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Por Carlos Cortés · 23 de Febrero de 2010

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Los 'jalones de orejas' del presidente Álvaro Uribe al ministro de Protección Social Diego Palacio han tenido un gran efecto mediático, pero en la práctica no cambiaron nada de lo que se hizo en los decretos de la emergencia social.

 

 

Las dos últimas semanas el presidente Uribe se dedicó de lleno a defender los decretos de la emergencia social en salud. Estuvo en programas de radio, atendió a grupos de médicos e incluso contestó el teléfono del 'call-center' del Ministerio de la Protección Social durante el fin de semana. Pero es poco lo que queda después de este ruido. De todo lo que dijo y aclaró y prometió para bajarle la temperatura a las críticas, prácticamente nada cambia en comparación con las medidas iniciales.

Así el Gobierno quisiera echar para atrás las cosas que el Presidente ha prometido, en la práctica no es posible ni lo ha hecho. Todo se ha quedado en declaraciones públicas y en unos decretos - igual de improvisados a los iniciales - que son inocuos.

La emergencia fue declarada el 23 de diciembre y se venció 30 días después (el Gobierno no pidió prórroga). Sólo durante ese tiempo el Gobierno podía expedir decretos con fuerza de ley. Y estas medidas, al contrario de lo que alguna gente piensa, no son temporales. Son leyes comunes y corrientes que deben ser modificadas o derogadas por el Congreso nuevo que será electo en tres semanas. Entonces, más allá de las declaraciones del Presidente, las medidas se tendrán que aplicar hasta que el Congreso decida lo contrario

Del origen de la emergencia a los regaños del Presidente

 

Como La Silla Vacía contó anteriormente, la idea de la emergencia fue del presidente Uribe y no del ministro Palacio, y tenía como propósito principal generar mayores recursos para el régimen subsidiado de salud y los entes territoriales. Que había una crisis en el sector es algo que nadie discutía.

“Después de que el Presidente dio la orden de decretar la emergencia, el ministro Palacio y sus asesores aprovecharon para meter en la reforma todos los temas imaginables”, contó a La Silla Vacía una fuente del Ministerio que prefirió no revelar su identidad. El problema ha sido tan grave, que dentro del propio Ministerio se preguntan quién fue el cerebro de algunas medidas - como la del uso de las cesantías - y cómo van a salir a explicarlas y defenderlas ante la Corte Constitucional.
 
De ahí la molestia de Uribe. Pero lo que nadie se explica es por qué si no le gustaban firmó los decretos o por qué pasaron por la Secretaría Jurídica de la Presidencia sin que nadie prendiera las alarmas que ahora suenan.
 
Frente a la avalancha de protestas, críticas y marchas contra los decretos, el Presidente optó por regañar al ministro Diego Palacio y atenuar y explicar tres temas particularmente sensibles de la reforma: la autonomía de los médicos, el uso de las cesantías para pagar procedimientos médicos, y el cubrimiento de las enfermedades catastróficas o de alto costo.
 
En este proceso de “pedagogía” - como lo ha calificado el Gobierno – Uribe ha sido especialmente cauteloso en que esto no se entienda como un “reversazo”, que es lo que varios medios salieron a decir como si fuera una buena noticia. La razón es simple: que se perciba que el Gobierno quiere echar para atrás las medidas tomadas bajo el amparo de la emergencia sembraría aún más dudas en la Corte Constitucional frente al carácter urgente de la situación. Y, como se sabe, la Corte tiene la última palabra frente a estos decretos.
 
Estos son los tres temas en que el presidente Uribe prometió cambios y en lo que realmente quedaron.
 

Uso de las cesantías en salud

Según el decreto-ley 128, “para cubrir las obligaciones derivadas de las prestaciones excepcionales en salud los afiliados también podrán utilizar parcial o totalmente el saldo sin comprometer, que mantengan en su cuenta individual de cesantías”.

¿Qué dijo Uribe?

“Solamente los sectores pudientes, estratos cinco y seis, podrán gastar cesantías en salud, nunca los ciudadanos pobres o de ingresos medios. Si esto no es así, es preferible que el Congreso derogue el decreto”, dijo el Presidente el 5 de febrero pasado.
 
Un día después, dejó un mensaje más ambiguo: “Lo que hemos pedido, que tanta controversia ha generado, es que los sectores más pudientes puedan hacer unos copagos para contribuir al extra POS, no en el caso de los sectores pobres o medios. Creo que eso es justo en un país con desequilibrios sociales, con tanta pobreza y todavía con inequidad distributiva”.
 

¿Qué quedó?

La primera declaración del Presidente es más una opinión o una sugerencia que una orden: que sea “preferible” que el Congreso derogue esto significa más bien que es el único camino.

La segunda afirmación, es simplemente falsa. El decreto expedido en la emergencia no hace distinciones frente al uso de la cesantías en procedimientos médicos. Ahí entra, por el momento, todo el mundo.

Para que esto cambie, es necesario que el Congreso modifique el decreto-ley 128. Esto, claro, si la norma pasa el examen ante la Corte Constitucional. Mientras tanto, todo sigue como quedó en la medida inicial de la emergencia. Es decir, las cesantías sí podrán usarse para cubrir procedimientos o medicamentos.
 
Las enfermedades catastróficas y de alto costo

Los pacientes con enfermedades de alto costo (como cáncer, sida o afecciones renales graves) pusieron el grito en el cielo con las medidas de la emergencia. Por un lado, uno de los decretos derogó la norma que les permitía eventualmente acceder a servicios relacionados con su enfermedad que no estuvieran en el POS. Por el otro, se estableció que debían pasar por una evaluación financiera – tanto del patrimonio de ellos como de su familia – y un comité, antes de acceder al tratamiento o medicamento.

 ¿Qué dijo Uribe?

“A los compatriotas enfermos crónicos, aquellos que están preocupados por las enfermedades catastróficas de alto costo, les hago llegar este mensaje: al no desmejorar el Plan Obligatorio, nada se desmejora para ellos”, dijo el Presidente el 4 de febrero pasado en un evento del diario 'El Colombiano', de Medellín.
 
Sobre este punto, el Gobierno expidió dos decretos posteriores, ambos de un artículo, que poco o nada añaden. Simplemente dicen que los planes de salud deberán “promover” la salud y “proteger” la maternidad, entre otras cosas.

¿Qué quedó?

El nuevo POS no se ha expedido. Los decretos establecen unos lineamientos para que éste se expida, y estas medidas entrarán a regir en unos meses.

Estos lineamientos, en principio, hacen pensar que el POS nuevo sí será más restrictivo. De acuerdo con el decreto, el nuevo POS deberá contener una lista específica de medicamentos y procedimientos, donde podrían quedar por fuera tratamientos de enfermedades de alto costo. De todas formas, aún es prematuro concluir cómo quedará en definitiva.

Lo que sí está claro es que para acceder a lo que no está en el POS se deberá pasar por un comité, después de una revisión de la capacidad de pago de la persona, su patrimonio y el de su familia. Incluso, como se explicó arriba, se tendrá que hacer uso de las cesantías. Algo definitivamente más desfavorable a lo que había.
 

Autonomía de los médicos
 
Los médicos y odontólogos que se aparten sin justa causa de los estándares y la doctrina científica podrán ser multados (entre 10 y 50 salarios mínimos). El decreto-ley 131 creó el Organismo Técnico Científico en Salud, que tiene la función de definir con las asociaciones científicas y médicas estos estándares, que obligatoriamente deben seguir todos los actores del sistema de salud.

¿Qué dijo Uribe? 

Ante las airadas protestas del gremio médico, el Gobierno trató de matizar lo inicialmente previsto. A través de un decreto reglamentario, que expidió el 4 de febrero, estableció que los estándares eran apenas “referentes indicativos”. Y atenuó la circunstancias para que las multas operen.

Uribe incluso celebró públicamente ese mismo día la expedición del decreto que, según él, había sido consensuado con las asociaciones científicas.
 
Unos días después, el 16 de febrero, el Presidente aceptó, que se “retirara” la medida de imponer multas a los médicos: “[este] no es un punto esencial y si se respetan todos los otros y el Congreso quita lo de las multas, el Gobierno lo comparte”, afirmó.
 
Para rematar, el representante Roy Barreras también afirmó que ya estaba pactado con el Presidente que el Congreso las tumbaría.

¿Qué quedó?

La norma original establece que los estándares son obligatorios y no simplemente un referente. En ese sentido, esta nueva norma no reglamenta el tema, como argumentaría el Gobierno, sino que lo modifica. Algo que no puede hacerse.

Por esa razón, en el Ministerio de Protección Social ha habido discusiones internas frente a cómo justificar este decreto reglamentario ante las instancias judiciales.
 
Por otro lado, las declaraciones del Presidente y del representante Barreras son, al igual que en el punto anterior, un saludo a la bandera. Que el Congreso decida modificar esto, posiblemente bajo un nuevo Gobierno, no depende de ellos. Si acaso podrían presentar un proyecto de ley para cambiarlo. Pero mientras tanto, los médicos podrán ser multados.

 

 

 

Comentarios (5)

ginpar

23 de Febrero

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Es que los municipios y DISTRITOS (como Bogotá) no se han dado cuenta de que ...+ ver más

Es que los municipios y DISTRITOS (como Bogotá) no se han dado cuenta de que les quitaron el manejo de todos los recursos que financian la salud local (mentiras, les dejaron el misero 10% de salud pública)... Ni siquiera el Sistema General de Participaciones lo van a poder ejecutar, ni tampoco serán responsables de los contratos de salud... todo va para un patrimonio autonomo (estilo el Fosyga)... Es cierto que los municipios pequeños tienen poca capacidad, pero y Bogotá, Medellín, Cali y demás... serán menos eficientes que el pesado e ineficiente Ministerio de la Protección Social...
Donde están los promotores de la descentralización y de la Constitución de 1991... Esto es un revés sin precedentes... Por qué nadie a dicho nada frente a esto?
Ahh claro, debe ser que cayeron en el juego de que el Conpes expidió la distribución del SGP, pero que ni sueñen que los recursos van a llegar al municipio... van directo al Minprotección!!
Y repito, Por qué nadie ha dicho nada????

Omar Acosta Barbosa

24 de Febrero

507 Seguidores

Carlos Cordoba (bogota Como vamos?) hizo un par de comentarios al respecto en ...+ ver más

Carlos Cordoba (bogota Como vamos?) hizo un par de comentarios al respecto en dos columnas anteriores que aparecieron en la silla. Pero no hubo eco en los columnistas al respecto.

http://www.bogotacomovamos.org/scripts/sectore.php?idS=4

ginpar

24 de Febrero

0 Seguidores

Claro... pero no hay un pronunciamiento de las entidades territoriales como ta...+ ver más

Claro... pero no hay un pronunciamiento de las entidades territoriales como tal.. No he visto quién lo vea como retroceso de la descentralización. Será que no se han dado cuenta o se están haciendo los de la vista gorda?

diancm

25 de Febrero

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no es cierto, el secretario de Salud de Bogotá ha denunciado que aparte de to...+ ver más

no es cierto, el secretario de Salud de Bogotá ha denunciado que aparte de todo lo mencionado por el artículo, estos decretos atentan contra las finanzas de los entes territoriales, ya que no generan la obligación para las EPS de contratar los servicios con la red pública hospitalaria. En la última Ley que modificó la Ley 100 quedaba que las EPS tenían que contratar como mínimo el 60% con la red pública y con los decretos, quedo que contratarán "hasta" el 60%, es decir, si no quieren, no contratan.

Andrés L Medina

08 de Marzo

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el Iva del 5% en los juegos de azar estaba definido como a cargo de los OPERAD...+ ver más

el Iva del 5% en los juegos de azar estaba definido como a cargo de los OPERADORES del juego, nunca lo pagaron y lo más simple fue descontarlo del valor de la apuesta es decir, decidieron disminuir los premios y lo más grave se disminuyo el valor de aporte a la SALUD, manifeste mi inquietud a la DIAN y con sorpresa nunca supe de ninguna investigación.ahora con el 16% vueleve y juega y ya en colombia se sabe quienes manejan el MONOPOLIO DE LAS APUESTAS...a mi modo de ver allí hay una buena cantidad de dinero perdida que le corresponde a la salud..porque etesa y el ministerio de protección no la exigen, antes de aumentar los costos de la salud al pueblo.
Otro punto es el relativo a la publicidad de las EPS porque no se establece un valor maximo,dado que es mal visto que las EPS presten atencion a punta de tutelas y patrocinando torneos de TENNIS, equipos de futbol,eventos musicales en TV...etc

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