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Por Juanita Vélez · 01 de Noviembre de 2018

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En medio de todos los retrasos del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito Pnis, la molestia de los cocaleros que advierten irse a paro y la amenaza del Gobierno de la fumigación aérea, otro ingrediente se suma a la cuesta arriba de erradicar la coca: 13 mil de las 97 mil familias cultivadoras con las que el Gobierno Santos firmó acuerdos individuales están suspendidas dentro del Pnis.

Eso quiere decir que con esas familias no pueden avanzar en la sustitución hasta que no aclaren sus casos.

El problema es que esos casos no se reducen a uno o dos municipios. Los casos están regados en los todos los departamentos donde ha entrado hasta ahora el programa.

El lío, que hasta ahora no se conocía, le pone gasolina a la advertencia de paro de los cocaleros. Pero también, en los casos en los que las suspensiones se deben a que las familias no cumplieron y resembraron coca, podría eventualmente servir de argumento al Gobierno de Iván Duque para seguir impulsando su idea de la aspersión aérea con glifosato.

El lío

Estas 13 mil familias están suspendidas del Pnis por varias razones y aunque pedimos en Presidencia las cifras para saber cómo están repartidas por departamentos y cuantos casos corresponden a cada razón, nos dijeron que aún no tienen las cifras actualizadas porque pueden resultar siendo más o menos.

 

Las razones menos graves son, por ejemplo, que en la base de datos de la Oficina de Drogas de Presidencia aparece un nombre del cultivador, pero en el Sisbén o en la cédula aparece otro. O también que dice que vive en Caquetá, pero resulta es que vive en el Catatumbo, en Norte de Santander.

Hay también casos de familias que al momento de firmar el acuerdo individual en el que a cambio de arrancar las matas reciben unos pagos, tenían que presentar un soporte del predio donde está cultivada la hoja. Es decir, un documento que demuestre el arraigo de la familia con el predio. Pero muchas no lo han presentado todavía.

Y hay casos más graves.

Por ejemplo, el de veredas donde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc (que es la que tiene que ir a verificar si los campesinos arrancaron la hoja) fue hasta la finca de una familia a verificar pero no había nadie y no han podido regresar por las amenazas de las disidencias de las Farc. Eso ha pasado, como ha contado La Silla, en municipios como Paujil en Caquetá y también en Norte de Santander.

Eso puede resolverse más fácil en sitios donde no hay actores armados porque la Unodc puede reprogramar una visita. Pero en sitios donde no hay parte de seguridad para ir no puede entrar a verificar y esas familias podrían quedarse en el limbo.

Los casos más difíciles de resolver son los de familias que el Gobierno tiene probado que volvieron a sembrar coca a pesar de firmar el acuerdo en el que se comprometían a no hacerlo. A esas familias sí van a sacarlas del Pnis porque están incumpliendo lo pactado.

Si este fuera el caso de un alto porcentaje de las 13 mil familias suspendidas, el asunto podría convertirse en un argumento más a favor de la aspersión aérea en la que tanto insiste el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y que tanta protesta genera entre los cocaleros.

El tono radical de Botero en favor del glifosato ya se había recrudecido tras la muerte de un policía que pisó una mina durante una operación de erradicación en Tumaco la semana pasada.

Luego de ese hecho, Botero salió a decir que ese caso corroboraba la necesidad de regresar a este químico que rechazan al unísono los cocaleros.

Aunque no sabemos cómo están repartidas estas familias suspendidas por departamento, confirmamos que Caquetá es una de las zonas más críticas, pues tiene más de cinco mil familias suspendidas.

De hecho, esa fue una de las razones por las que los campesinos del municipio de San José del Fragua se declararon en asamblea permanente y salieron a las carreteras a protestar hace un mes.

Al final, Claudia Salcedo, que es la directora encargada de la Oficina, logró bajarle la caña al paro viajando hasta allá para explicarles a los cocaleros que hasta que no tuvieran claro el panorama de los suspendidos, no podían avanzar en los pagos.

El problema es que esas familias suspendidas, casi todas agrupadas en la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, no están para nada contentas con estos retrasos.

La Silla supo por tres fuentes (una del gobierno  y dos de la Coccam) que para ellos este va ser el nuevo caballito de batalla del Gobierno para no cumplirles porque dicen que por cuenta de eso es que van a terminar sacando a muchas familias del programa.

Por ejemplo, el viernes pasado, en una audiencia pública en Yarumal, Antioquia, se sentaron representantes de Coccam y de organizaciones sociales del Norte y del Bajo Cauca con congresistas de la Farc, la Secretaría de Gobierno de Antioquia y el representante del Pnis.

En ella, cocaleros de Cáceres y Tarazá manifestaron que sienten que el Gobierno tiene la estrategia de dilatar el proceso de sustitución sacando a las familias del programa. “Nos están poniendo trabas para hacernos aburrir”, nos dijo Jorge Ríos, líder de la Coccam en Tarazá.

En Cáceres, Tarazá, Anorí y Briceño hay un aproximado de 1.500 familias suspendidas porque no hubo reporte completo de las matas en algunas fincas, porque hubo familias que registraron a un mismo beneficiario, pero la mayoría son por la inscripción del Sisbén, según nos dijo José David Hernández, coordinador de la Coccam en Antioquia.

En Norte de Santander algunos de los que aparecen suspendidos no fueron notificados y no entienden la razón por la que están por fuera del programa.  

La posición del Gobierno es otra. Según confirmamos con dos fuentes de la Oficina, no es que a todos los suspendidos los vayan a sacar. Solo lo harán con los que confirmen que sí resembraron.

Con el glifosato a la vuelta de la esquina y este lío de los suspendidos, los cocaleros están sumando más ingredientes para el paro que se está cocinando en varios departamentos del país.

CONTEXTO

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