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Por Andrés Bermúdez Liévano · 07 de Octubre de 2015

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Darla Cristina González quiere ser la segunda concejal trans en la historia de Colombia. Y quiere hacerlo con los votos de las víctimas como ella.

Su historia arranca a 800 kilómetros de distancia de Pasto, donde hoy es una de las cartas de los verdes al Concejo y una de las 52 integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas. Arranca cuando aún llevaba el nombre de Christian Camilo González y tuvo que salir huyendo de las Farc de su pueblo en el Oriente antioqueño.

Casi todos los recuerdos nítidos de su juventud en San Luis –donde nació hace 30 años- llevan el olor a pólvora: cuando el frente 9 de las Farc voló la sede administrativa de Cementos Rioclaro y asesinó en la calle a su directora social Luz Dora Ramírez; cuando la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN retuvo un camión de carga en la carretera Medellín – Bogotá y repartió los marranos robados entre los pobladores; cuando los paras al mando de Ramón Isaza venían del Magdalena Medio a amenazar a sus vecinos; cuando el sonido de los helicópteros Arpía del Ejército era la señal para tirarse debajo de los puentes y esperar que terminase el operativo militar.

Esa disputa territorial entre todos llevó a que, igual que sucede en los vecinos municipios de San Carlos y Granada, hoy el 90 por ciento de la gente en San Luis lleve oficialmente el rótulo de víctima.

Cristina lo lleva por un episodio que le dio un giro de 180 grados a su vida. Su vereda de Sopetrán era territorio de las Farc y de pequeño él se acostumbró a verlas en las reuniones de la junta comunal, dándole órdenes a los líderes y diciendo qué se podía hacer.

Un día, cuando tenía 15 años, se lo llevaron a él y a dos vecinos. Llegaron a un lugar llamado 'La Escuela', donde los dos frentes locales de esa guerrilla -el 9 que dominaba San Luis y el 47 de la temida 'Karina' que luego se convirtió en gestora de paz durante el gobierno Uribe- la matricularon en cursos de manejo de armas, ideología política y entrenamiento físico.

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“No me pusieron un revólver en la cabeza, pero era claro que no teníamos opción. Nos empezaron a amaestrar sobre el por qué de la guerra, cuando éramos apenas unos niños”, cuenta Cristina, recordando que se convirtió en el favorito de los comandantes porque los otros muchachos le hacían caso.

“Pero yo llevaba ya una razón de peso para no seguir ahí: a mí me gustaban los hombres y eso no era bien visto ahí. En los grupos armados, cualquiera que sea, el insulto siempre es 'usted es un marica'. Eso desencadenó en un mí un 'yo no quepo aquí'”, cuenta.

Así que, aprovechando que la mandaron de regreso a su vereda como miliciana informante, Christian se escapó.

No paró en su casa, sino que se fue a la casa de su prima en San Luis y agarró la primera flota que encontró hacia una Medellín que nunca había visto. De ahí se fue directo a Cali, donde su padrino le ayudó a conseguir trabajó en la Galería Santa Elena descargando bultos de papa pastusa. “Vea usted, ahí empezó mi romance con Pasto”, dice riéndose.

Uno de los jefes del frente 9 visitó a sus papás y les prohibió salir de su parcela hasta que Christian -ya clasificado como un desertor- apareciera. Durante dos meses su papá cultivó caña, café y plátano, pero tenía que llamar a sus tíos para que llevaran sus cosechas a vender al pueblo.

Hasta que un día les dijeron 'ya pueden salir, que ya sabemos dónde está'. El temor de que hubieran ajusticiado a Christian les duró varios días, hasta que otro guerrillero les dijo que sabían que estaba vendiendo Bon Ice en Buenaventura y que ‘como no está haciendo nada malo, no le hicieron nada’.

Cuando en 2000 recrudeció la arremetida de los paras en el Oriente antioqueño, la familia de Christian -atemorizada por cargar la cruz de haber tenido 'un hijo guerrillero'- salió desplazada de San Luis.

De vender arepas paisas y mazamorra en Buenaventura se fueron a trabajar en una fábrica de llaveros en Bucaramanga. Su papá -a quien se le caía el pelo del estrés- no se aguantó y regresó solo a San Luis, justo en la época en que cientos de campesinos comenzaron a retornar al Oriente antioqueño, sin ningún acompañamiento del Estado y ninguna garantía de seguridad, y pese a que aún había desplazamientos masivos.

Siendo todavía menor de edad, Christian arrancó su vida como trabajador sexual en un prostíbulo bumangués.

Ahí arrancó también un trasegar de varios años: en el puerto ecuatoriano de Esmeraldas trabajó en una peluquería e hizo -en sus propias palabras- “la transición del niño gay a la niña trans que quería ser, aguantando ser discriminada por tres cosas - por colombiana, por marica y por desplazada”. Volvió a Medellín a trabajar en el Parque de Bolívar y luego deambuló por Manizales, Pereira, Cartago, Tuluá y Palmira, ya que “en los pueblos y ciudades chiquitas te quemas muy rápido porque los clientes son los mismos”.

Hasta que, una madrugada en el 2008, llegó a Pasto. Y se quedó.

Cristina, la líder Lgbti

La capital nariñense era aún una ciudad conservadora cuando Cristina comenzó a trabajar en la céntrica Plaza del Carnaval, que en enero alberga el Carnaval de Blancos y Negros y que el resto del año, de noche, las prostitutas defendían como su territorio.

“Acá a la Policía había que correrle. Caí cuatro veces en manos de ellos: nos llevaban al CAI del Cementerio y nos bañaban con agua helada toda la mañana, una verdadera forma de tortura”, recuerda Cristina.

Así arrancó su liderazgo: organizó a las trabajadoras sexuales para defenderse de la fuerza pública en los escritorios y los despachos, en vez de enfrentarse a ellos a punta de palos y hasta machetes.

Poco a poco fue dejando la calle para centrarse en esa lucha laboral, en una ciudad de iglesias coloniales y costumbres conservadoras donde el gremio de trabajadoras sexuales ya ganó tres tutelas que buscaban desalojarlas de la plaza.

Su primer paso como líder fue llegar a la mesa técnica Lgbti que existía en la ciudad, donde –en palabras suyas- “había L, había G, había B, pero nada de T [de Trans]”.

Eso ocurrió en un momento en que se abrían espacios para la comunidad Lgbti pastusa.

En 2008, durante la alcaldía del conservador Eduardo Alvarado (hoy candidato uribista a la Gobernación de Nariño), Pasto vio su primer desfile del orgullo gay, rebautizado ‘carnaval por el pleno reconocimiento’. Cristina, que acababa de fundar su organización Género Trans del Sur, fue la reina.

Dos meses después, les llegó la primera amenaza a la mesa técnica: un correo electrónico diciendo que, si seguían con su ‘campaña de corrupción a la sociedad’, los iban a matar.

La amenaza se cumplió el 17 de marzo de 2011. Cristina se despertó esa madrugada con una llamada de la Policía, pidiéndole ir a la morgue a reconocer a una trans “morena, bonita, bajita y de pelo negro”. Era su compañera de apartamento Gabriela, legalmente conocida como Jhon Edison Salazar y a quien un papicultor había encontrado muerta en la carretera a Ipiales.

Era la décima mujer trans asesinada en una década allí. Pero, como cuenta ella con una mirada reprobadora, “la rutina siempre es la misma: sus muertes se catalogan como crímenes pasionales y se echan al olvido”.

A los ocho días, Cristina recibió un mensaje de texto. “Ya asesinamos a una camarada por no haber prestado atención a la advertencia de no corromper a la sociedad. Ahora sigue usted”, le advertían.

Y, dos meses después, esa amenaza se cumplió. Una noche de junio, Cristina caminaba por la zona de la Plaza del Carnaval cuando sintió un dolor agudo en la espalda. Se comenzó a defender pero resbaló y cayó al piso, mientras se multiplicaba su dolor. Terminó en el hospital con diez puñaladas: tres en un brazo, dos en la espalda, cuatro en las piernas y otra más en el mentón.

Ese ataque le hizo tomar una decisión. “Yo me lanzo”, dijo, convencida de que estaba logrando más peleando desde la política que en la plaza. Y dejó la calle.

Cristina, la política

Cuando llegó la temporada electoral en 2011, algo había cambiado en Pasto.

Las tres campañas a la Alcaldía -la del empresario Harold Guerrero, la del ex congresista Pedro Vicente Obando y la del ex concejal Nicolás Toro- todas pusieron sus ojos en el voto Lgbti.

Cristina se fue con Guerrero, por ser el único de ellos que no había hecho política antes (aunque su hermano mayor, Germán, había sido el primer alcalde electo popularmente en Pasto). Le hizo campaña en los barrios, fue su coordinadora de grupos Lgbti y –casi por accidente- también llegó a las urnas.

Ese año se estrenaba la ley de cuotas, que obligó a los partidos por primera vez a tener un 30 por ciento de sus listas reservado para mujeres, así terminaran siendo -en la mayoría de los casos- un relleno sin mayores posibilidades de ser elegidas. Cambio Radical, el partido de Guerrero, le propuso lanzarse y –con el número trece- se convirtió en la primera mujer trans que se lanzaba a un cargo de elección popular en Nariño y una de las primeras en el país.

Sacó solo 254 votos, pero le quedó gustando.

“Ellos claramente sabían quiénes serían concejales, pero necesitaban quien les cargara las papas para sumar y llegar al umbral. Guerrero, como el empresario que era, necesitaba mostrar la cara humana. ¿Y qué mejor que colgarse la bandera de la diversidad para mostrar que la suya sería una alcaldía social?”, dice Cristina.

Con el triunfo de Guerrero, llegó a trabajar a la oficina de género de la Alcaldía pero se aburrió del puesto de oficina al cabo de seis meses.

La comunidad Lgbti también terminó peleada con Guerrero, después de que su secretario de Gobierno Gustavo Núñez –y hoy su candidato a sucederlo- cerró Filomena, una suerte de discoteca-café-ballet que ellos describen como el “mayor lugar de homosocialización de Pasto”. A punta de tutelas lograron reabrirlo. (Aunque le reconocen que, cuando el obispo Julio Prado Bolaños amenazó con cancelar la misa del onomástico de la ciudad porque coincidía con el carnaval gay, le respondió que tomara su decisión libremente).

Cristina se dedicó al trabajo de base y empezó a entrar en los espacios de participación ciudadana que existen en Pasto desde que era alcalde Antonio Navarro Wolff, como el consejo ciudadano de mujeres y el de planeación. Luego entró al consejo de política social del gobernador Raúl Delgado y estuvo en las mesas de trabajo de la política pública para la comunidad Lgbti.

Eso la llevó a postularse, como representante de los Lgbti, a la mesa de víctimas de Pasto y luego a la mesa nacional que representa a las víctimas en todo el país. Este año volvió a llegar a la Mesa Nacional y fue una de las tres elegidas para sentarse, con el Procurador Alejandro Ordóñez, el Contralor Edgardo Maya y el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, en la comisión de las ‘ías’ que le hace seguimiento al cumplimiento de la Ley de Víctimas.

Este año Cristina decidió volver a lanzarse al Concejo con los verdes, 'amadrinada' por la representante Angélica Lozano. Y también por Camilo Romero, el ex senador polista y hoy candidato verde a la Gobernación que ha convertido a las llamadas ‘nuevas ciudadanías’ uno de los ejes sociales de su campaña.

A diferencia de hace cuatro años, esta vez está trabajando con todos los sectores sociales: con los campesinos de la zona rural de Catambuco, con los indígenas, con los afros desplazados en Pasto y con los adultos mayores de Las Águilas, las mujeres víctimas (Cristina lleva siempre en la solapa un pin que dice '+ mujeres, + democracia') y, claro, con los Lgbti con los que lleva cinco años trabajando. Todas ellas son comunidades que han sido fuertemente golpeadas por la guerra en un departamento que ya superó las 350 mil víctimas y que ocupa el sexto lugar a nivel nacional.

Aunque Cristina no tiene asegurado un escaño en el Concejo pastuso, que su candidatura tenga algún chance demuestra la transformación política de esta región.

“Nariño siempre ha sido de procesos sociales muy fuertes de base y valora mucho los espacios de participación ciudadana como los cabildos y los presupuestos participativos [en Pasto]. Eso abrió el espacio para hablar de diversidad”, dice Lilo Paz, una activista que viene trabajando en inclusión de la comunidad Lgbti en las políticas públicas.

Prueba de ello es que Nariño es apenas uno de tres departamentos del país que tienen una política pública Lgbti y, cuando salga la que prepara la Alcaldía de Guerrero, será el único en tenerla en los dos niveles políticos más altos. O que en los recientes foros de candidatos a la alcaldía de Pasto y la gobernación, todos los candidatos hablaron de lo que serían sus políticas Lgbti.

O que los diputados conservadores Ramón de los Ríos y Mariana Pantoja se ofrecieran de voluntarios para el proyecto de la política pública Lgbti. De hecho, en un acto de campaña hace dos semanas que presenció La Silla, los dos invitados especiales de De los Ríos fueron Cristina y Amanda Montenegro, cabeza de lista del Movimiento Mira cristiano que sacó adelante la ley anti discriminación.

Sin embargo, las propuestas de Cristina están dirigidas a todos los sectores que la apoyan, incluyendo hacerle control a cómo se ejecutan los recursos para víctimas y promover que crezca el presupuesto a la oficina de género de Pasto, que hoy solo tiene 300 millones de pesos para programas para las mujeres y los Lgbti, y la de juventud que solo tiene 200 millones pese a que hay una decena de instituciones universitarias en la ciudad.

“Esto no es un tema Lgbti: la problemática de nosotros las víctimas es muy similar y tenemos que defendernos juntos. Imagínese si se firma la paz con las Farc, ¿qué más apropiado que nosotros, los que hemos padecido ese flagelo, estemos ahí para garantizar que nos cumplan a las víctimas y a los desmovilizados?”, dice Concepción Quiñones, una líder afro de Barbacosas que está en la mesa departamental de víctimas con Cristina.

Eso le da a Cristina un alto potencial de votantes, en una ciudad donde uno de cada cinco habitantes –un total de 92.136 personas- ha sufrido la guerra en carne propia.

“Al árbol por sus raíces se le conoce y ella ha sido central en las discusiones para las víctimas. Este tipo de candidaturas son una senda que marca un camino para el país, que es la representación de las víctimas”, dice una líder indígena que prefiere no revelar su nombre, porque fue amenazada hace poco.

De hecho, Cristina no es la única candidata-víctima de la mesa de Nariño: también lo son José Yovany Cárdenas en Samaniego y José Agustín Clevel en Tumaco.

Que líderes como ellos tres se hayan convertido en figuras visibles es uno de los grandes logros de la Ley de Víctimas que Santos convirtió en una de sus banderas de gobierno. A raíz de ese creciente protagonismo, muchas organizaciones de víctimas comenzaron a soñar con incidir a nivel local.

Y, aunque casos como el atentado contra Mayerlis Angarita en Montes de María hablan del riesgo que aún existe contra las víctimas que participan en política, en todo el país hay decenas de líderes que le están apostando a llegar a los concejos municipales.

Entre ellas Cristina, quien aspira a convertirse en la segunda concejal trans de Colombia.

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