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Por Andrés Bermúdez Liévano · 10 de Septiembre de 2014

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Ayer la Comisión Global de Política de Drogas -un grupo de reconocidos ex presidentes y políticos de alto perfil de todo el mundo- presentó su 'hoja de ruta' para darle un revolcón total a la política de drogas.

Más que un informe, es una compilación de recomendaciones puntuales que podrían darle un giro a la 'guerra contra las drogas' que lanzó Richard Nixon en 1971 y a una mirada punitiva que a la larga ha resultado más contraproducente que efectiva. Casi todas son acciones que buscan luchar menos contra los consumidores y más contra el crimen organizado, desde tratar el consumo como un problema de salud pública hasta comenzar a pensar en cómo pueden los gobiernos regular los mercados de drogas como la marihuana para reducir los daños.

La mayoría son ideas que han venido proponiendo investigadores y expertos en drogas, pero esta es la primera vez que la discusión se mueve en el alto nivel político.

“No esperamos que en el 2016 nuestros planteamientos vayan a ser aprobados. Lo que pedimos es un debate, un reconocimiento de los problemas que provoca el enfoque tradicional de la guerra contra las drogas, que se trabaje en experimentación”, dijo el ex presidente César Gaviria, uno de los quince líderes mundiales que -bajo la batuta del ex secretario general de la ONU Kofi Annan- están pidiendo pasar del papel a la acción (aunque todos están retirados de la política).

Muchas de esas propuestas son factibles en Colombia, que pese a la posición vanguardista sobre las drogas del presidente Juan Manuel Santos en el exterior, ha hecho pocos cambios en su política a nivel local. Esto es lo que ya se ha hecho o intentado en el país, lo que podría hacerse y lo que no depende de nosotros.

 
Lo que Colombia ha hecho o intentado

Dejar de criminalizar a los consumidores

Aunque la política de drogas colombiana aún tiene un enfoque represivo, desde hace algunos años el Ministerio de Salud ha comenzado a pensar en el problema del consumo desde la óptica de la salud pública, siguiendo las recomendaciones que le han hecho los grupos de expertos reunidos en las comisiones asesoras sobre política de drogas y política criminal.

Su meta es dejar de ver a quienes consumen como focos de criminalidad y más bien como pacientes, ya que es más efectivo garantizarles el acceso a servicios de salud y asistencia que castigos que sólo los llevan a comportamientos de mayor riesgo como compartir jeringas. Sobre todo porque al final terminan siendo las personas más vulnerables, como habitantes de la calle, prostitutas o minorías étnicas (como sucede con los gitanos en Europa).

Aún no hay políticas públicas y programas fuertes con este enfoque, pero Colombia sigue siendo visto como un país relativamente progresista que trazó un camino en la región al despenalizar la dosis personal hace ya 20 años.

 

No empeñarse en encarcelar a los cocaleros

La Comisión Global recomienda dejar de concentrar todos los esfuerzos en las personas que llegan al negocio por razones de supervivencia económica, como los cocaleros cuyos márgenes de ganancia son muy pequeños.

Durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe la directriz era, como ha contado La Silla, procesar penalmente a mil campesinos productores al año, una tarea que resultaba fútil porque la mayoría eran liberados después y, sobre todo, porque las fuerzas armadas perdían toda legitimidad en zonas cocaleras. Al bajar la presión por cumplir con esa meta tras la llegada de Santos I, la Policía -bajo el mando del general Óscar Naranjo- dejó de judicializarlos y optó por enfocarse en las medidas administrativas como incautar las hojas y destruir los cultivos.

Ese enfoque es el que sigue existiendo, aunque se produjo por razones prácticas al interior de la Policía más que por una orden de arriba.

 

Ir más allá del 'Di no a las drogas'

Si el enfoque de salud es el centro de la agenda, uno de sus ejes más importantes es la prevención, con el ánimo de reducir por ejemplo el consumo en menores de edad y postergar su edad de consumo.

El giro está en que esos programas deben ser integrales y apuntar a transformar las condiciones de vida de los jóvenes consumidores en potencia, en vez de limitarse al tradicional mensaje de 'Di no' que todas las noches promovía el búho Dino en los comerciales de televisión de la Policía. Dos programas exitosos han sido 'Emprendimientos juveniles' y 'Habilidades para la vida' -que lideraron los Leones-, aunque el problema es que la supervivencia y el tamaño de este tipo de iniciativas se ve limitado por la falta de plata del Estado.

 

Facilitar jeringas a los consumidores de heroína

Buena parte de la discusión sobre cómo ayudar a las personas dependientes a qué reduzcan los riesgos de las drogas se centra en ayudarles -y enseñarles- como consumir de manera más sana. De todas las medidas, una de las más efectivas a nivel internacional -iniciada por Suiza- ha sido facilitarle jeringas nuevas a las personas que se inyectan heroína, para reducir su probabilidad de contagio de VIH/Sida o hepatitis C (un problema muy grave en países como Rusia o Tailandia).

Aunque Colombia apenas está dando sus primeros pinitos en este terreno, hay una primera experiencia positiva. Acción Técnica Social, una ONG que trabaja en prevención de riesgos a consumidores, está entregando jeringas a personas que consumen heroína en Pereira desde abril. Ese proyecto piloto llamado “Cambie”, que financió la Open Society gringa (que también financia el cubrimiento sobre política de drogas de La Silla) y que respaldó la Alcaldía de Pereira, los tiene repartiendo unos 13 mil kits de jeringas mensuales y atendiendo a unas 70 personas cada día.

“Es algo que hace cuatro años ya sabíamos que había que hacer y el Estado también lo sabía”, dice Julián Quintero, el director de ATS, que hace énfasis en que las alianzas gubernamentales con ONGs especializadas son la mejor manera de avanzar en este tipo de programas. Para montar “Cambie” ellos aprendieron de proyectos similares en Barcelona y Vancouver, donde está la sala de inyección más grande del mundo, y se asociaron con una asociación comunitaria en Pereira que tiene experiencia en trabajo social en las calles.

 

Facilitar acceso a metadona

Uno de los éxitos del enfoque de salud es que la metadona, un medicamento que se usa para tratar la dependencia a la heroína y que también sirve para aliviar el dolor, está desde hace unos cinco años disponible dentro del POS. Eso ha permitido mayor efectividad en el tratamiento de la heroína, sobre todo en ciudades donde hay alta dependencia como Cúcuta, Pereira, Dosquebradas, Medellín, Cali y Santander de Quilichao, que es uno de los más afectados del país.

Aunque todavía existen algunas dificultades con la atención a pacientes, el esquema ha funcionado y “permite que los consumidores salgan a la calle y se integren a la vida productiva”, según Inés Elvira Mejía, una de las mayores expertas en temas de consumo en el país e integrante de la Comisión Asesora en Política de Drogas. “Hay historias de éxito y, aun cuando conservan una dependencia (al medicamento en este caso), pueden llevar una vida normal e integrada”.

Eso coloca a Colombia muy por encima de buena parte del mundo, ya que -según la Organización Mundial de la Salud- el 80 por ciento de la población global, incluidos 5,5 millones de enfermos terminales de cáncer, no tienen acceso a medicamentos y es casi imposible obtenerlos en 150 países.

 
Lo que Colombia podría hacer (o prometió y no hizo)

Santos pide debate internacional, pero no lo continúa

Hace dos años, durante la Cumbre de las Américas en Cartagena, Santos y su homólogo guatemalteco Otto Pérez Molina le pidieron a la OEA -en nombre de los 33 países que asistieron- que evaluara alternativas para enfrentar el problema de las drogas.

En mayo pasado, su secretario general José Miguel Insulza presentó ese informe, un trabajo exhaustivo que no toma una posición puntual sobre cómo reenfocarla pero -con costos, evidencia científica y análisis comparativos por país- plantea las diferentes alternativas sobre la mesa. Un año después Santos no ha asumido ningún liderazgo en ese debate, pese a tener en sus manos el balón que pidió.

 

La plata aún no está en los eslabones más rentables

Una parte importante de la plata que Colombia invierte en la lucha antidrogas se va para los programas de aspersión y erradicación de coca, precisamente en contra de la recomedación de concentrar los recursos -tanto económicos como humanos- en los eslabones más rentables y más violentos de la cadena. Es decir, no en los peces pequeños que cultivan la droga sino en los gordos que, operan los laboratorios, controlan las rutas y lavan el dinero.

Eso se puede ver en que, entre 2008 a 2012 fueron capturadas 344.508 personas por delitos relacionados con drogas y un 96 por ciento de esos casos estaba relacionadas con delitos menores, según las estadísticas que compiló Juan Carlos Garzón, investigador en temas de drogas y crimen organizado en la Universidad de Georgetown. En cambio, se cayó el Estatuto Antidrogas que -entre muchas otras medidas- buscaba endurecer las sanciones contra grupos que se estaban quedando fuera, como quienes proveen a menores de edad o consumen frente a ellos, quienes usan escopolamina o quienes comercializan medicamentos de uso controlado como drogas recreativas.

En total, 95 por ciento de los recursos que tiene el país en lucha antidrogas terminan en programas de reducción de oferta (desde fumigación hasta la interdicción de cargamentos), mientras que solo el 4,7 por ciento se usa para intentar reducir la demanda (todos los programas de salud).

 

Rediseñar las instituciones antidrogas

Las políticas públicas sobre drogas solo pueden ser efectivas si las instituciones que las dirigen son 'rediseñadas' con eso en mente. El problema es que en Colombia eso aún no ha sucedido: como ha contado La Silla, la mayoría de esas entidades son ineficientes, en los comités interinstitucionales la coordinación es mínima y Santos ha estado ausente de casi todos esos espacios.

Es el caso con el Consejo Nacional de Estupefacientes (que reúne a una decena de instituciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas), con el Fondo Nacional de Estupefacientes o con la Comisión para el Control del Lavado de Activos (Ccicla). Y otras centrales para el proceso de paz, como la Unidad de Consolidación, no solo son ineficientes sino que se han venido politizando.

Solo la Fiscalía de Eduardo Montealegre ha venido repensando su rol dentro de la política antidrogas y, como parte de su proceso de reforma, ha creado cuerpos investigativos como la Policía Económica y Financiera o la Unidad de Contexto que buscan acercarse al problema desde el enfoque de la macrocriminalidad.

 

Cambiar la manera de medir el éxito contra las drogas

Pasar de pensar en la política antidrogas como un tema de salud más que uno estrictamente policial también implica cambiar los indicadores con los que se está evaluando su éxito (o no).

Eso implica dejar de pensar en cifras como el número de hectáreas erradicadas, el volumen de droga incautada o la cantidad de arrestos, que en sí no son capaces de explicar si hay una reducción en la demanda o una mejoría en salud. Las hectáreas de coca fumigadas o erradicadas, que mide cada año la Oficina de la ONU para combatir la Droga y el Delito, son actualmente el indicador más esperado por el Gobierno, pese a que ni siquiera logran capturar el porcentaje de cultivos que se vuelven a sembrar en los meses lluviosos posteriores a la aspersión.

En cambio, la Comisión Global propone establecer nuevos indicadores como la reducción en sobredosis o las tasas de aumento de personas con VIH/Sida o hepatitis C, que pueden explicar el nivel de riesgo que están asumiendo poblaciones vulnerables como los consumidores de heroína.

 

Replantear la fumigación

A pesar de que la evidencia muestra que los resultados de la aspersión son relativamente pobres para sus altos costos, aún no hay ninguna discusión para replantearla en Colombia. Con lo que seguimos siendo el único país del mundo que fumiga los cultivos ilícitos.

Esto pese a que el año pasado la fumigación estuvo en el ojo del huracán. Primero porque Colombia firmó un acuerdo con Ecuador sobre las fumigaciones fronterizas, por lo que Quito retiró la demanda que tenía ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En ese acuerdo, que La Silla reveló, la Cancillería reconoce que hay protocolos para fumigar que causarían menos daño de los que actualmente aplica Colombia y que sin embargo, el Gobierno solo se compromete a aplicar en la frontera con Ecuador, con las implicaciones éticas y políticas que esto tiene.

A eso se suma que la aspersión de coca estuvo paralizada durante cuatro meses después de que dos aviones fumigadores fueron derribados, como reveló La Silla, por las Farc. Esta realidad, que el Gobierno mantuvo en reserva, levantó otros interrogantes como si sólo se revisa el programa cuando mueren pilotos estadounidenses, mas no cuando lo hacen policías y erradicadores colombianos.

 

Reforzar lucha contra el lavado de activos y contrabando

Tal vez el brazo más invisible de la cadena de la droga sea el lavado de activos, que sigue siendo uno de los eslabones más descuidados no solo en Colombia sino en el resto del mundo.

En los últimos años el lavado se ha ido deslizando del sector financiero, por donde antes se colaba pero que hoy tiene muchas trabas, hacia otros lados. Uno de ellos es el contrabando, que permite el movimiento rápido de dinero en zonas donde hay muy poco control del Gobierno. Tanto que se volvió “el sifón interminable del lavado en la economía colombiana”, según el economista Daniel Mejía, integrante de la comisión asesora en política de drogas. Como ha contado La Silla, pasó de ser un negocio centrado en productos 'clásicos' como el alcohol, los cigarrillos y la gasolina hacia otros muchas veces más difíciles de controlar como los alimentos.

 

Asegurar que programas de salud llegan a todo consumidor

Aunque el país ha hecho sus primeros pinitos en programas que reducen los riesgos y daños del consumo, siempre se queda corto a la hora de darles un empujón y convertirlos en el centro de una política nacional.

“Hemos venido trabajando una política en consumo vanguardista, pero ¿a cuánta gente le llegan si los recursos siempre son reducidos y la escala de los programas es pequeña? Estamos lejos de asegurar que cada ciudadano que necesita servicios -en prevención, en tratamiento o en reducción de daños- los tenga”, dice Inés Elvira Mejía, que asesoró durante varios años al Ministerio de Salud en temas de prevención y reducción de daños en drogas y alcohol. “Hace falta un liderazgo institucional y que el tema esté en la agenda del Gobierno, para que haya una inversión de recursos”.

Por ejemplo, “Cambie” se esta acercando al final de su fase piloto y aún no está claro si se podrá replicar en otras ciudades que tienen un alto consumo de heroína como Cúcuta. Al mismo tiempo, al no lograr sacar adelante el gobierno el Estatuto Antidrogas, se perdieron ideas novedosas como que los municipios deben tener un mayor protagonismo en la prevención y el tratamiento.

“Colombia tiene una estructura de los años ochenta en el siglo XXI y eso hace que no seamos capaces de asumir los retos en reducción de riesgo y daños. Tenemos pilotos pequeños y reconocidos, pero sin capacidad de convertirse en grandes y estructurales”, dice Julián Quintero de ATS.

 

Se tumban 'ollas' pero sólo con retroexcavadora

Hace un año Santos anunció con bombo -y casco en la mano- el cierre de 25 ollas de droga en todo el país. Unos meses después esas mismas ollas estaban ubicadas a unas cuadras de distancia de las originales, según comprobó una investigación de la Fundación Ideas para la Paz. Es decir, un 'efecto globo' como el que ocurre con los cultivos de coca, que reaparecen rápidamente cerca cuando los originales son fumigados.

¿La razón? La clausura de las ollas no contemplaba -como recomienda la Comisión Global- una intervención integral que realmente cambiara las condiciones de vida en el lugar, desde un plan de renovación urbana hasta tratamiento para los consumidores que dependían de ella.

“Cerrar una olla no es bueno ni es malo. El tema es cómo lo haces: si mandas a la Policía a hacerlo pero no resuelves el problema de manera integral, terminas incidiendo en un cambio de modus operandi criminal”, dice María Victoria Llorente, directora de la FIP y también integrante de la comisión asesora en política de drogas. “Aunque de pronto es mejor dispersar esas actividades -y no quedar con un Bronx o un viejo Cartucho- puedes invisibilizarlas y permitirles que encuentren otras estrategias para mimetizarse”.

 
Lo que depende del resto del mundo

No se sabe hacia dónde ni cómo se moverá el debate

La fecha que está circulada en rojo en las agendas de todos los expertos en drogas es septiembre de 2016, cuando por primera vez Naciones Unidas abordará el tema en su Asamblea General.

El problema es que, a dos años de esa cumbre sobre drogas, no hay un borrador de trabajo ni una 'alineación' de países que permita que lleguen a la mesa con una posición común. Aunque hay un cierto consenso de que se quiere un cambio en la política, no es claro cuál sería y tampoco cuáles deberían ser las discusiones allí, en un círculo de poder donde todo se negocia de antemano en los corredores y donde un desacuerdo mínimo sobre temas como la regulacio?n puede arruinar la delicada danza diplomática.

En cierta forma, el informe de la Comisión Global intenta lanzar el campanazo de alerta de que ese discurso hay que aterrizarlo y que ninguno de esos bloques diplomáticos ha sido conformado.

 

Promover experimentos en regulación de mercados

Esta, que es una de las recomendaciones más 'de avanzada' de la Comisión, es también una de las más difíciles. Los quince ex presidentes y líderes mundiales insisten en que, poco a poco y a largo plazo, los mercados de droga deberían ser responsablemente regulados por los gobiernos y que eso podría reducir mucho más los daños, siguiendo las lecciones que ha dejado la prohibición del alcohol y el tabaco. Y mirando las reglas que regulan desde la pólvora hasta los deportes extremos

“Sin regulacio?n, control y aplicacio?n de las leyes, el mercado permanecera? en manos de organizaciones criminales. En u?ltimas, se trata de elegir entre el control por parte de los gobiernos o de las mafias. No hay una tercera vía en que desaparezcan los mercados”, dice la Comisión.

Sobre la mesa ponen varios modelos, desde el que implica una prescripción médica (el de California para la marihuana, que ha disparado el número de 'enfermos' compradores) hasta uno sin control en la venta (que nadie recomienda). En el medio hay modelos intermedios como el de las farmacias especializadas (el que escogió Uruguay para la marihuana, incluso con fines recreativos) o el de espacios licenciados como los 'cafés' holandeses.

 

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CCDC

10 de Septiembre

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Uno de los hechos perversos de la lucha contra las drogas "En total, 95 por ci...+ ver más

Uno de los hechos perversos de la lucha contra las drogas "En total, 95 por ciento de los recursos que tiene el país en lucha antidrogas terminan en programas de reducción de oferta (desde fumigación hasta la interdicción de cargamentos), mientras que solo el 4,7 por ciento se usa para intentar reducir la demanda (todos los programas de salud)". En realidad Colombia subsidia la lucha contra el consumo de drogas en los Estados Unidos. Parte del porque USA no está interesada en acabar esta guerra, es que no les cuesta... o les cuesta muy poco.

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