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Por Juan Esteban Lewin · 19 de Octubre de 2015

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha movido para ponerle orden a las elecciones. Pero lo ha hecho con más bríos que planeación y tino, y por eso lo que ha logrado terminó empañado por otros errores.

Éstas han sido sus tres grandes apuestas y lo que ha pasado:

 

Hace menos de dos semanas, el martes 6 de octubre, el CNE anunció que le iba a abrir una investigación a 15 firmas encuestadoras, incluyendo las más grandes y reconocidas. Y que también lo haría contra varios medios de comunicaciones, incluyendo a El Tiempo, El Colombiano, El País y Vanguardia Liberal.

Lo hizo en una coyuntura muy particular pues ese lunes la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez había trinado que Cifras & Conceptos, la encuestadora del ex director del Dane (y bloguero de La Silla) César Caballero estaría manipulando la opinión, pues fue socio del candidato liberal a la alcaldía de Bogotá, Rafael Pardo.

Ese mismo día Clara López, candidata del Polo a la alcaldía de Bogotá, envió una carta a la encuestadora Datexco, quejándose por la metodología que había usado para una encuesta publicada ese fin de semana.

En ese contexto, también surgieron tres propuestas en el CNE: obligar a las encuestadoras a revelarles las encuestas antes de publicarlas, exigirles usar una misma metodología y prohibir la publicación de encuestas en la semana previa a las elecciones locales (algo que ya existe para las presidenciales).

Todos estos anuncios terminaron en más alharaca que hechos reales.

La investigación contra las encuestadoras está quieta por ahora y, aún si avanza, su nuez son errores menores en la publicación de las fichas técnicas, que ya corrigieron muchos medios al republicarlas completas. Es decir, no son los temas gruesos de las críticas de Marta Lucía Ramírez y Clara López.

Y sobre las tres propuestas para cambiar la regulación, todo indica que va a terminar en un nuevo pacto de autorregulación de las encuestadoras, como el que ya existe. Ya incluso está fijada una reunión el 20 de noviembre de los encuestadores y el CNE para arrancar las discusiones para que se autorregulen. Es decir, se podrá publicar encuestas hasta el próximo sábado.

 
 

 

Al tiempo que publicó su investigación a las encuestadoras, el CNE sacó una circular en la que regulaba los debates electorales en radio y televisión.

La decisión obligaba a los medios a invitar a todos los candidatos a sus debates, incluyendo incluso un integrante de cada comité del voto en blanco. En el caso de debates a concejos o asambleas, tendrían que invitar a un miembro de cada lista. Y, encima, las invitaciones tenían que ser públicas, incluir la duración y fecha y hora de la emisión, y enviarse por lo menos tres días antes del evento.

Ese anuncio motivó una muy rápida y aireada respuesta de periodistas y medios, que dijeron que se trataba de un intento de censura y recordaron que una cosa es que el Estado pueda incluir exigencias técnicas en los contratos de concesión de radio y televisión, y otra que se meta a definir sus contenidos.

Al final, el CNE aclaró muy rápido que la circular no es vinculante sino apenas una invitación a los medios para que inviten a todos los candidatos. Es decir, terminó no cambiando nada de lo que ocurre.

 
 

La decisión, anunciada hace pocos minutos, de anular la resolución que cancelaba más de 71 mil inscripciones de cédulas en Bogotá fue la respuesta del CNE a las masivas denuncias por anulaciones sin sentido. Pero esa patraseada no resuelve los problemas de fondo en el resto del país y que muestra que hay un iceberg de posibles quejas e impugnaciones que podrían poner en riesgo el esfuerzo por luchar contra los trasteadores de votos.

Como la trashumancia es un problema real y muy grave, desde 2011 el CNE ha empezado a buscar cómo demostrar que hay personas inscritas en municipios diferentes a su domicilio, y anular esas inscripciones. Ya ese año logró resultados importantes al revisar dónde están inscritas el Sisben o al Fosyga (es decir, al sistema de salud) los inscritos y la idea era lograr éxitos mayores este año.

El problema es que, para hacerlo, el CNE tomó decisiones que endurecieron los criterios para decir que alguien es trashumante.

En junio, el Ministerio de Interior sacó un decreto que permite que la Registraduría cruce directamente las bases de datos de inscritos con las del Sisben, el Fosyga, los beneficiarios de programas de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Anspe) y el Registro Único de la Unidad de Víctimas.

Eso, que en principio es beneficioso, terminó siendo mal implementado. Primero por los criterios que eligieron para definir cuándo anular una inscripción: el procedimiento fue cruzar primero los inscritos con las base de datos del Fosyga y, si no coincidía, anular la inscripción.

Luego, para quienes no estaban inscritos en el Fosyga, se revisó si aparecían en otro municipio en las de la Anspe, y se eliminaron los que no coincidían.

El tercer paso, para los que no estaban en las bases de datos anteriores, fue revisar si el municipio de votación coincidía con el del Sisbén. No compararon con el Sisbén actual, sino con el de más de un año con la lógica de que muchos de los trasteadores de votos se toman el trabajo de inscribir a los votantes trasladados en el en el Sisbén del nuevo municipio.

Y el cuarto, para las personas que no están en ninguna de las bases de datos, se anularon las inscripciones de quienes votaron en otro lugar en 2011. Es decir, si alguien no aparece en las bases de datos del sistema de salud ni de la Anspe, el CNE decidió que su inscripción en un municipio diferente era nula. Incluso si ya votó en el nuevo municipio en las elecciones Congreso y Presidencia del 2014. Y punto.

Esa metodología también lleva a que una persona que cambió de residencia y se inscribió en la nueva, pero no ha cambiado su lugar de afiliación en salud (algo que por cierto no es ilegal), quede por fuera. Pero que también lo quede, por ejemplo, una persona que cambió de municipio y no actualizó ese dato con su EPS, aunque lo haya hecho en la Anspe.

Encima, varias de esas bases de datos están desactualizadas por lo menos parcialmente, por lo que aún si la persona hizo el cambio, puede que aún no aparezca. Y como basta que eso ocurra en una de las bases de datos, cualquier error o desactualización terminó en una inscripción anulada.

Esas debilidades se agravaron porque el CNE solo recibió las bases de datos completas el 5 de octubre y, por lo tanto, emitieron 1.100 resoluciones anulando cédulas (una por municipio) en apenas 10 días. Eso no dejó tiempo para revisar con calma cualquier posible fallo, como el que ocurrió en Bogotá donde el sistema aparentemente marcó como trashumancia un cambio entre localidades, a pesar de que no lo es (y de que la resolución que anuló más de 71 mil cédulas en la ciudad no menciona ese punto).

A pesar de que se haya echado para atrás la decisión de Bogotá, en todos los demás municipios se mantienen los problemas de fondo por la forma en que se anularon las inscripciones. Y aunque eso no implica que las personas no puedan votar, pues lo pueden hacer donde tenían inscrita la cédula antes, es muy posible que en muchos casos eso sí tenga como efecto práctico que no tengan cómo hacerlo.

 

Comentarios (1)

chjarami

19 de Octubre

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Sobre las alternativas en el último párrafo.
1. Revelar las encuestas ...+ ver más

Sobre las alternativas en el último párrafo.
1. Revelar las encuestas previamente al CNE. Y qué va a hacer el CNE? Vetarlas si no les parece? Contratar un perito para dar dictámen? Ajá.
2. Metodología estándar. La metodología depende de los directorios de encuestados y sus maneras de identificar el universo (el marco muestral) que son parte de lo que ofrece cada encuestadora como valor agregado. Y que son temas en los que se puede innovar. Eso es como pedirle a los que hacen investigación que publiquen la receta de lo que innovaron.
3. Prohibir.... O las encuestas son informativas para el elector (y mejor que el elector sepa) o son ruido o manoseo (y entonces mejor prohibirlas de plano, siempre, elección o no).

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