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Al Congreso le queda un mes de sesiones ordinarias y sigue en stand by esperando dos definiciones clave para salvar el trabajo de la legislatura: una por parte del presidente Juan Manuel Santos sobre la forma de refrendar el Acuerdo de paz. Y la otra, del expresidente Álvaro Uribe y los miembros del No, sobre si se unirían al llamado Pacto Político Nacional que sustente la refrendación y la implementación del nuevo acuerdo.

Con respecto a la decisión del Gobierno, ni el presidente Santos, ni los negociadores, ni los ministros tienen claro todavía cuál va a ser el mecanismo de refrendación.

 

Ayer, los congresistas de la Unidad para la Paz (todos los partidos de coalición, más los indígenas, la Unión Patriótica, los Verdes y el Polo) que fueron citados a Palacio, confiaban en que el primer mandatario les daría una pista o una noticia. Sin embargo, salieron desinflados.

“Nos citaron para echar globos”, dijo a La Silla uno de los asistentes. Y la sensación fue similar entre otros de los demás partidos.

“Lo que hace falta es que el presidente Santos mande el acuerdo al Congreso”, dijo a su turno el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, quien propuso al Congreso como el escenario para refrendar.

Un representante a la Cámara nos dijo que el Presidente tiene dudas todavía sobre cómo refrendar, y que en la reunión con las bancadas no descartó un plebiscito. Sin embargo, para cinco congresistas de cinco partidos diferentes que asistieron al encuentro, esa idea parece poco viable.

demás de ser costoso (280 mil millones de pesos costó el anterior), un plebiscito exige montar la infraestructura electoral, un proceso que toma, al menos, un mes. Lo mismo ocurre para un cabildo abierto, la otra alternativa que en algún momento se propuso, nos dijo un congresista conservador.

“El Gobierno busca un mecanismo que no polarice, sino que una”, ha dicho, a su turno, el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, en varios escenarios.

Que el presidente Santos no se decida todavía, y no lo hará al menos hasta que regrese de Estados Unidos de sus chequeos médicos, implica que el Congreso no pueda arrancar con la implementación y una refrendación por esta vía como lo tenía previsto el presidente del Senado.

Si el Presidente se define por una refrendación por el Congreso, habría dos formas de hacerlo posible, según dijeron a La Silla un asesor de Gobierno que ha estado en toda la renegociación, y dos congresistas líderes de sus partidos: una ley ordinaria o una proposición de algún senador.

En la primera opción, dicen los consultados, una ley, así tenga mensaje de urgencia, debería presentarse esta misma semana para que alcance a salir antes de que terminen las sesiones ordinarias del Congreso.

Esta vía tiene un riesgo jurídico y uno político. El jurídico es que siendo una ley ordinaria

Podría demandarse después ante la Corte por cualquier cosa, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica de esa refrendación, nos dijo el asesor del Gobierno. Y el problema político es que los representantes del No en el Congreso son una minoría y por lo tanto su conformación no refleja la mayoría estrecha que ganó en las urnas en el plebiscito.

En una reunión previa al fallido cónclave de hoy, donde los negociadores explicarían al Congreso en pleno a puerta cerrada los detalles del nuevo acuerdo, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, insistió en que la refrendación por Congreso no hacía justicia con las mayorías del No en el plebiscito. Eso mismo piensa el procurador anulado, Alejandro Ordóñez, quien propuso un nuevo plebiscito.

Frente a este dilema, la respuesta en la coalición es que el mandato del No era para conseguir un nuevo y mejor acuerdo y eso ya se logró.

“No vamos a implementar el viejo acuerdo. La consecuencia de que ganara el No es que tenemos un nuevo acuerdo y por eso hablamos de una nueva refrendación, más rápida”, le dijo a La Silla el senador Roy Barreras tras la reunión con Santos.

La opción de la proposición, una alternativa menos simbólica y elegante, saldría de algún congresista quien, sustentado por firmas de otros colegas, pida a la Plenaria que refrende el acuerdo.

Según el reglamento del Congreso, una proposición sólo necesita la aprobación de la mayoría de los asistentes. En algunas ocasiones, éstas se aprueban con apenas 52 votos, algo que de ocurrir derrumbaría el simbolismo político y la legitimidad de la representación de una refrendación ciudadana.

La palabra de Uribe

La otra decisión de la que está pendiente el Congreso es si el expresidente Álvaro Uribe avala el nuevo Acuerdo lo suficiente como para suscribir un Pacto Político Nacional.

A esta hora Uribe, el senador Iván Duque, la ex ministra Marta Lucía Ramírez, un enviado por Alejandro Ordóñez y otros representantes del No, continúan reunidos en el centro de Bogotá estudiando las 310 páginas del nuevo acuerdo. Uribe dijo que esta labor puede tardar hasta el sábado.

No obstante, el expresidente hoy abrió la puerta a una posible refrendación vía Congreso, bajo el supuesto de un pacto nacional. Ante la plenaria, a la que le pidió que aplazara la reunión a puerta cerrada con los negociadores, djo que “creo que un acuerdo nacional, estimulado por el Congreso, en temas sustantivos facilitaría enormemente el tema de la refrendación”.

Para ello, Uribe pidió un “tiempo prudencial” para reunirse con las diferentes bancadas y los negociadores. Con los últimos se reunirá mañana a las tres de la tarde en Palacio.

Si Uribe y los del No suscriben el Pacto Político se lograría el principal objetivo del Gobierno, que es que el segundo acuerdo no polarice, y a las mayorías en el Congreso porque pueden arrancar con el siguiente punto después de la refrendación: la implementación. 

Los tiempos con y sin fast track

Como la implementación de los acuerdos de paz está supeditada a la refrendación, la consecuencia más inmediata de la no decisión de Santos y de Uribe es que la ley de amnistía para la guerrilla sigue en el congelador. Y las Farc había dicho que sin esa seguridad jurídica no comenzarían a concentrarse en las zonas verificadas por la ONU, con el riesgo que esto implica para el cese bilateral.

Sin fast track, se podría radicar con mensaje de urgencia. Y para que den los tiempos eso debería ocurrir esta semana para que cumpla el trámite del Congreso antes de las vacaciones de los congresistas.

Si el Gobierno la radic, las comisiones conjuntas las pueden aprobar dos semanas después, el 22 de noviembre.

Mientras el proyecto hace tránsito de las comisiones a las plenarias pasarán ocho días, es decir, en la semana del 1 de diciembre llegaría allá. Y entraría a debate en las plenarias de Cámara y Senado, por separado, en la semana del 6 de diciembre (con un festivo incluido el jueves 8 de diciembre).

Si hay cambios en el texto aprobado en Cámara y en Senado (lo cual es muy probable), el texto entraría a conciliación en la última semana de sesiones ordinarias, para que el Congreso lo apruebe definitivamente antes del viernes 16 de diciembre y pueda entrar en vigencia.

Las demás reformas constitucionales y estatutarias que se requieren para implementar el Acuerdo no se pueden tramitar en sesiones extras, con lo cual si Santos y Uribe no se apuran y -salvo que la Corte Constitucional tumbe en las próximas semanas el fast track al estudiar la demanda de Jesús Pérez González-, la implementación del Acuerdo no podría arrancar sino hasta marzo.

Comentarios (1)

harriarq

16 de Noviembre

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Otra vez el afán, cuatro años "negociando un acuerdo perfecto", que si se pudo mejorar y se puede seguir mejorando. Pero quieren aprobarlo sin que se analice su contenido por parte de quienes ganaron el referendo del gobierno, ese que era seguro y que no daba para plan B, pero como saben que Uribe no es tonto, el les abre la puerta, los invita y les da la solución y se aterran.

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