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Por Natalia Arenas | Antonio Canchila García · 13 de Julio de 2016

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Un fenómeno inédito está ocurriendo en casi todo el país: aunque el 31 de marzo se acababa el período anterior y ya vamos por el séptimo mes del año, solo en un puñado de municipios los hospitales departamentales y locales -ESE- ya nombraron a un gerente en propiedad. Lo que hay detrás de esta demora es que la mayoría de los alcaldes y gobernadores están esperando que el presidente Juan Manuel Santos sancione una ley que pasó de agache y que les permitirá nombrar a los gerentes a dedo. Y el plazo para que lo haga vence mañana.

De esa forma, Santos responde al sin fin de denuncias sobre las irregularidades en la supuesta meritocracia que hasta ahora regulaba la selección de los gerentes de los hospitales.  Pero, además, les da un ‘regalito’ a los alcaldes y gobernadores de todo el país justo antes de que empiece la campaña por el plebiscito para refrendar el Acuerdo Final con las Farc a los que ya les ha pedido su colaboración.

De la falsa meritocracia a la dedocracia

Los hospitales son un fortín burocrático local. No sólo porque manejan multimillonarios presupuestos sobre los cuales los gerentes deciden de forma autónoma y sin someterse a las reglas de la contratación pública, sino además porque tienen bajo su mando una nómina jugosa, útil sobre todo en épocas de campaña.

 

Hasta ahora, la selección de los gerentes se hacía con un procedimiento supuestamente meritocrático: la ley le ordena a los alcaldes que en los primeros tres meses del año en el que se posesionan, contraten a una universidad acreditada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para que realice un concurso de méritos. Entre los candidatos que saquen los mejores puntajes, la junta directiva de cada hospital –presidida por el alcalde o el gobernador– define una terna de la que se elige al ganador.

Sin embargo, esa ‘meritocracia’ ha estado llena de dudas porque en la selección terminan pesando más los criterios políticos que los técnicos. Como contó La Silla, hay denuncias de que algunas de las universidades que los hacen pueden estar manipulando los resultados y beneficiando a algunos candidatos.

“El que tenía plata para ser gerente era el que ganaba. Las universidades venden los exámenes y por eso compiten los alcaldes con el presupuesto de las alcaldías y los candidatos”,  le dijo a La Silla un congresista que conoce de cerca los líos de estos concursos.

“Se hacen subastas por debajo de la mesa y el que pague más se queda con el examen. Hemos recibido denuncias de que se han pagado hasta mil millones de pesos por ellos”, agregó otra fuente del sector salud que también conoce estas movidas.

Con la reelección por una única vez, también han pasado casos en los que un gerente interesado en quedarse se vuelve aliado del mandatario de turno por el camino, como sucedió en Magangué y lo contamos en La Silla Caribe.

De hecho, este año el negocio de la elección de los gerentes quedó en manos de un oligopolio de cuatro universidades que fueron las que terminaron acreditadas pero que, en la práctica, resultaron siendo sólo tres: La Universidad de Pamplona, que se quedó con el grueso de los procesos de selección en todo el país, la de Medellín que le sigue en número de procesos y la Universidad de la Sabana que es la que menos tiene.

El negocio es muy jugoso, según Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos -Acesi- que le ha seguido la pista al proceso. Por cada examen, los municipios más pequeños pagan entre 20 y 25 millones de pesos y los más costosos pueden llegar hasta a 60. Como son casi mil hospitales en todo el país, es un negocio de unos 20 mil millones de pesos. 

“La Universidad de Pamplona cobró 25 millones de pesos por cada examen a pesar de que hizo sólo uno para todos los municipios que los candidatos presentaron el mismo día. No hubo ninguna ventaja de que fuera así [para abaratar costos] y recibimos muchas denuncias de que las preguntas estaban desactualizadas y mal elaboradas. Esa plata se botó a la basura”, dijo.

Aunque el gobierno le puso la lupa a ese sistema desde hace cuatro años, la decisión de modificarlo sólo empezó a marchar a principios de 2016.

El gobierno, a través del ministro de Salud Alejandro Gaviria, aprovechó que en el Congreso estaba andando un proyecto de ley para sanear las finanzas de la salud de autoría de la bancada uribista y de congresistas de la Unidad Nacional y que ya había pasado los primeros dos debates en el Senado.

Justo cuando el proyecto iba a pasar a tercer debate en la Cámara de Representantes, según dos de los autores de la iniciativa, el Ministro se movió para que los ponentes incluyeran un artículo que cambiaba la selección de los gerentes: ya no sería por concurso de méritos sino que el proceso quedaría a discreción de los alcaldes y gobernadores “previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública”, dice el texto.  

Es decir, será una selección a dedo. Y que busca, precisamente, acabar con esta “falsa meritocracia” y volver responsables políticamente a los alcaldes y gobernadores de la elección de los gerentes.

Además, evitar que en caso de que quede elegida una persona que no es de la cuerda de los alcaldes, haya una descoordinación entre éstos y los gerentes que puede afectar la toma de decisiones de la salud en los municipios.

Aunque la ley sólo se aprobó el 14 de junio, un día antes de que se acabara el segundo año del Congreso, la mayoría de alcaldes y gobernadores ya sabía que estaba próximo a aprobarse.

Eso explica por qué, según Zuluaga, entre el 80 y el 90 por ciento de los hospitales nada que nombran a los gerentes en propiedad cuando debían hacerlo a más tardar el 1 de abril.

El resto podría estar esperando que el Presidente sancione la ley para que ésta empiece a regir. 

Aunque es usual que algunos procesos se demoren, y muchos de quienes han estado participando en el proceso han interpuesto toda clase de trabas jurídicas a la selección, incluendo tutelas para retrasarla, la cifra de vacantes este año es inédita, según Zuluaga.

Según la nueva ley, en los casos en las que ya se haya nombrado gerente o cuando ya haya un proceso de convocatoria para el examen andando por el procedimiento anterior, éstos deberán continuar hasta terminar y dejar a los gerentes por un plazo de cuatro años.

En cambio, si los concursos se declaran desiertos o no se logra armar una terna para el momento en el que entre en vigencia (porque sólo pasa un candidato o porque alguno renuncia a participar), el nombramiento podrá caer en manos del respectivo alcalde o gobernador. Lo mismo pasa si no se ha abierto el concurso.

Las consecuencias

Eso ha ocurrido en casi todo el país por lo que en la mayoría de los hospitales hay gerentes encargados. La consecuencia de que se han frenado muchas decisiones en los hospitales, sobre todo las más gruesas como las que tienen que ver con la cartera o con los servicios que compran, porque los encargados no quieren asumir la responsabilidad de tomarlas. 

Según Zuluaga, en Antioquia sólo se han nombrado en propiedad gerentes en el 25 por ciento de los hospitales. Allí, como contó La Silla, la elección del gerente del Hospital de Medellín está llena de suspicacias, hasta el punto que se suspendió el proceso.

La Silla Santandereana ha contado la puja entre los políticos por quedarse con estos cargos en ese departamento, que incluyen hasta candidatos que han presentado documentos falsos. En total, sólo se han nombrado el 30 por ciento de los gerentes y ya se abrieron investigaciones de la Procuraduría por las presuntas irregularidades en estos procesos.

“Esa ley no alcanzó a salir a tiempo y muchos alcaldes hicieron los concursos amañados y otros ratificaron a los que venían. Otros habían encargado [esos cargos] esperando que sancionaran la ley en mención que ya es un hecho”, le dijo a La Silla otro congresista.

La situación es crítica en la costa Caribe donde en departamentos como Córdoba y la Guajira no se ha iniciado un sólo concurso y en los pocos casos donde ya hay gerente en propiedad, es porque los han reelegido.

Así ocurrió en el Hospital Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha y el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribia, donde quedaron gerentes que fueron elegidos inicialmente en el gobierno del exgobernador Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez. Sin embargo, según dos fuentes conocedoras las gerentes fueron ratificadas por su buen desempeño. Ese dato se evidencia en que ambas entidades aparecen como “sin riesgo” financiero en la categorización que hace el Ministerio de Salud.

En los otros 14 hospitales los gerentes están en encargo designados por los alcaldes de cada municipio. “Ellos están esperando eso (la ley que permite la selección de gerentes a dedo) para escogerlos desde la Gobernación”, le dijo a La Silla una fuente que pidió el anonimato.

Mientras tanto, en Córdoba han sido intervenidos por la Superintendencia de Salud tres de los hospitales más importantes: el San Jerónimo que tiene sede en Montería, el hospital San Diego de Cereté y el San Vicente de Paúl de Lorica.

El interventor que delegó la supersalud en ese hospital le copia a uno de los autores de la ley, el senador del antiguo PIN, Antonio Correa, según confirmaron a La Silla por separado tres fuentes.

Todas estas intervenciones tienen estancados los procesos de elección de gerentes de los hospitales.

Y finalmente, está el caso de Nariño, un departamento que el año pasado se convirtió en un “oasis”  en medio de la crisis de la salud en el país, y que incluso, tuvo hospitales que entraron al ránking de los mejores de América Latina, como contó Semana. Hoy, sólo cinco de los 64 hospitales municipales tienen gerente en propiedad y tampoco se ha podido nombrar a nadie aún en ninguno de los cinco hospitales que dependen del departamento.

Según el director del Instituto departamental de Salud, Omar Álvarez (sobrino del senador liberal Javier Tato Álvarez) las trabas han llegado sobre todo por parte de las universidades acreditadas para hacer la selección que se negaron a aceptar las propuestas económicas que hizo la Gobernación para cubrir el costo del examen y la convocatoria. Tuvieron, según él, que subir la tarifa entre cuatro y cinco veces antes de que éstas aceptaran la oferta que llegó a costar entre 40 y 60 millones de pesos por hospital.

Aún así, ya un proceso fue declarado desierto, el del Hospital Cehani, porque ninguno de los candidatos pasó el examen por lo que será el primero que el Gobernador Camilo Romero podrá nombrar a dedo. Y en el caso del Hospital Universitario departamental, el examen sólo se logró hacer hace 15 días, y la gobernación espera todavía los resultados de las pruebas.

En el caso del Hospital San Andrés de Tumaco, las trabas han sido políticas, según supo La Silla. El representante Neftalí Correa está respaldando a su exsecretario de Salud, Guillermo Rodríguez a competir por el cargo pero ni él ni otro de los ternados pasaron el examen. El tercero que sí lo aprobó no es de su cuerda, pero no se pudo posesionar porque el concurso fue declarado desierto el pasado 15 de junio. El martes, sin embargo, ganó una tutela que obliga al Gobernador a que se reverse la decisión y lo nombren. Aún así, según una de las fuentes, esa decisión ya la impugnó el candidato de Correa.

Por ahora, en esos departamentos, La Silla supo que la expectativa es que Santos firme la ley para que se pueda destrabar la elección de los gerentes. Eso, les reforzará su poder burocrático a nivel local (con la contraprestación que cualquier mal manejo que se encuentre será ahora responsabilidad suya) y le quita poder a las universidades que hasta ahora habían tenido el control de un negocio multimillonario.

Comentarios (4)

Jose Mario Aristizabal

13 de Julio

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Solo en un gobierno tan mediocre es una mejora que ahora los actores politicos...+ ver más

Solo en un gobierno tan mediocre es una mejora que ahora los actores politicos que se roban los recursos de la salud lo hagan de frente, wow esto es un nuevo nivel de corrupción.

DIDUNDI

14 de Julio

3 Seguidores

El costo ético d acabar con la guerra, será más alto q el dl posconflicto. ...+ ver más

El costo ético d acabar con la guerra, será más alto q el dl posconflicto.
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El afán d Santos x la locura dl plebiscito hacen q el país siga d mal en peor con el concepto errado d burocracia q siempre se ha manejado , al punto q ya los tales zares anticorrupción ya ni existen, y para q'?.
8 años d clases consecutivas con Furibe d cómo es q se regala el país a la politiquería, no fueron en vano.

ceramirezr

14 de Julio

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Se le abona algo a estos señores del congreso y al presidente y es que por lo...+ ver más

Se le abona algo a estos señores del congreso y al presidente y es que por lo menos ya lo van a hacer de frente. Y no se van a gastar la plata en pruebas y exámenes que ya tienen dueño.
Claro que esa plata que se ahorran, se la robaran los mismo políticos. Así que nos encontramos con la monopolización de la corrupción.

jose Antonio Jiménez

21 de Julio

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y todavía hay ingenuos que se inscriben en esos concursos, todo arreglado y a...+ ver más

y todavía hay ingenuos que se inscriben en esos concursos, todo arreglado y amañado!

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