Uso de cookies

La Silla Vacía usa Cookies para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Al continuar navegando acepta nuestra política.

listo

Por Jineth Prieto · 13 de Enero de 2017

6365

0

Pese a que en 2016 Surcolombiana de Inversiones enfrentó cuestionamientos en Santander por la intoxicación de niños en un municipio del departamento; por entregar alimentos incompletos y en malas condiciones; por, según las denuncias de veedurías y de la misma interventoría, incumplir con varias condiciones de los millonarios contratos que ejecutó; y por salir beneficiada en licitaciones cuestionadas, hoy la Gobernación de Didier Tavera le adjudicará un nuevo contrato por $30 mil millones para que en 2017 continúe ejecutando el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en 82 de los 87 municipios del departamento. 

Cero y van 3

Desde que arrancó la administración de Didier Tavera, la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones, una empresa, que como lo contó La Silla Santandereana, es famosa en todo el país por haber estado relacionada con el grupo empresarial de los controvertidos hermanos Torrado -investigados por un carrusel de contratos para el suministro de alimentos que tuvo lugar en la administración de Samuel Moreno en Bogotá-, se convirtió en una de las supercontratistas de Santander.

Cuando arrancó 2016 recibió directamente y en consorcio con una firma denominada MCD Cia (también relacionada con el grupo de los Torrado) un contrato por $11 mil millones bajo la figura de urgencia manifiesta, modalidad que le permitió a la Gobernaciòn de Tavera hacer una contratación exprés para garantizar que los niños más vulnerables del departamento recibieran su ración alimentaria subsidiada por el Estado.

 

Más adelante, en abril de ese mismo año, pero esta vez en solitario, se quedó con una licitación de $23 mil millones, que terminó adicionada en $11 mil millones más, también para la entrega de los alimentos escolares; y hoy tiene todo listo para que le adjudiquen un nuevo contrato por $30 mil millones para seguir ejecutando ese programa en 82 municipios de Santander.

Más allá de los contratos que ha recibido en la administración de Tavera, lo particular de Surcolombiana de Inversiones es que los millonarios recursos que ejecuta en el departamento se los ha quedado en medio contrataciones denunciadas sobre presuntos favorecimientos.
 
En esta ocasión la historia se repitió. Dos representantes legales de empresas de ese gremio le dijeron a La Silla que se abstuvieron de presentarse a competir porque las condiciones eran tan restrictivas que de tajo los dejaban por fuera del juego. 

“Los indicadores financieros estaban desfasados. Era evidente que el pliego estaba diseñado para Surcolombiana”, le dijo a La Silla uno de esos contratistas. El otro aseguró: “para qué nos íbamos a presentar si ya sabíamos quiénes iban a ganar. Eso lo sabíamos incluso desde antes que se publicaran los pliegos, hacerlo era perder el tiempo”.

Transparencia por Santander, comité que le hace veeduría a las contrataciones de las entidades públicas del departamento, también tuvo reparos por la manera en la que se estructuró el cronograma de la licitación, que fue tan apretado, que solo dejó dos días (ninguno hábil) para que el potencial contratista instalará toda su operación. 

“Esto es un claro caso de limitación de oferentes. Es técnicamente imposible que se monte una operación de esa magnitud en solo dos días, que a la postre son sábado y domingo”, señaló María Juliana Acebedo, vocera del Comité Transparencia por Santander.

Precisamente, La Silla Santandereana consultó con tres operadores diferentes de programas de alimentación escolar en el país cuánto tardarían en condiciones normales en alistar toda su operación si hubieran resultado ganadores de la licitación, y los tres coincidieron en decir que eran necesarias al menos dos semanas no solo por el número de municipios (82), sino también porque por las condiciones geográficas del departamento la logísticas es más complicada.

“Si no se entrega ese plazo el único que podría entrar a ejecutar sin incumplimientos alguno y directamente es el mismo contratista que lo venía haciendo porque ya tendría todo montado”, le explicó uno de esos operadores a La Silla.

Si alguien diferente a Surcolombiana de Inversiones se hubiera ganado el contrato, hubiera tenido que contratar a 1000 manipuladoras (los que entregan los alimentos), disponer utensilios de aseo en los colegios de 82 municipios y adecuarlos entre sábado y domingo, porque según le dijo a La Silla Ana de Dios Tarazona, secretaria de Educación de Santander, la entrega de la alimentación escolar se hará desde el lunes 16, que es el día en que inicia el calendario escolar.

La puja de uno

Dentro de los cuestionamientos a la manera en la que se entregó la licitación hubo uno en particular que le pegó de frente a la pluralidad de oferentes, y que tanto para expertos en contratación como para operadores de alimentación escolar es el que más refuerza la teoría de que la millonaria licitación estaba hecha para favorecer a Surcolombiana de Inversiones.

En el cronograma del proceso no solo dejaron al potencial operador sin la capacidad de alistar su operación, sino que además cerraron a solo un día el plazo para corregir posibles errores en las propuestas que iban a ser evaluadas, cuando normalmente el tiempo que se da para cumplir con ese paso es de 3 días hábiles.

Aunque a diferencia de la licitación de abril del año pasado este proceso cerró con tres oferentes: Unión Temporal Enlace Oriente de Santander (integrada por Surcolombiana de Inversiones nuevamente en consorcio con MCD & Cia SAS), Unión Temporal Alimentando a los Niños de Santander (integrada por Aerodelicias Ltda y Organización Tiempos de Paz) y Comercializadora Nutrimos SA, hubo varias particularidades en la entrega de las dos últimas propuestas. 

Esa oferta se presentó para dar la falsa apariencia de pluralidad de oferentes

El más llamativo es el caso de la Comercializadora Nutrimos S.A., una empresa que tiene sede en Bogotá, que por lo menos, en 2011 hizo un consorcio con Surcolombiana de Inversiones para competir por el PAE de Bogotá, y que fue descartada porque en su propuesta ni siquiera presentó la oferta económica para competir por el contrato.

“Eso no pasa cuando está en juego un contrato por $30 mil millones. Esa oferta se presentó para dar la falsa apariencia de pluralidad de oferentes”, le dijo a La Silla una fuente que conoció de cerca el proceso en la Gobernación de Santander.

Aunque La Silla no pudo comprobar esa versión sí indagó por la empresa y su propuesta.

Según los soportes publicados por la administración de Didier Tavera, la documentación de esa empresa fue presentada por Wilson Cabeza Luna, pero cuando La Silla Santandereana se comunicó con el número de contacto que fue registrado en el acta de cierre del proceso, el que respondió fue Hernando Charry, quien aseguró que Cabeza no era parte de esa empresa.

“Él nos comentó que había una oportunidad con el PAE y nos solicitó una copia del certificado de la Cámara de Comercio y del RUP, nosotros se la entregamos”, le dijo a La Silla Charry. “No armamos la propuesta económica porque sabíamos que no cumplíamos”.

Cabeza Luna es dueño en Bucaramanga de Winoxlac SAS una empresa que produce lácteos y sus derivados en Santander, en su cuenta de Facebook es simpatizante del Partido Liberal, comparte contenidos de Didier Tavera y del equipo de trabajo del senador rojo Jaime Durán Barrera. La Silla intentó conocer su versión pero no contestó las llamadas realizadas al otro número que registró ni al de su empresa.

La otra propuesta, entregada por Aerodelicias y Organización Tiempos de Paz -ambas empresas costeñas-, fue descabezada porque los errores no fueron corregidos en el día hábil que le entregó la Gobernación para hacerlo. Lo particular fue que la información que entregó estaba tan incompleta que en la primera revisión solo cumplió con tres de los 26 requerimientos.

“Es muy extraño que una empresa con tamaño contrato de por medio presente una propuesta tan incompleta. Pero aún así si hubiera querido subsanar lo hubiera podido hacer si hubiera tenido un tiempo prudencial”, explicó Ordóñez de Transparencia por Santander.

Al final, la única propuesta que llegó habilitada a la adjudicación fue Surcolombiana de Inversiones en consorcio con MCD. En la calificación obtuvo el máximo puntaje en todos los requisitos, excepto en la oferta nutricional -la columna vertebral de la alimentación escolar- en la que fue calificada con 0 de 250 puntos posibles.

La secretaria de Educación del departamento, Ana de Dios Tarazona, le dijo a La Silla que no eran ciertas las denuncias sobre presuntos favorecimientos a Surcolombiana de Inversiones y señaló que “si las exigencias fueron muchas fue porque queríamos contratar al mejor”.

Similar fue la posición de Luisa Fernanda Flórez, representante legal del consorcio entre Surcolombiana y MCD. “La principal prueba de que el contrato no estaba direccionado fue que se presentaron otros dos proponentes”, aseguró. 

El sumario de Surcolombiana en Santander

Además de haber sonado por la manera en la que se ha ganado millonarios recursos en Santander, Surcolombiana de Inversiones es conocida en todo el departamento por las irregularidades con las que ejecutó en 2016 el plan de alimentación escolar en los 82 municipios del departamento en los que la Gobernación paga el programa. 

Las denuncias se empezaron a conocer desde el mismo momento en que inició la operación. 

Primero padres de familia y profesores denunciaron que los productos estaban llegando en mal estado a los municipios más apartados de la región, más adelante dijeron que no entregaban las raciones completas, y en abril se registró el episodio más grave cuando se conoció que 15 niños del colegio Florentino González en el municipio de Coromoro resultaron intoxicados por leches condensadas que fueron entregadas en mal estado por el operador.

Aunque hechos de ese tipo han ocasionado que se declare el siniestro de contratos y de hecho por faltas menores, en municipios como Aguachica en Cesar el Alcalde y varios de sus funcionarios fueron capturados por permitir que el operador incumpliera con el Programa de Alimentación Escolar al entregar raciones que no correspondían con lo pactado, en la Gobernación de Santander, como contó La Silla Santandereana, consideraron que el episodio de la intoxicación “no era muy grave”.

En ese entonces la administración de Tavera consideró que por la intoxicación no le pagaría al operador los alimentos que repartió ese día en el municipio. Luego cerró el capítulo.

En la ejecución de ese contrato, el número de incumplimientos llevó a que, como lo contamos, la interventoría solicitara la imposición de multa al contratista; sin embargo, nada pasó.

“Se hizo una audiencia y al final determinamos que las fallas no eran imputables al contratista sino externas a él”, le dijo a La Silla Daniel Domínguez, jurídico de la Secretaría de Educación de Santander. 

No obstante, en ese entonces, la interventora del contrato le dijo a La Silla que los incumplimientos estaban relacionados con que los productos entregados no cumplían las condiciones de calorías inicialmente solicitadas, por la entrega de frutas sobremaduradas y porque Surcolombiana empezó a operar sin tener a todas las manipuladoras (las que entregan los alimentos) contratadas, y que por eso el operador debía ser sancionado. 

Con la ejecución del segundo contrato, que inició desde mayo, la historia se repitió. 

El Consorcio Alimentarte 2016, para ese momento nuevo interventor del PAE en Santander, reveló en agosto que había encontrado en tres meses de seguimiento a la ejecución del contrato 2.433 posibles irregularidades, que iban desde que estaban dando menos comida de la pagada, que había casos en los que los alimentos “se encuentran en mal estado para su preparación”, que el contratista ha cambiado los menús sin autorización, y que encima de todo la comida no se estaba preparando en cocinas limpias y desinfectadas.

Se hizo una audiencia y al final determinamos que las fallas no eran imputables al contratista sino externas a él

Daniel Domínguez, jurídico de la Gobernación

Aunque las fallas, por ser parte integral del objeto del contrato, eran estructurales y así lo salieron a decir a medios veedurías como el Comité Transparencia por Santander, que pidió que los hallazgos fueran remitidos a entes de control; en ese caso nuevamente la Secretaría de Educación  terció a favor del contratista y la titular de esa cartera, Ana de Dios Tarazona, aseguró que los hallazgos eran de “forma y no de fondo”. 

“Lo que hicimos fue implementar planes de mejoramiento porque hay que entender que la operación de un programa como esos es muy difícil. Todo se superó y eso es lo realmente importante porque los niños siguieron recibiendo la alimentación. Si tuviera que calificar al operador de 1 a 10 le daría 8,8 porque lo ha hecho bien”, le dijo a La Silla Tarazona.

Por su parte, Luisa Flórez, la representante legal del consorcio y de Surcolombiana desestimó los hallazgos en contra de su empresa: “nosotros cumplimos, lo hicimos en buenas condiciones, el contrato está liquidado y no le quedamos debiendo a nadie”.

En diciembre Transparencia por Santander publicó su último informe sobre la ejecución del PAE en Santander en 2016, en ese documento, además de reiterar todos los hallazgos que se hicieron durante el año, pidió que se remitiera el expediente completo del contrato a entes de control, por considerar que existieron fallas que deben ser investigadas. 

Hoy a las 2 de la tarde se hará oficial la adjudicación del nuevo contrato para Surcolombiana de Inversiones. Desde el lunes, cuando nuevamente arranque la ejecución del contrato, se sabrá si los niños siguen pagando los platos rotos de los incumplimientos en la entrega de los refrigerios escolares.

CONTEXTO

Las historias más vistas en La Silla Vacia