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Por Antonio Canchila García · 21 de Septiembre de 2016

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Mientras Cartagena se prepara para celebrar en cinco días todo lo que puede cambiar para bien en el país con la firma del acuerdo de paz con las Farc, una seguidilla de hechos violentos en las zonas pudientes pone de presente uno de los principales retos que quedan para el posconflicto: la violencia urbana y el azote de las bacrim.

El coctel criminal que ha generado una ola de miedo colectivo entre los cartageneros no es nuevo e incluye a la banda emergente de Los Úsuga y a unas 93 pandillas, dedicadas a la delincuencia común, pero con vasos comunicantes con las bacrim.

Sin embargo, como recientemente esta violencia ha empezado a tocar a los sectores ricos y ya no sólo a los habitantes de menos recursos en los extramuros, todas las alertas se han prendido.

El pánico

Los hechos que tienen a toda Cartagena hoy exigiendo protección y medidas a las autoridades y que llevaron al alcalde Manolo Duque a restringir las motos con parrilleros en la zona turística comenzaron el pasado miércoles con el intento de asesinato del narcotraficante alias Pichi, (un miembro de Los Úsuga que cumple detención domiciliaria en un lujoso edificio con vista al mar Caribe), el cual terminó en una balacera entre la Policía y los sicarios que paralizó el exclusivo sector de Bocagrande.

Tres días más tarde, hubo otro tiroteo en un intento de robo a las afueras del centro comercial Caribe Plaza, ubicado en el Pie de la Popa.

Pero este domingo fue el día de más miedo en La Heroica. A las 6 de la tarde asesinaron en el Pie de la Popa al exbeisbolista Napoleón Franco Jr. (hijo de la leyenda del periodismo deportivo Napoleón Franco) porque se opuso a entregar su celular a unos atracadores. Le pegaron un tiro en el cuello.

Dos horas después de ese crimen, dos hombres armados atracaron una pizzería de Bocagrande y allí le robaron un costoso reloj Rolex al cuestionado y conocido empresario Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. Y antes de la medianoche, cinco hombres armados intentaron meterse a la casa del gerente de Coosalud, Jaime González Montaño, en la Zona Norte.

Según el comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad, general Carlos Rodríguez, esta jornada que sobre todo se comentó en redes tiene que ver con el traslado de la delincuencia a una zona donde habitualmente no ocurren estos hechos.

Es decir, lamentablemente en barrios de los extramuros como Nelson Mandela un atraco o un tiroteo son pan de cada día. 

De acuerdo con la Policía, los del fin de semana son los primeros atracos con armas de fuego en la zona turística de la ciudad en los últimos 12 meses.

El General explica el traslado de la delincuencia a esta zona está motivado por dos razones: la primera, que resulta obvia, es que a los atracadores les es “más rentable” robarle a gente de estrato alto porque suelen usar prendas y celulares mucho más finos que un cartagenero más humilde. Y la segunda, es que los delincuentes saben que en esos barrios la percepción de seguridad es mayor y que por eso la gente es menos prevenida al momento de movilizarse.

Aunque los hechos que hoy conmocionan a los cartageneros tienen como protagonistas a delincuentes comunes y miembros de bacrim (al menos, en el caso del intento de asesinato de alias el Pichi en Bocagrande), no necesariamente éstos actúan juntos, aunque sí se relacionan.

Como lo contamos en abril en La Silla Caribe, en esa ciudad están Los Úsuga y suelen usar para muchos de sus delitos a los pandilleros. El modus operandi de la bacrim consiste en que llegan tres o cuatro cabecillas y se instalan en alguna zona deprimida de la ciudad; una vez ahí, necesitan enlaces locales y es cuando acceden a los jóvenes más vulnerables para que los ayuden a realizar sus actividades, que son principalmente: el sicariato, cerrar negocios para sacar droga o cobrar a quien quiera sacarla y extorsionar a comerciantes y a expendedores de las ollas del microtráfico.

La lectura del experto en seguridad y director del Centro de Observación y Seguimiento del Delito (COSED), Fredi Goyeneche, sobre esta situación es que hay que actuar con contundencia frente a la pobreza, falta de educación y de empleo que son las razones de fondo del ingreso de jóvenes a la delincuencia o a las pandillas de donde ahora están siendo reclutados por las bacrim.

Pero, además de alertar, esta situación ha desnudado la falta de experiencia de Manolo Duque. Prueba de ello es que a la fecha, según nos dijo el propio secretario del Interior, Fernando Niño, aún no se ha puesto en marcha el plan integral de seguridad del Distrito que, con una inversión de más 15 mil millones de pesos, pretende disminuir la alta percepción de inseguridad en La Heroica.

Percepción de inseguridad que no es gratis, porque está respaldada en las cifras de la ocurrencia de delitos en esa ciudad: a septiembre de este año ya van unos 163 homicidios y 1.013 robos. Cifras que, aunque las autoridades aseguran que son menores a las de la misma fecha del año pasado e inferiores a ciudades como Cali (con una tasa de 56 homicidios por cada 100 mil habitantes), generan miedo.

Para hacerle frente a todo ese panorama los más de un millón de habitantes cuentan apenas con 39 CAI (29 fijos y 10 móviles) en los más de 200 barrios y unos 1.250 policías que hacen patrullaje.

Por ahora, lo único grande que ha hecho el alcalde Duque para hacerle frente a la inseguridad en sus primeros nueve meses en el poder es la intervención con políticas sociales a 60 de las 93 pandillas que existen. Aunque esos procesos de intervención no parecen estar demostrando efectividad, según denunciaron recientemente los habitantes de San Francisco, uno de los barrios más afectadas con ese fenómeno.

La amenaza de Los Úsuga

Pero más allá del drama social de los jóvenes que suelen ser puestos al servicio de las bacrim, está precisamente esa amenaza criminal de Los Úsuga que no sólo acosa la parte urbana de Cartagena sino también en corregimientos como La Boquilla, Arroyo de Piedra, Pasacaballos y Arroyo Grande.

En julio, la Defensoría del Pueblo de Bolívar emitió una alerta temprana en la que advierte sobre un riesgo de violación de derechos fundamentales a la población civil por la presencia de las bacrim.

El informe de 34 páginas, que conocimos en La Silla Caribe, detalla, por ejemplo, que las comunidades rurales afrontan un conflicto por la tierra que tradicionalmente han habitado por amenazas de esos grupos que pueden obligarlos a salir de ellas, que hay reclutamiento de pandilleros para que delincan bajo la orden de las bacrim; además, que hay un aumento de la extorsión, y proliferación del uso de armas de fuego en la comisión de atracos y homicidios. Muchas de esas armas - precisa el informe de riesgo- son de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Lo llamativo es que para la Alcaldía, sin embargo, la presencia de Los Úsuga -que fue confirmada por la Policía a La Silla Caribe desde abril en nuestro informe sobre los neoparamilitares- “no registra hechos que representen la amenaza de un grupo armado en la ciudad”, como nos lo expresó el Secretario del Interior.

Lo cierto es que mientras eso piensan en la Administración Distrital, cada día hay más cartageneros en Los Úsuga, cuyos miembros normalmente son de otras regiones como el bajo Cauca. En el último operativo de la Policía, de 20 capturados 16 eran de Cartagena. 

Esta espiral de violencia urbana vuelve a recordarle a la ciudad en la que vacacionan los poderosos del país la deuda histórica con la población excluida. Y pone sobre el tapete uno de los principales retos en esta nueva etapa para Colombia.

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