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Por Paula Doria · 24 de Febrero de 2021

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Hace unos pocos días circula por redes sociales un video titulado “Donatón. Todos y todas somos Manuel”. En las imágenes aparece Manuel Fernández, de 27 años. Es uno de los jóvenes que recibió un disparo mientras protestaba contra la Policía el pasado 9 de septiembre, frente al CAI de Verbenal. 

“Pasados cinco meses no he recibido ayuda del Estado y la Policía no ha reconocido la responsabilidad de los hechos -dice Manuel en el video-. Para caminar, necesito someterme a un tratamiento y no tengo los recursos económicos. Por lo cual, acudo a la solidaridad de todos ustedes”.  

Manuel recordó que salió a protestar ese día porque estaba indignado con el asesinato del abogado Javier Ordóñez a manos de dos uniformados de la Policía. Pero, también, porque en su barrio, Verbenal, el abuso policial es frecuente, como contamos aquí.  

En la noche del 9 de septiembre, mientras gritaba arengas contra la Policía, Manuel recibió un disparo que le atravesó el pulmón derecho y los tejidos cercanos a una de sus vértebras. Cayó al piso y lo último que recuerda de esa noche, es que los amigos que lo auxiliaron le decían “no te duermas, no te duermas”. Pasó un buen tiempo hasta que lo llevaron al hospital. 

Él dejó de sentir sus piernas; y, ocho días después de estar en el hospital, los médicos le dieron un diagnóstico que le punzó el estómago: “el 98 por ciento de los pacientes que quedan en su condición, no vuelven a caminar”. 

Los primeros días después de que lo dieron de alta, Manuel estuvo deprimido. De adolescente, había trabajado en un club de golf y alcanzó a soñar con ser un gran deportista. Después, añoraba entrar a la universidad, pero su familia no contaba con los recursos necesarios. 

Entonces, cuando terminó el bachillerato, empezó a trabajar como operario en fábricas y más tarde, en servicio al cliente en un call center. Por la pandemia, perdió ese empleo y terminó haciendo domicilios.  Ese trabajo también quedó truncado por el disparo que recibió, y su mayor ambición ahora es aprender a caminar.

Las terapias que ha recibido hasta ahora son para aprender a adaptarse a la silla de ruedas. 

Pero él se ha aferrado a esas pocas posibilidades que le quedan para volver a valerse por sí mismo, y ha buscado un tratamiento con medicina alternativa. 

“Los gastos mínimos son 1,5 millones de pesos mensuales. Quiero intentarlo porque mi mayor sueño es volver a caminar”, dice. 

Con la donatón consiguió dos millones de pesos, pero eso solo le alcanzaría para un mes de terapia y su tratamiento puede tardar al menos un año. 

Y es que ese no es el único gasto que tiene. Su mamá se vino del campo, en Boyacá, para cuidarlo y ahora ambos viven en un apartaestudio diminuto. Pero pagar el arriendo, el mercado, el transporte para ir al médico y la compra de medicina se ha convertido en todo un reto. 

Después de que Manuel publicó el video hace unos días, la Alcaldía de Bogotá le empezó a dar un subsidio de arrendamiento. Y ahora también le dijeron que le van a dar un subsidio de transporte, y bono de mercado.  

Otros cuatro heridos durante las marchas del 9 de septiembre, que consultamos para esta historia, también están esperando una mayor asistencia del Estado. 

Juan Sebastián Balza, de 24 años, trabajaba como domiciliario en un supermercado. Recibió un tiro en el codo del brazo derecho el 9 de septiembre. Como no ha recuperado del todo la movilidad del brazo, le ha quedado difícil volver a trabajar.

Sus jefes del supermercado Comunal le siguen pagando la mitad del mínimo, un poco menos de 500 mil pesos. Pero, como le tiene que enviar la mitad del dinero a su hija de tres años que vive en Carmen de Bolívar con su mamá, completaba lo necesario para sus gastos con otros oficios. Ya no puede. También está buscando un abogado que lo asesore para demandar al Estado. 

Michael Duvan Sánchez, de 23 años, también está en el proceso de recuperar la movilidad y la fuerza de su pie derecho, donde le dispararon. Trabajaba como mensajero y vivía solo. Ahora vive con uno de sus hermanos, mientras consigue un trabajo.

Como ellos, hay muchos otros jóvenes que necesitan ayuda. Además de los 13 jóvenes que murieron esa noche, 400 personas terminaron heridas, 75 por balas. 

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, reconoció a La Silla que ha habido demoras en la atención a los heridos porque han priorizado a las familias de los que fallecieron. Sin embargo, dijo que están articulando con varias entidades para que los subsidios de transporte, arrendamiento y mercado lleguen. 

Mientras llegan, el caso en la justicia contra los policías que les dispararon avanza poco.

Imputados, pero libres

La Policía ha abierto 19 investigaciones disciplinarias por el uso indebido de las armas en esas protestas. Y a finales de enero, la Fiscalía imputó a los uniformados John Antonio Gutiérrez, José Andrés Lasso y Andrés Díaz Mercado por el delito de homicidio en la noche del 9S. 

La Fiscalía encontró que los disparos que salieron de las armas de dotación de estos uniformados acabaron con la vida de Angie Paola Baquero, de 27 años; de Germán Puentes, de 25 (Suba); Jaider Fonseca, de 17; y Andrés Felipe Rodríguez, de 23 (Verbenal), como La Silla reconstruyó en este video.   

Justamente por ese cotejo balístico, fue que se pudieron identificar los presuntos responsables. En estos tres casos, las balas quedaron incrustadas en las víctimas y eso hizo que el proceso fuera más sencillo. 

Pero en el caso de los heridos, no existe esa evidencia. 

Las familias y abogados de las víctimas sienten que, incluso en los casos que más se ha avanzado, no se ha logrado lo suficiente porque en estas primeras imputaciones por homicidio el juez no pidió medida de aseguramiento. 

Los abogados de las víctimas esperaban que una de las fiscales del caso pidiera cárcel. Pero ella no la pidió, y ellos, confiados, tampoco lo hicieron. Sin esta solicitud, el juez no podía imponer medida de aseguramiento. Los abogados lo intentaron el día de la audiencia pero su petición fue rechazada por el juez, con el argumento de que la defensa no tuvo tiempo suficiente para prepararse ante esa solicitud. 

Así que, hace unos días, la defensa de las víctimas pidió entonces una segunda audiencia para solicitar la medida de aseguramiento. La cita quedó para el 25 de marzo. 

“Nosotros pensamos que los uniformados dispararon con dolo, sabiendo que con armas de fuego podrían matar a las personas. Les dispararon además a matar, porque muchas de las víctimas fueron heridas a la altura del tórax. Y solo por esto consideramos que representan un peligro para la sociedad”, dijo el abogado Juan Felipe Sánchez. 

Alejandra Garzón, abogada de varias víctimas, también dijo que varias de ellas han recibido amenazas de policías y que es un hecho que estando en libertad los imputados podrían entorpecer el proceso. Lo mismo había contado a La Silla Maira Páez, esposa de Jaider Fonseca.  

“No es justo que mientras nosotros nos la tenemos que arreglar para seguir con nuestra vida, los policías sigan tan campantes”, dijo, por su parte, Michael Duvan Sánchez. 

La necesidad de ser declarados víctimas 

Aparte de justicia, estos jóvenes quieren ser reconocidos oficialmente como víctimas para poder acceder a la reparación del Estado, pues, como dijimos antes, sienten que la asistencia humanitaria que les ha dado la Alcaldía no ha sido oportuna, ni suficiente. 

Una reparación implicaría recibir apoyos mucho más robustos. Por ejemplo, si se comprueba que por culpa de un funcionario el Estado una víctima perdió un mes de empleo, el Estado tendría que indemnizar por ese monto. 

Pero para eso, es necesario que avancen los casos jurídicamente. Historias como esta muestran que eso no es sencillo. De 7 mil denuncias que ha recibido la Fiscalía en los últimos años, solo unas pocas terminaron en condenas y sanciones. 

Un informe elaborado por el Consejo Superior de la Judicatura muestra que las demandas contra el Estado por los perjuicios que cometen sus funcionarios pueden tardar en Bogotá un promedio de 504 días hábiles solo en primera instancia; y según el Ministerio de Defensa, a corte de octubre de 2019, el Estado había sido condenado solo 54 veces en todo el país por casos de abuso policial. 

César Valderrama, director del Sistema Judicial de Dejusticia, le dijo a La Silla que “los tiempos de esos procesos de reparación administrativa son bastante largos, de varios años incluso si se usan todas las instancias”. 

Así, las víctimas del 9S están en el peor de los mundos. Viviendo una vida más difícil de la que ya tenían, sin asistencia suficiente, mientras sus victimarios siguen impunes.

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